567 días después de Cristina

567 d.C. "No hay nada más difícil que vivir sin ti", le cantaba Gabriel Etcheverry a Cristina Fernández de Kirchner en un video que se hizo viral, en el que intercalaba comentarios sobre la realidad y pedía que vuelvan los aumentos de sueldo. Ahora ella lo llamó para conocerlo más.

Cristina visitó Cuero Flex, la cooperativa de trabajo azotada por el tarifazo

Se encuentra en San Martín y cuenta con 72 trabajadores y sufrió un increíble aumento en los servicios que complica a la empresa. La precandidata a Senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, visitó la fabrica Cuero Flex Cooperativa, una de las fabricas de San Martín que más sufrió el tarifazo llevado a cabo por Juan José Aranguren. La cooperativa, oriunda de la zona noreste del Gran Buenos Aires está integrada por 72 trabajadores y pasó de pagar 50 mil pesos de luz a pagar $500 mil. También, le modificaron su tarifa de gas de 18 mil y a 170 mil por cada uno de sus dos medidores. A raíz del tarifazo, la cooperativa no puede aumentar el sueldo a sus trabajadores y su producción cayó un 30 por ciento a raíz de la caída de consumo interno. La cooperativa recuperada tomó el Ministerio de Energía en mayo, tras siete meses sin respuestas y una deuda acumulda, al día de hoy, de 3 millones en luz y 1,5 millones en gas. No fue la primera vez: el año pasado tomaron la sede de la empresa distribuidora de luz Edenor, en el barrio porteño de Chacarita. En aquel entonces, su representante aseguró que "hasta que no retrotraigan" la tarifa, no se irán. La Cooperativa de Trabajo Cueroflex Limitada había recibido una boleta de luz por $ 861.351, más que el valor total de los salarios de los empleados, que eran cerca de $ 640.000. Sufrieron una escalada en la tarifa del 567%.

566 días después de Cristina

566 d.C. La BBC explica cómo funciona la "bicicleta financiera" de la fiesta macrista El corresponsal de la cadena británica utiliza la alegoría del medio de transporte de dos ruedas, que podría quedarse sin frenos después de las elecciones de octubre. Mientras tanto, banqueros e inversionistas se llenan los bolsillos con una tasa de interés única en el mundo. Lejos de utilizar las herramientas económicas para que los argentinos mejoren su calidad de vida -a esta altura, que aunque sea lleguen a fin de mes- el Gobierno de Macri encabeza una maniobra para redistribuir la riqueza: ahogar a los que menos tienen para que los poderosos acumulen ganancias en el exterior. Incluso la cadena BBC da cuenta de la triste maniobra por la que un mandatario entrega a su pueblo en bandeja, para el almuerzo de los "buitres". Con dos premisas básicas, la "fiesta financiera" es una parte fundamental del ajuste del macrismo: "un sistema cambiario flotante y la posibilidad de sacar provecho de una alta tasa de interés, que es única en el mundo", consigna el artículo firmado por Daniel Pardo. La bicicleta responde al plan que desarrolló el equipo macrista para reducir la inflación, basado en la instalación de altas tasas de interés que promueven la ubicación del dinero en el circuito especulador de los bancos, reduciendo el dinero real que fluye en la economía real. Otra pata del plan fue la emisión de deuda en pesos por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de Letras (Lebacs) con una espléndida tasa de interés del 26% a 30 días. Así se traduce la propuesta: "Traer dólares, cambiarlos a pesos, invertir en Lebacs, ganar 26% en un mes, reconvertirlo en dólares a la misma tasa original y luego sacar el dinero", evidenció Pardo. En pocas palabras, los que sufren con el "dólar planchado" son las industrias exportadoras, manufactureras, las pymes, el consumo y los propios trabajadores, ya que el índice de desempleo no deja de ensancharse. Ni siquiera fue real el intento de atraer el dinero del exterior, ya que el 75 por ciento del total fue "blanqueado" pero jamás ingresó al circuito nacional. Opiniones aportadas "En los buenos meses la rentabilidad llegó al 20% de interés en dólares; eso no se consigue en ningún país del mundo", le contó Ariel Setton, economista de la Universidad de Buenos Aires. "Ahora todos están de fiesta comprando Lebacs al 26% porque creen que el día del juicio final, cuando haya una devaluación, van a poder sacar sus pesos y comprar sus dólares", se animó a adelantar Carlos Rodríguez, viceministro de economía en 1997 y rector del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. "Pero la pregunta es si el BCRA, en una corrida de esas, va a tener forma de pagar (…) Recuerda que esto no son reservas que generamos con exportaciones. Son los ahorros de la gente que los bancos están poniendo en Lebacs y el día que explote la cosa, serán los ahorros de la gente lo que está en juego", opinó Rodríguez en relación a los rumores sobre una posible devaluación después de octubre.

565 días después de Cristina

565 d.C. La primera encuesta tras el cierre de listas la da a Cristina primera por 10 puntos La ex mandataria lidera en la Provincia de Buenos Aires luego de la ratificación de su candidatura al Senado. Segundo, Cambiemos. Y Massa queda tercero. Cristina Kirchner encabeza la primera encuesta tras el cierre de listas, que se dio hace 48 horas. El estudio lo hizo la consultora Analogías. La ex Presidenta le saca 10 puntos al segundo, Esteban Bullrich, que encabeza la fórmula del macrismo en la Provincia. Cristina toca el 34% y relega así a la dupla Esteban Bullrich-Gladys González en ese distrito. Sergio Massa ocupa, lejos, el tercer lugar. Junto a Margarita Stolbizer, Massa queda relegado a un tercer lugar. Cambiemos llega al 24% y el Frente Renovador al casi 17%. Florencio Randazzo está cuarto. Muy lejos, el ex ministro de Cristina apenas roza el 4,5% y sólo supera al Frente de Izquierda y a Pino Solanas.

564 días después de Cristina

564 d.C. Neoliberalismo y sistema financiero internacional La deuda como corrupción intergeneracional Corrupción viene del latín corruptio, que es la degradación de algo por perversión o putrefacción de su totalidad. Ciertas imágenes del Antiguo Testamento reflejan el alcance del término en el pasado. En el presente, nadie lo hace mejor que el neoliberalismo como el régimen totalitario que es. La ladronería de algún funcionario es solo un señuelo menor para distraer. El neoliberalismo corrompe todo. Hasta la tradición jurídica occidental. En ella se entiende a una obligación como el vínculo que une a un acreedor con un deudor, en donde aquel tiene derecho a exigirle una prestación a éste. Cuando esta obligación proviene de un vínculo llamado contrato, requiere que el deudor haya manifestado su voluntad de obligarse. Por ejemplo cuando se suscribe un contrato de préstamo, se esta obligando (a los deudores) a devolverle en un futuro al prestamista (acreedor) el capital que fue prestado. Un sujeto no puede suscribirle a un acreedor un contrato para que otro tercero pague, si ese tercero no quiere contraer ninguna deuda ni tampoco estaba debiendo nada a nadie. Sería como obligar a alguien a pagar con su tarjeta de crédito las compras de las que otro disfruta. Por eso rige el principio “Pacta tertiis nec nocent nec prosunt”.Los pactos no obligan a terceros. En estos días, el Ministerio de Finanzas ha protagonizado un hito jurídico. Ha constituido a favor de acreedores externos el derecho a cobrarle no solo a terceros, sino a gente que aun no ha nacido. Con la emisión de un bono a 100 años al 7,9 por ciento de interés, el gobierno (que se queja de la pesada herencia) no solo obliga a las próximas 25 presidencias que lo sucederán a que devuelvan mañana lo que él disfruta hoy. Se argumentará que el Ministerio de Finanzas contrae deuda a nombre del Estado argentino, que es una persona jurídica distinta a la persona humana. Y que por ser el Ministerio una autoridad legal, dado el principio de continuidad jurídica del Estado, tiene potestad para obligarlo a futuro. Pues no. El Ministerio de Finanzas no es la autoridad legal para decidir sobre la deuda pública. La Constitución Nacional reservó esa potestad para que la ejerza el Poder más representativo: el Congreso de la Nación. Lo hace por sus artículos 75 inciso 5 (facultad de contraer empréstitos) e inciso 7 (arreglar el pago de la deuda externa) sin que estas funciones puedan delegarse al Ejecutivo según el artículo 76 (indelegabilidad de facultades legislativas) y el 29 (prohibición al Congreso de conceder facultades extraordinarias). Por ello, el reciente decreto 29/2017 no solo es irrazonable porque renuncia a oponer frente a acreedores externos la inmunidad soberana de minas y yacimientos petroleros (artículo 235 del Código Civil y Comercial). También viola la Constitución porque encarga al Ministerio de Finanzas el contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda contrariando lo mandado por la Carta Magna. La corrupción del neoliberalismo es esto. Perversión de las instituciones, donde un ministro suplanta al Congreso y el Poder Judicial calla. Putrefacción de valores, donde un servidor público es un ñoqui, un maestro un holgazán, un compatriota con capacidades diferentes un timador. Y endeudar a nuestros choznos, un logro que muestra la confianza que el mundo nos tiene. Entendemos oportuno producir un manifiesto donde instituciones académicas y otras de la sociedad civil de prestigio le notifiquen fehacientemente a los bancos transnacionales que promocionan estos bonos de deuda, sobre la insostenibilidad económica de su pago a futuro. Y la ilegalidad de su emisión al presente. Así estos bancos no podrán alegar mañana el desconocimiento del riesgo moral. Algo que será importante para defender los intereses de nuestro país al momento que esta deuda no pueda pagarse y haya que reestructurarla. * Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente de la Universidad de Avellaneda. Corriente 1ero La Patria. ÚLTIMAS NOTICIAS

563 días después de Cristina

563 d.C. CRISTINA SENADORA, LA noticia del año

562 días después de Cristina

562 d.C. Control de daños: Meirelles dijo que Arribas traspasaba las coimas a los políticos y Casación ordenó cerrar la causa por Mariana Escalada & Agustin Ronconi Este es el video donde el testigo Meirelles, encargado de realizar los sobornos de Odebrecht, reconoce haberle depositado a Gustavo Arribas U$s 850 mil en concepto de coimas para que el actual Jefe de Inteligencia Argentino se los “traspasara” a políticos. Lejos de querer profundizar en estas declaraciones, ayer Casación ordenó cerrar la causa. Hoy desde El Disenso queremos compartir el video donde Meirelles le explica a la justicia argentina como le transfirió el dinero a Arribas y deja en claro que Arribas le daba este dinero a “políticos”. Muchas veces en las causas que se investigan por sobornos o coimas, faltan datos, o no están claros los procedimientos acerca de como llega el dinero del coimeador al coimeado. Este no es el caso. El testigo Meirelles es quien realizó los depósitos de las coimas de Odebrecht desde su cuenta en Hong Kong y le explica a la justicia argentina como realizó las transferencias, cuando, a quien y en que concepto. Así y todo, Casación cree que la causa debe cerrarse. Meirelles reconoció que Gustavo Arribas era un emisario, que había una persona más y que ambos le entregaban el dinero recibido a politicos argentinos. El testigo declaró no saber a que políticos se les enviaba el dinero. Respecto a Arribas, brindó aun mas detalles, confirmó que transfirió U$s 850 mil dividido en varios pagos ya que la cuenta de Arribas no estaba registrada en su Banco de Hong Kong. Meirelles declaró poder confirmar que las transferencias se le realizaron a Gustavo Arribas porque: “Una vez efectuada y finalizada la operacion desde los sistemas del Banco, en el comprobante que sale del sistema aparece el nombre de la persona a quien se destino. Por eso yo lo sabia“. Las primeras 5 transferencias El arrepentido ya había declarado en Brasil haber realizado cinco transferencias desde la cuenta 313-0-025652-9 del Standard Chartered Bank Hong Kong perteneciente a una sociedad controlada por “Meirelles RFY Import & Export Limited”, a una cuenta 373645-5 que Arribas posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Los pagos se realizaron entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013 con montos de US$ 154.666, US$ 70.500, 120.352, 90.000 y 159.000 dólares totalizando 594.518 dólares. El mismo día que Gustavo Arribas recibió el primero de los cinco depósitos realizado por Meirelles, Mauricio Macri realizó el acto lanzamiento para la campaña legislativa de aquel año. Sucedió en Parque Chacabuco y bajo la consigna: “el Pro tiene equipo para ganar este partido” el entonces Jefe de Gobierno aprovechó la oportunidad para ratificar sus aspiraciones presidenciales para 2015. Establecer vínculos entre Odebrecht y la campaña electoral del PRO ni siquiera requiere de espías, megacausas internacionales ni arrepentidos. Sin ir más lejos, en la gran cena de recaudación de fondos para la campaña presidencial que Mauricio Macri realizó el 18 de marzo de 2015 en los salones de la Sociedad Rural, casi mil asistentes abonaron $50 mil el cubierto, lo que sumado a otros aportes, permitió recaudar más de $150 millones de pesos en una sola noche. Odebrecht fue una de las empresas que más dinero aportó de manera directa y a través de Braskem Argentina SA tal como expusimos desde El Disenso en nuestra investigación Odebrecht, aportante de campaña de Macri, pagó 439 millones de dólares a partidos políticos publicada el pasado 14 de enero donde a través de documentación oficial demostramos que el gigante brasilero no solo pagaba coimas para comprar voluntades, dentro de la ley también hacía sus apuestas. Su apoyo a Macri quedo inmortalizado en los estados contables del PRO 2015, donde a través de la química del grupo “Brasquem SA”, apórtó medio millón a la presidencia de Macri. Operación Blindaje Ayer la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre de la causa de Gustavo Arribas por el presunto cobro de sobornos por parte de Odebretch. Si bien Arribas ya había sido sobreseído en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y luego por la Cámara Federal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había apelado la decisión. Después de conocerse públicamente el video del testigo Meirelles en el que ratifica haberle depositado a Arribas sobornos por U$s 850 mil para que sean traspasados a políticos argentinos en concepto de coimas por obras ejecutadas o por ejecutarse, la Sala III del tribunal confirmó el sobreseimiento de la mano derecha de Macri, cerrando la posibilidad de juzgar a Arribas por estos hechos y llegar al dato mas relevante: Qué políticos argentinos cobraron esas coimas.

561 días después de Cristina

561 d.C. Elecciones 2017: las frases más desafortunadas de Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos El actual ministro de Educación acumuló varias frases que lo dejan mal parado. Ahora, será candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos reveló que Esteban Bullrich es su candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. El actual ministro de Educación, que enfrentará a la ex presidenta Cristina Kirchner, tuvo una gestión turbulenta en la que impulsó una postura dura contra los gremios docentes y no exento de polémica en varias oportunidades. Sin duda, la más recordada de sus frases será cuando hizo una insólita definición del nazismo. De visita por Holanda, donde acompañó al presidente Mauricio Macri, Bullrich estuvo en el museo que se montó en el refugio de Ana Frank, la joven judía que intentó esconderse de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue llevada a un campo de concentración con toda su familia. "(Ana Frank) es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en Educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos, en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia", dijo el ministro según la propia oficina de prensa de Presidencia. La "dirigencia" era ni más ni menos que el nazismo, responsable de 6 millones de muertes en los campos de concentración y más de 50 millones en el campo de batalla. Pero esa no fue la única frase poco feliz del ministro. En un congreso sobre educación, Bullrich blanqueó cómo es la estrategia del Gobierno para impulsar medidas impopulares: lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo para que los gremios solo ataquen a una y las demás "pasen de largo": "Para vencer la resistencia, lanzamos muchas iniciativas, el gremio focaliza. Le abriste doce, las otras once avanzan". Además, Bullrich dejó otra frase antológica: ante empresarios de la UIA, se autodefinió como "un gerente de recursos humanos", en lugar de ser el ministro de Educación. Otra definición que demostró cuál es el pensamiento de Bullrich es la que brindó en el Mini-Davos argentino 2016. Nuevamente ante los empresarios, en una exposición con el ministro Lino Barañao, el ministro blanqueó cuál es su plan educativo: un sistema para el que "crea empleo", los empresarios, y otro para el trabajador, "que se debe acostumbrar a vivir en la incertidumbre y disfrutarla".

560 días después de Cristina

560 d.C. Caputo hipotecó el país pero se queja de las críticas: "El bono a 100 años es un gran logro" El ministro de Finanzas insiste con que fue una buena idea endeudar a la Argentina hasta el siglo que viene. "Es increíble que nos critiquen por alargar el plazo de la deuda a 100 años", tiró. El Gobierno nacional avanza en una movida sin precedentes en la historia argentina: anunció la emisión de un bono de 2.750 millones de dólares con un vencimiento de 100 años de plazo. Y las críticas no tardaron en llegar, tanto de economistas liberales como de la línea opositora. Políticos y dirigentes, todos salieron con los tapones de punta a advertir sobre el peligro de la maniobra del Gobierno. Pero para el creador de dicha medida, el bono que pagarán los próximos 25 presidentes "es un gran logro". "Si fuera un tema de conseguir tasas bajas tendríamos que colocar todo en Letes al 2,75% anual, pero eso nos generaría una gran acumulación de vencimientos. Lo más lógico es tratar de extender los plazos sin alterar mucho la tasa y es lo que hicimos", sostuvo en declaraciones a Infobae. A su criterio, "un país tiene problemas con su deuda cuando se financia a tasas altas y plazos cortos. Es al revés de lo que estamos haciendo nosotros, que conseguimos bajar las tasas y alargar plazos. Una deuda de USD 2.750 millones a 100 años se termina licuando con el crecimiento. Es como haber tomado un préstamo de 100 millones a valores actuales". No obstante, cuando el periodista le insistió con que la tasa de 7,9% anual por tantos años parecería ir en contra del objetivo de reducir el riesgo país, Caputo explica: "El objetivo central es pagar deudas escalonadamente. La tasa fue muy buena, si tenés en cuenta que a 30 años pagás hoy el 7,15%. Con sólo 0,75% anual más extendiste el plazo de 30 a 100 años. Esa sobretasa fue incluso más baja que la pagada en su momento por México". Sobre la suba de la tasa de interés que anunció la semana pasada la FEB, el ministro relativizó su impacto en este bono porque, según dijo, "si bien la tasa empezó a subir en Estados Unidos, la de largo plazo está bajando, por lo que es un buen momento para endeudarse a plazos prolongados". "Hoy las condiciones son excelentes para eso, más adelante nadie sabe. Pero además no hay que perder la perspectiva. En la década de 1990, Estados Unidos se endeudaba a tasas de entre 7% y 9% anual. Nosotros salimos del default hace un año y ya conseguimos esos mismos niveles. Ahora hay que seguir trabajando para bajar más el riesgo país. Cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal, bajar la inflación y que la economía, como está sucediendo este año, es clave para conseguirlo", resumió su defensa Caputo. El ministro negó que el enduedamiento sea para gasto corriente, afirmó que se utilizará para hacer obra pública. "¿Le preocupa el aumento en el nivel de endeudamiento?", le preguntaron y lanzó: "Otro gran mito es el nivel de deuda".

559 días después de Cristina

559 d.C. El emotivo mensaje en Twitter de Cristina tras el masivo acto La ex presidenta tuiteó horas después del lanzamiento en Sarandí. La ex presidenta Cristina Kirchner tuiteó un emotivo mensaje horas después del acto que encabezó en Sarandí. Cuatro horas después del acto en la cancha de Arsenal ante 30 mil personas, la ex mandataria dejó un mensaje en Twitter: "Gracias por lo de hoy. Los sentí a todos y todas muy cerca mío. Los quiero mucho". Cristina lanzó el partido que encabeza Unidad Ciudadana y no dio señales sobre su candidatura. El sábado cierran las listas.

558 días después de Cristina

558 d.C. Cristina: "Vengo a sumarme como una más, a poner el cuerpo y el corazón"

En un acto multitudinario en la cancha de Arsenal en Sarandí la ex mandataria presentó públicamente el sello Unidad Ciudadana. No confirmó si será candidata. Con un acto multitudinario en el estadio de Arsenal de Sarandí, la ex presidenta Cristina Kirchner lanzó formalmente el frente Unidad Ciudadana. Sobre su candidatura no confirmó si participará pero expresó: "Vengo a sumarme como una más, a poner el cuerpo y el corazón". Y aún sigue el misterio de su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. En ocasión del Día de la Bandera y con más de 40 mil personas como testigos, el kirchnerismo y el peronismo montaron un acto al que concurrieron distintas agrupaciones políticas, sociales y sindicales que componen el amplio arco referenciado en la ex mandataria. En medio del acto, Cristina hizo subir a su escenario, que estaba en el centro de la cancha, a diferentes actores de la sociedad que sufrieron la crisis económica del macrismo en este año y medio. Científicos del Conicet, desempleados, nietos restituidos, trabajadores. Todos arriba junto a Cristina para escuchar sus historias. Antes, la ex mandataria dio definiciones sobre la actualidad del país. "Nos endeudaron en 100 mil millones de dólares y ahora nos quieren endeudar por 100 años más", afirmó sobre la polémica decisión que tomó ayer el Gobierno."No es justo que hayan venido a desorganizarnos la vida así. La gente tenía su vida organizada". Sobre el nuevo partido, Cristina afirmó: "Unidad Ciudadana significa representar los intereses de las personas de carne y hueso". "Lo que necesitamos es ponerle un límite a este Gobierno en las próximas elecciones para parar el ajuste", expresó.

557 días después de Cristina

557 d.C. #quierovertubandera Mañana vamos a Arsenal con Cristina y llevamos una bandera argentina pintada, dibujada, hecha como sea, comprada pero vamos con la bandera!!!

556 días después de Cristina

556 d.C. Cierre de tambos, caída de la producción y los riesgos para la seguridad alimentaria “Vamos camino a tener que importar leche” La crisis detrás del caso SanCor. “Desaparecen los tambos porque la política oficial alienta a que se pasen a la soja”. Por Raúl Dellatorre ¿Hasta cuando se puede dejar que se sigan cerrando tambos sin que entre en zona de riesgo la seguridad alimentaria? La crisis de Sancor pone sobre la mesa una serie de cuestiones que no tienen sólo que ver con la mala gestión de una empresa o la posible transformación de la segunda industria láctea del país, hoy cooperativa, en una unidad más pequeña, más rentable y en manos extranjeras. La parálisis de SanCor tiene otro costado: la reducción del volumen de leche que recibe por desaparición de una parte de los tambos que la abastecían. Pero el fenómeno no afecta sólo a Sancor, sino que es la expresión de una crisis en la lechería que se extendió como una mancha de aceite en el mar en el último año y medio, y que aún no se detiene. ¿Cuánto tiene que ver el cambio de política económica en el país? Indudablemente, mucho. La política del gobierno kirchnerista para el sector en sus últimos años consistió, básicamente, en subsidiar la producción tambera para garantizarle la subsistencia, aunque sin resolver problemas estructurales. Con su llegada al gobierno, Cambiemos redujo los subsidios, abrió el mercado y alentó la importación pero, lo peor, es que favoreció la rentabilidad de un cultivo extensivo como la soja, vía devaluación y baja de retenciones, de tal modo que aumentó exponencialmente la diferencia de rentabilidad entre sembrar soja yo sostener un tambo. “Hoy no es que quiebren los tambos, el proceso es distinto: el dueño del campo cierra el tambo, vende las instalaciones y se convierte en rentista, contratando la siembra y la cosecha de soja”, describió a PáginaI12 el productor santafesino y ex dirigente de Federación Agraria Pedro Peretti. “Si no se advierte que éste es el proceso, que con estas políticas agropecuarias va a continuar la desaparición de tambos y la concentración de la producción, vamos derecho a una crisis terminal de la lechería en la Argentina”, agregó. La importancia del sector lácteo está dada no sólo porque produce un alimento esencial para el consumo humano, sino porque además es uno de los rubros agroindustriales de mayor generación de empleo. Según cifras del año 2014, entre los tambos y la industria láctea, le daba trabajo a 84 mil personas. La crisis posterior cambió notablemente el perfil del sector. El Senasa registraba, a marzo de 2014, la existencia de 11.666 tambos en el país. La mayoría estaba concentrada en las provincias de Santa Fe (3972, el 35,1 por ciento), Córdoba (3393, 30 por ciento) y Buenos Aires (2504, 22,1 por ciento). Algunos funcionarios hablan del cierre de tres mil tambos desde entonces. Fuentes del sector coinciden en que la cantidad de tambos que cerraron sería mayor. En cifras, se calcula que sólo entre 2016 y lo que va de 2017 habrían cerrado entre 4 mil y 5 mil tambos, en un proceso de extinción que continúa. En 2015, se remitieron al mercado 11.260 millones de litros de leche, de los cuales el 75 por ciento se destinó a la producción de lácteos y el 25 por ciento a leche fluida. Del total de leche industrializada, el 83 por ciento tuvo destino en el consumo interno y 17 por ciento en la exportación (por valor de 1124 millones de dólares). Las importaciones, por 25,6 millones de dólares en total, representaron apenas el 2,3 por ciento del valor exportado (fuente, el portal especializado Dairylando, dirigido por Marcos Snyder). En 2016, la producción de leche alcanzó a tan sólo 9900 millones de litros, 12 por ciento menos que el año anterior. Los datos del primer trimestre de este año (2017) señalan una nueva reducción del 14,2 por ciento respecto de 2016. Los analistas especializados del sector apuntan que “la merma de producción por tambo constante es del 7,8 por ciento”. Esta sería la caída de producción promedio en los tambos que siguen en actividad. El resto (los otros 6,4 puntos de merma) se explica por la salida de tambos del negocio. En lo que respecta a las usinas o industrias lácteas, en el año 2014 se registraba la existencia de 997 establecimientos que empleaban a unas 36 mil personas. De aproximadamente 21.200 litros diarios entregados por los tamberos a la industria por día, Mastellone recibía el 20,1 por ciento (4263 litros), Sancor el 17,2 (3643 litros) y Saputo el 13,2 (2800 litros). Es decir, tres empresas concentraban el 50 por ciento de la industrialización de leche, y las restantes 994 se repartían la otra mitad. Sólo las primeras diez empresas tenían el 80 por ciento de la recepción diaria de leche (a las tres primeras hay que agregarle a Williner, Verónica, Nestlé, Danone, la Sibila, Corlara y Milkaut). Según Peretti, “sólo en lo que va del año cerraron más de mil tambos, 800 de ellos en Santa Fe. Sancor, que era el mayor empleador privado en la provincia, no sólo no puede pagar la leche para procesar, sino que tampoco podría disponer de un volumen mayor, porque desaparecieron los tambos que le entregaban. Y esto es resultado de una política agropecuaria irracional que destruye la producción de leche y permite que cualquiera compre campos productivos y le cambie el destino como se le antoje”. “Tenemos 40 millones de hectáreas inundadas y 12 provincias en emergencia agropecuaria –agregó– y sin embargo se sigue permitiendo el uso de la tierra para producir soja y sustituir la actividad lechera. Vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos, si no es que ya los tenemos. Ya se está hablando de usinas que importarán leche para producir lácteos porque no hay abastecimiento interno. La venta de tierras sin ningún tipo de condicionamientos sobre su uso, la sojización, la falta de leche, las importaciones, está todo relacionado. Si no le damos un sentido social al uso de la tierra, que es un recurso finito, vamos a tener problemas muy graves”, advirtió.

555 días después de Cristina

555 d. C. Repro y pensiones Por David Cufré El aumento de la desocupación hasta 9,2 por ciento en el primer trimestre del año coincidió con una disminución en el otorgamiento de planes Repro (Recuperación Productiva) por parte del Ministerio de Trabajo. Desde el inicio de la gestión de Jorge Triaca en esa cartera se produjo un achicamiento del programa, cuya función es evitar que empresas en crisis se desprendan de personal como mecanismo de ajuste. El desprecio que muestra el Gobierno en el cuidado de los puestos de trabajo quedó patentizado en el último informe sobre desempleo que publicó el Indec esta semana. De allí surge que la desocupación entre enero y marzo fue la más alta para el período en los últimos diez años, que la subocupación también fue la más elevada en una década y que la tasa de empleo –personas ocupadas– se hundió a su menor nivel en once años. Esos datos vinieron a completar una sucesión de informes oficiales –del propio Indec y de la dirección de Estadística porteña–, de organismos como Unicef y de la Universidad Católica Argentina que evidenciaron un incremento de la pobreza, de la desigualdad social y de la precarización del empleo, en un contexto donde el consumo lleva 17 meses consecutivos de caída y no logra remontar tampoco en lo que va de junio. Como en el caso de la anulación de las pensiones por invalidez que este diario reveló a principios de abril, el comportamiento del Ministerio de Trabajo con los planes Repro durante un año y medio va a contramano de la grave crisis social que provocaron las políticas económicas de Cambiemos: el Gobierno da de baja pensiones a los sectores más vulnerables cuando sube la pobreza y retacea recursos para evitar la pérdida de empleos cuando crece la desocupación. Carolina Stanley, hija de uno de los banqueros favoritos de Carlos Menem en los ‘90, Guillermo Stanley, presidente por entonces del Citibank, intentó argumentar que la quita de 4199 pesos a personas con problemáticas de las más graves fue un error de instrumentación, cuando en realidad su cartera viene hachando pensiones desde enero de 2016 y tiene amontonados 100 mil expedientes de solicitantes que no lograr acceder al derecho de percibir ese auxilio mínimo (la foto que acompaña esta nota es de una de las oficinas donde se abarrotan los expedientes de trámites en espera, algunos con solicitudes de más de un año). Stanley tendría que aclarar también si piensa como su subalterno, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, Guillermo Badino, respecto de que las personas con síndrome de down no deben cobrar la pensión porque pueden trabajar. La primera reacción de la ministra ante las denuncias por la quita indiscriminada de beneficios fue asegurar que solo se estaba cumpliendo con las normas de otorgamiento, asociando la poda masiva con una suerte de cruzada contra la corrupción. Ese fue el fundamento de la política desde el inicio del mandato. De ahí que se hayan quitado 90 mil pensiones en 2016 y 83 mil en lo que va de 2017 solo cruzando bases de datos. El otro eje argumentativo fue que los pensionados encubren la vagancia. “Es difícil conseguir quien quiera estar en blanco porque pierde el subsidio por invalidez. Estos planes se usaron como asistencialismo político”, dijo por ejemplo el consultor Jorge Colina, del instituto ultraliberal Idesa, en un artículo en La Nación de octubre pasado. “Hay una alta correlación entre el porcentaje que recibe estas pensiones y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca empleo. En otras palabras, esto muestra la asociación entre subsidios y retiro del mercado laboral”, aseveró. La nota informaba en tono de denuncia que el 6,9 por ciento de la Población Económicamente Activa cobra una pensión por invalidez, con datos aportados por Desarrollo Social. Stanley pasó a prometer el restablecimiento de las pensiones solo cuando el escándalo se hizo demasiado grande. Aun así, todavía tendrá que responder ante la Justicia por qué anuló pensiones sin avisar a los afectados, cercenando su derecho a la defensa. “Cuando multan a una empresa pueden pasar años hasta que la paga, si es que la paga, pero a una persona inválida que cobra 4200 pesos por mes le sacaron la plata de un plumazo”, compara un miembro del Poder Judicial en el área de seguridad social. No fueron errores, es la política de ajuste que el Gobierno y sectores afines califican como gradualista y que promete intensificarse en 2018. Este diario contó en abril el caso de un joven de 15 años que estuvo nueve meses esperando la aprobación de su pensión por invalidez frente a un diagnóstico de cáncer. Ese adolescente finalmente logró empezar a cobrar hace pocos días. Sin embargo, su padre, quien también solicitó la pensión por haber sufrido previamente un ACV que lo dejó postrado, todavía sigue esperando. Hay otra joven epiléptica que inició el trámite en julio de 2016 y aún no consiguió que el expediente salga aprobado. Son ejemplos que se multiplican por miles. Contra la asimilación de los pensionados por invalidez con vagos o ñoquis, como se intenta generalizar desde la prensa dominante, el universo de socorridos está compuesto esencialmente por personas que sufren enfermedades que los dejan en desventaja en el mercado laboral. Son trabajadores a quienes no les resulta fácil conseguir ocupación por padecer de HIV, cáncer, diabetes insulino dependiente, lupus, EPOC, esclerosis múltiples, convulsiones, fibromialgia, problemas visuales o auditivos severos, entre otras muchas causas. Son padecimientos que aparecen en cualquier examen preocupacional y que resultan una barrera infranqueable para la mayoría. Otro gran sector de pensionados son niños y adolescentes que sufren retrasos madurativos, trastornos de desarrollo, autismo o malformaciones congénitas. Y existen también numerosos casos de personas baleadas en asaltos o que sufrieron accidentes y quedaron en sillas de rueda o soportaron amputaciones. Sobre este universo es que se habla de vagos o ventajistas. En los 90 se los estigmatizó del mismo modo. El menemismo tenía como máxima que para conceder una pensión previamente tenía que haber una baja. Es decir, los solicitantes debían esperar el fallecimiento o la exclusión del programa de otra persona para empezar a cobrar. Así fue como llegado 2003, las pensiones eran apenas 350 mil. El kirchnerismo debió atender una demanda postergada inmensa, y fue paulatinamente reparando la situación hasta alcanzar una cobertura de 1,6 millones de personas en 2015. Ese trabajo se realizó al mismo tiempo que se desplegaron en el territorio equipos médicos y asistenciales con la instrucción de abordar las distintas problemáticas de las familias. Esos cuerpos fueron desmantelados por Stanley en la poda inicial de empleados públicos que produjo el macrismo, cuando Alfonso Prat-Gay los categorizó como la grasa militante. Hay decenas de programas sociales caídos desde entonces, lo que demuestra la configuración de un plan sistemático. En materia laboral, uno de los que viene sufriendo podas constantes es el Repro. En 2009, cuando se lo utilizó con intensidad frente a la crisis internacional, llegó a cubrir a 142 mil trabajadores. En 2010 fueron 130 mil. A medida que la situación fue mejorando la cifra bajó a 78 mil en 2011, 46 mil en 2012 y 39 mil en 2013. Luego escaló a 58 mil en 2014 y completó el ciclo kirchnerista con 76 mil en 2015. En 2016, pese al incremento del desempleo, fueron apenas 22 mil, aunque cabría sumar otros 18 mil planes que fueron derivados al área de transporte. En lo que va de este año, el descenso de la asistencia a trabajadores de empresas en crisis fue constante, pasando de 23 mil en enero a 16 mil en febrero, 12 mil en marzo, 10 mil en abril y 7 mil en mayo. Para los sectores textil y del calzado, los ministerios de Producción y Trabajo anunciaron los Repro Exprés, que supuestamente saldrían más rápido, aunque el auxilio se reduce de 8060 pesos (el salario mínimo) a 3000 pesos por mes por trabajador. Al sector de marroquinería, denuncia Ariel Aguilar, presidente de la cámara sectorial, lo dejaron al margen pese a sufrir tanto como las otras actividades. De todos modos, sus colegas del calzado y textiles sostienen que hasta ahora los Repro Exprés son un fracaso. En el rubro calzado, sobre 70 compañías que los pidieron solo están cobrando en 5, mientras que en textiles se da una situación similar. Por la vía tradicional, hay denuncias de pedidos de casi un año que siguen sin respuesta. La razón que transmiten informalmente los funcionarios es que no hay presupuesto. Los recortes en el plan Repro y en las pensiones por invalidez ocurren en el marco de una economía que no logra reactivar el consumo –junio sigue tan frío como los meses anteriores en la venta de alimentos y otros rubros–, mientras los grandes empresarios reclaman bajar el costo laboral y el presidente denuncia a opositores y a jueces de mafiosos por defender a los trabajadores, dando lugar a una verdadera campaña de miedo.

554 días después de Cristina

554 d.C. Las 15 propuestas de Cristina Kirchner para salir de la crisis La ex presidenta lanzó las ideas políticas que tiene para hacer frente al juste del macrismo y recuperar la economía. La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó por redes sociales 15 propuestas para hacer frente al ajuste macrista y salir de la crisis en la que está sumida la Argentina, tras las medidas de Mauricio Macri. Además anunció que el nombre de su frente será Unidad Ciudadana. Lo primero que alerta Cristina es la necesidad de recuperar el empleo, los salarios y las condiciones de trabajo, que fueron golpeadas por la gestión macrista. "Las empresas tienen más poder y los trabajadores menos derechos", explicó la ex presidenta al hacer una evaluación de la actualidad. La segunda y tercer propuesta son frenar el aumento de precios de consumo popular y, por otra parte, proteger la industria nacional. Para ello, la dirigente explicó que volvería a aplicar los programas Precios Cuidados y Ahora 12. Otra propuesta es "terminar con el saqueo" tarifario y defender las empresas nacionales. En el comunicado destaca que YPF por primera vez en 20 años tuvo un balance negativo y anunciaron más de 2000 despidos. Además alerta que el aumento de tarifas no se vio reflejado en un aumento de la inversión. Cristina también menciona una propuesta tendiente a mejorar la vida de los pensionados y de los jubilados, luego de que vieran devaluados sus ingresos. La solución es declarar la emergencia previsional y crear una legislación que obligue al PAMI a entregar medicamentos gratuitos. Otro punto clave es hacer una auditoria de la deuda y una detención del pago por medio de la bicicleta financiera. En el punto siete, la ex presidenta destaca un plan para ayudar a las economías regionales atacadas por el aumento de los costos, la poca rentabilidad y el incremento de las importaciones. Para Cristina es importante también volver atrás la coparticipación, debido a sostiene que con el Gobierno de Macri los recursos fueron otorgados de forma arbitraria. Cristina dedica un capitulo aparte a la corrupción durante el Gobierno de Macri y afirma que además de las causas locales, también se conocieron casos por investigaciones que comenzaron fuera del país como Odebrecht o Panamá Papers. "Estos casos son mucho más que hechos de corrupción de funcionarios públicos de un Gobierno. Revelan una matriz de apropiación de los recursos del Estado inédita en la historia Argentina", afirma el comunicado. Otro de los puntos es derechos humanos. En esta área, Cristina propone por un lado que no existan presos polìticos y por otro que no haya genocidas sueltos. La ex presidenta enumera algunas falencias como la encarcelación de Milagro Sala, los recortes de presupuesto para el área de DD.HH y la liberación de militares que participaron de la dictadura. La seguridad es otra prioridad para Cristina, quien asegura que el delito aumentó durante el macrismo. "La inseguridad ha crecido de manera exponencial y han reaparecido modalidades, como las de las bandas de secuestradores", sostuvo. Además menciona el recrudecimiento de la violencia institucional y exige sancionar una ley de Seguridad Democrática. En las dos últimas propuestas, el Frente Unidad Ciudadana establece un control mayor del Estado sobre el mercado y las políticas tendientes a la apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales. Por último propone una mejor integración regional para proteger la soberanía argentina y mejorar el comercio. El comunicado explica que a poco tiempo de asumir, Macri estableció un acuerdo de libre comercio con potencias industriales mundiales como EE.UU. (en el marco del Acuerdo Transpacífico), la Unión Europea, Japón y Canadá.

553 días después de Cristina

553 d.C. Cristina Kirchner lanzará su candidatura el 20 de junio

Lo aseguró el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. La ex presidenta será la protagonista de un acto en el estadio de Arsenal, en Sarandí, al sur del conurbano bonaerense. Cristina Kirchner encabezará un acto el próximo martes 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera, en la cancha de Arsenal, en la localidad de Sarandí. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró que ese día la ex jefa de Estado lanzará su candidatura. Fuentes del FpV confirmaron a El Destape que la única protagonista del acto será la ex presidenta, y lo que aún resta definir es la hora. El martes es feriado por ser 20 de Junio, Día de la Bandera en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano. Cristina protagonizará este acto a cuatro días del cierre de la listas con vistas a las elecciones legislativas de octubre. El sábado 24 a la medianoche deberán estar presentados todos los candidatos. "Cristina va ser la candidata de la unidad lo más amplia posible. Ese día 24 quedará plasmado con los mejores candidatos de la unidad", afirmó Ferraresi esta mañana en diálogo con Radio Del Plata.

552 días después de Cristina

552 d.C. Cumbre clave de Cristina con intendentes para sellar su nuevo frente electoral El encuentro será en el Instituto Patria desde las 12 y asistirán los jefes comunales "leales" de la Provincia. La ex presidenta Cristina Kirchner encabezará este jueves a las 12 en el Instituto Patria, una reunión junto a los intendentes peronistas bonaerenses y los dirigentes de los partidos políticos que conformarán el nuevo frente kirchnerista, con el objetivo de anunciar la estrategia electoral que se implementará para los próximos comicios legislativos y si será o no candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. A 24 horas de la fecha límite para la inscripción de los frentes y alianzas partidarias que competirán en las PASO, el peronismo bonaerense junto a los partidos aliados al kirchnerismo viven momentos cúlmines porque hay diferentes posibilidades en la ingeniería electoral y hasta el último instante se mantendrá la incógnita de que si el nuevo frente incluirá al Partido Justicialista (PJ), aunque la única certeza en la que coinciden todos es que la definición la tendrá Cristina Kirchner como en tiempos pasados. En la previa a la reunión en el Patria, la posibilidad que cobró mayor fuerza, según diferentes intendentes y fuentes cercanas a la ex presidenta, es que el nuevo frente kirchnerista no incluya al PJ bonaerense y por lo tanto el partido justicialista provincial con casi 80 millones de pesos de recursos y toda la liturgia quedaría en manos del ex ministro a Interior y Transporte Florencio Randazzo, quien lanzó su propio espacio 'Cumplir' con la intención de competir dentro de las internas primarias. Esta maniobra jurídica electoral que haría el kirchnerismo para evitar las primarias abiertas con Randazzo se reforzó tras una carta que le envió el PJ bonaerense al ex funcionario nacional en la que le informa que puede participar dentro del partido como afiliado y al mismo tiempo sostiene que algunos partidos que integraban el Frente para la Victoria en el 2015 constituirán una nueva alianza. En el raid de reuniones de los intendentes peronistas para evitar que triunfe la idea de participar de los comicios sin el sello del PJ, la jornada comenzó con un encuentro entre los jefes comunales de la primera y tercera sección electoral. Luego, ese grupo se trasladó a la sede del Frente Nacional Peronista -en Bolivar 448- para reunirse con el titular del partido provincial Fernando Espinoza, quien previamente mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner, según trascendió. Desde allí, los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan de Jesús (La Costa) junto a Espinoza se fueron caminando un par de cuadras hasta el Palacio Raggio -Bolivar y Moreno- donde los esperaba Randazzo, con quien se reunieron para llevarle la misma propuesta que hace más de un mes propuso Cristina Kirchner: la lista de unidad, la que en reiteradas oportunidades el oriundo de Chivilcoy rechazó. Sin definiciones y con un marcado desánimo porque los intendentes observan como han perdido terreno a la hora de las tomas de decisiones, se realizó la reunión de la Comisión de Acción Política del PJ bonaerense más intendentes y el diputado camporista Eduardo de Pedro en la sede nacional de Matheu 130, en el tercer piso, ya que en el quinto está todo preparado para recibir los avales de los frentes que quieren participar dentro del PJ. En la mesa de discusiones de los intendentes peronistas estuvieron: Julio Pereyra (Florencio Varela), Verónica Magario (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Santiago Magiotti (Navarro), Ariel Sujarchuk (Escobar), Patricio Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ustarroz (Mercedes) y Walter Festa (Moreno)

551 días después de Cristina

551 d.C. El Gobierno ya dejó a 83 mil personas sin pensión Los recortes de pensiones fueron planeados hace un año, en el Presupuesto. La Justicia falló en contra de la decisión unilateral. Ya desde el Presupuesto 2017 el Gobierno tenía planeado recortar las pensiones. El año pasado arrancó Cambiemos con el ajuste en los haberes por contingencias sociales y por el momento dejó sin cobertura a 83.000 personas, aunque la Justicia ya falló a favor de algunos de los damnificados. El Gobierno entregó en 2015 exactamente 1.476.152 pensiones no contributivas, según el Presupuesto de ese año. En la ley de leyes para 2017, el objetivo era 1.421.831. Esto implicaba, en principio, dejar afuera a 54.321 personas. Los presupuestos se redactan el año previo a su ejecución, por lo que desde 2016 que Mauricio Macri habilitó este ajuste social. Pero hasta el momento se han registrado en la primera parte del año una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. A la fecha, el Centro de Economía Política Argentina contó más de 83.133 casos, sobre la base de datos oficiales. Comenzó todo cuando el Ministerio de Desarrollo Social aplicó el decreto 432/1997, redactado por Carlos Menem, dejado de lado por más de una década. Es que desde las coordinaciones económicas del Ejecutivo intentan recortar el galopante déficit fiscal con ajustes en todas las carteras del gabinete, sin excepciones. Entre las causas por las que los pensionados son excluidos están la del patrimonio, ya que son varios titulares de automóviles que, muchos, están imposibilitados de recurrir al transporte público. Además, si su cónyuge recibe un beneficio previsional, como jubilación, son automáticamente descartados de la pensión. También fueron desplazados quienes poseen un trabajo en blanco, por el que pagan aportes. Por último, el ministerio de Carolina Stanley audita rigurosamente a quienes no alcanzan el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio (76%). La Justicia Federal ya se pronunció en contra de estos recortes unilaterales y sin previo aviso. El magistrado de General Roca, Hugo Greca, falló a favor de un pensionado rionegrino, quien en abril dejó de cobrar el beneficio con el que contaba desde hace 7 años. Desarrollo Social deberá devolverlo a la planilla de pensionados sin dilaciones. Determinó el juez el 9 de junio “hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que deje de inmediato sin efecto la suspensión ordenada del beneficio a favor de Miguel Ricardo Bravo y se continúe su regular pago en los términos en que fue otorgada hasta el período mayo de 2017, y ello hasta que se dicte sentencia definitiva”. La medida cautelar había sido interpuesta por iniciativa del diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV).

550 días después de Cristina

550 d.C. Empresa vinculada a Macri saqueó un hospital para terminar otra obra En esta investigación de El Disenso te vamos a mostrar como una empresa vinculada a Mauricio Macri saqueó una obra ya cobrada como es el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, trasladando el mobiliario, puertas, heladeras, aires acondicionados y elementos de decoración con destino a otra obra, aún no cobrada, en el Monumento de la Bandera en Rosario. En el día de ayer, un camión de la empresa Laser Express, oriunda de la ciudad de San Nicolás y trabajando a las órdenes de Creaurban, se hizo presente en el playón del Hospital Bicentenario de Ituzaingó y comenzó a vaciar las aberturas y mobiliario del nosocomio. Al detectar esta operación, los vecinos elevaron sus denuncias a la Municipalidad, lo que motivó que el Subsecretario Marcelo Chiarida se hiciera presente en el lugar. Dado que el hospital se encuentra bajo jurisdicción del PAMI, la municipalidad no posee acceso al estacionamiento donde se realizaba el retiro de mobiliario. A través de la intervención de efectivos policiales, se logró constatar con los choferes de la empresa de transporte que los elementos que estaban siendo retirados del hospital debían entregarse en el Monumento de la Bandera, donde Creaurban posee otorgada una obra por la Municipalidad de Rosario. En diálogo exclusivo con El Disenso, el Subsecretario Chiaradia confirmó el destino de los elementos retirados y explicó que luego de que CFK dejara el hospital en un 95% de finalización en el mes de diciembre de 2015, al asumir Cambiemos tanto la Gobernación como Nación suprimieron el envío de fondos evitando de esta manera que se pudiera inaugurar. El funcionario alertó sobre el proceso de deterioro y abandono que el nosocomio esta sufriendo, agravado por el vaciamiento realizado por parte de la empresa Creaurban. Los guiños de PAMI a Creaurban En febrero de 2016 a través de la Resolución 0155, Carlos Regazzoni autorizó una readecuación de precios de la construcción del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, obra adjudicada a la UTE HOGAR CONSTRUCCIONES SA – CREAURBAN SA, según consta en el Contrato de Obra N° 394/11 suscrito con el PAMI. Según el arreglo con el administrador de Cambiemos, se fijó el precio de la obra en $424.153.503,31 mientras que el monto total de Redeterminación Definitiva se fijó en $ 15.553.148,23. En esta oportunidad, según explicaron los choferes de la empresa Laser Express, desde el PAMI extendieron una autorización a Creaurban, la empresa del Grupo ODS que ejecuta las obras de arquitectura y los desarrollos inmobiliarios, para que retire el mobiliario y elementos que componían las salas y habitaciones del hospital que ya se encontraban listas para su inauguración. La obra de Creaurban en Rosario En enero de 2017, la intendenta Mónica Fein decidió otorgarle a la Constructora Creaurban, en ese momento en manos de Angelo Calcaterra, la licitación para la restauración del Monumento a la Bandera por un total de $134 millones. Esta obra se financia conjuntamente con Nación, a través de un convenio firmado en junio entre la intendenta Fein y el Ministro Frigerio. El 70% del financiamiento es otorgado de forma directa por Nación, quién decidió adjudicar la obra, nuevamente, al primo del presidente. Al igual que desde el Gobierno porteño, desde el municipio justificaron la elección aduciendo que Calcaterra presentó “la oferta más económica“, lo que levantó la suspicacia entre los ediles. La concejal del bloque Unidos y Organizados, Marina Magnani declaró que le resulta “al menos sospechoso que una empresa sin radicación en la ciudad pueda generar la infraestructura necesaria para realizar las obras comprometidas, a un precio inferior que las empresas locales“. Cabe destacar que la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de dieciocho meses, fue presupuestada en $134 millones y fue adjudicada a Creaurban SA por $148.024.000. Dentro del detalle de los pliegos aprobados y el detalle de obra de Creaurban en el Monumento de la Bandera encontramos varios items concordantes con el material retirado del hospital como ser puertas y muebles, entre otras coincidencias. Mientras te dicen que el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó no se termina porque “los K se robaron todo”, los contratistas del presidente lo vacían para volver a facturar el mobiliario en otra provincia. Este es el verdadero cambio, ellos cobran doble y nosotros nos quedamos sin nada. FUENTE: EL DISENSO

549 días después de Cristina

549 d.C. Macri y sus empresas, cada vez más complicados El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió profundizar la investigación sobre el mandatario. También sumó acusaciones contra directivos de varias firmas del grupo Macri, la jueza Marta Cirulli y los síndicos que intervinieron en el concurso. El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A. Zoni profundizó la denuncia contra Macri y resaltó que incluso al solicitar volver a “foja cero”, el mandatario se involucró “en incompatibilidades por conflicto de intereses”. También pidió que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, durante los años que lleva en quiebra, por lo que sumó las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes del concurso, a quienes cuestionó por la aceptación del lapso de 120 días acordado para estudiar nuevamente un eventual acuerdo entre el Estado y el holding Macri. Respaldado en los nuevos dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, Zoni amplió la denuncia que presentó en febrero ante el juez Ariel Lijo para investigar las responsabilidades de Macri; el ministro de Comunicación, Oscar Aguad; y el representante legal del ministerio en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa; por el acuerdo calificado de “abusivo” por Boquín, ya que significaba una condonación del 98,8 por ciento de la deuda mantenida entre el Correo Argentino S.A y el Estado. Zoni apoyó la ampliación de la imputación en el rechazo de Boquín respecto de la voluntad del gobierno nacional de postergar por 120 días la audiencia que se debió desarrollar a mediados de marzo para tratar la deuda del Correo. El pedido de demora hecho por el Ejecutivo, días después de que el presidente Macri diera un discurso solicitando que se revise el acuerdo, fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial. “Resulta llamativo el accionar de las sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse”, sostuvo Zoni en su dictamen de doce páginas. En ese punto, el fiscal subraya la contrariedad entre las decisiones tomadas y el objeto del concurso al indicar que “la aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales entre ellos el Estado Nacional” y advierte: “El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.” El dictamen del fiscal también pone en crisis la respuesta de Macri en aquella conferencia en Casa Rosada luego de que se destapara el escándalo por el acuerdo firmado -que condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98,8 por ciento-, cuando dijo que la intención era cobrar la deuda que desde hace 16 años perjudica las arcas públicas y propuso volver a “foja cero”. Por un lado, Zoni retoma otra observación de Boquín para advertir que ya existía legislación vigente que “ordenaba el deber de abstención de aquellos funcionarios en la intervención de asuntos que revistiesen un interés directo” antes de que el presidente sancionara tras el escándalo el decreto 201/17 para regular “conflictos de intereses” montando en el discurso de una nueva transparencia. Luego, el dictamen vuelve sobre la marcha atrás del Gobierno para señalar que “al retractarse de la aceptación a la propuesta concordatoria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación” y subraya que “denota una vez más un elemento a investigar (…) ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés”. En cuanto a las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A, Zoni coincidió con la fiscal general en el “posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores”, en un contexto de presunto “fraude concursal”. Así, el documento sostiene que “Correo Argentino SA habría abonado a su controlante Sideco Americana SA en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas”. También menciona “la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana SA, de una porción minoritaria de la sociedad Neficor SA (uruguaya) por la suma de u$s 2.210.000”. “La conducta de la concursada respecto de la actividad vinculada a esta compraventa (...) podría importar un vaciamiento realizado en beneficio de la accionista Socma Americana SA”, sostuvo la fiscal Boquín y coincidió su colega Zoni. “Aquel acto requería de autorización judicial previa ya que la incorporación al proyecto automotriz resultaba un acto notoriamente ajeno al objeto social de Correo Argentino SA por lo que el juez del concurso debía autorizar o no dicho acto”, lo que no ocurrió, según explica el dictamen. El caso por el acuerdo “abusivo” y “ruinoso” -de acuerdo al primer dictamen de la fiscal Boquín- que pretendía convalidar Macri con la empresa privatizada manejada por su familia cuenta con cuatro denuncias por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Las denuncias fueron presentadas luego de un duro dictamen de Boquín en diciembre del año pasado ante la Cámara Comercial donde describió cómo el acuerdo aceptado por el representante del Ministerio de Comunicaciones significaba una quita del 98,8 por ciento de la deuda a través de un pago en 15 cuotas anuales, que contemplaban la cancelación de la mitad de la deuda nominal en los últimos dos años, o sea, en 2032 y 2033. Boquín también reveló en el reciente dictamen cómo el holding de la familia Macri consiguió la mayoría para cerrar el acuerdo de junio pasado. La fiscal general denuncia que 354 acreedores vendieron o cedieron su voto a un grupo de 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo. Parte de la operación se hizo a través del Meinl Bank Antigua, entidad financiera propiedad en un 51 por ciento de la constructora Odebrecht y pieza clave en el pago de coimas que se investigan en la megacausa Lava Jato. Boquín también señala que en la operación en busca de mayorías participó el Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), que tiene como accionista a Marcelo Mindlin, empresario cercano al Gobierno y actual dueño de Iecsa, firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, obra que está en la mira de la pata argentina del Lava Jato. Fuente: Página 12

548 días después de Cristina

548 d.C. Allanaron oficinas de la Casa Rosada por el escándalo Avianca-Macair que involucra a los Macri La Justicia allanó anteayer oficinas de la Casa Rosada por la investigación en el caso Avianca-MacAir, una causa que al presidente Mauricio Macri, a su padre Franco y al ministro Guillermo Dietrich. El juez Sergio Torres ordenó ingresar a la Secretaría General de Presidencia a retirar información sobre los vuelos de Macri y sus funcionarios más cercanos, indicaron fuentes judiciales al diario La Nación. Los procedimientos se extendieron a la sede central de Socma, donde funcionó MacAir Jet hasta que la familia Macri vendió ese negocio a Avianca La investigación fue originada en una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria, Rodolfo Taihade y Juan Cabandié contra referentes del gobierno nacional. Los delitos en cuestión son asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. El Gobierno autorizó a operar a la empresa Avianca para explotar durante 15 años “servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo” en 16 rutas. Avian Líneas Aéreas es la filial de Avianca en Argentina creada en 2016 como sucesora de Mac Air, la empresa aérea del Grupo Macri que fue vendida a Avianca el pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente de MacAir es hoy el vice de Avian Líneas Aéreas. El secretario legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, fue hasta no hace mucho el apoderado legal de MacAir e, incluso, de Avian en alguna gestión administrativa. En Casa Rosada el juez buscó información de los viajes realizados por el Presidente y otros funcionarios en la flota presidencial o bien en aviones de empresas privadas. NEGOCIOS EN FAMILIA El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade denunció que el Presidente se condonó otra deuda, con “igual modus operandi” que con el Correo Argentino, aunque en este caso, con Aerolíneas Argentinas. Según el documento que difundió el diputado a través de su cuenta de Twitter, la aerolínea estatal declaró incobrable un pasivo de casi medio millón de pesos que tenía Macair Jet SA, empresa del mandatario. “Mauricio Macri busca cerrar la posibilidad de demandas contra Macair por parte del Estado; ¿recuerdan el caso del Correo? con Macair se repite igual modus operandi”, lamentó Tailhade, quien aseguró que “Aerolíneas Argentinas, bajo la dirección de Isela Costantini, le perdonó a la empresa de Macri (MACAIR) casi medio millón de pesos”. Según el diputado, “esta información demuestra el plan ideado por el presidente Mauricio Macri para beneficiar ilegalmente a MACAIR (hoy Avian), al igual que en el caso de Correo Argentino”, a la vez que afirmó: “Busca fundir a Aerolíneas; le sacan rutas comerciales y hangares, y ahora le roban medio millón de pesos”.

547 días después de Cristina

547 d.C Cristina Kirchner estalló contra un dibujante de Clarín por una violenta ilustración La ex presidenta compartió otro agresivo dibujo que le dedicó Hermenegildo Sábat y le dedicó un crudo mensaje al señalar que se trató de "violencia simbólica contra una mujer" La ex presidenta Cristina Kirchner arremetió contra el dibujante del diario Clarín Hermenegildo Sábat, quien en su edición de este jueves publicó un polémico dibujo en su contra. En el mismo se puede observar al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo con una tijera gigante en sus manos, a punto de cortarle el pelo "o la cabeza", según explicó la ex mandataria. "Violencia simbólica contra una mujer. Una vez más Clarín y Sabat lo hicieron. Hoy una caricatura que ocupa la totalidad de la pág 3. Un hombre (no importa quién) con una tijera en sus manos cortándome el pelo... o la cabeza? Porque mi cuerpo no se ve, pero el de él sí...", expresó Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter en horas de la tarde. En este sentido, aprovechó la oportunidad para recordar los tristemente célebres dibujos del hombre de Clarín, quien ya había sido denunciado por la ex presidenta anteriormente en sus cuentas personales.

546 días después de Cristina

546 d.C. La Justicia arrincona a los Macri por el caso Avianca La Policía Federal realiza varios operativos en distintos organismos luego de la investigación contra el presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el vice jefe de Gabinete Mario Quintana y otros funcionarios. El juez federal Sergio Torres dispuso operativos en la Secretaría General de Presidencia, en Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y distintos organismos públicos en el marco de la causa por la venta de empresas aero comerciales así como el otorgamiento de permisos para volar a líneas aéreas low cost. Por orden del juez Torres, la Policía Federal realiza varios operativos en distintos organismos luego de la investigación contra el presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el vice jefe de Gabinete Mario Quintana y otros funcionarios, tal cual lo impulsó el fiscal Jorge Di Lello. En la causa se investigan al menos siete hechos: uno es la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes presidenciales, evitando la modalidad de contratación que establece la ley y con montos desventajosos, también la venta dela empresa Macair Jet S.A, la cual era de la familia Macri, y del posicionamiento en el mercado local de Avian Líneas Aéreas(compradora de la anterior) en desmedro de otras firmas. Otro de los hechos es la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas Argentinas a Fly Bondi Líneas Aéreas, puesto que se sospecha de la vinculación que tendrían con esta última funcionarios del Gobierno Nacional, y otro es la compra de una nueva flota presidencial sorteando la modalidad establecida por ley para la contratación. El juez Torres pidió que en los operativos a la Secretaría General de Presidencia se informe en detalle de los viajes realizados por el Presidente Macri y otros funcionarios del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien aviones de empresas privadas. A la Secretaría General de Presidencia que también informe sobre la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares o institucionales. También que Aerolíneas Argentinas informe sobre un dictamen jurídico en el que se fijó la imposibilidad que una empresa cuyo accionista mayoritario sea extranjero pueda ser propietaria de una empresa aérea que realice vuelos de cabotaje, así como los acuerdos de cooperación con la empresa Sol Líneas Aéreas. A la inspección General de Justicia (IGJ) sobre la composición societaria de la firma Sol Líneas Aéreas, al titular del organismo regulador del sistema nacional de Aeropuertos que informe si Avian Líneas Aéreas ha requerido la asignación de hangares en el Aeroparque Jorge Newbery, y a Aeropuertos Argentina 2000 sobre la cancelación de la deuda por parte de las empresas Macair Jet S.A y Baires Fly S.A. Torres también pidió que Líneas Aéreas del Estado un detalle sobre las aeronaves que componen su flota aérea

545 días después de Cristina

545 d.C. Inédito blindaje: la noticia política del día no está en los sitios de Clarín ni de La Nación Los principales webs de noticias eliminaron de sus portadas toda alusión a los allanamientos de los cuales fue objeto durante la jornada la constructora IECSA, ligada al presidente Macri. No fue uno, sino dos allanamientos los que sufrió IECSA en la tarde de este lunes. Un comienzo de semana complicado, se podría decir. La empresa constructora ligada al presidente Mauricio Macri fue allanada en primer término por su vinculación con las coimas pagadas por la brasileña Odebrecht en el país. Más tarde, por su sociedad con Austral Construcciones. de Lázaro Báez, en diversas obras investigadas en el marco de la causa denominada "la ruta del dinero K". Sin embargo, en las portadas de los sitios web de Clarín y La Nación, la noticia política más importante del día no existe. En un relevamiento que hizo Infonews pasadas las 23:00 horas, ninguno de los dos allanamientos figuraba entre las 114 noticias que podían verse en la portada de Clarín, ni entre las 74 que ofrecía La Nación. Clarín, de todos modos, pese a que las eliminó de su home, se hizo eco de las noticias durante el día. Para La Nación, en cambio, no existieron en absoluto.

544 días después de Cristina

544 d.C. Así desvió fondos el Correo para favorecer a los Macri y no pagar la deuda con el Estado Las oscuras maniobras las dio a conocer la fiscal del caso, Gabriela Boquín, en dos nuevos dictámenes que presentó. Los beneficios a la familia presidencial. Dos nuevos dictámenes emitió la fiscal del escándalo del Correo Argentino, Gabriela Boquín, donde revela cómo se desvió fondos de esa entidad para favorecer a los Macri y no pagar la deuda con el Estado. Así lo reveló el diario Perfil en su edición de hoy. "Observó Boquín que al Correo se le permitió retirar fondos que debían estar destinados al pago de sus deudas para darle otros usos llamativos que terminan siempre en el mismo lugar: el bolsillo de los Macri". El semanario contó cómo se hizo la movida para favorecer a la familia presidencial. "A través del pago de alquileres para oficinas y cocheras –que la empresa dice necesitar, aunque sólo cuente con cuatro empleados–, contratos de servicio –como por ejemplo, $ 113 mil mensuales por “gastos contables e informáticos”–, los administradores que la familia nombró en Correo habrían desviado fondos hacia otras empresas del grupo, como Sideco y Socma Americana". Además, "Boquín criticó otro movimiento sospechoso: Sideco firmó un contrato para que Correo le cediera más de US$ 2 millones para que Sideco comprara acciones de otra compañía". En estos dos dictámenes, la fiscal general Gabriela Boquín expuso cómo el Estado protegió a la empresa de la familia Macri, Correo Argentino SA, en detrimento constante a sus propios intereses. Boquín denunció a comienzos de año el acuerdo entre la compañía y el Gobierno, al que calificó de “abusivo” y “perjudicial para el Estado” por favorecer a la compañía en el concurso de acreedores, incluso por parte de su principal acreedor, el Estado Nacional. Y así se destapó el conflicto de intereses del presidente Mauricio Macri desde su llegada al poder. "En marzo, y tras el escándalo, el Estado pidió que se suspendiera la audiencia de negociación con Correo y que por 120 días no corrieran los plazos de vencimientos en el expediente. Boquín se opuso ayer a esa decisión y la calificó como uno de los privilegios que el Estado y la Cámara Comercial le otorgaron a la compañía", reveló Perfil.

543 días después de Cristina

543 d.C. Sujarchuk: "Hay que trabajar para la unidad" El intendente de Escobar sostiene que hay que "ponerle un límite" al Gobierno y que "la que mejor expresa ese límite es Cristina". El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dio su apoyo a Cristina Kirchner para una eventual candidatura. “La identificación es con CFK por su liderazgo pero sobre todo por las políticas públicas que ella y Néstor llevaron adelante desde el gobierno”, dijo en una entrevista al diario Página 12. Sujarchuk es vVocero del grupo de jefes comunales de la primera sección electoral que quiere que Cristina sea la cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que Florencio Randazzo finalmente depondrá sus intenciones de ir a las PASO porque “si él expresa al peronismo, va a hacer lo que más le conviene al peronismo”. Sobre las PASO, Sujarchuk optó por otro camino: el de la unidad. Dijo al diario: "Los intendentes que formamos parte del Grupo Fénix en la Primera Sección Electoral siempre propiciamos la unidad, incluso cuando expresamos diferencias con otros sectores. Desde que nos conformamos, nosotros planteamos que debe hacerse una renovación en el peronismo, pero que lo que debían renovarse eran las ideas y los proyectos, sin dejar a nadie afuera. Hoy la elección es para ponerle un límite al gobierno nacional y la que mejor expresa ese límite es Cristina. Este año no se vota presidente, se votan legisladores y quienes nos oponemos a las políticas que está llevando adelante tenemos que tener un rol central en ponerle un freno. Ella es la que mejor expresa esta idea y por eso debe ser la candidata de nuestro espacio". Reafirmó su postura: "Cada elección tiene un eje. En esta elección el Gobierno intenta discutir el pasado porque si hablan del presente no les va a ir bien. Nosotros planteamos que esta elección es para ver si la gente quiere una profundización del modelo de perdida de soberanía, de empoderamiento de los sectores financieros y de caída del trabajo, la industria y el comercio, o si quiere ponerle una oposición al Presidente. No se elige presidente ni gobernador, se elige si vamos a apoyar Macri o a ponerle un límite. Y en ese sentido, Cristina es la referencia más clara". Sobre Cristina, el jefe comunal expresó: "Para mí que finalmente va a aceptar la candidatura. Es una expresión que no refleja el sentir de los dirigentes sino el de la mayoría de la gente. Es la gente que quiere que Cristina sea de candidata. Los dirigentes tenemos que saber interpretar que este momento requiere de generosidades y no ser mezquinos. Que los que somos parte del sistema de organización política del peronismo trabajemos para el conjunto y no para las aspiraciones individuales. Es un momento histórico. Podemos ser partícipes de la recuperación de las políticas publicas que siempre defendimos. Es un desafío y una oportunidad de expresar el modelo opuesto al que hoy gobierna el país".

542 días después de Cristina

543 d.C. La leona con melena apretando a un consejero desde la mesa de Mirtha La gobernadora aprovechó el ingreso a los hogares que le brinda la mesa de Mirtha para hacer un escrache público al catedrático Juan Candis por haber considerado que el juicio político que Cambiemos impulsa contra el Juez Freiler es “apresurado”, “poco serio” y “tiene intencionalidad política”, casualmente las mismas condiciones que reúne el apriete televisivo de Vidal. El voto de Candis echó por tierra los planes de Cambiemos para iniciarle juicio político al camarista Freiler y desplazarlo del Consejo de la Magistratura. La semana pasada, desde El Disenso te contamos que ante las presiones recibidas por parte del ejecutivo, los jueces federales se unieron y crearon un gremio para defenderse de los aprietes políticos como el que la gobernadora le propinó a Candis. Mientras tanto, en un nuevo acto de supina ignorancia, el PRO de La Plata creó la corriente “La Leona” fundiendo el rostro de Vidal con la melena de un león macho. Los chicos que no cayeron en la educación pública no dan puntada con hilo!

541 días después de Cristina

541 d.C. #Correogate: las tramoyas ocultas de Macri La auditoría sobre el #CorreoGate que hizo la Procuración del Tesoro es clave en el escándalo por el intento de parte de Mauricio Macri de condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. El documento, al que accedió en exclusiva Nuestras Voces, confirma y deja expuestas las maniobras de la familia Macri para demorar el pago de su deuda, la complicidad judicial para lograrlo y el rol del Estado en el letargo de esta causa. Un segundo documento, firmado por el ex procurador Carlos Balbín, al que también accedió este medio, se apoya en esa auditoría y señala asimismo puntos incómodos para el Gobierno. Por la ley de quiebras, el período para acordar por una deuda es de 4 meses y el Correo de los Macri lleva 16 años en esa situación. Aquí, todos los cómplices. El contenido de esta auditoría lleva el sello de “Reservado”. Fue ordenada por el ahora ex procurador del Tesoro Carlos Balbín el 13 de febrero de 2017, apenas 5 días después de que Nuestras Voces destapara este escándalo. El trabajo quedó a cargo de Guillermo García, un abogado sin filiación partidaria que acumula más de 30 años en la Procuración del Tesoro y no tiene vínculo político ni con Balbín ni con el macrismo. García revisó las 25.000 fojas que acumuló el expediente por la deuda de los Macri con el Estado a lo largo de 16 años. Hizo un meticuloso raconto cronológico de las idas y vueltas en la causa y delineó una serie de conclusiones divididas en seis ejes: 1) la duración del proceso concursal; 2) la degradación del crédito (la deuda) del Estado Nacional; 3) el incremento de los eventuales créditos pretendidos por la concursada (es decir, los reclamos de los Macri al Estado); 4) la importancia de la dilación procesal y su imputabilidad (o sea, quienes fueron responsables de que este pleito durara tantos años y sus culpas); 5) los representantes judiciales del Estado Nacional y la defensa de los intereses públicos y; 6) el acuerdo cuestionado, es decir, aquel que aceptó el Gobierno por el cuál la fiscal Gabriela Boquin denunció que le condonaban a la familia presidencial 70.163 millones de pesos. “Es a todas luces llamativo el tiempo que ha insumido este concurso, el que, paradójicamente, se encuentra todavía en el denominado ‘período de exclusividad’”, señala de entrada el auditor García. El período de exclusividad es el momento en el cuál el deudor, en esta caso Correo Argentino, hace su propuesta de pago a los acreedores, entre ellos el Estado, que resuelven si aceptan o no. Esa etapa, según el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras (que en lo que va de esta causa tuvo varias modificaciones), dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. “Pues bien –resume el auditor– el proceso que nos ocupa lleva ya 16 años de trámite y aún no ha superado la etapa de la ‘exclusividad’”. Para entender el contenido de la auditoría es importante la cronología. En diciembre de 2003, el primer juez de la causa -Eduardo Favier Dubois- decretó al quiebra indirecta de Correo Argentino, y que era inaplicable el salvataje que establece la ley de Concursos y Quiebras en su artículo 48. Los Macri apelaron y, en 2004, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial les dio la razón y revocó el fallo. Primer favor judicial a los Macri. El segundo, según la auditoría, vino de la mano de la jueza Marta Cirulli, que tomó las riendas de este expediente tras el apartamiento del juez Favier Dubois por amistad manifiesta con el abogado de los Macri. Para el auditor García la jueza Cirulli reabrió el período de exclusividad y así dilató la causa. “Varias de las consideraciones vertidas por la magistrada para adoptar esta decisión transitaban por un camino más acorde con lo valorativo personal que con el procedimiento reglado”, sentenció García. A su vez, la auditoría afirma: “Cabe consignar que no se observa en las actuaciones que los representantes estatales hayan formulado cuestionamientos a esta suerte de regresión procesal”, en alusión a los distintos momentos en que los abogados del Estado, puntualmente del Ministerio de Planificación, actuaron explícita o tácitamente en favor de los intereses de los Macri. Este punto también fue señalado por la fiscal Boquin. El auditor García apunta sobre la degradación de la deuda con el Estado por el paso del tiempo. “Es evidente que el curso del tiempo en el estado de indefinición a que se ha hecho referencia en esta auditoría, genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”. Este punto es central, ya que pone en cuestión si deben computarse intereses a la deuda de los Macri. La fiscal Boquin entendió que sí; incluso Balbín, en el memorándum que escribió basándose en esta auditoría, planteó la posibilidad de computar los intereses. El auditor García apunta en ese sentido. Son miles de millones de pesos de la familia Macri en juego. “La situación se torna más grave a poco de caer en la cuenta que, Correo Argentino SA, ha promovido acciones judiciales contra el Estado Nacional, tendientes al resarcimiento de los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado”, señala el auditor García. Se refiere a los juicios de los Macri contra el Estado, uno iniciado en el 2000 y otro en 2016, donde le reclaman cifras exorbitantes, en el último como indemnización por la quita de la concesión del Correo. Este último los Macri lo iniciaron justo cuando lograron el acuerdo con el Gobierno, y reclamaron 2.365 millones de pesos. El auditor García llama la atención sobre algo: mientras los Macri demandan lo que supuestamente les deben más intereses, no quieren pagar intereses sobre lo que le deben al Estado. La prolongación del concurso, señala entonces García, “habrá de tornar más gravosa la posición del Estado Nacional” dada esta asimetría en los reclamos. Ni hablar de las cifras. Otro de los puntos de la auditoría refiera a las responsabilidades en la dilación de esta causa. El auditor García reitera que, tras revocarse el pedido de quiebra, tendría que haberse iniciado el salvataje (conocido como “cramdown”) de la empresa pero se reabrió el período de exclusividad que dura hasta hoy. Achaca este punto a la jueza Cirulli, que lo resolvió el 9 de abril de 2007. García, sin embargo, reparte responsabilidades: “No parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el Estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso”. Construye así una mesa de tres patas que sostuvo la demora de esta causa: los Macri-las juezas-algunos abogados (no todos) del Estado. “Por lo dicho -agregó García en las conclusiones- estas cuestiones podrían no ser directa o exclusivamente imputables a los abogados que integran el servicio jurídico público interviniente, en la medida en que ellos hayan sido procelosos del control primario de legalidad que les compete ante directivas que se les imparten. Es probable también, que, autoridades de rango superior de los distintos ministerios que han intervenido a lo largo de estos 16 años, puedan dar razón de la dilación a que se hace referencia”. Este párrafo, que cita a su vez Balbín en su memorándum, no da nombres pero pueden inferirse. Uno de ellos es el de Julio De Vido, ya que Correo Argentino quedó bajo su órbita en el Ministerio de Planificación tras la rescisión de la concesión. Otro es Oscar Aguad, Ministro de Comunicaciones actual a cargo de la maniobra (por ahora frustrada) de ponerle fin a esta disputa con los Macri como únicos beneficiarios de ambos lados del mostrador. Puntos en común La auditoría de García tiene, hasta aquí, bastantes coincidencias con los planteos de la fiscal Boquin en esta causa. Difiere, sin embargo, en un punto: el rol de Juan Manuel Mocoroa, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación que, en la audiencia del 28 de junio de 2016, aceptó la propuesta que, según el dictamen de la fiscal Boquin, implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri. La fiscal Boquin sostuvo que la aceptación era nula ya que Mocoroa, por un lado, tenía una designación transitoria y, por el otro, carecía de una autorización de la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para aceptar o rechazar algo tan importante. La fiscal sostuvo que debía investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri. Sobre la designación transitoria, García la justifica con que hace mucho que no se llama a concursos para cubrir esos cargos y muchos de ellos son designaciones temporales. Sobre la autorización expresa la cuestión se complejiza. Por un lado, el auditor García adjuntó el pedido de instrucciones de Mocoroa y la respuesta de Aguad para esta cuestión. Según la auditoria, el 6 de junio de 2016 Correo Argentino hizo una oferta de pago a sus acreedores. Sin embargo, el 23 de mayo, dos semanas antes, Mocora ya le había enviado una nota al ministro Aguad donde le pidió instrucciones respecto de la propuesta que se discutiría el 28 de junio. Es decir, o Correo Argentino le acercó la propuesta al Gobierno por fuera del canal judicial o hubo más de una propuesta y no constan en el expediente. La propuesta de Correo Argentino era pagar en 19 cuotas anuales, con un interés del 6%. Aguad le contestó a Mocoroa el 24 de junio, 4 días antes de la audiencia. Le dijo que debía “tener en cuenta el tiempo transcurrido, así como el proceso inflacionario ocurrido a lo largo de los años” que atentaban contra el valor de la deuda. Para Aguad, los intereses estaban suspendidos, tal como pedían los Macri. Aguad instruyó a Mocoroa a “no conceder quita ni renuncias” a la deuda “durante tantos años postergada”. Le indicó que rechazara la oferta “por no alcanzar a satisfacer las condiciones imprescindibles para la concreción del interés público comprometido” y, a su vez, le ordenó que requiriera una nueva propuesta. Específicamente le dijo que aceptara si se reducían a 15 las cuotas y se aumentaba la tasa de interés a un 7%. Fue exactamente lo que sucedió el 28 de junio. Mocoroa rechazó la oferta y tras un cuarto intermedio le ofrecieron justo lo que indicó Aguad. Como si estuviera preacordado entre el Gobierno y la familia Macri. En síntesis, los papeles indican que: Mocoroa tenía instrucciones de Aguad para aceptar, tal como afirma el auditor García, pero no tenía era autorización para actuar en nombre del Estado, tal como sostiene Boquin. La fiscal Boquin, en su dictamen, llamó la atención sobre el cambio de estrategia del Estado, que pasó de oponerse en general y a dejar pasar el tiempo en algunos tramos de la causa a aceptar las condiciones “abusivas” que propuso la familia Macri. El auditor García tiene una lectura diferente: “aún con las dificultades y falencias a las que se hiciera referencia, parece indicar que no ha mediado otra estrategia que el mero consentimiento a una situación de indefinición que aún hoy afecta los intereses del ESTADO NACIONAL”. Hubo, sin embargo, un cambio: con el Gobierno de Macri hubo una definición: aceptar la propuesta que, demostró la fiscal Boquin, era inaceptable. Si ninguna de las partes puso fin a esta causa durante años, en 2016 el apellido Macri quedó de ambos lados del mostrador, se alinearon sus intereses y contaron con la anuencia las juezas Maria Lila Gómez Alonso de Diaz Cordero y Batilde Ballerini para concretar ese acuerdo que pretendía finalizar este pleito con un claro ganador: la familia Macri. Sobre el acuerdo que aceptó el Gobierno, García advierte que la auditoría “no está llamada a evaluar la conveniencia o no de un acuerdo como aquel que se arribara en autos y luego entrara en crisis”. Pese a esto, el auditor cierra: “Ello no me impide propiciar un acuerdo final entre el ESTADO NACIONAL y la concursada (Correo Argentino), que ponga término a la extensa incertidumbre que se cierne sobre los intereses fiscales y las pretensiones de Correo Argentino SA. Existen mecanismos, complejos pero también concretos, que permitirían arribar a las partes a una solución que, hoy por hoy, se torna imperiosa”. Las otras causas La auditoría es más extensa y evalúa todas las causas en las cuales están involucrados Correo Argentino y el Estado, siete en total. Sin embargo, la causa central para el Gobierno y para la familia Macri es la de la deuda de Correo Argentino con el Estado, iniciada el 19 de septiembre de 2001. La auditoría de esta causa lleva el número 5692, y fue registrada el 3 de abril de 2017. El expediente que analizó es el 94360/2001. El monto original, 269.205.376 pesos con 49 centavos. Auditoria Correo Argentino- Procuración del Tesoro de la Nación by nuestrasvocesok on Scribd La auditoría advirtió varias cosas. Primero, que se centró en la actuación de los abogados del Estado en el expediente. Segundo, que el trabajo tuvo que sortear diversos obstáculos, desde medidas sindicales hasta idas y vueltas el expediente hacia diversos juzgados, entre ellos, el del juez Ariel Lijo, donde radican las denuncias penales contra Macri y Aguad. Por último, informa que la auditoría se extendió hasta el dictamen de la fiscal Boquin del 30 de diciembre de 2016, aunque aclara que se analizó también la información de escritos posteriores de la fiscal que sumaron información al rechazo del acuerdo y mostraron la dinámica de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del clan Macri. La versión Balbín Once días después de recibir la auditoría realizada por García, el entonces procurador del Tesoro Balbín firmó un memorándum basándose en su contenido, aunque puso el énfasis en determinados ejes. En este segundo documento, el ahora ex procurador Balbín analiza la excesiva duración de esta causa, las consecuencias de esta demora para el patrimonio estatal, detalla y critica las artimañas legales ejecutadas durante estos 15 años y con complicidad judicial por Correo Argentino y cuales fueron consentidas por el Estado, y opina sobre el dictamen de la fiscal Boquin que rechazó la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri que había aceptado el Gobierno. “Tras más de quince años, el proceso se halla en pleno trámite”, afirma Balbín al inicio del memorándum, en coincidencia con la apreciación de la auditoría. “La prolongación del concurso durante todo el período de años mencionados importó un detrimento significativo del crédito del Estado”, destacó Balbin. Sostuvo que una vez que se verificó en 2003 que la deuda era de 296.205.376 pesos esto “obligaba a todos los funcionarios intervinientes en el proceso concursal a lo largo de estos quince años a extremar sus esfuerzos a fin de evitar perjuicios al erario público”. Para Balbin, durante el kirchnerismo, además de oponerse a varias de las “presentaciones improcedentes” de Correo Argentino tendría que haber reclamado soluciones y sanciones frente a estas “conductas meramente dilatorias”. Balbín es, además, muy crítico con la empresa de los Macri, a la cuál le atribuye “una conducta procesal cuestionable frente a los reiterados rechazados (sic) del tribunal”. Y coincide con el auditor García en su reproche a la jueza Cirulli, a quien describe retrotrayendo la causa a etapas ya concluidas y demorando la causa por 5 años. Algo que Balbín agrega en su memorándum y no figura expresamente en la auditoría es una referencia al dictamen de Boquin donde denunció la mala fe procesal de los Macri que, mientras negociaban una condonación de su deuda demandaban al Estado. Balbin señala que los Macri hicieron esta maniobra “sin siquiera haber anoticiado al Gobierno demandado”, es decir, si avisarle a él. Balbin también critica la reapertura del período de exclusividad e insiste en responsabilizar al Estado. Tomando como base la auditoría, Balbín reprueba “la ausencia de mención alguna (lo que hace presumir su inexistencia) acerca de reclamos o presentaciones de los abogados del Estado a fin de ordenar el cauce procesal y lograr que avance el proceso”. Es insistente con esta crítica, y destaca que “se evidencian ciertas desprolijidades en la actuación letrada del Estado”, y hace foco especialmente en que nunca se pidió la quiebra de Correo Argentino. “No surge del informe de auditoría que, durante los sendos años que lleva este proceso (…) el Estado acreedor haya reclamado nuevamente tal consecuencia (la quiebra) frente a las propuestas no aceptadas, permitiendo -con dicha omisión- que la acreencia del Estado pudiera verse mermada por la imposibilidad legal de aplicar los intereses”, sintetizó Balbín. Estas últimas palabras, “los intereses”, son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó al presidente Macri y su familia. Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso (o sea, desde 2001), para Balbín “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y esta doctrina “podría ser invocada” en este caso. No obstante, critica en la misma medida a las juezas que intervinieron en la causa, tanto Cirulli como las camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini, porque ellas debían impulsar la resolución de esta causa. Balbín estampó su firma en este memorándum el viernes 21 de abril. Al día siguiente, la periodista Laura Manfredi reveló en Nuestras Voces la intención del Gobierno de desplazarlo. La cuestión del CorreoGate no fue el único motivo: Balbín había comenzado a investigar las vinculaciones de Odebrecht y tuvo dictámenes incómodos para el amigo presidencial Joe Lewis y por la posesión del predio de La Rural, entre otros temas. Incluso había acordado su salida del gobierno para abril unos meses antes, previo a que se conocieran públicamente el CorreoGate y las derivaciones del caso Odebrecht. El escándalo por la condonación de deuda de Correo Argentino a la familia Macri, sin embargo, tuvo un peso relevante en su salida. Cronología de una estafa La auditoría que hoy revela Nuestras Voces recorrió todo el expediente, que suma más de 22.000 fojas y 100 cuerpos. Allí consta que el concurso preventivo de acreedores fue presentado el 19 de septiembre de 2001 por Raúl Casa, por entonces presidente de Correo Argentino. El directorio de la empresa había aprobado esa decisión el día anterior. Sus abogados eran Mario Laporta y Jorge Osvaldo Lopez. La auditoría reseña la historia de la privatización del correo en 1997, los argumentos de los Macri para dejar de pagar el canon y las demandas que le hicieron al Estado ya por el 2000. “La empresa adujo que se había visto imposibilitada de abonar los cánones reclamados, como consecuencia de los incumplimientos por el Estado de las obligaciones a su cargo pactadas en el contrato de concesión (ésto es la exclusividad en: la emisión de sellos postales, la prestación de comunicaciones fehacientes, en la prestación de servicios telegráficos; la transferencia de marcas y patentes; obligaciones relativas al régimen laboral del personal, etc.)”. O sea, los Macri se quejaban de que no era un negocio fácil y que no podían flexibilizar las condiciones de trabajo. El inicio del concurso de acreedores fue calificado, por su magnitud, de “Gran Concurso”. Pero el tiempo pasó y, según consta en la auditoría, recién el 19 de junio de 2009 el monto de la deuda (296.205.376. pesos) fue confirmado por la Sala C de la Cámara Comercial. La auditoría detalla que recién en la foja 8.929 apareció la primera propuesta de acuerdo. Era septiembre de 2003, y los Macri proponían pagar el 40% de su deuda en 15 cuotas y sin intereses. Luego, mientras algunos acreedores aceptaban, Correo Argentino pidió 120 días de prórroga, y el Estado (representado entonces por Alberto García) se opuso argumentando que “la conducta de Correo Argentino SA constituía maniobra dilatoria”. Las constantes demoras, sin embargo, recién comenzaban. Siguiendo la auditoría, los Macri hicieron una segunda propuesta: pagar el 100% de la deuda con un bono “que cancelaría las acreencias durante el período de concesión con una tasa de interés del 1%”. O sea, recién terminaban de pagar en el 2027, dado que la concesión era de 30 años, y con un interés residual. Pidieron también un cuarto intermedio de 30 días. El Estado se opuso junto al Banco Nación y la AFIP. En 2003, según la auditoría, “el Estado Nacional reiteró que la concursada (Correo Argentino) había prolongado con maniobras meramente dilatorias el trámite del concurso para poder mantener la explotación del servicio durante el mayor tiempo posible sin abonar ningún canon, suspendiento los intereses, y de tal forma, licuando su deuda al máximo”. Habían pasado menos de 2 años de un trámite que dura hasta la actualidad. El Estado, consta en la auditoría, también “analizó las propuestas de pago efectuadas y sostuvo -respecto de la segunda- que era abusiva y contraria a la ley, y que entre la primera y la segunda propuestas no existía, prácticamente, diferencia económica”. En la auditoría se llama la atención sobre la actitud de otros acreedores fuera del Estado, que sospechosamente aparecían actuando juntos y aceptando las propuestas de los Macri. En la foja 10.257 aparece el entonces Secretario de Comunicación Guillermo Moreno para incorporar al expediente el decreto 1075 firmado por Néstor Kirchner el 19 de noviembre de 2003 y que rescindió, “por culpa del concesionario, el contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino SA”. Tras esta decisión de Kirchner, la empresa de los Macri quedó sin actividad y reducida a alrededor de 20 trabajadores. El juez Favier Dubois entendió que no se podía hacer un salvataje de la empresa (el denominada cramdown) y decretó su quiebra indirecta. Duró poco: los Macri apelaron la quiebra y el 26 de enero de 2004 ya se habían reapoderado de Correo Argentino SA. El 27 de octubre de ese año la Sala B del fuero Comercial revocó la quiebra y habilitó más demoras en esta causa. A esta altura, el expediente acumulaba más de 60 cuerpos y 14.000 fojas. En 2005, los Macri cambiaron de abogado. Su defensa la asumió Jaime Kleidermacher. Entre las nuevas estrategias pidieron que se excluyera al Estado de las mayorías legales para la aceptación de sus propuestas y que les dejaran utilizar los fondos congelados de Correo Argentino para inversiones más rentables. Lo primero fue rechazado en primera instancia; lo segundo también, pero luego se lo habilitó la Cámara. Luego, los Macri pidieron una vez más una prórroga de 60 días del período de exclusividad, es decir, del lapso para hacer una nueva oferta. Lo lograron. En 2007, el expediente superaba los 70 cuerpos y las 17.000 fojas. En la 17.667, según la auditoría, consta una nueva propuesta de Correo Argentino: pagarle al Estado el 100% de la deuda con lo que el Estado supuestamente les debía a ellos. El Estado no contestó y los Macri lo interpretaron como una conformidad a su propuesta. Llamaron a una audiencia y la representante del Estado, Maria Pace, dijo que “no tenía instrucciones sobre la propuesta”. Frente a esto, Correo Argentino pidió un prórroga de 90 días y el Estado aceptó. Uno de los casos en que hubo responsabilidad de ambos en la demora de esta causa. Consta en la foja 19.315. Ya por entonces la estrategia de los Macri de pagar poco y cobrar mucho estaba en marcha. Según consta en la auditoría, el Síndico General del concurso estableció que el Estado le debía a Correo Argentino 3.348.902.864 pesos y que Correo Argentino le debía al Estado 248.772.091. “En virtud de los expuesto indicó, que el importe neto final a favor de Correo Argentino SA era igual a $3.100.130.773”, reseña la auditoría. Todo ese dinero a favor de los Macri. El Estado cuestionó esos datos, pero a fines de 2008, sin embargo, los abogados públicos jugaron a favor de Correo Argentino. En la auditoría consta que el 5 de diciembre el Estado pidió 60 días hábiles para verificar si había efectivamente deudas con los Macri, que obviamente aceptaron. En el interín, el tema ya había llegado a la Corte Suprema, que el 17 de marzo de 2009 estableció que no podían compensarse deudas. Para finales de ese año, la Procuración del Tesoro siguió esa línea. La cuestión siguió en 2009, ya con más de 20.000 fojas apiladas en el expediente. Los Macri se empecinaron en que el Estado les debía dinero e insistían que el Estado había aceptado tácitamente su última oferta. El 18 de marzo de 2010, la jueza Cirulli no homologó el acuerdo, por lo que le dio la razón al Estado. En la auditoría consta que, ante esa decisión de la jueza Cirulli, los Macri presentaron un escrito solicitando a la jueza que informara “si había recibido en su despacho a representantes de la Subsecretaría de Justicia de la Nación, como así también si había mantenido conversaciones telefónicas con funcionarios de dicha cartera ministerial”. Les negaron el pedido porque carecía de una “petición contenciosa concreta”. En la foja 22.216 ya está en 2016 y opera la gestión Macri con el acuerdo que aceptó Juan Manuel Mocoroa por órdenes de Aguad. Finalmente, ya con más de 100 cuerpos, la auditoria recorre cómo, tras conocerse este acuerdo, el Gobierno decidió dar marcha atrás y solicitar una nueva audiencia, que se fijó para el 16 de marzo, pero que no se realizó porque el macrismo pidió suspender todos los plazos por 120 días. Hasta acá la cronología del expediente. Por delante están las elecciones, y la intención de Macri de que el CorreGate no atraviese la campaña. ARI LIJALAD