lunes, 20 de noviembre de 2017

721

721 d.C.

720 días después de Cristina

720 d.C. La reforma previsional, el sistema de seguridad social como variable de ajuste y el desfinanciamiento de la Anses Asalto a la caja de los jubilados Las jubilaciones subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. La reforma también instala la suba de la edad de la jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años. Por Alfredo Zaiat El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Congreso por la Cámara de Senadores el viernes a la noche dispone que las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social suban cada tres meses por el índice de precios al consumidor y sólo en el segundo trimestre de cada año serán incrementadas con apenas el 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. Es un alza insignificante para presentarla en forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución de la inflación”, como se menciona en el pacto firmado por la Nación y los gobernadores menos el de San Luis. Es una fórmula que perjudica claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y AUH en relación a la indexación vigente. La iniciativa oficial además ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la actual fórmula, a cobrar en marzo próximo. La intención es aplicar la nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un poquito más del 5,0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre) cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución del salario y la recaudación de julio a diciembre). La reforma también instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años (ver nota aparte). Estos cambios del sistema previsional colocan a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma tributaria y la reducción de las contribuciones patronales. Economistas M El cambio de clima político está naturalizando medidas que deterioran la calidad de vida de los jubilados, desde la reducción de la cobertura del PAMI hasta el recorte de los ingresos mensuales. Hasta hace poco postular la reducción de jubilaciones hubiera provocado un rechazo mayoritario. Ahora lo están vociferando economistas no estigmatizados con la letra M. No se inhiben en decir que la clave del pacto con los gobernadores y la reforma impositiva es reducir el haber previsional. Carlos Melconian afirmó, en un seminario organizado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que “de todas las medidas propuestas, la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”. Miguel Angel Broda también señaló, en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, en Bariloche, que “lo más importante es que salga la ley de cambio de la fórmula de movilidad. En vez de 10,5 por ciento sobre PIB de jubilaciones, tendríamos 2,5 puntos menos y el déficit primario de 4,0 bajaría a 1,5 por ciento”. La evaluación oficial para decidir el asalto a la caja de la Anses esta basada en el convencimiento de que el monto de las jubilaciones es elevado y que muchos no merecen recibir ese dinero porque ingresaron al sistema previsional a través de una moratoria. Casi todos los gobernadores acompañaron esa definición en el pacto fiscal rubricado con la presencia del presidente Mauricio Macri. Es tan brutal poner a los jubilados como principal variable de ajuste que el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, salió a confundir falseando el impacto de la actual movilidad jubilatoria. Afirmó sin ruborizarse que es una fórmula que no les conviene a los jubilados porque es “procíclica” y en situaciones de crisis pierden en relación a la inflación. En esa definición aparecen dos cuestiones que deberían incomodar a Dujovne: 1. Macri asegura que la economía argentina tiene un horizonte de 20 años de crecimiento y, por lo tanto, la actual indexación, acompañando ese eventual ciclo positivo, sería más favorable para los jubilados que el ajuste por inflación y “un poco más” insignificante. 2. Desde el 2009, cuando comenzó a aplicarse la fórmula vigente, las jubilaciones subieron 950 por ciento hasta septiembre pasado, mientras que en ese mismo período la inflación fue de 692 por ciento, tomando indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec. El predominio discursivo del oficialismo con su inmensa red de propaganda pública y privada exhibió, al otro día de la capitulación de los gobernadores, titulares que aseguraban que las jubilaciones subirán por encima de la inflación. La fórmula que se conoció con el proyecto de ley rebela el sentido del humor amarillo: si el PIB sube 3,0 por ciento, el único adicional en el año será 0,15 por ciento a la inflación del segundo trimestre. No es necesario hacer muchos malabarismos con las cifras para revelar que, si la Anses contabilizará un “ahorro” previsional, los jubilados y los titulares de asignaciones (familiares y AUH) recibirán un aumento bastante más bajo con el cambio de la fórmula de actualización. En marzo de 2018, menos que la mitad. Guadaña Para hacer frente a los crecientes desequilibrios de las cuenta públicas provocados por la política económica, el gobierno ha decidido asaltar la caja de los jubilados y la seguridad social. La Anses perderá recursos, como mínimo, por 68 mil millones de pesos el año próximo, hasta un máximo de 220 mil millones de pesos por los cambios impositivos. Es la estimación realizada por los economistas del Instituto de Trabajo y Economía. Este monto inmenso no es todo. El desfinanciamiento de la Anses será más pronunciado. El nuevo esquema de contribuciones patronales restará recursos adicionales por unos 43 mil millones de pesos el año próximo, hasta 200 mil millones de pesos al final del cronograma previsto en el 2022. Es el cálculo del Centro de Economía Política Argentina. Estos dos guadañazos a las cuentas de la Anses se suman al que el gobierno previamente había realizado con la devolución del 15 por ciento a las provincias (cinco cuotas de 3 por ciento por año) por la retención de la masa coparticipable con destino a financiar las jubilaciones y el sistema de seguridad social. Medida que fue impulsada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para compensar parte de esa pérdida de fondos de la Anses a favor de empresas y de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno modificará la fórmula de actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares (incluida la AUH) para “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos. El esquema básico de redistribución regresiva de recursos públicos que define la reforma tributaria y la previsional es el siguiente: Las grandes empresas pagarán menos de cargas patronales, no así las pymes que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos, al unificar la alícuota en el 19,5 por ciento. A las provincias les prometen más recursos y fueron presionadas a bajar impuestos pro empresas (Ingresos Brutos y Sellos) y a despedir empleados públicos, además de reducirles el salario en términos reales. Pero la única realmente beneficiada con más fondos será Buenos Aires. Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor respecto al que surgiría de la actual fórmula de movilidad. Las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán una indexación menor. Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinanciamiento de la caja de la seguridad social. Es la preparación del escenario para justificar una privatización parcial del régimen de jubilaciones. Desfinanciar En un artículo que publiqué el 26 de noviembre de 2015 (“El puntapie inicial”) advertí acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que iniciaba el sendero para desfinanciar a la Anses, camino que el gobierno de Macri continúa con entusiasmo. Esa sentencia prohibió al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses. De ese modo, la caja de la seguridad social perdió unos 13 mil millones de pesos anuales por la no retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a partir del fallo que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para el resto de las provincias, el gobierno dispuso la restitución del 3 por ciento de la coparticipación por año, primera cuota anual de un total de 15 por ciento, que suma otros 12.400 millones de pesos. Ahora la Anses debe restar 130 mil millones anuales por la resignación del 20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será “resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significa un ingreso extra de casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero, puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo de Ganancias. El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, privilegiando a Buenos Aires, y las de las empresas. Cuentas Economistas y analistas preocupados por el creciente déficit de las cuentas públicas no mencionan que el desequilibrio heredado y manejable fue ampliado por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a sectores concentrados y por el inmenso aumento de la carga de intereses de la deuda. Sólo la disminución de subsidios a servicios públicos con una sucesión de tarifazos que no se detiene (gas, luz, agua y transporte), que castiga el ingreso disponible de la mayoría de la población, compensa un poco el sendero explosivo del déficit fiscal. Esas medidas significaron una inmensa transferencia regresiva del ingreso. Para abordar el desequilibrio provocado por esas medidas el gobierno avanza en profundizar la regresividad, asaltando el ingreso de los jubilados y titulares de derechos económicos y sociales, como la AUH. El déficit fiscal de la Nación aumentará con la reforma tributaria y el acuerdo con las provincias, estimó la consultora Economía & Regiones, precisando que sólo Buenos Aires “es la gran y única ganadora de ese combo”. Con un evidente sesgo político-electoral con vista a las elecciones presidenciales del 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá recursos adicionales por 40.959 millones de pesos en 2018, monto que subirá a 65.000 millones en el próximo. El resto de los gobernadores que rubricaron el acuerdo seguirán con cuentas asfixiadas. Además el gobierno les hizo firmar el “Consenso Fiscal” con un capítulo de reforma previsional de carácter regresivo, que el proyecto de ley ratifica subiendo a 70 años la posibilidad de jubilarse, con un engañoso 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo -porcentaje que ya se alcanzó- y diseñando una fórmula de movilidad atada a la inflación con una irrisoria alza adicional en un solo trimestre del año. Ajuste Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía hicieron una oportuna observación respecto a la obsesión de los gobiernos neoliberales con el ajuste fiscal. Señalan que los conservadores piensan la política fiscal como el resultado del comportamiento de políticos que quieren perpetuarse en el poder y, para ello, hacen cualquier cosa para lograrlo. Esto se traduce en aumentar el gasto público y, por lo tanto, el déficit fiscal y también en incrementar el tamaño del Estado. Ante esa situación, los gobiernos conservadores proponen establecer reglas fiscales que disciplinen a esos políticos. Esto es lo que postula el gobierno de Cambiemos con el argumento de que así se envían señales al mercado para atraer inversiones y para garantizar que el mundo de las finanzas continúe prestando. Los investigadores del ITE indican que, bajo esa premisa, la administración Macri propuso un esquema de metas fiscales que apuntan a una reducción paulatina del déficit primario hasta llegar al 2,2 por ciento del PIB en 2019. “Un aspecto a destacar de este programa de metas es que, al no incorporar en su proyección el resultado financiero, barre bajo la alfombra la carga de los intereses de la deuda pública”, apuntan. La preocupación acerca de la magnitud del déficit, en realidad es la excusa para redistribuir ingresos en forma regresiva, mejorando el cuadro de costos de las empresas afectando la caja de los jubilados y de la seguridad social. El desfinanciamiento de la Anses enciende una mecha que termina en las cuentas públicas. El endeudamiento interno y externo desaforado va alargando ese cordón encendido pero existen antecedentes recientes que indican que no se puede estirarlo en forma indefinida. alfredozaiat@gmail.com

719 días después de Cristina

719 d.C. Nadie puede permanecer indiferente Comunicación y democracia Por Washington Uranga Página 12 Lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo hoy cuando apenas estamos tomando conocimiento de que el colega Víctor Hugo Morales ha sido despedido de C5N: sin comunicación democrática no hay democracia política. En nuestras sociedades la comunicación habilita el juego de las ideas, las miradas distintas, las perspectivas diferentes. Cuando las voces se acallan, cuando desaparecen los matices, cuando la comunicación se vuelve concentrada y monocorde, cómplice, complaciente y aliada con los grupos de poder, no queda espacio para la democracia. Los que ejercemos la comunicación somos primariamente trabajadores de los medios, pero simultánea e inevitablemente cumplimos la función, la tarea y también la responsabilidad de ser articuladores de la palabra, estrategas del diálogo necesariamente público entre actores diferentes y posiciones disímiles. Es la única manera de que una comunidad, una sociedad sea verdaderamente democrática. Cuando --por lo motivos que sean o con los argumentos que falazmente se arguyan-- se silencian sistemáticamente las voces disidentes lo que realmente se está haciendo es ponerle límites a la democracia misma, una mordaza no solo a la expresión sino a la libertad en todos sus términos y manifestaciones. Cada vez que se cierra un medio, se despiden periodistas o comunicadores, primero se cancelan fuentes de trabajos. Pero al mismo tiempo es la comunidad la que resigna libertad y posibilidades de construir política, social y culturalmente. Sólo para recordar: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la comunicación es un derecho ciudadano. El Estado es directamente responsable de garantizar su vigencia. Y toda la comunidad tiene la responsabilidad, en defensa propia, de luchar por la vigencia de ese derecho. Nadie puede permanecer indiferente.

718 días después de Cristina

718 d.C. FELIZ DIA DE LA MILITANCIA PARA TODXS, ahora as que nunca que hay que trabajar duro en serio. A lxs que militan por una Patria para todxs, un abrazo con toda mi fuerza. #DiaDeLaMilitancia. CRISTINA

717 días después de Cristina

717 d.C. Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría. Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos. Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina, es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo…por ahora.

716 días después de Cristina

716 d.C Para amedrentar, ajustar y saquear, parte 3 : Escrito presentado hoy por Florencia Kirchner: “Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal.” Señor juez: Florencia Kirchner, DNI 35.569.819, por mi propio derecho, con domicilio real en esta ciudad, junto con mis abogados defensores, Dres. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4 y Ary Rubén Llernovoy, CUIT 20-35317032-6, en la causa Nº 11352/2014, caratulada “FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD…”, del registro de ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, con domicilio constituido en Av. Santa Fe de esta ciudad, a V.S. digo: I.- Objeto 1. Que, en uso de las facultades que confieren los arts. 72 y siguientes de la ley procesal penal, vengo a formular el presente descargo, el cual solicito sea incorporado a esta causa en el marco de la audiencia a la cual he sido convocada a fin de prestar declaración indagatoria. A mérito de las consideraciones fácticas y jurídicas que serán desarrolladas en los siguientes apartados, las cuales corroboran la inexistencia de delito en el caso sub litis y refutan de manera categórica la acusación que se dirige en mi contra, se impone y solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me endilgan, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). 2. En atención a la inusitada gravedad institucional del caso y las garantías constitucionales que se ven afectadas (vgr., principio de legalidad, culpabilidad, lesividad y derecho de defensa en juicio) hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. II.- Consideraciones iniciales Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal. En lo que respecta a mi persona, se ha embargado mi salario, fui privada de la administración de todo mi patrimonio, se han iniciado juicios ejecutivos en mi contra por la falta de pago de impuestos que, increíblemente, el propio Poder Judicial me impide cancelar, fui procesada como organizadora de una supuesta asociación ilícita que se habría constituido cuando solo tenía doce años de edad e incluso he recibido intimaciones judiciales que contienen el apercibimiento de ordenar el desalojo del inmueble donde vivo con mi hija Helena. Además, en el marco de la causa donde presto esta declaración se ordenó un operativo en el Banco Galicia que concluyó con la obscena filtración, por parte del Ministerio de Seguridad, de fotografías del dinero en efectivo que fueron falsamente presentadas ante la opinión pública como si se tratara de un hallazgo de tenencias cuando, en rigor de verdad, esos depósitos ya habían sido declarados ante todos los organismos de contralor pertinentes y este mismo Juzgado. No obstante su probado origen lícito, los activos que fueron embargados se presentan como si hubieran sido hallados luego de una exhaustiva investigación. Para peor, ese procedimiento se inició a raíz de la presentación de un documento privado obtenido ilegalmente por la Sra. Stolbizer con la connivencia del juez Bonadío. Los funcionarios, oportunamente denunciados, ni siquiera fueron investigados. En línea con los antecedentes descriptos, la acusación que se dirige en mi contra en la causa “Hotesur” también carece de todo basamento fáctico y jurídico. En el siguiente apartado habré de exponer las razones que demuestran tal afirmación. III.- El descargo 1. En primer lugar debo enfatizar que no tomé participación en ninguno de los actos de comercio que, insólitamente, han sido definidos como una maniobra de lavado de activos de origen delictivo. Es más, en la mayoría de las operaciones a las que se hace referencia tampoco pude haber intervenido, pues al momento en que se llevaron a cabo ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Veamos. a. Según fue relatado, el primer paso de la supuesta maniobra de lavado de activos habría sido la obtención ilegal de fondos líquidos para la adquisición de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. A tal efecto, entre los años 2005 y 2009 se habrían llevado a cabo las siguientes operaciones: a) la constitución de un fideicomiso con Austral Construcciones S.A.; b) la compra de tierras fiscales en la provincia de Santa Cruz y su posterior enajenación; c) la suscripción de mutuos con el Banco Santa Cruz y Austral Construcciones S.A.; d) la venta de propiedades a empresas de Lázaro Báez. Sin dejar de señalar que todas aquellas operaciones resultan absolutamente lícitas (así lo ha decidido la justicia en varios pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada), una simple lectura de los documentos que instrumentaron las transacciones permite advertir que no intervine en ninguna de ellas. b. El segundo paso de esta supuesta operatoria de lavado de activos habría sido la adquisición de la hostería Las Dunas (12/02/2008) y las acciones de Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate (07/11/2008). Al igual que en el caso anterior, la legalidad de las operaciones ha sido establecida en sede judicial, no intervine en las mismas. c. El tercer paso de la presunta empresa delictiva habría sido el alquiler de los dos hoteles. Nuevamente, sin dejar de reiterar que se trata de operaciones comerciales lícitas (así lo decidió la justicia) debo resaltar lo siguiente: I.- No firmé ninguno de los contratos celebrados con Valle Mitre S.A. II.- Revisto la condición de accionista de Hotesur S.A. en virtud de las reglas que hacen al derecho sucesorio. Concretamente, recién en el año 2016 y por una resolución judicial pasé a detentar el 50% de las acciones de la sociedad, insisto, por estricta aplicación de normas de orden público. III.- Jamás ejercí la representación legal de Hotesur S.A. o de la sucesión de mi padre ni intervine en la administración o giro comercial de ninguna de ellas. IV.- Nunca recibí, deposité ni cobré ninguno de los cheques a través de los cuales Valle Mitre S.A. canceló los cánones locativos pactados. Como objetivamente pude advertirse, se pretende fundar un juicio de responsabilidad penal en mi contra en base a hechos en los que no participé ni tampoco pude haber intervenido. Parece necesario recordar que una de las primeras conquistas del Derecho Penal liberal consiste en que el reproche jurídico-penal solo puede fundarse en hechos propios. En efecto, “el principio de subjetividad de la acción, de tan alta significación en el desarrollo de la cultura humana, conduce a dos consecuencias de la mayor trascendencia: a) la subjetivización de la culpa, que excluye las formas de responsabilidad objetiva; b) a la individualización de la responsabilidad: nadie sufra pena por otro” (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tomo I, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1983, 9ª reimpresión, pág. 249). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera inveterada que el juicio de imputación penal “en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (CSJN, Fallos 271:297, entre muchos otros). 2. Con relación a la deuda que registro con Hotesur S.A., debo señalar lo siguiente: a. Efectivamente, entre los años 2011 y 2013 recibí créditos provenientes de dicha firma, actividad totalmente lícita, común y frecuente en las personas jurídicas de naturaleza familiar o cerrada. b. El giro de fondos se llevó a cabo de manera transparente y absolutamente regular. Además de la bancarización de las operaciones, que permite conocer la trazabilidad del dinero, todo mi patrimonio (que incluye los créditos aquí analizados) fue declarado en tiempo y forma ante la AFIP, pagándose los impuestos correspondientes. El organismo recaudador jamás impugnó la validez de tales transacciones, las cuales también se encuentran asentadas en los libros contables de la empresa. c. Resulta un disparate afirmar que mi conducta pueda constituir un aporte a esta imaginaria operatoria de lavado de activos. Ello así, dado que el dinero que recibí siempre estuvo integrado al circuito finan-ciero (estaba depositado en la cuenta bancaria de una sociedad comercial radicada en el país), por lo que no necesitaba ser lavado para poder disponer libremente del mismo. En otras palabras, se trata de un acto inocuo e insustancial que, además, jamás pudo haber afectado el bien jurídico tutelado por la norma. De sostenerse lo contario, insisto, la imaginaria operatoria de lavado de activos se extendería ad eternum y cualquier acto de disposición patri-monial sería típico en los términos del art. 303 del Código Penal. En definitiva, la acusación que se formula no solo resulta falsa, sino además es manifiestamente irracional y vulnera los principios constitucionales de culpabilidad, legalidad y lesividad. Por ende, se impone y solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos por los que soy indagada. IV.- Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1. Se incorpore este escrito en el marco de la audiencia a la cual he sido convocada a fin de prestar declaración indagatoria y se tenga presente lo informado. 2. Se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me endilgan, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). 3. A todo evento, se tengan presentes las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.

715 días después de Cristina

715 d.C "Esperemos que gobernadores, diputados y senadores que cantan la marcha y tienen cuadros de Perón y Evita no voten esta reforma laboral en contra de los trabajadores." Pablo Moyano Con Pablo Moyano nos une la esperanza dijo Cristina, que asi sea y empecemos a unirnos.