857 días después de Cristina

857 d.C. Por Horacio Verbitsky Vigilancia para tods las 24 horas del día, incluyendo la oposición y la competencia El gobierno se propone aprobar el miércoles 18 en el Senado una reforma integral del Código Procesal Penal sancionado en diciembre de 2014 pero que aún no entró en vigencia. Con el pretexto de combatir delitos particularmente odiosos como los secuestros y el narcotráfico, procura concentrar poderes sin precedentes en la historia argentina, que podrán ser utilizados desde la Capital Federal en todo el país contra cualquier ciudadano que incomode al poder político, incluyendo adversarios electorales, gobernadores de la oposición, organizaciones sindicales o sociales que reclamen por sus derechos, pero también competidores económicos del presidente Maurizio Macrì y de sus parientes, socios, testaferros y amigos. También legalizaría la aplicación del software israelí Pegasus sobre el que informé en detalle el año pasado, que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos. Este proyecto de 66 artículos pero más de un centenar de incisos fue presentado por el senador salteño Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino el 2 de marzo pero su ingreso recién se informó el 21 de marzo. El 10 de abril fue incluido en el temario de la reunión de comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Guastavino, que lo consideró al día siguiente durante apenas 20 minutos ya con las firmas suficientes para su aprobación: 12 sobre 17. Por eso se negaron a convocar nuevas reuniones o a citar a expertos que opinaran sobre su contenido. El sigilo y el apuro son elocuentes: semejante ley que aniquila las libertades civiles no soporta un debate público. Además de sus autores firmaron Ernesto Martínez, Néstor Braillard Poccard, Federico Pinedo, Oscar Castillo, Silvia Elías de Pérez, Olga Brizuela Doria de Cara, Cristina Fiore Viñuales, Sigrid Kunath, Juan M. Pais y Guillermo Snopek, un muestrario de transversalidad, por lo que estará en condiciones de ser tratado en el recinto el miércoles antes de que alguien más que los lectores de esta nota se enteren. El PAK en acción Un hermano de Urtubey gobierna Salta, lidera el opoficialismo y pretende presentar su candidatura presidencial. Otro hermano es dirigente de la Unión Industrial. Guastavino fue uno de los organizadores de la cumbre de Gualeguaychú convocada por el Senador Miguel Pichetto para organizar un Peornismo Antídoto contra el Kirchnerismo (PAK), que facilite la reelección del presidente Macrì en 2019 por la fragmentación de las fuerzas que se le oponen. A eso le llaman racionalidad y la reforma procura avalar esa idea, mostrando lo que le espera a quien se oponga. En la misma dirección apunta la simultánea decisión de la jueza federal María Servini de intervenir el Partido Justicialista y designar para reorganizarlo a un entusiasta de la democracia como Luis Barrionuevo. El proyecto presentado por Urtubey, quien aspiraba a suceder en la Procuración General a Alejandra Gils Carbó, acaba con el federalismo y subordina las fiscalías de todas las provincias al Ministerio Público Fiscal. El artículo 117 del Código vigente contemplaba que cuando los delitos se cometieran en más de una jurisdicción el Ministerio Público fiscal podría “formar equipos” para “coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones”. El Código Urtubey suma a esa cooperación a los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los más dóciles al gobierno nacional, y añade que los federales podrán “encomendar a los fiscales provinciales actividades de investigación”. Ya no se trata de coordinar sino de darles órdenes. En el Código vigente los allanamientos y detenciones en otra jurisdicción deben solicitarse por exhorto al juez del lugar. Un nuevo artículo 117 bis sostiene que el fiscal federal puede realizarlas con la sola autorización del juez del caso y recién después comunicar al juez federal del lugar “la medida practicada y los resultados obtenidos”. Con esta comunicación a posteriori también se castra a los jueces federales de las provincias. Los gobernadores de la oposición pueden ir poniendo sus barbas en remojo. Y esto no es una metáfora, Gildo. Tal vez por eso entre las firmas del dictamen no figura la del Senador formoseño José Luis Mayans, quien hace dos semanas ayudó a estibar las preguntas más pesadas al Ministro de Deuda y Evasión Luis Caputo, el Primo Toto. El artículo 17 del Código dice que sólo se podrá detener a una persona cuando exista “peligro real de fuga u obstaculización de la investigación”. El proyecto Urtubey sólo cambia una palabra: suprime real, con lo cual no será necesario fundamentar en qué consistiría el peligro de fuga u obstrucción. Al 189, que enumera en qué consistiría el peligro de entorpecimiento, agrega un nuevo inciso d: la existencia de indicios de que el imputado “intentará asegurar el provecho del delito”, cosa que obviamente ocurre en cualquier delito, con lo cual la libertad durante el proceso pasará a ser otro derecho básico perdido. Ambas novedades parecen tomadas de la decisión de la justicia jujeña por la cual perdió la libertad su ex gobernador Fellner. El fiscal solicitó y el juez ordenó detenerlo porque viajó a Panamá, que es una guarida fiscal. El artículo 30 de la reforma de la reforma agrega a la Primera Parte del Código Vigente todo un Título sobre Técnicas Especiales de Investigación, que legaliza la utilización de los chiches de espionaje que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adquirió a proveedores israelíes, como el software Pegasus, que ya fue usado en México no para combatir el delito sino para espiar a periodistas, ONGs, abogados de derechos humanos, opositores políticos y también organismos defensores del consumidor que investigaban productos de compañías multinacionales de refrescos y la institución Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aunque la justicia haya desprocesado a Macrì en la causa por las escuchas ilegales, es imprescindible retener que según sus propias afirmaciones, el organizador de esa red y primer jefe de la policía porteña, el comisario Fino Palacios, le fue recomendado por las embajadas de Estados Unidos e Israel. La literatura de la empresa proveedora indica que su software sólo puede ser adquirido por estados con un limpio récord en materia de Derechos Humanos, pero el ejemplo de Pegasus en México desarma ese relato. En la investigación sobre el uso desviado del Pegasus en México participó la organización canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto y sus conclusiones fueron publicadas por el diario New York Times. Durante las manifestaciones de diciembre contra la reducción de haberes jubilatorios pudieron apreciarse los preparativos del gobierno de Macrì para tratar a quienes protestan en el estilo que las tropas israelíes reservan a los pobladores palestinos. Los 36 incisos que Urtubey intenta agregar al artículo 175 del Código, en una ridícula jerga latina (¡del 175 bis hasta el 175 sextricies!), regulan el uso de esas técnicas especiales de investigación. Los distintos incisos permiten mantener esas medidas durante un año antes de que el juez de revisión “deba controlar los motivos que fundamenten su continuidad”. La vigilancia acústica autorizada incluye la escucha y grabación no ostensible “de las conversaciones privadas del imputado” en cualquier lado que esté y el acceso en forma no ostensible al contenido de las comunicaciones del imputado “a través de la intervención de las terminales o de los medios de comunicación que utiliza”; o de un software que penetre el contenido de ordenadores, sistemas informáticos, bases de datos, y medios de seguimiento y localización. Por ejemplo el conmutador telefónico de Techint, el servidor de comunicaciones de Benito Roggio, la base de datos de clientes y transacciones del Banco Provincia, o los datos de los tribunales eclesiásticos sobre pedofilia, porque hay un empleado del que se sospecha que vende cocaína, cortó una ruta, contrabandea euros falsos o abusó de una nena. Esta no es una hipótesis fantasiosa. El procesamiento de Macrì revocado en cuanto asumió la presidencia se debió a las escuchas ordenadas por un juez de Misiones en una causa por un homicidio, que incluían a familiares de victimas del atentado a la DAIA que cuestionaban al primer jefe de la policía porteña; empresarios que competían con el hermano de un funcionario de seguridad de Macrì por los derechos de la televisación del fútbol, gerentes del supermercadista Alfredo Coto, un directivo del shopping Alto Palermo que interesaba al amigo presidencial Marcelo Mindlin y al esposo de la hermana Sandra Macrì, a quien la famiglia quería alejar de Sandra y de su herencia. Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de Macrì por consentir esas escuchas ilegales que organizaba el policía Ciro James, a órdenes directas del comisario Palacios. Los camaristas señalaron que la policía metropolitana tenía prohibido realizar el tipo de inteligencia que consta en el curriculum de James. Macrì se liberaría como presidente de esa restricción, con el proyecto que para mayor perfección presentan los compañeros del PAK. Freiler ya fue destituido, Ballestero anunció que se jubila para que no le ocurra lo mismo y Farah está negociando su traslado a Mar del Plata, la jurisdicción de la que fue importado por Javier Fernandez de Stiuso, el operador en tribunales de todos los gobiernos. La enumeración de casos en los que el fiscal podría pedir estas medida de investigación con tecnologías sofisticadas es ociosa, ya que la lista incluye la asociación ilícita, esa figura comodín que fiscales y jueces emplean cuando no consiguen pruebas de un delito. Basta con que tres personas se comploten para cometer delitos indeterminados para que se les aplique. También menciona como justificación los delitos contra el orden económico y financiero. El artículo 5 del CPP vigente sostiene que “nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado”. El proyecto reformista suprime la parte en bastardilla del artículo. Esto no es por azar. El actual ministro de la Corte Suprema Carlos Fernando Rosenkrantz, abogado de Clarín a quien Macrì designó en la Corte por decreto, lo está planeando desde 2014, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que fue absuelta. Ese año Rosenkrantz prologó un libro con dos trabajos sobre el tema, uno del entonces secretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. En cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz designó como prosecretario letrado para asuntos de confianza a Morgenstern quien el año pasado redactó el fallo del 2×1 en una causa por crímenes de lesa humanidad. En síntesis, de aprobarse este disparatado proyecto el Estado con sus Moldes, Stornellis, Plees y Marijuanes podrían hacerle cualquier iniquidad a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país. Cuando comenzaron las protestas por la detención de Milagro Sala, los comités por su libertad denunciaron que llevaba tres meses detenida sin que se la indagara ni se dictara su prisión preventiva. El ministro de Justicia, Germán Garavano dijo que eso no era posible. Cuando le enviaron el Código Procesal Penal jujeño que lo permite no pudo reprimir una exclamación: “Esto es inconstitucional”. Por supuesto, no dio ni un paso para promover su modificación. El contador Morales es un pionero en la materia y su campaña de ley y orden es la base de su aspiración a suceder como vicepresidente a Gabriela Michetti. El método de la intimidación funciona mucho mejor cuando lo practica el gobierno, en un fuero que nunca ha sido cuna de héroes cívicos. Que lo cuente María Servini, quien decretó la intervención del Partido Justicialista con argumentos aberrantes y designó interventor a Luis Barrionuevo, quien cuando ve una urna saca su encendedor. Lo asesora el ex dirigente de la rama masserista del movimiento Julio Bárbaro, cuyo amor por la democracia no se debilitó ni siquiera cuando su candidatura en olor de santidad quedó lejos del 1% de los votos. Inspiró la medida el ex senador Eduardo Duhalde, quien accedió por unos meses al Poder Ejecutivo por un enjuague palaciego luego de perder las elecciones presidenciales dos años antes. En 2003 modificó la ley electoral para que las internas fueran substituidas por la presencia de tres candidatos de su partido en la elección general, como ley de lemas sui generis. Duhalde explicó entonces que si Carlos Menem vencía en una interna, acumularía en la general todo el voto peronista y se impondría con comodidad. Sólo dividiendo ese caudal en tres sería posible forzarlo a un balotaje, en el que sus chances eran débiles. Así fue, pero Menem le birló el trofeo retirándose de la segunda vuelta contra Néstor Kirchner, el títere imaginado por el perspicaz estadista de Lomas de Zamora. Ahora Duhalde asesora en estos temas al presidente Macrì, cuya reelección sería imposible si el justicialismo dirimiera su candidatura presidencial en una primaria abierta. Cambian los enemigos pero las motivaciones del equilibrista de la damajuana son siempre altruistas, como desalentadores sus resultados. Ofendido porque designaron a Barrionuevo y no a él, se niega a integrar el Consejo Asesor. No será simple constituirlo, porque cada candidato piensa que el otro tiene mal olor, y ninguno se equivoca. En noviembre el auto de Servini estacionado frente a su casa de Palermo, fue violentado en un momento en que había desaparecido el custodio de la policía porteña, y se llevaron expedientes y regalos de Navidad del baúl. Sin dudar dijo que era una amenaza, que por lo visto surtió efecto: la solicitud de intervención presentada por la rama sindical de Cambiemos (las 62 Organizaciones del difunto Jerónimo Venegas), el decreto de la jueza y el comentario posterior del interventor Luis Barrionuevo salieron de la misma pluma. Incluso, la parte resolutiva está escrita con las mayúsculas de los servicios de informaciones, que no de la judicatura, como indicio de catanpeitismo, una enfermedad viral en el fuero. Tampoco le pidieron opinión sobre el nombre del interventor, porque en ese caso hubiera dicho que debería ser abogado, contador o economista, inscripto en el Colegio Público de Abogados o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, según el reglamento del Consejo de la Magistratura, ni tener relación con la entidad intervenida, según el Código Procesal Civil y Comercial. Servini no insistió en ser escuchada porque entendió el episodio de noviembre con su auto y porque la ilusionaron que ese fallo podría debilitar la prescindencia de Macrì en el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Servini es la principal informante de Elisa Carrió en esa solicitud, porque Ricardo Lorenzetti hizo cesantear a su hijo Eduardo Cubría en la batalla por la administración del Consejo de la Magistratura. Intimidado ante esa perspectiva, Lorenzetti dio marcha atrás con la Acordada 4 que había recordado la necesidad de selección por el Consejo de la Magistratura y acuerdo del Senado para trasladar a un juez de un tribunal a otro, y firmó la Acordada 9, que convalida esos traslados. La única excepción hasta ahora es el TOF 9, creado ad hoc para condenar a CFK en varias causas. Asediado, Lorenzetti organizó una visita de periodistas a la central de inteligencia desde la cual se graban las comunicaciones de los teléfonos intervenidos, para negar responsabilidad en su filtración. La condujo el titular del organismo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, tan mal que mostró las pantallas con la nómina de teléfonos intervenidos. Por ejemplo la Granja Educativa Hotel de Campo Los Robles, que se ofrece para fiestas infantiles de colegios católicos, la empresa FIT-ADN o el investigado en la causa por el abuso de jugadores de fútbol Leo Cohen Arazi. Es decir, una filtración ilegal para negar otras. Una aberración constitucional La sustitución por los jueces de las autoridades de los partidos políticos es una aberración constitucional. El artículo 37 de la Constitución “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia”; el 38 define a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”, aporte del líder radical Raúl Alfonsín a la reforma. “Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas”, continúa el texto. El único fundamento que Servini atino a mencionar fue “la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país” y “el grado de división alcanzado”. Hasta ahora el resultado de las elecciones, quien gana y quien pierde, no era de competencia de la justicia electoral. Luego de esta primera alusión a CFK, agrega que “reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el General Perón”. Esto constituiría un “vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral”. Si algo faltaba para transparentar el mensaje, está en la cita de Perón que transcribe: “El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha”. Sólo faltó explicitar la unidad o la lucha con quién. Para colmo de ironía concluye con una cita de las Lecciones de Derecho Constitucional del Procurador de Yrigoyen, José Nicolás Matienzo, sobre la organización republicana de los partidos como requisito para la organización republicana de la Nación. Matienzo era de quienes creía que las facultades de los jueces se limitaban a la resolución de conflictos y nunca podían sustituir en las decisiones a los órganos políticos. Incluso rechazó en un dictamen la intervención judicial en un juicio político. Se hubiera horrorizado ante jueces que legislan, deciden sobre designaciones o remociones de jueces, declaran inconstitucional la Constitución o dirigen partidos políticos. El decreto de Servini dice que el interventor judicial deberá dialogar con todos los sectores partidarios. Pero por si alguien no había entendido qué se busca con su nombramiento, Barrionuevo dijo que dialogará con todos menos con los kirchneristas, porque no son peronistas y buscan usar al PJ como guarida. Últimas noticias de Macondo Existía acuerdo para comenzar la implementación del Código Procesal Penal por Salta y Jujuy, cuyo gobernador Gerardo Morales es vanguardia en la reducción de derechos y el encarcelamiento de opositores. Milagro Sala fue detenida por encabezar una protesta frente a la gobernación en enero de 2016, el ex gobernador y presidente del Partido Justicialista Nacional, Eduardo Fellner, la siguió el jueves 12 de este mes. La reforma en trámite intenta someter al resto de los gobernadores que no se plieguen a la voluntad presidencial. Una lógica que también se aplica a jueces o periodistas. En cambio los gobernadores del oficialismo tienen absoluto respaldo para cualquier iniciativa. El viernes 13 fue detenido en San Salvador el dirigente de la Túpac Amaru Santiago Hamud, acusado junto con otras nueve personas de atentado a la autoridad, por haber manifestado el 4 de abril mientras Morales explicaba en la Legislatura la libertad que él garantiza en la provincia. Pero el sábado 14 recuperó su libertad Fellner, prueba adicional de que su detención no tuvo otro propósito que amedrentar a conjunto de la dirigencia política. Su soltura se produjo en medio de un áspero intercambio de recriminaciones entre los fiscales (Liliana Fernandez de Navarro y Diego Cussell) y el juez Isidro Cruz. Los fiscales se retiraron de la audiencia recriminando al juez que no le haya leido los cargos en su contra, del conocido linaje “Se han robado todo”. Fernández de Navarro es la íntima amiga del ministro Ekel Meyer que en enero de 2016 forzó plazos, competencias y testimonios para justificar la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala, que según Ernesto Sanz era prerrequisito de la gobernabilidad jujeña. Como el juez no se prestó a ese show predilecto de Morales, Montiel abandonó la audiencia seguida por Cussell, con lo cual Fellner hubiera podido continuar bajo arresto por tiempo indefinido. Pero el juez Cruz fundamentó en esa deserción de los fiscales la libertad del ex gobernador. Como telón de fondo está la intención de Morales de promover a la Suprema Corte al fiscal general de Acusación Sergio Lello Sánchez y otorgar al ministerio público el manejo de sus recursos. Entre los jueces comienza a señalarse que la mala gestión de Lello en el manejo de las investigaciones terminará con la caída de las causas por corrupción. Otros actores de la política jujeña suministran una explicación alternativa para la voltereta del juez Cruz, que detiene un dia y libera al siguiente: “Morales lo apretó para que detuviera a Fellner y Fellner lo apretó para que lo largara. Aquí todos tienen un muerto en ropero”.

856 días después de Cristina

856 d.C. Hoy almorzamos con la Senadora @CFKArgentina y el Diputado @eduardofvaldes para analizar la situación de Brasil, Argentina y América Latina ante la ola de golpes blandos a nuestras democracias. Le regalé una copia del Viacrucis Latinoamericano que pinté. #LulaLivre #LulaLibre Adolfo Pérez Esquivel

855 días después de Cristina

855 d.C. Recibí en el Patria a @ManuelaDavila, pre candidata a presidenta de Brasil por el PCdoB. Acompañó a Lula hasta su detención y hoy está en nuestro país para dar testimonio de lo que están viviendo. Conversamos con ella y con algunos de los compañeros y compañeras de Argentina que forman parte del Comité en solidaridad con @LulapeloBrasil

854 días después de Cristina

854 d.C. Revelaciones de documentos de la Procuraduría de Investigaciones La Rosada sabía del Curreo Aunque en su momento aseguraron que no estaban al tanto de la millonaria condonación que implicaba el acuerdo con Correo Argentino, constan documentos que hacen suponer reuniones de funcionarios en la Casa de Gobierno. Por Irina Hauser Página 12 Cuando el año pasado estalló el escándalo del Correo, debido a que el Estado había aceptado condonarle casi la totalidad de su deuda millonaria, Mauricio Macri se mostró perturbado como si lo hubiera tomado por sorpresa la decisión de representantes de su Gobierno que beneficiaba a la vieja firma de su familia a costa del erario público, y anunció que todo volvería a “foja cero”. Sin embargo, en la causa penal donde se investiga si hubo negociaciones incompatibles, constan documentos que hacen suponer que ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo negociaban con Correo Argentino no precisamente en los tribunales comerciales, sino en la Casa Rosada y/o en Olivos. Además de los registros de reuniones en esos ámbitos oficiales, surge en papeles relevados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dos semanas antes de que la empresa de los Macri presentara su oferta en el expediente comercial, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, recibió una nota de su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, que ya le anticipaba lo que iba a ofertar el Correo y le pedía instrucciones. Una serie de incongruencias temporales y la falta de algunos datos en el expediente administrativo del ministerio de Aguad, generaron sospechas en los investigadores de que esa carpeta se haya armado con posterioridad a que el acuerdo “ruinoso” y “abusivo” –como lo llamó la fiscal comercial Gabriela Boquín– saliera a la luz. En base al informe de la PIA, que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, fue que el fiscal federal Juan Pedro Zoni hizo una presentación en la causa, que está radicada en el juzgado de Ariel Lijo, y pidió medidas de pruebas destinadas a esclarecer, precisamente, si existió una negociación irregular y paralela por la deuda del Correo y si se pudo haber “posdatado” el expediente administrativo si es que no se había confeccionado en el ex ministerio de Comunicación en el momento debido. La presentación de Zoni fue antes de Semana Santa. El viernes último fue removido de la fiscalía donde actuaba desde hacía tres años, con el argumento de que su designación a través de un traslado –resuelto por Alejandra Gils Carbó– había sido irregular. Como informó PáginaI12, lo reemplazará, también por decisión de Casal, Gerardo Pollicita, uno de los favoritos del Gobierno, como impulsor de varias causas contra Cristina Fernández de Kirchner. En esta causa penal sobre el acuerdo del Correo, Zoni imputó desde un comienzo al propio presidente Macri, al ministro Aguad –hoy a cargo de Defensa– a Mocoroa, que como titular de Asuntos Jurídicos era el que se presentaba en el expediente del concurso de acreedores y el que firmó el acuerdo denunciado por la fiscal comercial, Boquín. La deuda que se perdonaría casi completa era de 4000 millones de pesos por entonces. También están imputados síndicos y la jueza comercial Marta Cirulli. Según constancias que están en poder del juzgado, Mocoroa se presentó en la Cámara Comercial el 19 de mayo diciendo que estaba facultado para aceptar una propuesta del Correo para pagarle a sus acreedores. Pero la autorización formal tiene fecha de casi un mes después, 24 de junio. La audiencia del acuerdo se hizo el 28 de junio. En una nota dirigida al ministro Aguad, Mocoroa le dice que le manda la última oferta anterior de la empresa, en noviembre de 2014, pero le entrega la de octubre de ese año. Ambas habían sido rechazadas. Pero quizá el punto más llamativo es que en una nota que lleva el número 55/2016, con fecha de 23 de mayo de ese año, anticipa la oferta que el Correo recién presentó en el expediente del concurso catorce días después, el 6 de junio, y que aparece notificada al Estado el 13 de junio. Según estos papeles, el Ministerio de Comunicaciones conocía lo que propondría el Correo mucho antes de que lo hiciera oficialmente. El informe de la PIA presentado en la causa, muestra también diferencias del sello con el que se pone la fecha, algunas enmiendas dudosas, espacios para poner fechas a mano y papeles con membrete y tipografía diferente. Pero además revela una sucesión de reuniones elocuentes. En el Gobierno aseguran que Macri no conocía las negociaciones. En el listado de reuniones que están asentadas en el registro oficial, al que accedió PáginaI12, el asunto del Correo pareciera ser un tema de preocupación en los inicios del gobierno de Cambiemos: en una reunión del 8 de enero de 2016 aparecen sentados como asistentes Macri, el secretario presidencial Fernando De Andreis, Aguad y un grupo de funcionarios de su cartera, además del secretario de coordinación Mario Quintana, el titular del Enacom Miguel de Godoy y el entonces presidente del Correo Jorge Irigoin, alguien muy allegado a la familia Macri y que fue gerente de Socma, una de las firmas controlantes del Correo. El 11 de marzo de 2016 se reúnen Héctor María Huici, secretario de Tecnología del ex ministerio de Comunicaciones, con Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo; el 14 de abril se vuelven a reunir y se suma Mocoroa; el 15 de abril, otra vez se reúne Macri con Aguad, Huici, De Godoy, Irigoin y Quintana entre otros; el 3 de junio se juntaron la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso e Irigoin. Ya en agosto y otra vez en diciembre, cuando se había firmado el acuerdo, se vuelve a reunir Macri con los funcionarios de Comunicación e Irigoin. Y se encuentran nuevamente, pero en un grupo más chico, el 16 de marzo de 2017. Para entonces el escándalo desatado tras conocerse la denuncia de la fiscal Boquín llevaba más de un mes al rojo vivo y Macri había anunciado la vuelta “a foja cero” (el 16 de febrero), que implicaba que el Estado daba marcha atrás con el acuerdo y aceptaba a ir a una nueva audiencia para un nuevo acuerdo. La audiencia era precisamente ese 16 de marzo, pero el Estado –en una jugada favorable al Correo– pidió una prórroga que se extendió y sigue vigente de hecho. La empresa de los Macri sigue sin pagar su deuda, y jamás en 17 años se decretó la quiebra, que arrastraría a sus controlante Socma y Sideco, del grupo familiar. Las reuniones por sí mismas quizá no dirían mucho, pero sí cuando se las analiza entre sí y en relación a otros hechos. Huici aparece como el funcionario clave que se reúne con el Correo. Después del segundo encuentro, participa de una reunión con el presidente Macri. En otro orden: el 13 de junio de 2016 el Correo, mediante Cibils Robirosa y Jaime Kleidermarcher, demandan por daños y perjuicios al Estado por falta de pago de inversiones. Para ese entonces, Aguad en teoría ya sabía cómo sería la oferta para el pago de deuda. El 24 de junio le dio instrucciones a Mocoroa para contraofertar en los términos finalmente aprobados. Cuando la PIA requirió minutas o resúmenes de las audiencias mantenidas por funcionarios con el Correo, la respuesta fue que no existen. En el juzgado dicen que ya ordenaron medidas para desentrañar todos estos enigmas. En la fiscalía, al parecer, no hay notificación. Ahora habrá que ver qué valor le da a todo este material clave el fiscal Pollicita.

853 días después de Cristina

853 d.C. 10 DE ABRIL DE 2018 EN INSTITUTO PATRIA Junto a lxs Senadorxs nacionales Marcelo Fuentes y Ana Almiron, recibí a legisladorxs provinciales, Intendentes y autoridades del Partido Justicialista de Corrientes. Conversamos sobre la realidad nacional y, en especial, sobre el impacto que está teniendo en la provincia el ajuste y el tarifazo del gobierno de Macri.

852 días después de Cristina

852 d.C. La fiscal Gabriela Boquín acusó al Correo Argentino, perteneciente al Grupo Macri, de buscar obstaculizar su trabajo “Un nuevo intento para evitar el pago” Luego de que la Procuración apartara al fiscal Zoni que investigaba el caso que involucra al grupo empresario del Presidente, la fiscal Boquín denunció ante la Cámara una nueva maniobra para obstaculizar su tarea. La fiscal Gabriela Boquín denunció un “nuevo intento” del Correo Argentino “para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal” –que recordó que lleva 17 años– y “obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. La empresa del grupo Macri busca desde hace meses apartar a la fiscal de una pesquisa sobre maniobras de vaciamiento en favor de Socma y Sideco, también de la familia presidencial, que se habrían producido mientras se cocinaba (e incluso después) el acuerdo con el Estado con el que apostaba a la condonación casi total de su deuda, y que quedó trunco precisamente por la intervención de Boquín. En una presentación del jueves último la fiscal acusó al Correo ante la Cámara Comercial de pretender “obstaculizar” su trabajo al cuestionar sus facultades para buscar pruebas de un posible fraude, desviando “el verdadero foco de atención, es decir, cuál fue la conducta desplegada” por la empresa “y sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores”. Para entender cómo evolucionó en estos dos últimos años el escándalo del Correo –que en rigor lleva muchos más– hay que recordar que en febrero de 2017 la fiscal Boquín denunció que a mediados del año anterior la empresa de los Macri había firmado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el Estado, al que le debe más de 4000 millones de pesos, para pagarle un irrisorio uno por ciento y monedas de todo ese paquete con un cómodo plan de pagos hasta 2033. Era todo tan grosero que el Gobierno tuvo que reconocerlo y dar marcha atrás. Hasta el día de hoy, sin embargo, entre planteos y pedidos de prórroga de la empresa y los representantes estatales, se fue dilatando todo de manera tal que no sólo la deuda sigue impaga sino que tampoco se avanzó en un nuevo acuerdo. En el ínterin, Boquín detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión. Ella pidió esclarecer aquellos movimientos que podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal. Requirió los balances y libros contables de las tres empresas para entender su verdadero estado patrimonial. El Correo comenzó a atacarla con el argumento de que no tiene facultades supuestamente para investigar ese tipo de cuestiones. La quiere sacar de juego a como dé lugar. Su denuncia, además, había tenido un correlato en los tribunales de Comodoro Py, donde se abrió una causa que en un comienzo apuntó al acuerdo y luego avanzó sobre el vaciamiento. El fiscal que impulsó la causa, Juan Pedro Zoni, y que imputó hasta al presidente Mauricio Macri, fue desplazado el viernes último de su cargo al frente de una fiscalía federal por una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, en sintonía con el interés presidencial. Lo mandó a una fiscalía criminal y correccional. Lo que la Cámara Comercial debe resolver ahora es si hace lugar a un recurso extraordinario del Correo Argentino para que sea la Corte quien opine sobre las potestades de Boquín para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en medio del concurso de acreedores. La Cámara ya respaldó a la fiscal con anterioridad, pero el Correo insiste en cuestionarla y prolongar la discusión ante la máxima instancia judicial. Si la Cámara hiciera lugar, quedará suspendida toda investigación sobre el vaciamiento hasta que los supremos decidan. Se suponía que la firma tenía escasa o nula actividad, en incluso figuraba en el registro de sociedades inactivas, mientras negociaba su deuda con el Estado y otros acreedores y, sin embargo, registró movimientos de dinero de las cuentas afectadas al concurso hacia Socma y Sideco. Según recuerda la fiscal en el escrito reciente ante la Cámara la empresa informó sobre “gastos en personal, alquiler y honorarios de directores no justificados ni documentados” para “justificar el retiro de fondos a los que se habría dado un destino incierto”. O, por ejemplo, también aparecieron operaciones llamativas como la compraventa de acciones de la firma Neficor entre Correo y Socma Americana por dos millones de dólares para un negocio automotriz, que no dio dividendos y que –además– tenía nula vinculación con una empresa postal. Lo más impactante es que los retiros de fondo que se concretaron a lo largo de 2016 por cerca de 10 millones de pesos, fueron autorizados por la jueza del concurso, Marta Cirulli, denunciada por Boquín, e investigada también por el fiscal Zoni. La posición del Correo es que el impulso de la investigación sobre sus manejos presuntamente fraudulentos, sumado a que no se plasmó el acuerdo, le produce un perjuicio patrimonial irreparable. La postura de victimización, la asumió también en un conjunto de demandas donde pretende un resarcimiento por supuestas pérdidas provocadas por la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. El otro eje es que no le reconoce a la fiscal ninguna atribución para impulsar medidas de prueba sobre el vaciamiento que denunció y es un mero “órgano de consulta” y se supone que manda el juez o jueza. Si de este caso se trata, replicó Boquín, la jueza debió hacer cumplir los plazos de la ley y “ello claramente no fue respetado en estos actuados pues el proceso lleva ya cerca de 17 años” y “no debería durar más de dos”. “La concursada -agregó la fiscal-se benefició con una prolongación indebida y extraordinaria de los plazos procesales”. El Correo decía que ella al querer desentrañar el vaciamiento “ocasiona una complejidad al procedimiento sin justificación”. “Esta fiscal no entorpece el procedimiento sino que la concursada (Correo) pretende obstaculizar la función de la fiscalía”, advirtió Boquín en su presentación, a la que accedió PáginaI12. En el escrito, además, enumera todos los tramos de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permiten ofrecer pruebas e investigar posibles anomalías. Algunos párrafos son contundentes: “Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal no se pretende defender los intereses del Estado sino el orden público, el interés general y la legalidad (…) ¿Qué pretendía la concursada? Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Ello es imposible, me lo impide mi responsabilidad funcional, el juramento que realicé en el momento que asumí (…) y mi compromiso con la ley y los intereses generales de la sociedad”. Su “responsabilidad para dilucidar los hechos” surge –según sostiene– de haber notado irregularidades que enumera: “abuso y fraude procesal, incumplimiento del as normas y de la cosa juzgada, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces”. El Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada y apela las medidas de investigación dispuestas trayendo confusión acerca del rol institucional” de los fiscales y sus posibilidades de actuación en este caso. Boquín hace un repaso desde que se presentó el concurso el 19 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy en que “todavía no fue homologado un acuerdo ni decretada la quiebra”. La quiebra, como ya señaló este diario, arrastraría a las controlantes de la familia Macri Socma y Sideco. En 2004 la Cámara ordenó abrir el “salvataje”, por lo que concluía el llamado “período de exclusividad” en que la empresa concursada oferta formas de pago de sus deudas. Pero Correo pidió prorrogar el período de “exclusividad”. Lo pidió en julio de 2005 y luego un año después otra vez. En 2007, y a contramano de lo que había dicho la Cámara, la jueza hizo lugar. Lo abrió por 60 días, pero fueron tres años. En 2010, hace lo que ya había ordenado el tribunal de alzada y propicia el salvataje y el Correo apeló. “Durante todo el trámite la representación del Estado consintió las irregularidades”, remarca la fiscal. Todo siguió igual hasta 2016 cuando el Estado aceptó la propuesta del Correo para deshacerse de su deuda casi sin pagar un peso. Boquín recuerda que no solo el representante estatal, como acreedor, dio conformidad. Aparecieron 354 conformidades presentadas por 14 apoderados, muchos de los cuales eran a la vez directores de Correo Argentino. Cuando Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, lo hizo para transmitir que el acuerdo perjudicial para las arcas públicas sería revisado y la empresa familiar debería saldar su deuda de manera razonable después de tantos años de bicicleta. Pero parece que todo era más literal, porque el proceso está estancado, como si estuviera en cero. Hubo artilugios, como un pedido de prórroga del propio Estado a la espera supuesta de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que recién fue entregado ahora y cuyos tramos críticos quedaron excluidos. El resto es inocuo. Y ahora todo está enfocado a frenar los fiscales que tuvieron expresiones concretas sobre las abrumadoras irregularidades del caso. Zoni, en Comodoro Py, está en la cornisa pero va a cuestionar la decisión de desplazarlo y eso podría derivar en una causa en el fuero contencioso; Boquín intenta pelearla con un dictamen lapidario, que espera respuesta.

851 días después de Cristina

852 d.C. Los fiscales quieren indagarla por los contratos de Alto Calafate con Aerolíneas Dos fiscales contra Cristina No importa que los precios cierren ni que el contrato haya arrancado cuando la aerolínea era privada. La búsqueda de espectacularidad lleva a reflotar temas ya comprobados. En plan de “rascar la olla” para ver cuáles son las últimas acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner que se pueden poner en la tapa de los diarios, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se despacharon esta semana con un pedido de indagatoria por los contratos entre Aerolíneas Argentinas-Austral y el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner. La primera contratación del Alto Calafate data de 2007, cuando Aerolíneas no era estatal sino de Marsans y el hotel no era de los Kirchner, que lo compraron en 2009. El hotel fue elegido por pedido de las tripulaciones tras la realización de un concurso, régimen que se continúa utilizando hasta hoy. Es más, en el último concurso nuevamente el precio más bajo fue el del Alto Calafate, pero la conducción de Aerolíneas dispuso otorgarle el contrato al hotel Esplendor, de la familia Braun. El caso de la empresa aérea siempre fue parte del expediente Hotesur, una causa basada en la hipótesis de que la familia presidencial cobraba alquileres –en este caso por el hotel– y esos alquileres no eran reales sino que escondían coimas de Lázaro Báez por privilegios en la obra pública. Ni los fiscales ni los magistrados pudieron probar que los alquileres fueran simulados o que los montos estuvieran fuera de precio. Hay temas más de fondo discutidos en la Argentina y en muchos otros países y que tienen que ver con la administración de los bienes privados de un presidente. La polémica está instalada en Estados Unidos, por ejemplo, donde Donald Trump utiliza sus propios hoteles y resorts en viajes oficiales, lo que promociona sus emprendimientos. También fueron notorios los debates en Chile por la compra y venta de acciones de Sebastián Piñera, quien puso en un fideicomiso ciego 400 millones de dólares, pero operó sobre bienes que no estaban en ese fideicomiso. Respecto de Mauricio Macri las polémicas y acusaciones son descomunales. Por de pronto, vendió Mac Air a Avianca, a quien de inmediato le dieron decenas de rutas. Otro tanto ocurrió con la empresa de peajes de la familia presidencial: se vendió luego de un espectacular aumento de tarifas. En paralelo, desde el principio del mandato de Macri se menciona que puso sus bienes en un fideicomiso ciego, pero nunca quedó en claro. El patrimonio del mandatario entró en un terreno de aún más opacidad después que se revelara que su hermano blanqueó 622 millones de pesos. En su momento, la familia Kirchner fue denunciada por alquilar el hotel Los Sauces a Juan Carlos Relats, un empresario de Santa Cruz que también era contratista de obra pública. El expediente terminó con el sobreseimiento de los Kirchner en 2011, un fallo que dictó Julian Ercolini, uno de los jueces que encabeza ahora la ofensiva contra la ex presidenta y su familia. Lo asombroso es que Ercolini sostuvo que un presidente tiene derecho a administrar sus bienes personales, que no había delito en alquilarle a un contratista de obra pública y que incluso el valor del alquiler era un dato relativo ya que alguien puede alquilar más barato para promocionar un hotel o alquilar más caro aprovechando alguna ventaja. El Alto Calafate fue comprado por los Kirchner y el único cambio que se hizo fue que el hotel empezó a ser administrado por la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. Los Kirchner no se dedican al negocio hotelero sino que únicamente alquilan propiedades, por lo que le alquilaron el hotel entero a Valle Mitre. En 2009 Aerolíneas hizo un nuevo concurso de precios que otra vez fue ganado por el Alto Calafate, que se impuso en ambas categorías, el precio y la elección de los tripulantes. El precio se mantuvo durante cuatro años. En 2012 se renovó otra vez hasta 2014. En el medio, en 2013, Valle Mitre dejó la administración y pasó a manos de Idea S.A., de Osvaldo Sanfelice. En 2014 se hizo otro concurso de precios en el que dos hoteles, el Xelena y el Alto Calafate, pasaron la selección de las tripulaciones y Alto Calafate ganó en el rubro precios. Este mismo gobierno hizo un nuevo concurso, en mayo de 2016, en el que otra vez Alto Calafate puso el precio más bajo, 1049 pesos por noche. También concursaron el Esplendor, que cotizó 1.150 pesos y el Xelena, 1.397 pesos. Pese a esos datos, la administración de Aerolíneas eligió el Esplendor, de la familia Braun. Los Kirchner iniciaron una demanda por esa decisión. El dúo Pollicita-Mahiques trató de darle espectacularidad a su pedido de indagatoria argumentando que la familia de la ex mandataria cobró 16 millones de pesos por 26.000 noches alquiladas a Aerolíneas-Austral entre 2009 y 2015. Los Kirchner no cobraron por esas habitaciones, sino que su alquiler era de todo el hotel y por un valor mensual. Aún así, el cálculo es que se pagó unos 615 pesos por habitación y por noche, un precio que no parece desusado para Calafate y está bastante en línea, inflación mediante, con el concurso realizado por la actual administración en 2016. Según el prorrateo que calculó PáginaI12 al principio de la causa Hotesur, el alquiler cobrado por los Kirchner equivalía a unos 129 pesos por noche y por habitación. Ningún fiscal o juez cuestionó esta cifra: no la consideró artificial y nadie pudo siquiera argumentar que es un precio inflado para ocultar una coima. Todos los alquileres fueron facturados, depositados en bancos y declarados en la AFIP. Uno de los problemas con los que se encontraron siempre los fiscales es que nunca a los Kirchner se les encontraron cuentas en el exterior, sociedades ocultas ni las famosas bóvedas de las que tanto se habló. El pedido de indagatoria es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y quien debe resolver es el juez Ercolini. Los fiscales también quieren que declaren como imputados los ex titulares de la aerolínea Julio Alak y Mariano Recalde, pero aprovecharon para involucrar además a Axel Kicillof, que estuvo al frente de las finanzas de Aerolíneas. Le pidieron la indagatoria justito el día antes de la visita de Luis Caputo al Congreso. Casualmente el funcionario tenía que explicar el hallazgo de cuentas en el exterior, sociedades en paraísos fantasmas y fabulosas cifras sin declarar ante la AFIP.