783 días después de Cristina

783 d.C. La foto que publicó Cristina para desnudar una mentira de Mauricio Macri La ex presidenta lanzó una serie de imágenes sobre una inauguración y dejó mal parado al jefe de Estado.

La senadora Cristina Kirchner publicó una serie de fotografías en su cuenta de Twitter para desmentir al presidente, Mauricio Macri, quien en una conferencia de prensa aseguró que la empresa L’Oréal hace 70 años que no invierte en la Argentina. "El presidente de L’Oréal, que hace 70 años está la empresa en la Argentina y hace años que no quería invertir un peso en este país, me dijo que van a hacer un nuevo centro logístico para aumentar la producción", había anunciado Macri en la conferencia de prensa, donde anunció que recortarán cargos públicos en la Argentina. Y no creo que sea el presidente de L’Oréal. El 15 de octubre de 2015 estuve en la planta de L’Oréal en Garín, Escobar. Inauguramos una ampliación de esa planta luego de una inversión de $100 millones.https://t.co/6XpjZwWBFb pic.twitter.com/XFuFjYC3Ow — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2018 Sin embargo, en 2015, la empresa inauguró una ampliación de esa planta con una inversión de $100 millones. "Alguno de ellos miente o está desinformado", acusó Cristina Kirchner. “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo”, citó Cristina para refutar a Macri.

782 días después de Cristina

782 d.C. Cristina Kirchner cuestionó a Macri y lo dejó expuesto tras el anuncio por el recorte La senadora salió al cruce del Presidente tras anunciar que eliminará unos 600 cargos en la administración nacional y congelará sueldos de funcionarios. La senadora Cristina Kirchner aseguró que los cargos políticos que el presidente Mauricio Macri eliminará, en lo que presentó como un "gesto de austeridad", representan la misma cantidad que él creó hace más de dos años, cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo. "¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos?", se preguntó la ex presidenta al citar una nota periodística con datos sobre la cantidad de ministerios y dependencias del Estado que se crearon desde diciembre del 2015. Concretamente, el artículo publicado en el diario Tiempo Argentino, que toma como base un estudio de la Fundación Libertad y Progreso, especifica que Macri creó cinco nuevos ministerios, elevó las direcciones nacionales y generales a 687 y los institutos y organismos a 122. Al respecto, la líder de Unidad Ciudadana sugirió que "el mejor antídoto" que tiene a mano la sociedad para analizar los actos del Gobierno de Cambiemos "es informarse". En la mañana de este lunes, Macri anunció la reducción en un 25 por ciento de los cargos políticos de los distintos ministerios y organismos del Poder Ejecutivo (con un ahorro de 1500 millones de pesos), una disminución del tope en la cantidad de secretarías por cartera y la prohibición para que familiares de ministros puedan desempeñarse en el Gobierno.

781 días después de Cristina

781 d.C. Del Lava Jato al fallo de este miércoles, la arquitectura legal contra Lula Los pasos hacia la proscripción Tomó varios años de arbitrariedades y espionajes ilegales, pero lo del juez Moro funcionó para el golpe institucional. Por Dario Pignotti Desde Brasilia Antes de ser el juez más influyente de Brasil, Sergio Moro, idolatrado por las derechas debido a su hostilidad hacia Lula, escribió un trabajo sobre la causa Mani Pulite italiana cuya versión tropical (algo deformada) es el proceso Lava Jato, según él mismo lo ha afirmado. En “Consideraciones sobre Mani Pulite” Moro destacó la necesidad de estrechar los vínculos entre jueces y medios, como requisito para enfrentar exitosamente al sistema político, al que consideró irremediablemente corrupto. Más adelante el texto reconocía que la virulencia de los ataques judiciales llevaron al suicidio de algunos acusados sin pruebas y al surgimiento de Silvio Berlusconi. Siguiendo la doctrina y la práctica de Moro, que enseñan como violar la ley para dar caza a los enemigos, la semana pasada tres camaristas de Porto Alegre sentenciaron a Luiz Inácio Lula da Silva a doce años y un mes de reclusión amenazando su postulación en los comicios de octubre en los que se proyecta como favorito. El fallo del miércoles allanó el camino para su eventual prisión en marzo, tras el fin del carnaval, de acuerdo con algunos columnistas. Otros estimaron que la detención será postergada debido al riesgo de que desate un “incendio” popular, como advirtió el juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello. En sus alegatos los miembros del tribunal de apelaciones de Porto Alegre convalidaron la condena de un imputado contra el cual no hay pruebas fehacientes: a Lula se lo acusó de haber recibido ilegalmente un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá pese a que éste sigue siendo propiedad de la constructora OAS. Moro, en su condena de primera instancia, tampoco pudo demostrar que el inmueble, en la popular playa de Guarujá, pertenece al ex tornero mecánico. El balance de las casi diez horas de audiencia en el Tribunal Regional Federal 4 indicó que sus tres miembros avalaron, en términos generales, los atropellos cometidos por el Lava Jato. Desde su inicio en 2014 ese juicio convalidó la invasión de conversaciones entre procesados y abogados, estiró las detenciones preventivas para ablandar a los remisos colaborar y pinchó un diálogo entre Dilma Rousseff y Lula, en marzo de 2016, probablemente con el apoyo tecnológico (anche político) de los servicios de inteligencia estadounidenses según estimó Cristiano Zanin, defensor del ex presidente. Esa sospecha tiene asidero dado que meses antes de la violación de la llamada entre Lula y Dilma, la agencia norteamericana NSA había captado miles de comunicaciones en los despachos del gobierno y la petrolera Petrobras. De Mani Pulite Sergio Moro aprendió cómo fue demolido el sistema de partidos italiano a partir de 1992 –primeras revelaciones sobre la trama de “Tangentópolis”– bajo el pretexto de purgar la misma corrupción que resucitaría a partir de 1994 con el ascenso de Silvio Berlusconi. Pero en su traslación de Italia a Brasil Moro cometió algunos equívocos. La caída del sistema peninsular tuvo entre sus principales víctimas a la conservadora Democracia Cristiana aliada del Vaticano y la Mafia, y bien relacionada con los servicios de inteligencia estadounidenses en su condición de partido hegemónico tras el fin de la segunda guerra mundial y la caída del fascismo. Otra fuerza afectada por el derrumbe fue el Partido Socialista, socio de los democristianos, mientras el por entonces ascendente Partido Comunista Italiano (amigo histórico del PT) sufrió efectos colaterales. En cambio el Lava Jato, a diferencia de Mani Pulite, descargó su munición sobre la izquierda, encarnada en Lula y el PT, y fue benévolo con las fuerzas conservadoras. Tampoco castigó con dureza a la mayoría de los empresarios ni a los ejecutivos de Petrobras sobornados con millones de dólares, casi todos beneficiados con la libertad condicional. El ejemplo más inmediato de esa doble vara, dura con los petistas y dócil con los coimeros, fue el empresario Leo Pinheiro, de la constructora OAS, a quien el miércoles se le redujo a un tercio la pena en aparente recompensa por delatar a Lula. Casi doscientos mil intelectuales y políticos de todo el mundo, como los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y el uruguayo José Mujica, firmaron un manifiesto titulado “Elección sin Lula es Fraude”. Posiblemente un caso como el del acusador Pinheiro y el condenado Lula no habría prosperado en los estrados de Italia. Esto porque allí las “delaciones premiadas” se aplicaban en procesos contra la Mafia y no en casos como Tangentópolis, explicó el fiscal jubilado Gerhardo Colombo, uno de los responsables de Mani Pulite, al recibir a este diario en su oficina de Milán el año pasado. Colombo, evitó ser categórico en sus respuestas, pero consideró apropiado que Lula lleve su caso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La posibilidad de que el líder petista sea impedido de participar en las presidenciales del 7 de octubre fue celebrada por las agrupaciones conservadoras y resucitó las especulaciones sobre la candidatura de un outsider. Entre los nombres que volvieron a barajarse estuvo el animador televisivo Luciano Huck, que de postularse lo haría como el candidato directo de la cadena carioca Globo. Huck no sería un calco de Berlusconi, pero de todos modos se le asemeja por sus posiciones derechistas y su recetario de propuestas para administrar el país como si fuera una empresa a salvo de toda “contaminación” política. También presentó su postulación el ex presidente Fernando Color de Mello, aquel que en 1989 fue “fabricado” por Globo para derrotar, a Lula en las primeras elecciones directas tras el fin de la dictadura. Otro que intentará sacar partido con la exclusión del petista será el capitán retirado y diputado Ja ir Blasonar, ubicado segundo en las encuestas. Los émulos de Berlusconi o Trump fían sus esperanzas de triunfo en la ausencia de Lula, cuya popularidad posiblemente volverá a crecer tras la condena, señaló Mauro Paulino, director de la consultora Bataola. Aquí vuelve la comparación entre el Brasil del Lava Jato y la Italia post Mani Pulite. Y el caso brasileño parece ser peor porque en la península el triunfo del “Caballerie” hace 24 años fue en elecciones técnicamente limpias, al contrario de las brasileñas, que podrán estar marcadas por el signo de la proscripción. Si así fuera será la institucionalización de un régimen post-democrático.

780 días después de Cristina

780 d.C. Pablo Biró, del gremio de pilotos, habló tras el incidente de Flybondi “Hasta que no haya una catástrofe a esto no lo para nadie” El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas aseguró que “la empresa es impresentable” y que “hay una decisión política para que funcione” pese a las irregularidades. Advirtió que “esto termina como en los 90, sin regulaciones”, en referencia al contexto en el que se produjeron los accidentes de Austral en Fray Bentos en 1997 y de Lapa en el Aeroparque en 1999. El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, alertó hoy sobre las condiciones de Flybondi, la empresa low-cost que esta semana tuvo un incidente en un vuelo de prueba. Caracterizó a la firma como “impresentable” y dijo que si tiene que viajar en auto o en un avión de esa empresa, prefiere salir a la ruta. “Es un proceso muy desprolijo que no da garantías. Con 6 mil dólares, que es el capital financiero que declararon, no hacés nada”, precisó el titular de APLA. Puntualizó que Flybondi arrancó su operatoria con un solo avión, que es el que tuvo el incidente, “que tiene doce años y con buen mantenimiento debería andar”. Y consideró que “no tienen back up, tienen ese solo avión y otro de 17 años que aun no pudieron entrar”, al tiempo que criticó el mantenimiento: "El taller de Córdoba es un container oxidado, ni un taller de autos es así, y se supone que un taller aéreo es casi un quirófano”. De este modo, dijo que están dadas las condiciones para un accidente, al considerar que “hasta que no haya una catástrofe esto no lo para nadie”. Agregó que se le permitió operar en el Palomar, "pese al amparo y que hay una jueza", y que el hecho de que "siguen con las obras" muestra que "hay una decisión política de que esto suceda a como dé lugar". El vuelo en cuestión fue el martes pasado, y tuvo que regresar a los doce minutos de haber despegado del aeropuerto de Córdoba por una falla en los motores, lo cual generó críticas y resquemores hacia la compañía, beneficiada por el gobierno de Mauricio Macri con rutas áreas hasta llegar a ser “la segunda compañía con más rutas”, según describió Biró. Ayer, Flybondi tuvo su primer vuelo comercial desde Córdoba a Misiones. “No me preocupa que ande mal el velocímetro, algo que un piloto bien entrenado puede superar”, adujo, “sino que la empresa es impresentable”. Biró advirtió que “antes de operar hay que acreditar capacidad técnica, operativa y financiera” y que “cuando ves” cómo es que funciona la empresa “no hay manera que pueden operar”. Criticó los controles al recordar que “al frente del área de Navegación Aérea pusieron a "un señor que viene de diseñar parques y jardines en la ciudad” y que “la fábrica militar de aviones la maneja un tambero”, al tiempo que señaló la presencia de “un hombre vinculado a Mario Quintana”, en alusión a Richard Gluzman, socio del vicejefe de Gabinete en el fondo de inversión Pegasus y sindicado como dueño de la compañía aérea. En ese sentido, no dudó en decir que "hay una decisión política de que Flybondi funcione, y la empresa es poco seria, vendieron 10 mil pasajes con un solo avión”. La falta de flota tendría una consecuencia: “Cuando no puedan despegar, le van a endosar los pasajeros a Aerolíneas, Austral o LAN, como hace otras low-cost”. Respecto del episodio del martes pasado, el sindicalista dijo que la filmación que se filtró da la pauta de lo que es Flybondi: “Pusieron a una chica a como jefa de cabina y animaba a los pasajeros a gritar antes del despegue, cuando se supone que debe haber silencio para controlar los motores, las condiciones hidráulicas y tener despejadas las comunicaciones”. La crítica también alcanzó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien manifestó que “debería sentirse agradecido que lo alertamos de una catástrofe evitable”. Biró opinó que “le decimos que puede evitar” lo que serían males mayores, “pero siguen en la fiesta de darle rutas a sus amigos”. En FM La Patriada expresó que “un funcionario público tiene que garantizar seguridad” y que eso no ocurre con el caso de Flybondi. “El avión es más seguro que cualquier otro medio de transporte, pero hoy prefiero subirme a un auto y manejar con precaución en la ruta antes que subirme a uno de esos aviones”, graficó. Finalmente, se refirió al panorama en general, y opinó que “esto termina como en los 90, sin regulaciones”, en referencia al contexto en el que se produjeron los accidentes de Austral en Fray Bentos en 1997 y de Lapa en el Aeroparque en 1999. “Tuvimos esos casos, y otros accidentes previos por falta de control de las autoridades, con acomodos y corrupción”. Dijo que “vamos a seguir perdiendo rutas, y no parece una buena idea perder recaudación en dólares en este momento”, y remató respecto de Flybondi: “Lo importante no es el chancho, sino el que le da de comer”.

779 días después de Cristina

779 d.C. Axel Kicillof analiza el fracaso del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea "Macri no comprende la realidad" El ex ministro de Economía señaló que el gobierno de Cambiemos ofrece libre comercio a un mundo que se volvió proteccionista. "Macri tiene un dogma aperturista que se choca con la realidad histórica, por eso su política de inserción internacional es un corso a contramano", aseguró. El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Axel Kicillof consideró que el fracaso del presidente Mauricio Macri en lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea se debe a que el mandatario argentino ofrece “libre comercio” en momentos en que el mundo que “va a contramano (de esa política) y protege a sus propios productores”. En ese sentido señaló que “Macri no comprende esta realidad” y por eso “el mundo le cierra la puerta en la cara cada vez que va a golpearla”, sintetizó el ex ministro de Economía. “Macri tiene un dogma aperturista que se choca con la realidad histórica, por eso su política de inserción internacional es un corso a contramano”, dijo y ejemplificó: “Se le ocurre ser ultra liberal y ultra librecambista con la UE, cuando este bloque tiene una política de defensa a sus productores”. Durante una entrevista por FM La Patriada, Kicillof citó otro ejemplo al respecto: luego de asumir, el Presidente argentino dio un giro y regional al asociarse con la Alianza del Pacífico, “y al poco tiempo (su par norteamericano Donald) Trump retiró a su país de ese tratado” con el argumento de proteger a los productores estadounidenses. “Macri no comprende eso, por eso tiene tantos traspié. Va a buscar algo que el mundo no quiere darle, que es librecomercio”, esgrimió el ex ministro al tiempo que aclaró que su análisis se basa en los hechos y que en ello no hay una cuestión valorativa: “No digo si esto está bien o mal, es lo que está pasando”. Tras explicar el contexto, el ex funcionario aseguró que el acuerdo Mercosur-UE que el gobierno de Cambiemos hizo fracasar era “tremendamente desfavorable” para la región. “El acuerdo era que nosotros le damos todo y ellos casi nada”. Lo que el mandatario argentino hizo fue “pedir migajas, que le reconozcan un poco más de posibilidades de exportar carne, y la UE respondió en defensa de sus productores”. En su opinión, la caída de ese acuerdo tuvo que ver también con la “política errática” del gobierno de Cambiemos. “El Presidente anda buscando inversiones pero nadie sabe cuánto va a estar el dólar ni las tasas de interés”, criticó. “Lo único que fomenta la política macroeconómica de Macri es la especulación financiera”, que en el ámbito interno genera “desprotección del trabajo y la industria”, dijo. Además, “nadie sabe si este modelo va a seguir”, porque el equipo económico está integrado por “ministros sin posicionamientos claros” que conviven en una permanente “desorientación, pujas y contradicciones que dan poca consistencia al programa económico”. Por otra parte, para el diputado la política del Gobierno es la de una administración que “no tiene vocación industrialista” y sostuvo que el actual modelo económico “sólo fomenta la especulación financiera”. En ese sentido rechazó el argumento oficial de que el sostenimiento de altas tasas de interés es para bajar la inflación. “En realidad lo hace para planchar el dólar”, aseveró Kicillof.

778 días después de Cristina

778 d.C. Guiño de Moyano a CFK ante la reunificación del PJ “Está identificada con el peronismo” En medio de su enfrentamiento con Mauricio Macri, Hugo Moyano le envió un guiño a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Al ser consultado sobre la reunificación peronismo y si la ex presidenta debería integrarlo, el líder camionero fue contundente: “¿Por que no? Está identificada con el peronismo. No se puede discriminar a nadie”, señaló. La definición fue el primer gesto de acercamiento del ex titular de la CGT luego del conflicto que protagonizaron durante la segunda gestión de la ex mandataria. “Tenemos que hacer un esfuerzo entre los que cometieron errores, que deben tenerlos presente para no volver a cometerlos, y los que quieren la recuperación del peronismo”, sostuvo ayer Moyano en el extenso reportaje que brindó en televisión y donde redobló sus críticas al gobierno de Cambiemos. Las definiciones de Moyano incluyeron también una relativización de las denuncias por corrupción con las que el macrismo y los principales medios de comunicación apuntan contra la ex mandataria. “No sé. Todos los gobiernos han tenido esa deficiencia, hay gobiernos que se quedan con plata y le dan de comer a la gente con necesidades y otros que se quedan con plata y no le dan de comer a los que tienen necesidades”, disparó el camionero, en lo que pareció ser un contraste entre la actual gestión y los gobiernos kirchneristas. En la misma línea que su padre, Pablo Moyano también tuvo palabras conciliadoras con Cristina Kirchner. Le retrucó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien días atrás aseguró: “No se puede construir la unidad del peronismo con Cristina Kirchner, hay barreras que son infranqueables”. Según el mandatario salteño el kirchnerismo “es una instancia totalmente agotada” y fue “una construcción personalista que se hizo a espejo de un liderazgo circunstancial que se agotó”. En cambio, Pablo Moyano consideró ayer que “Urtubey está más cerca del Gobierno que del peronismo”. Se trata de una crítica que desde distintos sectores políticos y gremiales le hacen al dirigente peronistas más cercano a la Casa Rosada. De hecho, en el Congreso sus diputados y senadores han acompañado la mayoría de las iniciativas oficiales. Las definiciones de Moyano incluyeron también una relativización de las denuncias por corrupción con las que el macrismo y los principales medios de comunicación apuntan contra la ex mandataria. “No sé. Todos los gobiernos han tenido esa deficiencia, hay gobiernos que se quedan con plata y le dan de comer a la gente con necesidades y otros que se quedan con plata y no le dan de comer a los que tienen necesidades”, disparó el camionero, en lo que pareció ser un contraste entre la actual gestión y los gobiernos kirchneristas. En la misma línea que su padre, Pablo Moyano también tuvo palabras conciliadoras con Cristina Kirchner. Le retrucó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien días atrás aseguró: “No se puede construir la unidad del peronismo con Cristina Kirchner, hay barreras que son infranqueables”. Según el mandatario salteño el kirchnerismo “es una instancia totalmente agotada” y fue “una construcción personalista que se hizo a espejo de un liderazgo circunstancial que se agotó”. En cambio, Pablo Moyano consideró ayer que “Urtubey está más cerca del Gobierno que del peronismo”. Se trata de una crítica que desde distintos sectores políticos y gremiales le hacen al dirigente peronistas más cercano a la Casa Rosada. De hecho, en el Congreso sus diputados y senadores han acompañado la mayoría de las iniciativas oficiales.

777 días después de Cristina

777 d.C. New York Times: "La evidencia contra Lula no se tomaría en serio en la Justicia de EE.UU." El prestigioso medio norteamericano cuestionó fuertemente el proceso judicial a partir del cual se busca prohibir que el ex presidente se presente a un tercer mandato. En un duro artículo, el diario New York Times cuestionó al proceso judicial contra el ex presidente Lula Da Silva y calificó a la crisis política en Brasil como el momento más duro de la democracia de aquel país desde la salida de la dictadura militar. Escrita horas antes de conocerse el fallo que condenó por unanimidad a 12 años de prisión al líder del PT, por ser presuntamente el dueño de un tríplex en Guarujá (estado de San Pablo), el articulista Mark Weisbrot fue contundente: "La evidencia contra Lula está lejos de los estándares para ser tomada en serio en un sistema judicial como el de los EE.UU.". Según el juez Moro, Lula habría recibido el tríplex de parte de la constructora OAS como retribución por algún favor que el ex Presidente le habría hecho a la compañía. El departamento no está a nombre de Lula, ni de su esposa fallecida, ni de ningún allegado, y tampoco hay pruebas de que Lula haya tomado posesión de hecho del inmueble en algún momento. Toda la causa se basa en una delación premiada de un ex directivo de OAS. Según el prestigioso medio, el Estado de derecho está comprometido en Brasil desde 2016, cuando los partidos de derecha (algunos ex aliados del PT, como el PMDB) impulsaron un impeachment con pocas pruebas para destituir a Dilma Rousseff. La causa contra Lula, agrega, "erosiona" la democracia brasileña ya que dificultaría su candidatura para octubre.

776 días después de Cristina

776 d.C. El mensaje de apoyo de Cristina Kirchner a Lula da Silva La mandataria utilizó su cuenta de Twitter para respaldar al ex presidente de Brasil. En el marco del procedimiento judicial que definirá la situación del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la ex presidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para salir a respaldar a su ex par. "Acompañamos a Lula y al pueblo de Brasil. Justicia por Lula", lanzó en su cuenta oficial de Twitter. Hoy es un día clave para Lula porque la justicia brasileña decidirá si ratifica o anula la condena a nueve años y medio de prisión por un caso de corrupción, en donde está acusado de haber recibido un departamento en un balneario a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos de Petrobas. La decisión es fundamental puesto que Brasil atraviesa un año electoral, en donde el ex mandatario brasileño se encuentra liderando las encuestas. Se encuentra sometido al dictamen de tres jueces de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4) de Porto Alegre.

775 días después de Cristina

775 d.C. La conmovedora historia que relató Cristina Kirchner sobre un ex combatiente de Malvinas

La ex Presidenta visitó a los padres del único soldado santacruceño caído en las Islas. La ex Presidenta Cristina Kirchner visitó a los padres de José Honorio Ortega, el único soldado santscruceño caído en la guerra de Malvinas y cuyos restos fueron recientemente reconocidos a partir de un acuerdo con el gobierno británico y la mediación de la Cruz Roja Internacional. En su cuenta de Twitter, la hoy senadora nacional por Unidad Ciudadana publicó una foto que se sacó con Sonia Cárcamo de Ortega y a su esposo José Ortega, los padres de José Honorio, en Río Gallegos. "Fue un encuentro muy emotivo, que tiene detrás una historia que quiero contarles", escribió CFK. Allí, Cristina contó cómo fue todo el proceso para poder realizar los estudios de ADN con los restos de soldados NN, cuyo pedido se inició formalmente en 2012 y se comenzó a concretar en 2017. "La tarea fue muy compleja ya que debimos ubicar a lo largo y ancho del país a los familiares para informarlos de la iniciativa, obtener su consentimiento y la muestra de sangre para un eventual cotejo genético", recordó la ex Presidenta sobre el proceso para armar el banco de datos genéticos. "El proceso duró más de 2 años. Todo fue realizado bajo estrictos estándares del Comité de la Cruz Roja (...) En diciembre entregamos al nuevo gobierno todo el trabajo realizado, documentado y con las muestras de ADN de los familiares debidamente resguardadas. Hace pocas semanas se comenzaron a entregar los resultados a los familiares, con un alto nivel de resultados positivos. El lunes 15 de enero Sonia y José recibieron el resultado de la identificación del cuerpo de su hijo José Honorio", agregó. "Hoy, 35 años después de la guerra, saben donde descansan los restos de su hijo, héroe de Malvinas", concluyó la ex mandataria.

774 días después de Cristina

774 d.C. Una clase de Zaffaroni (para abogados y quienes no lo son) sobre el uso arbitrario de la preventiva y la asociación ilícita ¿Explicamos lo inexplicable? El ex ministro de la Corte Suprema explica cuáles son las “formas actuales de jaquear a la democracia” bajo gobiernos electos. También entra en un debate jurídico que propuso, entre otros, Carlos Zannini cuando preguntó si alguien, en derecho, podía explicar su prisión. Algún distraído ciudadano extranjero podría pensar que los argentinos sufrimos un régimen dictatorial, dado que son las dictaduras las que persiguen con saña a sus opositores. Se sorprendería al saber que no es así. Pero muchos argentinos también estarán sorprendidos porque no se les ocurrió que bajo un gobierno electo se pudiera disponer la prisión de su antecesora, de sus ministros, del candidato a vicepresidente opositor, del anterior vicepresidente y de una diputada del Parlasur. También se sorprenderán de que el gobierno mirase con similares ganas al candidato a presidente opositor y a cuanto ex funcionario que fuere merecedor, según el mismo gobierno, de ser mandado a la luna. Tampoco los asombraría que acallara a la prensa y a los periodistas molestos, amenazara con excluir de medios a actores y actrices, despidiera en masa a empleados que cree opositores, acosara a la Procuradora General hasta provocar su renuncia, y que todo lo encubriese con un monopolio mediático de discurso y construcción de realidad únicos. Otra cosa no imaginada por muchos es que el gobierno criminalizaría no ya la protesta, sino la simple movilización pública, so pretexto de unos pocos irresponsables y algunos infiltrados nunca detenidos, con “razzias” de vecinos y adolescentes. Le pasó al pibe Esteban Rossano, todavía bajo arresto. Nunca se les atravesó por la mente lo de Maldonado y Nahuel, que nuestro pueblo mapuche sería estigmatizado como terrorista pago por la Corona británica y que, desde un poder electo, se dijese que ante un muerto policial obra una presunción en favor de la policía y, por lo tanto, siempre se atendrán a la versión policial. Menos aún que el propio Presidente reclamase jueces “propios” y se persiguiese a los “impropios”, sólo porque no se domestican en el contenido de sus sentencias. Creyeron los sorprendidos que esto sólo pasaba en dictaduras o en regímenes totalitarios. Pero se equivocaron, porque también puede producirse bajo gobiernos electos. Ocurre cuando no se percibieron a tiempo las formas actuales de jaquear a la democracia y no se tomaron las precauciones de prevenirlas poniendo al día las instituciones. Ahora la misma Constitución, como proyecto de Estado de otros siglos, hace agua por todos lados y permite pervertir la democracia y burlarse de ella. Por estos orificios institucionales, en las democracias del mundo y en especial de nuestra región, se filtra hoy el fantasma de Göbbels redivivo, con sus once famosos principios, ahora llamados “lawfare”. Ese fantasma incorpora un sector judicial a su coro de “ceos” que machacan con un sonsonete: “Se robaron todo”. Ansiosos por comportarse como “jueces propios”, insensibles a la evidencia del viejo Heráclito (“todo fluye”), quizá pensando en rápidos “ascensos”, los jueces que pertenecen a esta minoría causan un triple daño: individual (a los perseguidos políticos), social interno (a la confianza en el derecho) y colectivo externo (a la imagen de la Nación). Sin duda que este “lawfare” es también “law far”, porque está muy lejos del derecho. Es su antípoda. E incluso a veces cae en sus propios tipos penales. Sea porque quedan jueces “impropios” o no del todo “propios” (o porque otros van siendo conscientes de la inevitable temporalidad del poder), algunas decisiones se rectificaron, lo que nada quita al carácter jurídicamente aberrante de las que se revocan, como tampoco de las que se mantienen, sin precedentes dignos de cita en nuestra historia judicial y doctrinaria. Las arbitrariedades judiciales apelan siempre a los temas en que la debilidad argumental del instituto permite retorcer los y, por cierto, hay dos temas sumamente endebles y manipulables: uno es la prisión preventiva, de naturaleza procesal; el otro es la asociación ilícita, de naturaleza penal. En estos dos puntos débiles de papeles, centraremos aquí la atención. Prisión preventiva La prisión preventiva es la que se dispone durante el proceso, antes de cualquier condena, ante una simple imputación y, como su nombre lo dice, se traduce en una prisión, o sea que se impone una pena cuando todavía no se sabe si el penado es o no culpable. Se trata del tema más incomprensible de todo el derecho procesal penal: una verdadera cuadratura del círculo. Para evitar que se admita que hay penas sin condena, los procesa listas afirman que es una medida cautelar, análoga al embargo civil. No lo es, porque el embargo es de bienes y el embargado puede exigir una garantía para el caso de no ser condenado en el proceso civil, que también será en bienes o dinero. Pero como el preso pierde libertad, es imposible repararlo devolviéndole el pedazo de existencia que se le quitó. Los juristas nazis y fascistas reconocieron que era una pena y afirmaron que debía ser lo: si alguien está preso, siempre “por algo será”. Uno de los más citados entre nosotros se preguntaba: ¿Cómo es posible que se considere a alguien inocente y se lo meta preso? (1) Los que no somos nazis ni fascistas también afirmamos que es una pena para alguien que, como aún no sabemos si es culpable, por lo menos de momento debemos considerarlo inocente. Por eso, justamente, sostenemos que nadie debería estar preso sin haber sido antes condenado. Pero como tampoco estamos locos debemos reconocer que, si alguien mató al vecino, no puede tomar mate al día siguiente en el jardín de su casa y saludar a la viuda por encima del cerco. Por eso, no resolvemos la cuadratura del círculo, pero no nos queda otro remedio que sostener que esa pena sin condena sólo puede ser extremadamente excepcional. Eso es lo que prevén nuestra Constitución, nuestra legislación, el derecho internacional y nuestros juristas de todos los tiempos, contra una realidad que se empeña en llenar las cárceles con penados sin condena. Esta inevitable resignación frente a la cuadratura del círculo se encuentra en el propio artículo 18 de la Constitución Nacional, invariable en sus 165 años de vigencia. Si bien comienza declarando que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (2), su último párrafo admite la prisión preventiva: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas” (3), agregando como admonición derivada de su excepcionalidad y precisamente dirigida a los jueces, que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar los más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice”. En consonancia con esta disposición constitucional, el artículo 319 del Código Procesal Penal, establece que podrá denegarse la exención de prisión o la excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2º de este Código, cuando (1) la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, (2) la posibilidad de la declaración de reincidencia, (3) las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. El art. 2º del código, expresamente recordado aquí, en la parte que interesa dice: “Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente” (4). Veamos ahora cómo se manipula la prisión preventiva en un caso concreto, con las dictadas contra Cristina Kirchner, Timerman y Zannini (como coautores) y Khalil, D’Elía y Esteche (como cómplices necesarios). La Cámara revocó la disparatada imputación de traición a la Nación, encuadrando las supuestas conductas (5) en un triángulo curioso de tipos penales, con penas máximas de seis meses (art. 241), dos años (art. 248) y seis años (art. 277). Haciendo un esfuerzo para dejar de lado el desopilante escrito de Alberto Nisman, que ahora recogen los jueces (mientras se persigue a uno de ellos por haber decidido el desprocesamiento) (6), centrémonos en la prisión preventiva. En cuanto a la “objetiva y provisional valoración de las características del hecho”, que sería la primera objeción a la excarcelación, el máximo de pena más grave es idéntico al de una estafa simple y, por ende, no es la gravedad del hecho imputado un impedimento, pues de lo contrario todo procesado por estafa estaría en prisión preventiva, lo que obviamente no sucede. Respecto de la “posibilidad de declaración de reincidencia”, pese a su dudosa constitucionalidad, cabe observar que no corresponde al menos a los casos en que los procesados no registran condenas firmes anteriores, pero tampoco parece ser el obstáculo decisivo para los jueces incluso en esos casos. En cuanto a que alguno de los procesados “intentará eludir la acción de la justicia” no existe el menor indicio, puesto que todos han estado a derecho, ninguno quedó rebelde o prófugo y, más aún, en el caso de Zannini, se presentó espontáneamente ante la policía y le dijeron que no obraba ninguna orden en su contra, pero horas después y en nocturnidad lo detuvieron en forma espectacular, conforme a la práctica de exhibir a los presos políticos de modo vergonzante y prohibido. A este respecto conviene recordar la penosa publicidad mediática de la detención del ex-vicepresidente. A éste, mientras estaba en prisión preventiva, la justicia lo había autorizado a asistir al nacimiento de sus hijos, pero con custodia y sólo por ese momento, debiendo regresar de inmediato a la prisión de máxima seguridad. Preferimos no imaginar a custodios en una sala de partos. Es bueno recordar también que una de las condiciones de la pena -y más de la prisión preventiva- es que no trascienda a terceros inocentes (7). Todo eso, sin perjuicio de la admonición del art. 18 dirigida a los jueces. Es bueno acotar que, según el defensor, el juez que le niega la excarcelación a D’Elía le había concedido antes la eximición de prisión, por lo cual éste no se sabía amenazado por una prisión preventiva, medida que al parecer tampoco fue revocada expresamente. En síntesis, podríamos decir que es tan probable que cualquiera de ellos intente eludir la acción de la justicia, como que mate a su abuela. Cabe agregar que el estado de salud de Timerman le impide materialmente eludir la justicia. Su prisión preventiva cae en la admonición de la última parte del 18º constitucional, dadas las condiciones impuestas: debía avisar cada semana su programa de tratamiento, sin contar con la tentativa de interrupción de éste que implicaba su imposibilidad de viajar. Podemos arriesgar que no sólo se trata de una medida que lo “mortifica más allá de lo que la seguridad requiere”, sino de una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por todo el derecho. En cuanto a las “condiciones personales del imputado”, que deben ser objetivas, respecto de Zannini en particular, en primera instancia se hizo valer “la desfavorable impresión sobre sus condiciones personales”, sin que quede claro si ésta se debe a que se presentó desaliñado o sudoroso y sin ducharse. Dado que la negativa de la excarcelación no pudo hacer pie en ninguno de los otros motivos de excepción señalados en el artículo 319 del código procesal, se hizo valer la posibilidad de entorpecer la investigación. Es imposible entorpecer lo que se ha terminado y, por cierto, la investigación se termina con la elevación a juicio ya decidida. Sin embargo, los procesados siguen presos, con el argumento de que aún falta revisar unos 200.000 mails de la cancillería. La Cámara sigue entendiendo que los procesados, como fueron funcionarios, se “presume” que mantienen “contactos residuales”. Es decir, que “presume” que, después de más de dos años, los procesados mantienen contactos que pueden eliminar alguno de los mails que quieren revisar y que se supone que su copia estará ya en poder de la justicia. Los únicos contactos “residuales” para ese efecto deberían ser con los propios jueces, pues de otro modo no podrían obstaculizar la lectura de mails cuya copia está en su poder. El art. 319 admite la “presunción”, pero “fundadamente”, lo que aquí brilla por su ausencia, pues no hay ningún dato objetivo que permita inferir que los procesados pueden interferir en la revisión de los mails, o sea que crea una presunción que no admite prueba en contrario (8) y que no existe en la ley, lo que excede -y es mucho más grave- la violación al mandato de interpretación restrictiva del art. 2º del código, para caer en la analogía o invención judicial (9). Cabe aclarar que con semejante jurisprudencia es mejor que nadie acepte ninguna función pública, porque bastará en el futuro cualquier imputación que a primera vista no sea descabellada, para que vaya a dar a la cárcel, pues para nuestros jueces será suficiente saber que fueron funcionarios para “presumir” sin más que mantienen “contactos residuales” y negarles su excarcelación, aunque después de un largo proceso resulten inocentes. Con mayor razón, cabrá “presumir” que los funcionarios en ejercicio no tienen contactos “residuales”, sino en pleno acto. No es un detalle menor recordar que se eleva la causa a juicio (se cierra la investigación), sin tomar declaración al testigo más importante, que es Noble, quien manifestara por escrito su voluntad de declarar como responsable de Interpol en el momento de los hechos y, precisamente, acerca de la inexistencia del supuesto encubrimiento, o sea, que el mayor “entorpecimiento de la investigación” no proviene de ningún procesado, sino de los propios estrados judiciales. Por otra parte, si se trata de evitar la imposible interferencia de los procesados en la lectura de los mails, no sería necesaria la prisión en establecimientos de máxima seguridad, bastando con que estuviesen en otros de seguridad media o mínima. Pero es claro que eso no sería suficiente para satisfacer las ansias revanchistas de la actual administración ni de sus jueces “propios”, porque no brinda suficiente material publicitario a su monopolio mediático. Podríamos saltar a otro caso de manipulación de la prisión preventiva, escandaloso en otro sentido, que es el de Milagro Sala, como presa política por excelencia. En éste el gobierno de Jujuy y su judicial amarrado por el gobernador se burlan de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante lo cual ésta permanece impávida. Los ejemplos de la actual manipulación de la prisión preventiva son múltiples, pero basta con lo dicho para demostrar que se lo está haciendo en forma gravemente arbitraria, violando el mandato de interpretación restrictiva del código procesal, el último párrafo del art. 18 constitucional que hace responsable a los jueces y, en algún caso, incluso la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes de todos los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Asociación ilícita El otro tema flojo de papeles que se sigue manipulando es de derecho penal de fondo. Se trata del extraño delito de “asociación ilícita” del art. 210 del código penal: “Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Entendámonos: tres amigos toman unas copas de más pero no se emborrachan ni mucho menos, simplemente se “alegran”. En el entusiasmo de la charla se ponen de acuerdo en dedicarse a estafar con cheques. Les parece fácil. Al día siguiente se reúnen y reflexionan que estaban sólo entusiasmados por el alcohol, pero que es inviable, y no hacen más nada. A estar a la ley, el delito estaría consumado. Podrían ser condenados como mínimo a 3 años, o sea, a la pena de la tentativa de estafa que nunca iniciaron, y como máximo, a 10 años, o sea a cuatro años más que el máximo de la estafa consumada. Vamos a otro caso inverso: tres mujeres se ponen de acuerdo para hurtar prendas íntimas de las tiendas. Con eso basta para una pena de tres años como mínimo. Sin embargo, si consumasen el hurto, la pena sería de un mes a dos años. La lectura literal del texto, con las consecuencias que antes mencionamos, es una expresión del llamado “derecho penal de voluntad”, propio del nazismo (10). De ninguna manera se puede extender la pena a un acto preparatorio, extremadamente anterior a cualquier inicio de ejecución (tentativa), sin violar todos los principios del derecho penal de un Estado de derecho, cuando aún está lejísimo cualquier peligro para un bien jurídico. Más aún: si una de las “mecheras” propusiese que se asociasen y las otras se negasen, no faltará quien piense que hay una “tentativa” de asociación ilícita por parte de quien la propuso (11). Este dispositivo es completamente inconstitucional, y su genealogía también lo indica, aunque puede resultar simpática al actual gobierno: se dice que tiene origen en la necesidad de reprimir a los “brigantes” (bandas de asaltantes de caminos), pero no es cierto, porque para eso se crearon los tipos de robo agravado, en despoblado y en banda. En verdad, se lo usó ampliamente, en tiempos en que la huelga era un delito (y el lockout patronal no lo era), para perseguir a los sindicatos como “asociaciones ilícitas”. Por otra parte, es bueno recordar que la pena original del código de 1921 era de un mes a 5 años, pero con motivo de la violencia política de los setenta se aumentó y fue quedando y agravándose aún más con las calificaciones. La inconstitucionalidad de este artículo, al menos en la forma en que se lo manipula en versión literal, la hemos sostenido siempre, incluso cuando fue procesado por este delito el ex-presidente Menem, de modo que no es una ocurrencia para ningún caso actual y, además, nadie ha respondido fundadamente la incuestionable objeción de inconstitucionalidad. En la práctica hay pocas condenas por “asociación ilícita”, pero no por ello deja de ser útil a cualquier revanchismo político. Todo empleado de juzgado penal sabe que cuando se quiere denegar una excarcelación se suele procesar por este delito, aunque finalmente se lo absuelva o condene por otro. Su vinculación con la manipulación de la prisión preventiva, por ende, en la práctica es estrecha, aunque en doctrina no tengan ningún vínculo. En conclusión, después de mostrar cómo se manipulan dos temas jurídicos para retorcer los en función de revanchismo político, podemos afirmar que hasta las falsas razones (racionalizaciones) tienen un límite, porque dejan de ser “razones” cuando carecen de creatividad. Somos conscientes de que hay diferentes posiciones y que el derecho es “maleable”, que podemos interpretarlo diversamente conforme a nuestras concepciones del mundo, pero la maleabilidad debe ser creativa (a veces, incluso perversamente creativa), porque cuando desaparecen las razones y su lugar lo ocupa el “porque me da la gana y tengo el poder para hacerlo”, allí el derecho se rompe y sus astillas saltan para todos lados. Al final, entonces, quedan las “ganas” y “el poder” pasa. Como siempre pasó.

773 días después de Cristina

773 d.C. Pronósticos económicos Maestros del error Durante los gobiernos kirchneristas, el pronóstico de cataclismos fue una constante de los denominados economistas serios pese a que la realidad los desmentía una y otra vez. Estos falsos críticos no han dejado de operar desde la llegada de Cambiemos al poder, sólo que lo hacen al revés. Pasaron del apocalipsis kirchnerista al paraíso macrista, tan inminente e igual de esquivo. La de inflación es una de sus proyecciones fallidas predilectas. Por Sebastián Fernández y Mariano Kestelboim Una de las constantes más sólidas durante los gobiernos kirchneristas fue el pronóstico de cataclismos por parte de los denominados economistas y analistas serios. Pese a ser desmentidos por la realidad, volvían, año tras año, a ser vaticinados con pasión. Era el famoso apocalipsis inminente aunque siempre esquivo, paradigma que sobrevolaba la mayoría de los análisis, desde los que se podían leer en suplementos especializados hasta aquellos que padecían los programas de chimentos. Esos desaciertos sostenidos en el tiempo que en cualquier otro ámbito profesional hubieran arruinado carreras promisorias y condenado a sus autores al ostracismo, no disminuyeron, en este caso, el éxito profesional de estos maestros del error. Al contrario, cada nueva lluvia de fuego fallida consolidaba el crédito de quién la había vaticinado e incentivaba a sus colegas a doblar la apuesta y relanzar la espiral de nuevos cataclismos, igualmente fallidos. Un observador candoroso podría sorprenderse por el hecho de que fueran tomados como oráculos quienes durante años reiteradamente se dedicaron a equivocarse; pero eso sería olvidar lo esencial: sus análisis fallidos nunca fueron errores. Ocurre que esos analistas funcionan, en la práctica, como falsos críticos teatrales que opinan desde la platea cuando, en realidad, son parte de la obra que miramos. Su objetivo no es analizar la realidad sino operar sobre ella. Estos falsos críticos no han dejado de operar desde la llegada de Cambiemos al poder, sólo que lo hacen al revés: el panorama ya no será oscuro; prevalece una visión entusiasta. Así se pasó del apocalipsis kirchnerista al paraíso macrista, tan inminente e igual de esquivo. Su comportamiento se constata en las distintas variables que analizan. La de inflación es una de sus proyecciones fallidas predilectas. También la de crecimiento que fue analizada en este suplemento en febrero pasado. Proyecciones Al inicio del gobierno de Cambiemos, la consultora Focus Economics publicaba en febrero de 2016 las proyecciones de una treintena de reconocidas consultoras y bancos. Calculaban que la inflación, en promedio, sería de 32 por ciento, cuando la meta del gobierno era de 20/25 por ciento. En ese año la inflación fue del 41 por ciento, según IPC de la Ciudad de Buenos Aires, índice utilizado por el gobierno. Así, las consultoras la subestimaron en un 28 por ciento y el gobierno en un 82 por ciento (respecto al promedio del rango). En 2017, los errores fueron similares: las consultoras, según la encuesta del BCRA, en febrero de ese año, estimaban una inflación de 19 por ciento; el gobierno pautó una meta del 12/17 por ciento, pero fue de 25 por ciento. Los errores llegaron al 32 por ciento, en el caso de las consultoras, y al 72 por ciento para el gobierno. La dispersión entre las respuestas de las diferentes consultoras ha sido muy baja tanto en 2016 como en 2017. Que los errores hayan sido tan importantes y masivos revela el comportamiento en manada de los falsos críticos teatrales. Los líderes presentan un pronóstico y el resto coincide o copia con un mínimo margen de discrepancia, base elemental para poder ser reconocidos como economistas serios. Otro rasgo saliente de las proyecciones es que, a medida que el tiempo transcurre y se vislumbra que van quedando cortas, progresivamente deben volverse menos optimistas. Por caso, en abril de 2017, los resultados de la encuesta del BCRA daban una inflación para 2018 de 14 por ciento y fueron aumentándola todos los meses ininterrumpidamente hasta llegar a 17,4 por ciento en diciembre pasado. Por supuesto que una proyección no es simple; requiere analizar distintas variables en simultáneo. Pero en la economía nacional y en la internacional, en 2016 y 2017, no se produjeron contingencias relevantes que puedan justificar la magnitud de las equivocaciones. En esta misma columna, el 10 de abril de 2016 publicamos un trabajo con Arnaldo Bocco donde consideramos un alza generalizada de precios de 40 por ciento en 2016. Y, en 2017, también en este espacio, el 12 de febrero pasado publicamos que sería muy difícil que la inflación sea inferior a 25 por ciento. Metas Hoy vuelve a repetirse el esquema de una meta incumplible, pese a que el gobierno la subió un 50 por ciento. La novedad es que no hay talibanes que consideren que existe posibilidad de cumplimiento. Ahora, los economistas serios justifican esos valores irrealizables como si la meta actuara como “termostato” y, por lo tanto, aseguran que el hecho de que sean objetivos inalcanzables ya no afecta la credibilidad del BCRA. La meta, bajo esa lectura, indica hacia dónde se quiere llegar y, según lo alejado que esté de las posibilidades reales, señala la intensidad requerida de las políticas contractivas. Pese al ahínco de los economistas y analistas serios y los analistas, las absurdas metas socavan la credibilidad de la herramienta. Si bien a nivel internacional hay muchos otros casos de errores en las metas, no hay registros donde la inflación haya divergido tanto respecto a la meta oficial como en Argentina. El sistema comenzó a aplicarse en 1990 en Nueva Zelanda y lo utilizaron otros 26 países de distinto grado de desarrollo. Según el análisis de Matías Carugati publicado en El Economista, en el 77 por ciento de las experiencias (totalizan 472 casos dado que casi todos los países lo aplicaron por varios años), se cumplió la meta o la inflación estuvo por debajo del objetivo. El antecedente local con dos fuertes errores consecutivos, se sale del mapa. Sólo queda como consuelo, según advierte Carugati, que los inicios son más difíciles: en el 52 por ciento de los casos, la inflación en el primer año de aplicarse el modelo superó a la meta, pero nunca en apenas cinco meses de iniciado el año como sucedió en Argentina en 2016. Las metas también fueron empleadas de forma inoportuna. Las economías que comenzaron con este esquema tenían, en promedio, una inflación del 6,8 por ciento. En cambio, Argentina empezó a ensayar el modelo después de haber devaluado fuerte y con una inflación previa de 26,9 por ciento, según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Como es un modelo que depende mucho de la credibilidad del gobierno, alterar la dinámica de precios en 2018 bajo este sistema, con la pérdida reputacional autogenerada, ya no parece posible. Más allá del esfuerzo de las consultoras y su protección mediática, quienes fijan precios ya no la toman en cuenta. Las metas, teóricamente debían servir para coordinar expectativas en base a una referencia válida; que sólo de cuenta de la intensidad de la contracción monetaria es insuficiente, sobre todo para una economía con tan graves problemas estructurales de inflación. Ya no hay referencia creíble para el establecimiento de contratos y consolida la inflación pasada como mecanismo de ajuste. Queda sólo de instrumento de presión contra los trabajadores. Inflación Los anuncios de nuevas subas de combustibles, los aumentos programados en transporte, electricidad, gas, agua, prepagas de salud, telefonía celular, colegios privados, el aumento del dólar y la inercia inflacionaria no amedrenta a las consultoras para volver proyectar valores irrealizables. La inflación de 2018, a pesar de contar con un ancla salarial más pesada en un año no electoral, menos consumo masivo y una mayor oferta del exterior, rondará entre el 23 y el 24 por ciento. En el fondo, más allá de la desprolijidad y el intento de condicionar las paritarias, la visión monetarista dominante, acorde a la biblia neoliberal, en lugar de estudiar el diseño de políticas productivas, el rol de las empresas públicas en los procesos de desarrollo y la mejora de la gestión pública, impulsa un marco para la aplicación de planes de ajuste. La concepción ortodoxa sostiene que comprimir la participación estatal (el gasto social fija un piso a los costos), alentaría inversiones y la creación de empleos, algo que nunca ocurrió. El mercado es caótico y no tiene la visión global y extendida en el tiempo suficiente para orientar las inversiones que un proceso de estas características requiere. A ningún gobierno le gusta la inflación ya que, en rigor de verdad, no existe una inflación buena. A lo sumo la hay mala o pésima. Lo que sí ocurre es que hay gobiernos menos preocupados por la inflación que por otras variables, como el empleo o el poder adquisitivo de las mayorías y, sobre todo, más preocupados por las consecuencias en esas variables de los temibles remedios ortodoxos contra la inflación, que las grandes mayorías del país conocen bien. Los mecanismos para controlarla difieren de acuerdo al sector que se quiera beneficiar. Los gobiernos kirchneristas le pusieron el pie encima a las tarifas energéticas e impulsaron las paritarias. La administración de Cambiemos, intervencionista como el anterior, opta por fijar techos presumiblemente bajos a los salarios y regula los mercados financieros con una tasa de interés muy alta. Ganadores y perdedores El modelo macrista explica la inflación por el atraso de tarifas, que los gobiernos anteriores no habían querido subir, pero no dice que esos gobiernos subieron los sueldos, que estaban muy bajos después de la devaluación de 2002. Del mismo modo que sube esas tarifas, sube el retorno del sector financiero y empeora el “retorno” de los jubilados y asalariados, sectores que históricamente ha funcionado como variable de ajuste en la biblia neoliberal. Ninguno de los gobiernos, kirchnerista o de Cambiemos, dejó de preocuparse por la inflación, sólo determinó un remedio diferente y, por supuesto, diferentes ganadores y perdedores. Esos ganadores y perdedores que los economistas y analistas serios y analistas suelen esconder detrás de una jerga confusa disfrazada de lenguaje técnico, que nos habla de “decisiones duras pero necesarias” o del virtuoso “sinceramiento de la economía”, obviando que, como siempre, sincerar tarifas significa aumentarlas mientras que sincerar sueldos equivale a ajustarlos. En campaña, Mauricio Macri criticó al gobierno de CFK y culpó a su impericia por la inflación y prometió que terminar con ese flagelo sería la tarea más sencilla de su gestión. Dos años después de asumir y haber aumentado esa inflación tan fácil de eliminar, el gobierno decidió “recalibrar las metas de inflación y demorar un año más en llegar al 5 por ciento anual previsto inicialmente, que se alcanzará en el 2020. Así, en un sólo acto oficial, el índice de inflación que, bajo el “marxista” Axel Kicillof nos llevaba en 2015 hacia el abismo, bajo el ministro Dujovne es en realidad un nivel tan manejable que hasta se puede elastizar el objetivo de disminuirlo, objetivo primordial del gobierno, al menos hasta el momento de cambiarlo. Mientras tanto, desde la platea, los falsos críticos y verdaderos maestros del error seguirán con su incansable tarea.

772 días después de Cristina

772 d.C. Baradel cuestionó al titular de la cartera laboral "En un país serio Triaca ya no sería más ministro" El dirigente del gremio Suteba repudio los insultos del ministro de Trabajo a su ex empleada y dijo que el funcionario “pierde autoridad si tiene un trabajador no registrado”. Baradel también rechazó el techo del 15 por ciento que la Casa Rosada busca imponer a las paritarias y afirmó el Gobierno nacional “está haciendo todo lo posible” para generar un conflicto con los sindicatos docentes. Roberto Baradel, titular del gremio docente bonaerense Suteba, cuestionó la continuidad del ministro de Trabajo Jorge Triaca en su cargo, luego de que se conociera un audio en el que insultó a la casera de su quinta. La mujer denunció que no estaba registrada formalmente como empleada y que el funcionario le consiguió un cargo en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. "En un país serio Triaca ya no sería más ministro de Trabajo y se estaría investigando las irregularidades que hubo”, afirmó Baradel en diálogo con el programa Sobremesa, de FM Millenium. Sostuvo que además del insulto, “lo más grave es que tiene un trabajadora no registrada siendo ministro de Trabajo, pero más grave aún cuando la nombra en un sindicato como el SOMU por cuestiones de corrupción”. El dirigente gremial insistió en que “esto es un escándalo que tiene que ir a la Justicia” y que Triaca “no tendría que ser más ministro de trabajo”. “Marcos Peña salió a respaldarlo y los costos políticos van a ser muchos más fuertes que si el ministro hubiera dado un paso al costado. Peña dijo que fueron errores. Para ellos los Panamá Papers son errores, o el bono de 500 mil pesos de Etchevehere son errores. Tiene una vara particular para medir lo que hace el Gobierno y lo que hacen opositores”, añadió Baradel también rechazó la decisión del Gobierno de eliminar la paritaria nacional docente que marcaba un mínimo salarial para los maestros de todo el país. “El piso era una pauta para el resto de las provincias, una base de discusión. Y el gobierno debía asistir a las provincias que no llegaban a ese piso”, explicó. En esa línea, apuntó contra el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. “Permanentemente se dedica a la chicana, a la deslegitimación y hasta ha utilizado el lenguaje bélico”, manifestó Baradel sobre el funcionario y definió: “ Yo creo que el cargo que tiene le queda grande, creo que está más interesado en ser intendente de La Matanza que ministro de Educación, pero también le queda grande la intendencia de la Matanza". Por último, rechazó el techo del 15 por ciento que el Gobierno quiere imponer a las paritarias y adelantó que habrá complicaciones en el comienzo de clases: “El Gobierno nacional está haciendo todo lo posible para que se genere un conflicto a principios de año. Nos están negando la paritaria, nos están negando la posibilidad de discutir salarios libremente”.

771 días después de Cristina

771 d.C. "Te vamos a desaparecer": la amenaza contra Baradel luego de otro conflicto con el Gobierno El titular de SUTEBA denunció un nuevo intento de intimidación luego de que el Gobierno nacional eliminara la paritaria nacional docente. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, denunció que fue víctima de una nueva amenaza de muerte a través de un correo electrónico, en medio del conflicto por la derogación de la paritaria nacional docente y la polémica por el instructivo de desafiliación de docentes bonaerenses. "Decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer", fue el mensaje anónimo que leyó el sindicalista en su casilla de correo y reprodujo Página 12. En diálogo con ese medio, Baradel afirmó que iniciará acciones ante la Justicia, en tanto que ya hizo gestiones ante la división de Delitos Informáticos de la Policía Federal. "Anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia", relato el secretario general de SUTEBA. Ahora, la amenaza se consuma un día después del decreto presidencial que eliminó la paritaria nacional docente y luego de que la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno bonaerense publicara un instructivo para gestionar la desafiliación a los sindicatos docentes. "Es claro que hay un clima de ataque a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y en ese marco recibo nuevas amenazas", concluyó Baradel.

770 días después de Cristina

770 d.C. CFK reclamó que se eleve la causa por presunta administración fraudulenta Pedido para ir a juicio oral La ex presidenta señaló que en la próxima etapa procesal habrá un “esclarecimiento definitivo y público de los hechos” que se le imputan “de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho”. Cristina Kirchner le pidió al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral y público la causa en la que se la acusa de presunta administración fraudulenta por la obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos y el de Néstor Kirchner como presidentes de la Nación. En su requerimiento, la actual senadora consideró que “en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho” se le imputan. El eje del expediente que instruyó Ercolini es que Néstor y CFK destinaron a Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, el 11 por ciento de la obra pública de todo el país, con el empresario Lázaro Báez como principal beneficiario. El magistrado considera que es una cifra desproporcionada pese a que esa provincia tiene el 10 por ciento del territorio y que todas las asignaciones presupuestarias para construir rutas fueron aprobadas por el Congreso. En la causa se investigan 52 contratos por 46 mil millones de pesos, que según la acusación habrían sido direccionados a cambio de supuestos sobornos, que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces. Además de la ex presidenta y Báez hay otros 18 procesados camino al juicio oral, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López. El fiscal federal Gerardo Pollicita, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervienen en el expediente como querellantes, pidieron semanas atrás la elevación a juicio. Abierta la etapa en que las defensas de los imputados deben plantear su acuerdo u oposición fue que la ex presidenta solicitó también la elevación. Por medio de un escrito firmado por el abogado Carlos Beraldi, la senadora sostuvo que los requerimientos de los dos órganos que dependen del Poder Ejecutivo (la OA y la UIF) “encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no han sido resueltas por auto firme”. “Teniendo en cuenta las características de este sistema procesal, que no contempla vía recursiva respecto de un eventual auto de elevación a juicio oral, entiendo que el tránsito de estas actuaciones a instancia de oral ya se encuentra definido”, sostuvo Beraldi en un escrito de tres páginas. En el juicio oral “se harán los planteos correspondientes con el propósito de lograr el esclarecimiento definitivo y público de los hechos”, afirmó. Ercolini procesó a la ex presidenta y demás imputados a fines de 2016 por haber “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. Además de procesarla, el juez le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos, cifra del supuesto perjuicio causado al Estado pero sobre todo una excusa para publicitar el supuesto caudal de bienes acumulados por los Kirchner. Según directivas de la Cámara Federal, el expediente que se encamina al juicio oral podría unificarse con las causas por supuesto pago de sobornos a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

769 días después de Cristina

769 d.C. Marcos Peña anunció que trabajarán para que las negociaciones salariales no superen el 15 por ciento El Gobierno les pone el pie a las paritarias Tras haber modificado la meta de inflación de 2018, Cambiemos apuesta a cumplir su objetivo a costa de los trabajadores, que siguen sin recuperar la fuerte pérdida producida desde 2016. Los gremios anticipan su rechazo y reclaman una nueva cláusula gatillo. En medio de una nueva serie de aumentos de precios y mientras los gremios reclaman la aplicación de la cláusula gatillo para los acuerdos de 2017, el Gobierno de Mauricio Macri adelantó ayer que buscará ponerle un techo del 15 por ciento a las paritarias de este año. Luego de la primera reunión de gabinete tras las tres semanas de vacaciones del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó ayer una conferencia de prensa en la que anunció que intentarán que las negociaciones salariales no excedan la nueva meta de inflación para 2018, modificada a fines del año pasado. “Consideramos que es muy importante que toda la sociedad se comprometa con esta meta del 15 por ciento, entender que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente por parte del Gobierno sino de todos los sectores”, afirmó Peña desde la Casa Rosada. Si bien recién están iniciándose las conversaciones, ese porcentaje ya es rechazado por el frente que nuclea a los gremios docentes bonaerenses, entre otros. “El gobierno hace más de lo mismo y después se enoja cuando decimos que es un gobierno de ricos para ricos. No ha tomado una sola medida en favor de los trabajadores y los sectores más desprotegidos”, aseguró el sindicalista Omar Plaíni en diálogo con PáginaI12. Por lo pronto, distintos referentes gremiales adelantaron que insistirán en la incorporación de cláusulas gatillo en los acuerdos de este año. En el marco de una conferencia de prensa en la que abordó distintos temas, el ministro más poderoso de Cambiemos dejó en claro que el oficialismo no pretende una recomposición de la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años para los trabajadores. Peña afirmó que van a trabajar “como siempre en el marco de paritarias libres”, para lograr la nueva meta de inflación “sin perjudicar al trabajador en su salario real”. Según un estudio de la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) difundido la semana pasada, los sectores con empleo formal todavía están lejos de recuperarse del derrumbe en sus ingresos producto de la devaluación y cambio de modelo económico de impuesto por Cambiemos. Las estimaciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la UMET muestran una recuperación de 2,3 por ciento (hasta noviembre) frente al mismo período del año anterior. Esa tímida mejora fue insuficiente para revertir la retracción experimentada durante el primer año de gestión, cuando la caída fue del 5,3 por ciento. Otros estimadores, como el del centro de estudios de la CGT, sostienen que la inflación de 2017 es del 27,2 por ciento, por lo que lejos de recuperarse el año pasado también hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. “El Gobierno había hecho un calculo de una inflación del 17 por ciento para 2017 y terminaron en el 25, según el Indec”, subrayó Plaini, para quién las políticas económicas para frenar la inflación “evidentemente no le han dado ningún resultado”. Desde la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que encabeza el bancario Sergio Palazzo, también criticaron la intención de poner un techo a la negociación. “El Gobierno fija ese número y entonces predispone a todos los empresarios para decir ‘no salimos de eso’. Si volvemos a ésta lógica que ya tuvimos en la historia argentina de ajustar los salarios para bajar la inflación, el escenario va a ser muy conflictivo”, advierte Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense. El referente de la Corriente Federal sostiene que antes que por las paritarias de 2018, los gremios todavía están preocupados por que se aplique la cláusula gatillo que se incorporó a los convenios colectivos. En el caso de los gráficos implica una brecha del 22,7 al casi 25 que fue la inflación oficial. “El brutal aumento de tarifas del gobierno marca la pauta paritaria que vamos a exigir”, señaló ayer por la mañana Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. El diputado nacional acompañó esa frase en su cuenta de Twitter con un titular de un diario en el que se anticipa que a partir de febrero “sube el transporte, la luz, el combustible y las prepagas”. La discusión sobre las paritarias se producirá, además, en un contexto convulsionado para la CGT, que se encuentra inmersa en una profunda discusión por la renovación de su conducción, hasta ahora en manos de los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Los sectores más combativos representados por el moyanismo, parte de la Unión Obrera Metalúrgica y la Corriente Federal reclaman abandonar la posición más “dialoguista” con el gobierno nacional ya que consideran que la estrategia utilizada hasta ahora no ha dado resultados. A ese escenario se le suma el debate postergado sobre la reforma laboral, que ayer el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa, aunque dado el conflicto interno que se abrió al interior de la CGT, abrió la posibilidad de discutir nuevos cambios al proyecto presentado en el Congreso a partir del inicio de sesiones legislativas de marzo. “La reforma trató de ser una imposición. Entre las primarias del agosto y la elección de medio término hablábamos de otra cosa pero con los resultados el macrismo se envalentonó”, señaló Plaini.

768 días después de Cristina

768 d.C. El gobierno bonaerense envió una invitación a los docentes para que se desafilien de los gremios Achicar los sindicatos para agrandar la nación Los docentes bonaerenses recibieron junto a su recibo de sueldo una notificación con un link para desafiliarse de la organización gremial a la que pertenecieran. Desde Suteba denunciaron la maniobra como una nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical. Por Alejandra Hayon Página 12 Una nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical. Así describieron los docentes de la provincia de Buenos Aires la nueva intimación que les llegó junto al último recibo de sueldo: una invitación a desafiliarse de la organización gremial a la que pertenecen. “Informamos las entidades a las que usted se encuentra afiliado de acuerdo a sus registros. Para iniciar el proceso de desvinculación haga click en el enlace Desvincular”, es el mensaje que aparece desde el viernes cada vez que un docente entra al sistema. El Frente de Unidad Docentes hizo una presentación ante la Dirección General de Cultura y Educación y no descarta presentar una denuncia contra el gobierno de María Eugenia Vidal si no cesa esta siuación. El mensaje distribuido a través de la Dirección General de Cultura y Educación no sólo facilita la desvinculación, extiende también un manto de sospecha sobre todas las agrupaciones sindicales. “Ante la situación de público conocimiento sobre afiliaciones compulsivas a entidades gremiales o mutuales de agentes del sistema educativo de la provincia…”, así comienza el texto que luego propone la desvinculación. Esto, para los dirigentes sindicales es una estrategia intencional para “manchar” el nombre de las instituciones. Una nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical. Así describieron los docentes de la provincia de Buenos Aires la nueva intimación que les llegó junto al último recibo de sueldo: una invitación a desafiliarse de la organización gremial a la que pertenecen. “Informamos las entidades a las que usted se encuentra afiliado de acuerdo a sus registros. Para iniciar el proceso de desvinculación haga click en el enlace Desvincular”, es el mensaje que aparece desde el viernes cada vez que un docente entra al sistema. El Frente de Unidad Docentes hizo una presentación ante la Dirección General de Cultura y Educación y no descarta presentar una denuncia contra el gobierno de María Eugenia Vidal si no cesa esta siuación. El mensaje distribuido a través de la Dirección General de Cultura y Educación no sólo facilita la desvinculación, extiende también un manto de sospecha sobre todas las agrupaciones sindicales. “Ante la situación de público conocimiento sobre afiliaciones compulsivas a entidades gremiales o mutuales de agentes del sistema educativo de la provincia…”, así comienza el texto que luego propone la desvinculación. Esto, para los dirigentes sindicales es una estrategia intencional para “manchar” el nombre de las instituciones. “¿De qué situaciones de público conocimiento hablan? ¿Por qué no dicen puntualmente a qué se refieren? Lo hacen para poner un manto de sospecha sobre todos los gremios”, señaló PáginaI12 María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba. La referencia estaba vinculada a la denuncia que tiene por este tema Marcelo Balcedo, el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y editor del diario Hoy de la Plata, arrestado la semana pasada, pero por lavado de dinero. Por eso, Torres sostiene que se trata de una estrategia para vincular a los gremios docentes con las prácticas corruptas de otros sindicalistas como Balcedo, que en rigor era un aliado del macrismo a través de Gerónimo “Momo” Venegas. “En Suteba todas las afiliaciones son libres e individuales, negamos absolutamente que haya afiliaciones compulsivas. De hecho cada docente tiene que firmar en triplicado con su puño y letra la autorización para que luego hagamos el trámite del descuento”, aclaró de todas formas Torre. Para la dirigente, el hecho de que el empleador envíe compulsivamente la advertencia e invitación a desafiliarse implica una “práctica desleal”. “Ningún docente se afilia a través del patrón y para desafiliarse debe hacerlo a través de la entidad gremial”, sostuvo Torre, quien informó además que los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentarán una denuncia formal contra el Gobierno de Vidal. “Así como le pagaron dinero a los docentes que no hacían el paro, lo único que falta es que les paguen a los que se desafilian”, finalizó la docente. El Frente de Unidad Docente aseguró que se trata de una maniobra para condicionar la paritaria y anticipó que exigirá “un aumento salarial justo, condiciones dignas de trabajo y la aplicación de la cláusula gatillo” (ver aparte). Entre los docentes, el mensaje enviado junto a los recibos de sueldos causó una respuesta inmediata. En las redes sociales, los afiliados del gremio Suteba, que son más de 100.000, comenzaron a compartir fotos con el hashtag #YoNoMeDesafilio. “Hay muchísimo malestar, pero la respuesta al amedrentamiento esta vez no fue el miedo. La campaña se inició de manera espontánea”, afirmaron desde el Suteba, que aclararon que no fue convocada por el sindicato, algo que les produjo “una grata sorpresa”. Para el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky la notificación del Gobierno sigue la misma línea de persecución sindical comenzada el año pasado contra el dirigente Roberto Baradel. “El año pasado Vidal eligió bastardear la paritaria docente inaugurando una especie de lucha en el barro contra Roberto Baradel. Seguro se acuerdan de las campañas sucias en los medios de comunicación y redes sociales, de la convocatoria a ‘voluntarios’ para reemplazar docentes y de las amenazas contra la familia de Baradel que, vale subrayar, nunca fueron esclarecidas porque, básicamente, no hubo voluntad política de investigarlas”, afirmó el dirigente. Yasky afirmó que este año Vidal redobló la apuesta con una nueva estrategia: “invitar a los trabajadores de la educación bonaerenses a desafiliarse de los sindicatos, la herramienta más legítima y efectiva que tienen los trabajadores en democracia para la defensa de sus derechos”.

767 días después de Cristina

767 d.C Insaurralde: "No podemos discutir el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ" El intendente bonaerense se refirió a la ex mandataria y a la posibilidad de una unión entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, resaltó que en el peronismo "no se puede discutir el liderazgo de Cristina Kirchner" y reconoció que ve posible una alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador de cara a 2019. "Su candidatura fue la mejor opción, sacó 37,5 puntos", comenzó el funcionario peronista a opinar sobre la ex mandataria en una entrevista brindada a La Nación:"Cuando creamos el grupo veníamos de perder en 2015 y no sabíamos qué iba a hacer Cristina. Pero el día que ella vuelve a la política activa es indiscutible en ese camino". Por otro lado, Insaurralde consideró que los dirigentes "intermedios" no pueden discutir el liderazgo de la senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires y sugirió contribuir para que "Cristina y todos construyamos una fuerza que sea mayoría". Al ser consultado sobre la conjunción del Frente Renovador y el kirchnerismo en un mismo proyecto político de cara al 2019, el dirigente no dudo en lanzar una advertencia: "Si no confluyen, después que no se quejen".

766 días después de Cristina

766 d.C. ECONOMÍAEl objetivo no es la inflación, sino el salario Por Ricardo Aronskind en El cohete a la luna Funcionarios pirómanos atizan el fuego inflacionario Se derramaron toneladas de cháchara sobre si la meta de inflación para 2018 debía ser del 10 o del 15%. Se especuló sobre quien le dobló el brazo a quien. Se filosofó sobre la independencia del Banco Central. Se fabricaron elogios en la prensa oficialista por el ‘realismo’ de las nuevas metas recalibradas. Todo ejecutado con el fondo de la consabida melodía: “Qué mala que es la inflación”. Lo cierto es que la supuesta nueva meta oficial ‘realista’ para 2018 ya no parece cumplible. En el sector privado se habla del 20% como un dato mucho más verosímil que cualquier declaración o documento oficial. Los economistas críticos ven otra realidad. ¿Qué se está jugando? Para comprender qué lugar ocupa la inflación en la estrategia de la clase dominante argentina representada por el actual gobierno, hay que pensar en un proceso de dos etapas. En el primer período se buscaría una modificación distributiva profunda, para establecer tasas de rentabilidad muy altas en algunas actividades, utilizando para ello la fluidez con que una inflación del 20/30 por ciento anual permite modificar precios relativos en tiempos relativamente breves. Para este esquema de redistribución regresiva, lo esencial es la caída del salario real. El experimento de la Convertibilidad, donde se logró la tasa de inflación cero, les demostró a los sectores dominantes que es dificilísimo hacer caer el salario real en proporciones significativas, o sea, redistribuir el ingreso a su favor, sin inflación. En una segunda etapa, una vez logrado el cambio en el mapa distributivo deseado, el objetivo sería clavar, cristalizar, esa estructura distributiva con un conjunto de hechos consumados —institucionales, políticos, legales— difíciles de revertir. Pero eso es futuro lejano. ¿Cuál es la función real de la meta de inflación? La meta de inflación se pone para delimitar el ring de la puja distributiva. Claro que es un ring delimitado por el gobierno, en una pelea donde tiene que ganar el capital concentrado versus el trabajo y el resto de la sociedad, y donde el árbitro y uno de los boxeadores pelean codo a codo contra la designada víctima del espectáculo. También están en juego los resultados finales de las colocaciones financieras. No es chiste. Se trata entonces de un juego de suma 15 en total, donde si todos los precios suben —bienes transables, bienes no transables, servicios públicos y privados—, el único precio que queda para evitar que el promedio sobrepase la meta oficial es el salario. Sí: justo el salario. El alza de precios ha adquirido una dinámica muy activa en el primer mes de 2018. No es exagerado decir que, con todos los motores inflacionarios puestos en marcha, el acumulado de precios hasta fines de abril puede aproximarse al 10%. Si a comienzos de mayo ya alcanzamos el 10% ¿cómo se hará para terminar el año en el 15? Pero ante todo: ¿cómo se generó un impulso inflacionario tan fuerte, luego de dos años de gobierno que discursea contra el terrible flagelo? Un papel relevante han tenido los tarifazos oficiales recientes y sus múltiples interacciones con el sistema de precios, el movimiento ascendente del dólar de las últimas semanas, los rápidos traslados a los precios de costos reales y potenciales por parte de los oligopolios proveedores de bienes masivos, los aportes alcistas de las poderosas cadenas de comercialización, además de alzas en los alquileres y otros servicios con cláusulas de actualización, junto con el tradicional comportamiento sobre-reactivo de la patria remarcadora de todos los tamaños. El gobierno no sólo genera aumentos de alto impacto generalizado, sino que acepta de buena gana todo tipo de incrementos privados, justificados o injustificables. Al eliminar la mayoría de las retenciones sacó el colchón amortiguador entre los precios en dólares y en pesos. Cualquier devaluación pasa a todos los bienes importados y a todos los exportables. Completa el cuadro el alza del precio internacional del petróleo, que —Aranguren mediante— impactará en los precios internos de los combustibles. Toda esa maraña de alzas de costos-precios cuenta con el visto bueno del gobierno. Es parte del sinceramiento en la jerga liberal o, como sosteníamos más arriba, del cambio buscado en los precios relativos a favor del capital concentrado. Como si no viviera en la Argentina, como si desconociera la historia de los comportamientos económicos de los formadores de precios, como si no fuera un gobierno que surge del riñón del empresariado, el gobierno dice esperar impactos inflacionarios menores, manejables mediante expectativas de inflación moderadas a partir de la confianza pública en la solvencia técnica de su equipo económico. En realidad es una apuesta a la credulidad de los empresarios y del resto de la sociedad. Pero los grandes empresarios —que aprecian el estilo managerial de este gobierno, y lo tienen como un haber propio— no son lectores ingenuos de diarios oficialistas. Primero remarcan y después comentan las declaraciones de Cambiemos. La explicación de la inexistencia de una política gubernamental seria en relación a la inflación reside en que, por su naturaleza, el macrismo da lugar a todas las demandas del capital concentrado. El gobierno macrista funciona como una cooperativa de negocios, no como un grupo de técnicos experimentados aplicando un plan articulado. En ese sentido, su actitud pasiva y permisiva frente a la inflación privada refleja el reconocimiento a una suerte de derecho adquirido del gran capital local: se ha naturalizado —por parte de diversas fracciones— que lo normal en Argentina son tasas de ganancia desmesuradas, justificándolas en el riesgo y la incertidumbre que deben enfrentar. Dado que el gobierno, por sus características más profundas, renuncia a controlar, regular o sancionar la formación de los precios abultados que permiten la captura de rentas monopólicas u oligopólicas gigantes, el único ancla antiinflacionario que queda son los salarios, que pasan a ser presentados como responsables de los impulsos alcistas existentes en la economía. Mientras la generalizada catarata de aumentos en todos los rubros va a ser maquillada por la red de medios oficialistas como necesarios reacomodamientos y sinceramientos para sanear la economía, la pretensión de recuperar el poder adquisitivo erosionado por el festival empresario va a ser presentada como factor peligroso de retroalimentación de la inflación. ¿No era que los argentinos estamos todos de acuerdo que hay que combatir al flagelo inflacionario? ¿Por qué vienen entonces ahora los sindicatos a boicotear con sus demandas desmesuradas el esfuerzo que estamos haciendo entre todos? Hasta que al poder corporativo le convenga, es decir, luego de haber incrementado en forma irresponsable sus propios precios, la lucha contra la inflación quedará reducida, no casualmente, a la lucha contra la recomposición del salario, ya que no es esperable ninguna medida antiinflacionaria efectiva que pueda recortar las hiper ganancias empresarias por parte de éste, su gobierno. ¡Otro segundo semestre! Tendremos, por lo tanto, paritarias muy conflictivas. De esas paritarias surgirá otro dato clave para estimar la inflación final del año: cuánto lograrán moverse los salarios en relación al resto de precios clave de la economía. El árbitro de la pelea desea fervorosamente que se muevan muy poco. Bajar otro escalón más en la escalera descendente del salario real. Si las patronales son astutas, propondrán aumentos pequeños… pero con cláusulas gatillo. Pero atención: en el segundo semestre, el movimiento obrero se podría encontrar con una recesión importante, en buena medida ocasionada por la caída de los ingresos no sólo de los asalariados, sino de los millones de no asalariados (comerciantes, profesionales, cuentapropistas) que, sin darse cuenta, dependen de que los trabajadores ganen aceptablemente. Si el gobierno obtuviera la caída salarial deseada en el primer semestre, conjuntamente con el aumento del desempleo, de los recortes estatales en personal y en gasto público, de la contracción del consumo y de la demanda en general, habría juntado todos los ingredientes de otro segundo semestre de brotes verdes inexistentes. En ese contexto de deterioro social, la cláusula gatillo se disolvería en el aire y lo acordado en paritarias sería considerado como una broma entre amigos… que no era vinculante. Lo notable será que para que el número de inflación presupuestado por el gobierno de los brillantes economistas neoliberales sea parecido a la realidad, habrá que sacrificar completamente un número aún más importante: el crecimiento económico de 2018 que quedaría raquítico si se aplica el único instrumento que concibe el gobierno: el ancla salarial. Con la excusa de la lucha contra la inflación se planteará entonces una mega-contención salarial y la continuidad del debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores vía desempleo y recesión. Es previsible por lo tanto que en el primer semestre se refuerce la combatividad del gobierno para poner un techo bien bajo en las paritarias. La culpa no es de Sturzenegger No es bueno ver sólo el árbol. El tema no son personas puntuales, ni fracasos puntuales. La coyuntura está teñida por la inconsistencia de toda la política económica oficial. No se trata de la figura de Federico Sturzenegger, quien en un país con una derecha con mínimas nociones republicanas jamás podría haber vuelto a ejercer un cargo público de importancia. Su presencia en el Banco Central devela que precisamente está en el poder una facción para la cual el megacanje y demás intentos ruinosos de salvar la convertibilidad merecen ser premiados con las más altas responsabilidades públicas. Pero además, son las concepciones económicas disfuncionales de todo el equipo económico neoliberal las que explican el supuesto fracaso gubernamental para cumplir sus promesas, no exclusivamente las de Sturzenegger, a quien empiezan a candidatear para chivo expiatorio. La idea absurda, perimida, teóricamente refutada de atacar la inflación sólo con política monetaria contractiva ha sido avalada por todo el gobierno. Mientras otros funcionarios pirómanos echan leña y nafta y fósforos al fuego inflacionario, el presidente del BCRA ha mantenido metas fantasiosas, incumplibles, hablando de credibilidad y reputación ante los mercados en abstracto. Como si los mercados, o sea las grandes empresas y los bancos, actuaran como en los manuales de economía neoclásica, y no como decididos jugadores en la puja inflacionaria y distributiva. Pero los errores teóricos vienen siempre en los gobiernos neoliberales acompañados por agradables compensaciones que se miden en millones de dólares: Hagamos como que creemos en esta cháchara monetarista y mientras tanto que nos siga pagando fortunas con las LEBACs La cifra que informa de la adquisición de 15 millones de balas de goma por parte del gobierno coincide, casualmente, con la meta del 15% de inflación. Son los argumentos científicos que les van quedando.

765 días después de Cristina

765 d.C. Fallo en los generadores del Hospital San Martín de La Plata: por corte de luz neonatología se quedó sin respiradores EL DISENSO Mariana Escalada & Agustin Ronconi En la madrugada del sábado, el corte de luz que afectó a más de 113 mil usuarios pudo ocasionar una tragedia en el Policlínico San Martín de La Plata, donde fallaron los generadores y la sala de neonatología se quedó sin respiradores. Las enfermeras que habían terminado su turno debieron bolsear manualmente a los bebés casi media hora, hasta que lograron arrancar los equipos. Nuevamente fue ATE quien puso en conocimiento un hecho que pudo convertirse en una tragedia. Los cortes de luz que tienen a maltraer a los bonaerenses, también afectan a los hospitales públicos, cuyos equipos generadores no operan correctamente debido a la falta de presupuesto y el abandono de los nosocomios por parte de la gestión de Vidal, quien lleva subejecutados 18 mil millones en el área de salud. En los primeros minutos del sábado, al cortarse el suministro eléctrico en el policlínico, los médicos esperaron a que se encendieran los generadores, pero eso no ocurrió. Inmediatamente el Jefe de Guardia pidió asistencia en neonatología, y el personal que había terminado sus tareas a medianoche se ocupó de bolsear maualmente a los bebés que habían quedado sin asistencia respiratoria mecánica durante el tiempo que llevó el arreglo del generador, que fue de aproximadamente 30 minutos. Guillermina Peralta, enfermera y delegada de la junta interna de ATE, relató a Blanco sobre Negro: “Justo cuando terminaba nuestro turno a las 24 horas se produjo un corte de luz. Esperamos para salir porque no se veía nada ya que había solo unas pocas luces de emergencia. Pasaron unos 15 minutos y escuchamos al jefe de la guardia que necesitaban asistencia en Neonatología. “Nos pidieron que empecemos bolsear a los chiquitos que estaban con asistencia respiratoria porque varios aparatos no estaban funcionando. Pudo haber sido una tragedia. Había mamás amamantando que se asustaron pero tratamos de llevar tranquilidad y que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando”. Los respiradores poseen baterías para funcionar en caso de un corte de energía, pero al igual que los generadores, tuvieron fallas. Peralta comentó que neonatología no fue el único servicio afectado: “En otra sala, algunos compañeros denunciaron que no había un aspirador para un paciente que había entrado en shock. La situación que se vivió anoche fue tremenda, nunca me había pasado algo así en siete años de trabajo. La falta de mantenimiento es general, se caen los ascensores y no hay insumos básicos como toallas de papel para secarnos las manos. Las cosas se siguen tapando y la situación se está agravando”. Desde ATE emitieron un comunicado exigiendo a las autoridades que se dispongan a brindar “soluciones inmediatas y condiciones dignas de trabajo que permitan garantizar la salud de los pacientes”. Desde El Disenso nos comunicamos con los médicos del Hospital, quienes nos informaron que ya se les había alertado a los directores del nosocomio y a la Jefa de Neonatología que el grupo electrógeno no funcionaba desde el mediodía, donde se había hecho una prueba y el servicio ya había quedado sin luz. Al día de hoy, domingo 14 de enero, el arranque automático del grupo electrógeno sigue sin funcionar para la maternidad, por lo que el personal alerta que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe. Los grupos electrógenos fallaron para todo el hospital, pero a diferencia del servicio de neonatología, la terapia de adultos y otros servicios cuentan con UPS que mitigaron el daño. Vidal subejecutó 18 mil millones en salud El pasado 4 de noviembre, a través de un informe especial de El Disenso “escandalosa subejecución de presupuesto: Vidal ahorró 18 mil millones a costa de la salud de los bonaerenses” te contamos que la gobernadora que adelantó que “no va a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas porque eso es una estafa a la gente” subejecutó el presupuesto Bonaerense en cifras escandalosas, de los casi 30 mil millones asignados, Vidal solo utilizó 12 mil millones. A través de un informe especial de El Disenso, en el mes de julio te contamos que la gobernadora se negó a recibir a los enfermos oncológicos que reclamaban que la provincia cumpla con la entrega de medicamentos del Plan Provincial del Cáncer. En el Hospital de Lanús, más de la mitad de los tratamientos están interrumpidos porque la provincia no entrega las medicaciones, lo que en este caso equivale a una sentencia de muerte. En el pedido de informes figuran casos extremos como en Rehabilitación, donde Vidal directamente evito el gasto. Los médicos del Hospital San Martín también denunciaron que el presupuesto asignado no es suficiente para garantizar la operabilidad del nosocomio donde denuncian faltantes básicos en las guardias como diclofenac o reliverán.

764 días después de Cristina

764 d.C. El ex vicepresidente advirtió sobre la persecución política “Hay escarnio, no hay justicia” Amado Boudou dijo que “es muy duro perder la libertad”, agradeció “a los compañeros y compañeras” que le transmitieron su apoyo y pidió por los detenidos políticos. Remarcó que no volverá a la política, simplemente porque nunca se fue. “Lo que importa es lo que está en juego para el país”, aseguró el ex vicepresidente Amado Boudou al recuperar la libertad tras 70 días de detención y envió un mensaje a “todos los compañeros y compañeras que en todo el país están detenidos”. “Estamos ante un sistema que está dando vuelta la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia, el Poder Judicial está haciendo un abuso”, sentenció en la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal, donde dio una breve conferencia de prensa minutos después de ser liberado, tal como lo decidió esta tarde la Cámara Federal. “No quiero ocuparme de mí sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o están perseguidos”, fueron las primeras palabras del ex vicepresidente tras recuperar la libertad y analizó las detenciones preventivas y las causas abiertas por el Poder Judicial contra dirigentes políticos y sociales como “abusos”. “No es por mí que logré mi libertad sino por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos, y esto es una situación grave”, sentenció. Boudou, consultado sobre por qué los jueces decidieron avanzar contra los funcionarios kirchneristas una vez que estuvieron fuera del Gobierno, eligió recordar las palabras de “un dirigente político que me visitó en estos días” y resaltó: “Desde 1810 no hay 12 años ininterrumpidos de un gobierno nacional y popular, y hoy nos toca pagar.” En ese tono, el ex funcionario aseguró que pasó los 70 días de detención con “mucha tranquilidad, con mucha fe y muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner”. Respecto de sus días en el penal de Ezeiza, el ex funcionario aseguró que “es muy duro perder la libertad” y agradeció “a los compañeros y compañeras que mandaron abrazos y saludos”. Ante la posibilidad de retomar su carrera política, subrayó: “Nunca me fui.”

763 días después de Cristina

763 d.C. El especial que hará Víctor Hugo Morales con un invitado de lujo para analizar el caso Nisman El programa Vía de Escape será este domingo, en vivo, desde las 21.15. Vïctor Hugo Morales conducirá una nueva emisión de Vía de Escape, este domingo a las 21.15. Allí se darán a conocer una a una "las mentiras del caso Nisman". El conductor estará acompañado por el periodista de Página 12 Tuny Kollmann, especialista en el caso de la muerte del fallecido fiscal Alberto Nisman. Ambos desmenuzarán todas las mentiras del caso. Será a días de un nuevo aniversario de la extraña muerte del fiscal de la UFI AMIA, hallado muerto el 18 de enero en su departamento de Le Parc. Allí, entre otros temas, se tratará sobre las versiones de "el diariero", "el pasadizo del aire acondicionado", "la ketamina". Todo lo que dijeron los medios y ninguna profecía se cumplió. El programa se podrá ver en vivo el domingo a las 21.15 por el canal de YouTube de El Destape, por la web del portal y por Facebook Live desde la fanpage de ED.