lunes, 20 de noviembre de 2017

708 días después de Cristina

708 d.C. Nadie puede permanecer indiferente Comunicación y democracia Por Washington Uranga Página 12 Lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo hoy cuando apenas estamos tomando conocimiento de que el colega Víctor Hugo Morales ha sido despedido de C5N: sin comunicación democrática no hay democracia política. En nuestras sociedades la comunicación habilita el juego de las ideas, las miradas distintas, las perspectivas diferentes. Cuando las voces se acallan, cuando desaparecen los matices, cuando la comunicación se vuelve concentrada y monocorde, cómplice, complaciente y aliada con los grupos de poder, no queda espacio para la democracia. Los que ejercemos la comunicación somos primariamente trabajadores de los medios, pero simultánea e inevitablemente cumplimos la función, la tarea y también la responsabilidad de ser articuladores de la palabra, estrategas del diálogo necesariamente público entre actores diferentes y posiciones disímiles. Es la única manera de que una comunidad, una sociedad sea verdaderamente democrática. Cuando --por lo motivos que sean o con los argumentos que falazmente se arguyan-- se silencian sistemáticamente las voces disidentes lo que realmente se está haciendo es ponerle límites a la democracia misma, una mordaza no solo a la expresión sino a la libertad en todos sus términos y manifestaciones. Cada vez que se cierra un medio, se despiden periodistas o comunicadores, primero se cancelan fuentes de trabajos. Pero al mismo tiempo es la comunidad la que resigna libertad y posibilidades de construir política, social y culturalmente. Sólo para recordar: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la comunicación es un derecho ciudadano. El Estado es directamente responsable de garantizar su vigencia. Y toda la comunidad tiene la responsabilidad, en defensa propia, de luchar por la vigencia de ese derecho. Nadie puede permanecer indiferente.

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