jueves, 21 de junio de 2018

924 días después de Cristina

924 d.C. Un hermano de Macri blanqueó ante la AFIP $63 millones tras la difusión de Panama Papers ho meses después de la revelación de los Panama Papers , Gianfranco Macri declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de su hermano, Mauricio Macri. La decisión de regularizar la situación ocurrió mientras las autoridades antilavado alemanas reportaban a sus pares argentinos que habían detectado movimientos sospechosos en una cuenta abierta en el banco UBS, en ese país, y los ejecutivos del estudio Mossack Fonseca reclamaban información a los intermediarios uruguayos de esa sociedad. Ahora, ante la consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fuentes oficiales del grupo Socma confirmaron que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra, en Suiza, y luego los regularizó ante la AFIP, según consta en las copias de los formularios que presentaron ante el organismo tributario y a los que accedió ICIJ. Cuando se difundieron en 2016 los papeles de Panamá, Mossack Fonseca -sumida en una gigantesca crisis- empezó a reclamar precisiones sobre los dueños de BF Corporation, como hizo con incontables clientes. Se comunicaron sin éxito con el estudio uruguayo Lussich Torrendell & Asociados, que para entonces llevaba años como administrador o intermediario de otras sociedades de la familia Macri; entre ellas, Fleg Trading, en la que el actual Presidente figuró como director. Lussich contestó que consultaría con "los clientes" y que lo contactaría otra vez "en cuanto tenga respuesta", lo que nunca ocurrió, según surge de nuevos documentos de "Panamá Papers" que obtuvieron el diario Süddeutsche Zeitung y el consorcio ICIJ, que integra LA NACION. Hasta entonces, el estudio liderado por el contador uruguayo Santiago Diego Lussich Torrendell se había encargado siempre de responder las consultas de Mossack Fonseca en nombre de BF Corporation sin precisar jamás quiénes eran los dueños de la sociedad. Renuncia a la sociedad Creada en 2009, BF Corporation canalizó al menos US$ 16,5 millones que se depositaron en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal en Hamburgo, Alemania, del banco suizo UBS. Seis días antes de las elecciones presidenciales de 2015, el estudio Lussich le ordenó al UBS que transfiriera esos fondos a otra cuenta en Suiza y que cerrara de inmediato la cuenta alemana. Autorizó la destrucción de toda la documentación respaldatoria, tal como LA NACION reveló en diciembre de 2016. El UBS en Alemania reportó lo ocurrido a las autoridades antilavado de su país y generó una reacción en cadena internacional. La unidad antilavado reportó a la Fiscalía de Hamburgo, que no inició una investigación propia pero se contactó a través de Interpol con la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que lo informó a la Justicia penal argentina. Para entonces, Mossack Fonseca ya se había despegado de la suerte de BF Corporation. Ocurrió en abril de 2016, cuando primero le requirió al estudio Lussich que detallara quiénes eran sus beneficiarios finales. "Esta compañía tiene acciones al portador, siendo las mismas inválidas desde el 31 de diciembre. Debe emitir nuevas acciones", los conminó. El 15 de abril, el estudio panameño dio otro paso. Les envió a los uruguayos una factura por 100 dólares por los costos derivados de su renuncia como agente de la sociedad. "En vista que no hemos recibido la información solicitada para completar la debida diligencia [de BF Corporation] y que a la fecha los cambios de Agente Registrado no ha sido culminados, estaremos procediendo como lo establece la ley, a renuncias a nuestros cargos de Directores y Agente Registrado". Tres días después, Lussich envió una respuesta escueta: "Les comento a los clientes su email y en cuanto tenga respuesta nos volvemos a contactar". Pero la identidad de los beneficiarios finales detrás de BF Corporation nunca llegó a Panamá. Por eso, el 22 de ese mes, Mossack Fonseca emitió un acta en la que renunció a representar a la sociedad. Y ese mismo día lo oficializó ante el Registro Público. En ese contexto, Gianfranco Macri avanzó hacia la regularización de esos fondos. Y el 22 de diciembre de 2016 presentó una "declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior" ante la AFIP, como parte del blanqueo que impulsó el gobierno de Cambiemos y aprobó el Congreso. Gianfranco Macri detalló que él y su hermano Mariano controlaban el 50% cada uno de BF Corporation, pero indicó que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad, que estimó en $ 63,5 millones, el equivalente a unos US$ 4 millones al tipo de cambio entonces vigente, según la documentación aportada desde Socma. El equipo argentino de Panama Papers fue integrado por Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom por el diario LA NACION. También participaron Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli.

923 días después de Cristina

923 d.C. La Sala IV de la Casación apartó a la jueza Namer del TOF que juzgará a Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán Un tribunal moldeado por el Gobierno Namer se ganó la desconfianza del macrismo luego de firmar la excarcelación de Zannini, D’Elía y Kalhil. Antes de eso, nadie la había cuestionado. Ayer, la Cámara de Casación confirmó su apartamiento. Con la lógica de facilitar el armado de tribunales a medida que les inspiren confianza a la DAIA, al Gobierno y la derecha internacional, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal decidió apartar a la jueza Sabrina Namer y evitar su intervención en el juicio oral por el Memorándum con Irán, que se basa en la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otras personas por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Namer fue recusada por la entidad judía y familiares de las víctimas después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil. Antes de eso, cuando fue designada para el caso, nadie la cuestionó. Sin embargo, el argumento oficial fue que había intervenido ya como fiscal en la Unidad AMIA y eso impedía tener garantías de su futura imparcialidad. Los jueces Juan Gemignani y Gustavo Hornos abonaron ayer esa teoría. Mariano Borinsky votó en disidencia y la respaldó. Namer siempre sostuvo que la investigación del atentado y la de un supuesto encubrimiento son causas separadas, y que ella nunca se pronunció ni investigó el memorándum. Algunas de las defensas analizan llevar la discusión a la Corte Suprema. Igual todo indica que, mientras tanto, se sorteará un nuevo juez o jueza para integrar el tribunal de juicio. El Gobierno ya había mostrado de manera explícita su interés en tener un tribunal afín para esta causa y otras contra CFK, cuando logró conformar y designar a dedo, a través de su mayoría en el Consejo de la Magistratura, al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Fue tan irregular el procedimiento, que la Corte Suprema lo frenó con una acordada. Pero no era la primera señal de interés e intromisión del Ejecutivo en este caso: como muestran actas de la DAIA presentadas por la defensa de Héctor Timerman, ya en 2016 esa entidad y el propio presidente Mauricio Macri se reunían para hablar sobre la “estrategia” en todas las causas vinculadas al caso AMIA. El recorrido que hizo el expediente de la denuncia de Nisman, a partir de que el primer juez, Daniel Rafecas, estableció que no había delito (lo que fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal) mostró que el objetivo primordial era conseguir jueces que mantuvieran viva la causa hasta llevar a juicio a CFK, sus ex funcionarios y otros personajes laterales. Es lo que se suele llamar “forum shopping”, elegir un tribunal conveniente. Para ese entonces, por si acaso, la dirigencia judía había logrado una causa paralela por “traición a la patria”. Todo quedó en manos de Claudio Bonadio, que ordenó detenciones y mandó el caso a juicio oral. Cuando no pudo prosperar el TOF9 armado por el Gobierno, fue sorteado el TOF8, que quedó a cargo de juzgar la causa del Memorándum. Sus integrantes son Namer, López Iñíguez, Nicolás Toselli, aunque este último se excusó desde el principio y fue designado José Antonio Michilini. Ninguno fue cuestionado por las partes, hasta después que las jueza decidieron dejar en el liberta a Zannini, D’Elía y Kalhil, mientras que a Fernando Esteche lo dejaron detenido por otras causas. El fallo de ayer de Casación tiene argumentos y planteos sorprendentes. Gemignani y Hornos coinciden en la presunción de que las querellas pueden dudar de la imparcialidad de la jueza, que fue integrante de la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, que es la unidad que investiga el atentado ocurrido en 1994. El Código Procesal Penal establece en el artículo 55 una lista de causas específicas para apartar a un juez, pero ambos jueces de Casación decidieron flexibilizar el criterio. Gemignani sostuvo que no se pueden separar los expedientes sobre el atentado y los que tengan que ver con otras maniobras posteriores. Pero no contempló, por ejemplo, que nunca se declaró la conexidad de los distintos expedientes, porque –además– como es evidente, son hechos bien distintos. Gemignani acusa a Namer de “desconocer que entre el hecho principal y su encubrimiento existe una relación tan íntima” y que actuar en uno “le impide actuar en el otro”. Con ese criterio, no se entiende por qué fue avalado en su momento Bonadio para continuar con la causa “por traición al a patria”, dado que había intervenido durante cinco años en el expediente sobre irregularidades, del que incluso fue apartado por cajonearlo. Tampoco queda claro por qué podría intervenir Hornos en el propio fallo de ayer, dado que fue fiscal en los inicios de la investigación del atentado. A la hora de fundamentar, Hornos dijo que la participación de Namer “no permite brindar garantías suficientes de imparcialidad para las partes” porque ya estuvo implicada en el tema y eso es “incompatible con la posición de neutralidad”. El voto de Gemignani tiene un agregado que causó estupor en tribunales: dijo que el Consejo de la Magistratura debería investigar a López Iñíguez, a Michilini y a la propia Namer porque al rechazar la recusación, según su punto de vista, “evidenciaron desconocimiento del derecho”. Agrega que en el Consejo, Luis Cabral (consejero juez) debería excusarse porque intervino como subrogante en una resolución que sellaba el cierre de la causa que estaba a cargo de Rafecas, porque había desistido el fiscal de Casación, Javier De Luca, quien coincidía en que no había delito. Que el Memorándum no podía ser delictivo, que fue aprobado por el Congreso, que no se aplicó, y que jamás estuvieron en peligro de levantamiento las alertas rojas que pesan sobre los iraníes. Junto con Cabral, firmaron Ana María Figueroa y el propio Hornos. No tenían otra opción que cerrar la causa. Pero Gemignani también le reprocha a Cabral que pese a esta intervención, después no se excusó en el Consejo a la hora de analizar una denuncia contra Rafecas. De casualidad, no denunció también a Borinsky, que ayer firmó en disidencia. Este juez señaló puntos clave: que nadie objetó en un comienzo a Namer sino después de las excarcelaciones; que las excarcelaciones quedaron firmes, y tampoco fueron cuestionadas; una cosas es el expediente sobre el atentado a la AMIA y otra es el del Memorándum, tramitan separados, en tribunales distintos, no hay conexidad declarada y la Corte ya refrendó que son causas distintas. Namer solo intervino en AMIA, nadie pudo demostrar que haya tenido actitudes o pronunciamientos que hagan suponer que no será imparcial sobre el Memorándum. Cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner calificaron el fallo como “un escándalo sin precedentes porque quieren crear un tribunal ad hoc para juzgarla a ella, tribunales a medida como en el ‘55”. Su abogado, Roberto Boico, dijo que por “todos lados la resolución es escandalosa y desintegra un tribunal que fue sorteado sin objeciones”. El abogado de Oscar Parrilli, Aníbal Ibarra, es uno de los que analiza plantear un recurso extraordinario para llegar a la Corte porque “afectan la garantía de juez natural, que es un derecho constitucional”. “El de Casación es un fallo político –señaló Ibarra–, en una causa inventada donde han puesto jueces por la ventana y sacado a otros sin motivo. En el caso de Namer, el verdadero motivo es que firmó las excarcelaciones y no les daba seguridad en su objetivo de que se condene a la ex presidenta, no les parecía confiable por eso”. Alejandro Rúa, que defiende a Héctor Timerman junto con Graciana Peñafort, señaló que “la decisión sobre Namer no es más que la continuación de un proceso que se inició con la asunción del actual gobierno, que procuró apartar a todos aquellos jueces y fiscales que tenían una posición desincriminatoria o que podían tratar este caso su relativa independencia, para reemplazarlos por otros que estuvieran decididos a llevar adelante la persecución penal y la condena sin ningún miramiento. Así va a transitar este caso, hasta que pueda ser desactivada la maniobra”.

martes, 19 de junio de 2018

922 días después de Cristina

922 d.C. Golpe a Macri: el Papa Francisco cuestionó el desarme de una ley de medios y advirtió que “así empiezan las dictaduras” El Papa Francisco cuestionó la “cancelación” de una ley de medios para entregar “todo el aparato comunicativo a una empresa” y comparó dichas medidas con las que tomaría una dictadura, en un mensaje que golpea directamente al gobierno de Mauricio Macri. En la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco indicó que las dictaduras adulteran las comunicaciones y que “también hoy, en muchos países, se usa este método: destruir la libre comunicación”. “Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación, se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la vida democrática”, indicó el Papa, según Vatican News. “Luego vienen los jueces a juzgar a esta institución debilitada, estas personas destruidas, condenadas, y así va adelante una dictadura”, disparó el Sumo Pontífice. “Las dictaduras, todas, han comenzado así, con adulterar la comunicación, para poner a la comunicación en las manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos”, señaló Francisco. También se refirió a “la seducción” de los escándalos. “También en la vida cotidiana es así”, subraya el Papa Francisco: si se quiere destruir a una persona, “inicio por la comunicación: difamar, calumniar, decir escándalos”. “Y comunicar escándalos es un hecho que tiene una seducción enorme, una gran seducción. Se seduce con los escándalos. Las buenas noticias no son seductoras: si, pero que bien que ha hecho. Y pasa… Pero un escándalo: pero has visto. Has visto esto. Has visto aquel otro. ¿Qué cosa ha hecho? Esta situación… Pero no puede, no se puede ir adelante así”. “Y así la comunicación crece, y esa persona, esa institución, aquel país termina en la ruina. No se juzgan al final a las personas. Se juzgan las ruinas de las personas o de las instituciones, porque no pueden defenderse”, concluyó el Sumo Pontífice.

lunes, 18 de junio de 2018

921 días después de Cristina

921 d.C. ¿Te acordás lo que dijeron el año pasado en la campaña electoral? La campaña del miedo y la mentira para justificar #ElGranAjuste.

920 días después de Cristina

920 d.C. Exclusivo: Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña El Destape comprobó al menos 205 casos de personas que reciben planes sociales o están por debajo de la línea de la pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista en Buenos Aires. La alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada. En un extenso trabajo de investigación realizado por El Destape, se pudieron comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país. Al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos, se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, donde, solo hasta el momento, este medio pudo identificar casi 300 mil pesos blanqueados mediante este perverso método. Sin embargo, al realizar los llamados a los distintos involucrados el resultado fue sorpresivo: ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. Es que la mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante: residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, en incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos. El Destape pudo corroborar que los nombres abajo resaltados corresponden a beneficiaros de los planes sociales Ellas Hacen o Argentina Trabaja durante el periodo 2016. Al ser consultados por El Destape, todos coincidieron en que su situación económica empeoró y mucho en los últimos años, por lo que, de contar con recursos económicos, tampoco harían un aporte a la campaña del gobierno, dado que lo consideran en buena parte, responsable de lo que sucede actualmente a nivel social. Uno de los casos es el de Luis Jaime, cuyo documento finaliza en 018, quien al enterarse que figuraba como aportante de $350 a Ocaña y otros $350 a Bullrich invitó al equipo de El Destape a visitar su casa, ubicada en Villa Itatí, en el partido de Quilmes. Allí, Jaime contó que cobra “doscientos pesos por día haciendo changas” y que últimamente “cuesta más llevar el pan a la casa”, por lo que “jamás haría una cosa así como aportar dinero y menos al Gobierno”. “Son unos sinvergüenzas de mierda”, sentenció Jaime al ser consultado por lo que sintió al saber que su nombre y su documento había sido usado por Cambiemos para blanquear aportes negros de la campaña durante el año pasado. Otro de los casos que accedió a brindar testimonio desde su propio hogar, ubicado también en Villa Itatí, es el de Sonia Villán, una joven de 31 años que figura aportando $750 a la campaña de Graciela Ocaña y otros $650 a la de Esteban Bullrich con su DNI terminado en 736, de la alianza oficialista Cambiemos: en diálogo con este medio, Villán sostuvo que “jamás le daría plata” a los aliados del gobierno ya que su situación económica es “insostenible”. Incluso, Villán contó que envía a sus hijos a un comedor social de día ya que sólo puede garantizarles una sola comida diaria. Como si esto no resultara prueba suficiente del grado de vulnerabilidad de las personas que utilizó el Gobierno para hacer la estafa, El Destape se vio sorprendido por un caso que pinta de cuerpo entero la situación social que se vive en los barrios de Buenos Aires: una de las personas que fue contactada ya que figura como aportante de campaña en 2017 negó haber hecho la donación y toda vinculación con Cambiemos y al momento de ser consultada por la posibilidad de grabar su testimonio pidió a cambio pañales, leche y ropa para sus hijos dado que su situación económica se encuentra muy mal. (*)

919 días después de Cristina

919 d.C. Macri culpó a "los que no se abrigan" por el cierre de las fábricas por la falta de energía El presidente le bajó el tono al tarifazo y admitió que habrá fábricas que pierdan días de trabajo por la falta de energía. En un acto de sincericidio, el presidente Mauricio Macri relativizó el tarifazo y volvió a culpar a que los usuarios que “consumen de más y no se abrigan” por si las fábricas pierden días de trabajo por la falta de gas y los cortes de luz. “Sin energía no podemos crecer y no tenemos crecer”, comenzó su discurso durante una entrevista con el periodista oficialista Jorge Lanata. Y arremetió: “Cada vez que vienen estos picos de frío, seguramente se le corte a muchas fábricas, y va haber gente a la que se le va suspender su empleo, va cobrar menos porque no tenemos energía porque hay muchos que en sus casas consumen de más y no se abrigan”.

918 días después de Cristina

918 d.C. FUNCIONARIO DE VIDAL ORDENA INVENTAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS ESCUELAS "Necesito inventar los presupuestos" Se trata de Mateo Nicholson, director del área a cargo de obras en escuelas bonaerenses y ex CEO de Consulterra S.A. Habla de inventar presupuestos. De inflar valores. Y de tener cuidado con poner números redondos para no quedar en evidencia. Habla de inventar presupuestos. De inflar valores. Y de tener cuidado con poner números redondos para no quedar en evidencia. Todo se escucha en un audio que hace una semana Mateo Nicholson, funcionario del Ministerio de Educación de la Provincia de y CEO de Consulterra S.A, le envió a una colaboradora para que definiera rápidamente los montos para obras en cocinas para escuelas bonaerenses. Nicholson es titular de la Dirección de Infraestructura Escolar, el área que se encarga de mantener los edificios educativos, elaborar y coordinar los proyectos de construcción, ampliación o refacción de las escuelas. A su cargo está la supervisión, la planificación y la ejecución de todas las obras, por lo que es un área que maneja altos presupuestos. Pero los mas escandaloso de la charla es que Nicholson admite no solo que van a fraguar los presupuestos, sino que él mismo se encargo de aumentarlos de forma discrecional. “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”. Vale recordar que la DPI es una de las dependencias mas sensibles a la hora de abordar la emergencia edilicia que atraviesan las escuelas de la provincia, que se pone en evidencia ante cada temporal con filtraciones en los techos, paredes electrificadas y hasta caídas de mampostería y cielorrasos dentro de las aulas.