819 días después de Cristina

819 d.C. El TOF 9 concentra causas contra CFK A pedir del Gobierno El Tribunal Oral Federal 2 decidió que el TOF 9 –conformado por jueces designados por Cambiemos sin concursos– juzgue a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el tribunal consideró que el debate oral y público que debía dirigir contra la senadora por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez está vinculado con la causa que el TOF 9 tiene a su cargo, en que el empresario está acusado por lavado de dinero. Tras una designación de dudosa transparencia, el mismo TOF 9 fue elegido esta semana para llevar la causa por el Memorándum con Irán, también con CFK entre los acusados. Aunque la decisión aún no está confirmada ya que las partes pueden apelarla, el TOF 2 evaluó ayer que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública bajo la presidencia de CFK es “conexa” con la de lavado de dinero, por lo que la envió al TOF 9 para que ambos procesos sean desarrollados en un solo juicio. “Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos, pues la imputación que pesa sobre Lázaro Antonio Báez (en la causa del lavado) resulta más grave que la efectuada en estas actuaciones”, sostuvieron en su fallo los jueces del TOF 2 Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini. A esas dos causas podrían sumarse los expedientes de las causas Hotesur y Los Sauces. Conformado durante la presidencia de Mauricio Macri, el TOF 9 está integrado por Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra y tendrá a su cargo, además, la causa contra la ex presidenta por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. La causa por lavado de dinero la instruyó el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Báez y sus hijos, pero aún no definió qué hará con la ex presidenta, para quien el fiscal Guillermo Marijuan pidió declaración indagatoria e imputación. En esa causa, a Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI –conocida también como La Rosadita– con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional. Para declarar la conexidad de las causas, el TOF 2 se basó en un fallo de la Cámara Federal porteña, que ya había sostenido que debía considerarse “la mejor oportunidad para una eventual acumulación” que evite demoras o entorpecimiento en el avance de los procesos. “Reconocida como está la relación de todos estos hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas”, había dicho la Cámara. La causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública fue elevada a juicio oral por el juez Julián Ercolini, en una resolución en la que sostuvo que la ex presidenta fue jefa de una asociación ilícita y que “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional”.