910 díasdespués de Cristina

910 d.C. Vidal Descontrolada: Sin Tribunal, la provincia ya no le rinde cuentas a nadie Luego del fallecimiento de una vocal, la renuncia de un miembro y ahora la jubilación de otro, el órgano de contralor para los gastos de la Gobernadora Vidal y de los 135 municipios ya no cuenta con la cantidad mínima de votos para emitir un fallo. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, cuyo presupuesto anual asciende a 750 millones de pesos, acaba de fenecer, junto con el control de las cuentas de la provincia. En 2018, Vidal le aseguró al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, un presupuesto de 749.962.000. Una simple recorrida por los items que lo integran permite observar que el 97,3% del presupuesto se utiliza para costear el sueldo de los 558 trabajadores. Si bien dentro del detalle de cargos encontramos 9 empleados de maestranza, 46 administrativos, 4 técnicos, 82 profesionales, 69 jerárquicos, 333 Autoridades Superiores y 15 jerarquizados superiores, es notable que se detallan 0 (cero) secretarios y asesores. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires es el órgano avocado al control de los gastos a la gobernadora Vidal, los 135 municipios, los entes autárquicos y la administración central de la Provincia. De los 5 miembros que prevé la ley, hoy cuenta solo con dos, lo que significa que ya no puede dictar fallos ni sancionar las irregularidades administrativas por falta de quórum. Luego de asumir la gobernadora Vidal, falleció la vocal Cecilia Fernández, quien se encargaba de controlar los libros de la gobernación. Un tiempo después, dejó su cargo el vocal Héctor Giecco, también dedicado al control de las cuentas de la provincia. La semana pasada, se jubiló el vocal Gustavo Fernández, quien estaba a cargo de la revisión de cuentas municipales. De esta manera, el presidente Eduardo Grinberg quedó acompañado solamente por el vocal Miguel Teilletchea, cuya tarea de control recae sobre las reparticiones autárquicas. Si el Tribunal funcionara correctamente, podría estar revisando casos como los publicado desde El Disenso respecto a a gastos de la gobernación, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Banco Provincia, el Municipio regenteado por Jorge Macri, entre tantos otros. Juán Curutchet, Lujos y excentricidades con la plata del BaPro Milu, la debilidad de Curutchet: Premios, 2 cargos en el Bapro, 500% de aumento y un crédito de 2 millones La provincia le pagó 2 millones a María Noel por talleres de adaptación al cambio Vidal le pagó más de 5 millones de la provincia a una empresa a nombre del socio de Durán Barba Vidal le pagó casi 4 millones a la productora de Fantino y Pamela Jorge Macri gastó 2 millones en una huevada Jorge Macri y Cunumí: la nueva cara de la vieja patria contratista Vidal y un sobreprecios de 1520% en latas de pintura para una escuela ya pintada Los cargos en el Tribunal de Cuentas son vitalicios y solo precisan del aval del Senado, donde Cambiemos posee mayoría. Desde el Tribunal, explicaron que antes del alejamiento de Fernández se fallaron todos los expedientes correspondientes al año 2016, lo que indica que lo inmediato no es necesario el nombramiento de suplentes, algo que le conviene a Vidal y a sus funcionarios, que así se aseguran que nadie aplicará multas y cargos por irregularidades administrativas. Vale aclarar que las sanciones aplicadas por el Tribunal deben ser respondidas por los funcionarios con su patrimonio personal.

909 días después de Cristina

909 d.C. Fracasó el intento del macrismo para avanzar con el desafuero de CFK en el Senado Una revancha con los días contados La mayoría de los presidentes de bloque interpretaron que el plazo para tratar el pedido judicial debe computarse en días hábiles y no corridos. El kirchnerismo denunció una maniobra para desviar la atención de la economía y silenciar a la ex presidenta. Por Sebastian Abrevaya La jugada macrista para poner en agenda el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota por el tarifazo no pasó de una operación política. Ayer los presidentes de bloque, reunidos en Labor Parlamentaria, acordaron mayoritariamente que deben computarse los días hábiles (y no corridos) para establecer el vencimiento del pedido realizado por la justicia. Al concluir la reunión, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que la caducidad podría ocurrir en los primeros días de septiembre aunque más tarde indicaron en un comunicado oficial que sería recién a fines de noviembre. Por su parte, desde el FpV-PJ el neuquino Marcelo Fuentes calificó como “una estupidez, una barbaridad y una vergüenza” la voluntad de avanzar con el desafuero ya que prácticamente todos involucrados en la causa del Memorándum con Irán ya fueron excarcelados. “Fue como una reacción de chicos. Perdieron la votación del otro día y se enojaron. Ahora pretenden generar un clima. Cuando la gente está preocupada por las tarifas, por cómo llega a fin de mes y cómo sigue la vida de los argentinos, nosotros estamos discutiendo si los días son hábiles o inhábiles”, protestó Fuentes, jefe de la bancada que integra la ex presidenta. El viernes pasado, pocas horas después del veto de Mauricio Macri a la ley que retrotraía el tarifazo en los servicios públicos, la Cámara Federal afirmó que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado producto de su denuncia por traición a la patria contra la ex presidenta y varios funcionarios. Casi de inmediato, el bloque de senadores de Cambiemos presentó una nota solicitando una sesión especial para ayer a las 18, ante la posibilidad de que venciera el 7 de junio el pedido de desafuero realizado el 7 de diciembre por el juez Claudio Bonadío, a cargo de investigar aquella denuncia realizada por Nisman. En esa misma nota dirigida a Gabriela Michetti, el oficialismo consideró que los plazos debían ser contados en días hábiles pero pedían que, ante la posibilidad de una interpretación distinta, se convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para aclararlo. Por las dudas, también pedían una sesión especial para ese mismo día. “Convocar a Labor para definir esto es, como mínimo, una estudipidez al lado de los problemas que hay en el país”, remarcó Fuentes al salir de la reunión. “Es una especie de distracción. No tenía el menor sentido la reunión. El tema era poner en la tapa de los diarios ‘se posterga el tratamiento del desafuero’. En realidad no va a haber tratamiento porque es abstracto. No sólo se cambió la naturaleza de la imputación, se cambió la autoridad que la juzga y, fundamentalmente, en el delito residual imputado ya hubo excarcelación de los imputados anteriores, señal de que no tiene el menor sentido todo esto”, aseguró el neuquino. Fuentes reflejó así los cambios que sufrió la causa judicial en los últimos meses: la Cámara Federal revocó la imputación original por traición a la patria y dejó solamente el delito de encubrimiento. Con motivo de ese cambio de calificación ya fueron excarcelados otros acusados como Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la presidencia, y el dirigente social Luis D’Elía, entre otros. También cambió el tribunal que debía juzgar el caso, ya que la Corte Suprema invalidó por irregularidades en su conformación al Tribunal Federal Oral número 9 y reclamó un nuevo sorteo. Consciente de su debilidad de argumentos, el oficialismo intentó bajar el tono en la reunión de presidentes de bloque. Se escudó en que no se trataba de una cuestión política sino “institucional” y que debía dar garantías a la sociedad de que se cumpliría con la ley. Según fuentes que participaron de la reunión, las principales respuestas vinieron de los tres sectores del peronismo. Adolfo Rodríguez Saá recordó que ninguno de los pedidos de desafuero que ingresaron en el Senado en los últimos años fueron tratados y que no hubo debate alguno respecto de los plazos: Carlos Menem (con condena ratificada por segunda instancia por contrabando de armas a Ecuador y Croacia), Juan Carlos Romero (acusado de enriquecimiento ilícito, cercano al oficialismo) y la ex senadora Luz Sapag (cuyo mandato concluyó en 2007), entre otros casos. El jefe del interbloque de Argentina Federal, Miguel Pichetto, coincidió en que el planteo deviene en abstracto por los cambios en la causa judicial. El rionegrino, además, ya había afirmado públicamente que no acompañará ningún pedido de desafuero que no esté fundado en una sentencia firme. Esa postura fue ratificada por sus voceros el mismo viernes en que Cambiemos presentó la nota, dando otra vez por tierra con la posibilidad de que prosperara la jugada oficialista. A su turno, el kirchnerismo insistió en que era una maniobra para desviar la atención y detalló los argumentos judiciales por los que el desafuero ya no tiene razón de ser. Sin embargo, respecto de la interpretación de los plazos dejó asentada una posición distinta: que deben computarse en días corridos, es decir a contramano de lo propuesto por Cambiemos y los otros bloques. Los representantes del FpV-PJ señalaron que cuando (como en este caso) la ley no especifica si los días son hábiles o corridos, debe guiarse por la legislación de fondo, que es el Código Civil. En su artículo 6, el código prevé que, salvo mención expresa en contrario, se computan días corridos. Además, el kirchnerismo recordó que cuando se aprobó la modificación de la ley de fueros, en 2001, había cinco proyectos. Cuatro contemplaban expresamente la caducidad computando días hábiles, mientras que sólo uno no lo especificaba. Es decir que los legisladores eligieron expresamente no poner esa aclaración. Una vez saldada la cuestión de cómo contar los 180 días previstos en el artículo 2 de la ley de fueros, al finalizar el encuentro se produjo otra confusión. Naidenoff afirmó que el plazo vencería “los primeros días de septiembre”, ya que empezaba a contar desde el día en que Bonadío envió el pedido al Congreso. Sin embargo, en un comunicado oficial, el interbloque Cambiemos corrigió esa postura: sostuvo que los 180 días hábiles rigen desde el momento en que el pedido ingresó formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales, el 21 de marzo pasado. Según estos cálculos, el vencimiento rondaría los últimos días de noviembre. Más allá de la cuestión reglamentaria, la situación de CFK continuará sin resolverse por una cuestión política. El oficialismo está muy lejos de conseguir el número necesario para quitarle la inmunidad legislativa. Tiene tan solo 25 senadores y requiere el apoyo de 48.

908 días después de Cristina

908 d.C. Cambiemos quiere tratar hoy la expulsión de CFK del Senado Apurados por el desafuero Al mediodía se hace una reunión de Labor Parlamentaria para ver si logran que se cuenten las fechas como quieren. Si funciona, a las seis de la tarde podrían tratar el tema en el recinto, aunque las cuentas no les cierren. Por Miguel Jorquera La embestida no cesa. Cambiemos vuelve a la carga hoy en el Senado por el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. La alianza oficialista convocó para el mediodía a una reunión de labor parlamentaria -con los jefes de todos lo bloques políticos- para “analizar” si ya se cumplió el plazo de 180 días para tratar el desafuero de la ex presidenta solicitado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa del memorandum con Irán. Por si logra una opinión favorable a la interpretación jurídica de que los días a contabilizarse deben ser corridos y no hábiles, el oficialismo también pidió una sesión especial para las 18 horas en la que trataría el desafuero, cuya aprobación necesita contar con dos tercios de los votos de los senadores presentes. Desde el kirchnerismo calificaron la convocatoria como “una venganza para intentar silenciar a Cristina en el Senado” y “tapar la crisis económica que generó el Gobierno”. La bancada del peronismo federal que conduce Miguel Pichetto, también ratificó que no acompañará ningún desafuero “si no existe una condena firme”. Entusiasmados por la resolución de la Cámara Federal en la que afirma que el fallecido ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue “asesinado” y lo vincula con al denuncia que realizó contra la ex presidenta, Cambiemos retomó la embestida en el Senado. Lo hacen sin la certeza de poder volcar a su favor la interpretación jurídica de que el conteo de los 180 días para tratar el tema que establece la ley de fueros deben ser corridos y no hábiles, y mucho menos aun de contar con los dos tercios necesarios para aprobarlo, la embestida de Cambiemos contra CFK busca un rédito político. El Gobierno quiere mostrar que recuperó la iniciativa en el Congreso tras la derrota parlamentaria por los tarifazos y tener que cargar con la mochila del costo político por el veto presidencial. Por eso la convocatoria oficialista fue en dos planos. Primero para dirimir en una reunión de Labor Parlamentaria, con los jefes de todas las bancadas, los plazos del pedido elevado por Bonadio a la Cámara alta el 7 de diciembre de 2017 y que tomó estado parlamentario el 16 en la última sesión de ese año del Senado. Luego la convocatoria a la sesión especial para el mismo día, para la que deberá contar con el quórum necesario, donde la actitud que asuma el bloque Argentina Federal de Pichetto es decisivo. A pesar que ratificó que no apoyará el desafuero -como lo hizo en otras oportunidades- “sin que exista una condena firme” de la Justicia. En tanto, el kirchnerismo analizaba anoche la posibilidad de no concurrir a la reunión de labor parlamentaria. No quieren convalidar lo que consideran “un hecho político y no jurídico”. “Está claro que se trata de una venganza política con la intención de silenciar a Cristina en el Senado” y “tapar la crisis económica que generó el Gobierno”, sostuvieron desde la bancada de senadores del FpV-PJ a PáginaI12. Al mismo tiempo que sostienen que la decisión judicial de liberar a los detenidos en la causa por el memorando de entendimiento con Irán –como Carlos Zannini y Luis D’Elía, entre otros– “derivó en abstracto” el pedido de desafuero de CFK. La disputa y sus repercusiones será el principal atractivo que Cambiemos quiere imponer hoy en el Senado.

907 días después de Cristina

907 d.C. Por qué la Cámara Federal sostuvo el absurdo fallo de que a Nisman lo asesinaron Qué falta de respeto, qué atropello a la razón Era el paso que faltaba para ir por los funcionarios del gobierno kirchnerista: no hay ni idea de quién podría ser el autor material del supuesto “asesinato”, entonces se persigue a los autores “intelectuales”. Por Raúl Kollmann La Cámara Federal sostuvo el viernes que a Alberto Nisman lo asesinaron y que el motivo fue la denuncia del fiscal contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por haber firmado el Memorándum con Irán. La conclusión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no surge de ninguna prueba concreta sino de dos deducciones, ambas insólitas. Como no se sabe quién cometió el supuesto homicidio y nadie vió entrar ni salir a nadie, los magistrados concluyen que fue una operación muy compleja. Para sostener eso hay que creer que fue obra de un sofisticado complot que “necesariamente” tuvo que tener como protagonista al gobierno anterior. La segunda deducción es que como además Nisman denunció a CFK, Héctor Timerman y otros el 14 de enero, el crimen del 18 de enero no pudo tener otra motivación que esa denuncia. Lo mataron para silenciarlo. A partir de esas elucubraciones y sin evidencias, la Cámara Federal le ordenó ahora al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini que avancen en la investigación, poniendo el acento en los ex funcionarios kirchneristas. Conviene La realidad es que será imposible avanzar en el hecho mismo, ya que las pericias más serias indican que Nisman se disparó a sí mismo. La hipótesis contraria, la que le sirve al aparato político, sólo fue sostenida por la Gendarmería, bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Todo indica que en la causa no se va a buscar a los supuestos autores materiales del crimen porque no existen y apuntarán entonces a buscar los autores intelectuales. Estos últimos ya están decididos de antemano: funcionarios kirchneristas. La no-búsqueda de los asesinos tiene como objetivo dejar el cuadro deseado: dejar instalada la sospecha sobre la actuación de un comando iraní-venezolano-kirchnerista (de acuerdo a la versión lanzada en su momento por Elisa Carrió). Todo a partir de deducciones y sin ninguna prueba. La conclusión es la siguiente: en el aparato judicial-político-mediático de Comodoro Py no buscan autores materiales. La actual es la situación que les conviene. Chances Cualquiera se preguntaría cómo se hace en una causa judicial para avanzar sobre un autor intelectual si no hay indicios del autor material. La respuesta es que manejarán las cosas como hasta ahora, a partir de un fiscal, un juez, camaristas y hasta la Casación, alineados con la Casa Rosada. Es asombroso lo ocurrido. Establecieron que hubo un homicidio sin tener los mínimos elementos: No saben quién fué. No tienen ni siquiera un testimonio de alguien que haya visto a una persona sospechosa o que haya aportado un mínimo testimonio relacionado con la muerte en sí misma. No hay ni siquiera un dato de cómo los supuestos homicidas -tres según cree la Gendarmería- entraron al edificio Le Parc y luego al departamento. La fuerza verde tampoco aporta ningún elemento en esa materia. Contra lo que se dice, la mayor parte de las cámaras funcionaban, pero además nadie vio el ingreso de alguien extraño. No hay rastros de ninguna resistencia de Nisman. Le pegaron un tiro en la sien y él no reaccionó. Disimuladamente el juez Ercolini desechó la insólita hipótesis de que le dieron ketamina, pero tanto el magistrado como los camaristas vuelven a hablar de una paliza, algo desmentido por el Cuerpo Médico Forense. En todo caso fue una paliza muy prolija: no quedó desorden ni en el departamento ni en el baño, no se cayó una gota de sangre. El departamento terminó cerrado por dentro, tanto en la puerta principal como en la de servicio. La única explicación posible es que los asesinos tuvieron llave, pero sobre eso no hay ninguna prueba. No existe ni una sola huella digital extraña en el departamento, no hay un pelo y tampoco los supuestos criminales dejaron caer una sola gota de sangre fuera del baño, pese a las salpicaduras del disparo. El baño se encontró prácticamente cerrado porque la cabeza de Nisman obstruyó la puerta. Esto está testificado por la madre del fiscal. También Sara Garfunkel, que fue la primera que llegó, dijo que nadie entró al baño. El fiscal, el juez y los camaristas dan a entender que se arregló la escena pero no aportan ninguna evidencia. Es más, hay un dictamen firmado por peritos de la familia Nisman que dice que la escena no fue alterada. Contra lo que trataron de instalar, la pericia sobre las manos de Nisman de ninguna manera establece que no disparó. Más bien lo contrario: “se encontraron residuos consistentes con disparos de arma de fuego”, es el textual. Por lo tanto, no se avanzará en determinar los autores materiales, en primer lugar, porque no existen y también porque el status actual le conviene a la única sede de Cambiemos que en estos dos años y medio funcionó como un relojito: Comodoro Py. Ofensiva Sin tener autores materiales ni evidencias sobre autores materiales, igual el fiscal, el juez y los camaristas afirman que hubo un gigantesco complota y que se debe avanzar sobre los autores intelectuales, es decir el kirchnerismo. La forma de hacerlo es la que dibujó la Cámara el viernes: hay demasiadas llamadas telefónicas el sábado y el domingo, fin de semana de la muerte de Nisman. Según ellos, esa es la prueba clave. Página/12 hizo un resumen muy preciso sobre esas llamadas a partir de la enumeración que hizo Ercolini a lo largo de 77 fojas. Nisman-Stiuso Tres llamadas, dos el sábado y una el domingo. Todo indica que Jaime Stiuso, ex jefe de la SIDE y aliado del fiscal, le había prometido material para la denuncia contra CFK. Stiuso, pese a estar en guerra con el kirchnerismo, se hizo el distraído. No atendió. Dijo que tenía el celular en vibrador y no escuchó las llamadas. Para hablar con su hombre de confianza, Alberto Mazzino, otro ex SIDE, Stiuso sí tuvo el celular dispuesto: intercambiaron 13 llamadas. Ahí no hay complot posible. Pocino-Milani Durante el fin de semana hubo dos llamadas de Fernando Pocino, el jefe de Reunión de Información de la ex SIDE, allegado al kirchnerismo, con César Milani, jefe del Ejército. El día anterior, jueves 15, robaron un misil de la unidad de Arana, en las afueras de La Plata. El Tow 2 capaz de perforar cualquier blindaje provocó una búsqueda en la que participó la ex SIDE por orden del juez platense Laureano Duran. La hipótesis era que el misil podría ser usado no sólo para robar un blindado sino también para un atentado, lo que motivó un comunicado de preocupación de la DAIA. En Comodoro Py no faltan quienes quieren usar las comunicaciones entre Pocino y Milani como evidencia de que se armó una zona liberada en Puerto Madero. Ambos ex funcionarios exhibirían una estupidez sin límites ya que usaron los celulares a su propio nombre (en el caso de Pocino, el celular estaba, desde hacía mucho, a nombre de su esposa, Silvia Tomalini) para armar un complot destinado a matar a un fiscal. Pocino-Matzkin El mismo criterio puede usarse respecto de las llamadas entre Pocino y Hugo Matzkin, jefe de la Bonaerense. Durante aquel fin de semana no sólo estaba el robo del misil, sino que se jugaba la Copa de Verano en Mar del Plata. El sábado, Boca-Racing y el domingo River-Estudiantes de La Plata. La información que circulaba era que iba a haber enfrentamientos entre las hinchadas y estaba la sospecha de que podrían “tirarle un muerto” a Daniel Scioli, candidato presidencial. Nuevamente, Pocino y Matzkin usaron sus teléfonos oficiales en las cinco llamadas que se cruzaron. En caso de complot, personas tan expertas hubieran usado lo que se conoce en el argot como mochos, es decir celulares difíciles de identificar porque su origen es incierto. Stornelli-Matzkin-Pocino Curiosamente, el juez no tuvo espacio en las 77 páginas de mencionar las llamadas entre el fiscal federal Carlos Stornelli y Pocino, por un lado y de Stornelli con Matzkin por el otro. Como se sabe, Stornelli es un fiscal muy cercano al macrismo y fue secretario de seguridad de Boca cuando el actual presidente era el titular xeneise. Stornelli habló primero con ambos funcionarios porque detuvieron a un amigo de su hijo en Pinamar. El joven tuvo una pelea a la salida de un boliche. Además, Stornelli y Pocino fueron compañeros en la Facultad de Derecho y solían hablar en forma permanente –según declaró en la causa el fiscal–, por lo que hablaron también de Nisman.Como es obvio, éstas llamadas no podrían ser parte de ningún complot. Mena-Pocino El número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, se comunicó seis veces con quien era el encargado de reunir información. Un punto central del diálogo entre Mena y Pocino fue que esa mañana el diario La Nación puso que uno de los principales denunciados por Nisman era un supuesto agente de la SIDE llamado Alan Bogado. Todo se probó falso. Mena y su principal subordinado, Pocino, hablaron además de los otros temas: el robo del misil, los barras de Boca y River y, por supuesto la denuncia de Nisman. Nuevamente, tanto Mena como Pocino usaron sus propios celulares oficiales, con los que se comunicaron siempre, antes y después de la muerte de Nisman. Mazzino-Pocino Durante todo el fin de semana, hubo numerosas comunicaciones entre Mazzino, el hombre de Stiuso, y Fernando Pocino. El gobierno había echado a Stiuso y suponía que, como venganza, Stiuso armó o participó de la denuncia de Nisman por el Memorándum. Para toda la comunidad de la ex SIDE estaba claro que Mazzino respondía a Stiuso y Pocino a la Casa Rosada. Pero de uno y otro lado resolvieron mantener diálogo para ver qué información podía recoger cada uno. Todo indica que ese domingo se tantearon por lo de Alan Bogado y sobre todo por la denuncia de Nisman y la posible audiencia en el Congreso. Desde ya que nada podían tener que ver esas conversaciones con un plan respecto del fiscal: ambos estaban en bandos opuestos. Miño-Goncalvez Pereira Durante el domingo 18 de enero de 2015, el día de la muerte de Nisman, Luis Miño era uno de los dos custodios del fiscal. El otro era Armando Niz. Miño registra comunicación con Héctor Goncalvez Pereira, dueño de una pequeña agencia de vigilancia, en la que Luis Miño y su hermano Carlos prestaban servicios. La versión es que Goncalvez Pereira tenía clientes por influencia de Stiuso y que era un aportante de información para el ex SIDE. Es decir que si Miño era parte de un supuesto complot –una especulación descabellada– su principal relación era más bien con Stiuso. Como se ve, se pretende armar un complot incomprobable a partir de ese cruce de llamadas. Es elucubrar desde la nada. El problema es que desde la nada han llegado hasta aquí, construyendo una historieta sin ningún tipo de evidencia o testimonio. Lo que domina en el caso de la muerte de Nisman es la politica. Elucubran la existencia de un comando y un complot con un doble objetivo. Internacionalmente, acusar a Irán, en sintonía con las derechas de Estados Unidos e Israel. Localmente, seguir echándole culpas al kirchnerismo.

906 días después de Cristina

906 d.C. Sin nuevos elementos, la Cámara Federal sostuvo que el fiscal Nisman fue asesinado por su denuncia Un fallo a pedido de la Casa Rosada Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron que el fiscal fue asesinado, sin explicar quiénes ni cómo lo hicieron. Elucubraron que la muerte fue por la denuncia por el Memorándum. Por Raúl Kollmann La Cámara Federal dictó ayer, en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el fallo que le pedía la Casa Rosada y los aliados internacionales del gobierno de Cambiemos. Sin pruebas, sin elementos, en un fallo totalmente descolorido, el tribunal confirmó que el fiscal fue víctima de un supuesto homicidio, sobre el que los camaristas no pudieron describir nada: ni quién fue, ni como entraron, ni cómo salieron, ni cuál pudo haber sido la mecánica del supuesto crimen, ni cómo podría ser el vínculo con el informático Diego Lagomarsino, propietario del arma del disparo letal. Pero, además, elucubraron que la muerte fue producto de la denuncia que presentó Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios kirchneristas por haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán. Sobre esta hipótesis tampoco aportaron un nuevo dato ni una evidencia. La Cámara no aceptó calificar la muerte de Nisman como un magnicidio ni nombró a CFK en su fallo –tal como pedía Pablo Lanusse, abogado de la madre del fiscal–, pero le dijo al juez que debe investigar a funcionarios del kirchnerismo que hablaron mucho por celular el sábado 17 de enero de 2015, día anterior al deceso del fiscal, y el mismo 18 de enero, cuando apareció el cuerpo. Suponen que esos funcionarios fueron parte de un complot. También insistieron –sin pruebas– en que los policías federales que integraban la custodia de Nisman actuaron ineficientemente a propósito para facilitar el plan del homicidio. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia –muy cercanos al gobierno de Cambiemos– le hicieron su ofrenda a la administración Macri que, como está visto, necesita seguir acusando al gobierno anterior de todos los males. Dice el fallo de ayer: “se encuentra prima facie acreditado que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA. Se afirmó también que, a partir de la prueba reunida, su concreción resultó posible a partir del despliegue de una correlativa logística que debió contar necesariamente con la cohesión de diversas voluntades orientadas a la concreción con éxito del plan urdido”. Este es uno de los párrafos centrales de la resolución: se parte de que a Nisman lo mataron y que hubo un complot muy sofisticado que necesitó de mucha gente –”diversas voluntades”– para cometer el crimen. La base del fallo es el estudio que hizo la Gendarmería Nacional, fuerza bajo las órdenes de Patricia Bullrich. No se confrontan las conclusiones con lo que dijeron, primero, los especialistas de la Policía Federal y luego la Junta de Criminalistas: “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”. Irurzun y Bruglia directamente ignoran esa conclusión. Al mismo tiempo, se tergiversa el informe del Cuerpo Médico Forense que sostuvo que no es su papel dictaminar sobre homicidio o suicidio, porque eso corresponde al juez, quien tiene que mirar todos los elementos. Sin embargo, en la mañana de la autopsia, la fiscal Viviana Fein informó que recibió una llamada del titular de la Morgue Judicial, Fernando Trezza, adelantándole que no existía indicio de que otro persona hubiera disparado y que era probable el autodisparo. A lo largo de los meses, ante la insistencia de los forenses contratados por Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman, los integrantes de la Junta Médica señalaron que “no hay evidencia desde el punto de vista pericial de lo afirmado por la querella”. La querella insistía con que fue un homicidio y los forenses de la Corte dijeron que no existía evidencia de tal cosa. Lo más notorio respecto del texto de Irurzun y Bruglia es que dedicaron una buena parte de las 39 páginas de la resolución a sostener la hipótesis del homicidio. Sin embargo no pudieron aportar nada: No existe el menor indicio de quienes fueron los autores del supuesto crimen. Dicen que Lagomarsino fue partícipe porque aportó el arma, pero no se sabe de quién fue cómplice. El técnico informático no registra ni llamadas ni mensajes con alguno de los integrantes del supuesto complot ni hay un testigo que lo haya visto en situación extraña. Hablan de que fue parte de una “célula dormida”, pero trabajó en la fiscalía durante nueve años, contratado directamente por Nisman. No se indican cómo entraron los supuestos homicidas y mucho menos como salieron del departamento ni del edificio Le Parc. La unidad del piso 13 estaba cerrada del lado de adentro y el propio baño no se podía abrir, tal como declaró la madre del fiscal. No se explica cómo Nisman ni siquiera se defendió, ya que los camaristas abandonaron la absurda hipótesis de que le dieron una sustancia, ketamina, para dejarlo indefenso. Bruglia e Irurzun convalidan que a Nisman le dieron una paliza, algo categóricamente desmentido por el Cuerpo Médico Forense. Tampoco se explica cómo es que si le pegaron una paliza no se encontró nada desordenado ni un rastro de sangre en todo el departamento. La serie de incongruencias es ilimitada, pero la Cámara pasó por encima de esos obstáculos y concluyó que detrás del crimen hubo un amplio y sofisticado complot. Por eso le dice al juez que investigue: “el caso estuvo rodeado de llamativas, reiteradas y no habituales comunicaciones desde la noche del sábado hasta avanzado el domingo entre funcionarios de diversas áreas del Estado Nacional -Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad provincial, Jefatura II Inteligencia del Ejército Argentino. El momento en que se cometió el delito, el grado de organización evidenciado y la amplitud de la cobertura colocan en una razonable perspectiva funcional el desarrollo del hecho, pues todos ellos se presentan como indicios de entidad suficiente como para sustentar seriamente como hipótesis que el destino de Nisman fue decidido a consecuencia de la naturaleza, gravedad y alcances de la denuncia que presentara unos pocos días antes”. Es decir que Irurzun y Bruglia afirman que participaron los estuvieron cerca y los que hablaron por celular: los cuatro policías de la custodia, integrantes de la Prefectura, funcionarios y agentes de la ex SIDE, el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni; el ex jefe del Ejército, César Milani y hasta el fiscal Carlos Stornelli. En forma extra-oficial y oficial todos ellos explicaron por qué hablaron por celular ese sábado: habían robado un misil en un destacamento cerca de La Plata; jugaban Boca y River en Mar del Plata y había peligro de enfrentamiento de las hinchadas y, además, todos trataban de averiguar si Nisman iba a ir o no iba a ir al Congreso el lunes siguiente. Hubo tantas llamadas como las que intercambiaron ese fin de semana Nisman, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Waldo Wolff y decenas de periodistas, también alrededor de la visita del fiscal al Congreso. Para los camaristas, la hipótesis valedera es que existía un complot y que, por lo tanto, hay que buscar la mano de obra y el autor ideológico del crimen inexistente entre los funcionarios. La acusación contra los policías de la custodia pinta el cuadro probatorio. Irurzun y Bruglia cuestionan a los custodios del sábado, Rubén Benítez y Héctor Durán, porque fueron a hacer encargos que les hizo Nisman, como por ejemplo entregar un sobre a un periodista. Los camaristas dicen que Benítez y Durán, yéndose de Le Parc, permitieron que alguien –Lagomarsino– ingresara el arma al departamento. Y respecto de los custodios del domingo, Luis Miño y Armando Niz, los camaristas dicen que no reaccionaron ante la ausencia del fiscal, que fueron a buscar a la madre, que perdieron mucho tiempo. De ese resumen, concluyen que los policías hicieron todo adrede y que por lo tanto debe investigárselos como parte del “plan homicida”. Ese es el estilo de la prueba dibujada. En realidad se trata únicamente de un armado, una ofrenda a la coalición mediática-política con sede en la Casa Rosada. Y, de paso, un gesto hacia la derecha de Estados Unidos e Israel que sigue necesitando acusar a un comando iraní-venezolano-kirchnerista que nadie vio nunca. Por lo menos, el texto servirá para que algunos hagan tapas de diario e intenten esconder bajo la alfombra noticias de estos días como, por ejemplo, la multitudinaria Marcha Federal.

905 días después de Cristina

905 d.C. Máximo: "Macri no puede decir que no hay otra alternativa al tarifazo" Máximo Kirchner cerró el acto homenaje por los 50 años de la CGT de los Argentinos.

El diputado nacional Máximo Kirchner criticó al presidente Mauricio Macri por justificar su veto a la ley que frenaba los aumentos en tarifas diciendo que "no se sabía de dónde saldría la plata", cuando en verdad indicó: "Él se debería preguntar de dónde va a sacar la plata la gente para afrontar las tarifas y comer todos los días". "El presidente dice que me digan de donde van a sacar la plata y la plata está en el 25 o 30% de los 400 mil millones de pesos que se pagan de intereses por Lebac. Pero en verdad es al revés, él se debería preguntar de dónde va a sacar la gente la plata para afrontar las tarifas y comer todos los días. No se puede poner en el lugar de víctima", cuestionó Máximo Kirchner en el cierre del acto homenaje organizado por organizaciones sindicales, políticas y sociales a 50 años de la CGT de los Argentinos, realizado ayer en el Club Defensores de Moreno. En el En este sentido, agregó: "El presidente no le puede decir a su pueblo que no hay otra opción u otra alternativa. ¿Para qué votamos a un presidente entonces? Es mentira que no hay otra alternativa. (Macri) Tiene que darse cuenta que el tarifazo está llegando mucho más profundo de lo que le dicen", insistió. Para Máximo, el gobierno "quiere quebrarle la autoestima al pueblo diciéndole que no se merece las cosas, que no puede tener un celular, que no se pueden ir de vacaciones y ahora que los hijos de los humildes no merecen ir a las universidades". En este marco, se preguntó: "¿Qué es lo que quieren? Si no están para que el pueblo argentino viva mejor, ¿para qué están?". "¿Qué es lo que quieren? Si no están para que el pueblo argentino viva mejor, ¿para qué están?" Por otra parte, el legislador manifestó que "cualquiera que aspire a gobernar la Argentina a partir de 2019 tiene que tener una posición muy clara respecto del FMI" ya que indicó: "Si el FMI vuelve a ingresar a la Argentina no vamos a tener más presidentes y vamos a tener gerentes". En este punto, Máximo recordó la “alegría” de Néstor Kirchner cuando "le sacó la pata del FMI de la cabeza a todos los argentinos", al tiempo que aseguró que "Con el Fondo Monetario fuera del país, sí podemos tener un gran acuerdo nacional, porque si el FMI está afuera del país los números pueden cerrar con la gente adentro como debe ser". Finalmente, el diputado cuestionó la decisión del gobierno nacional de "tensionar con los trabajadores y los humildes porque cree que este pueblo no va hacer nada". En este sentido concluyó: "Están profundamente equivocados. Están llevando al límite la paciencia de la gente y la paciencia no es de goma".

904 días después de Cristina

904 d.C. Además volvió a criticar a los docentes Para Vidal sobran universidades públicas Aunque la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, negó tener aspiraciones presidenciales de cara a 2019, como si estuviera en campaña arremetió, por enésima vez, contra los docentes provinciales, caballito de batalla que le dio buenos réditos a Cambiemos en las últimas legislativas, y se preguntó si "¿Es justo que la mayor parte de los docentes vayan todos los días a enseñar y que una minoría se lleve 19 mil millones en licencias y abusos?" Pero no fue lo único que dijo. Durante un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel Sheraton, en su afán de criticar las "prioridades equivocadas" de la administración anterior también se preguntó si era justo "llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad". La reacción de las redes no se hizo esperar. Uno de los primeros tuiteros en repudiar sus afirmaciones fue el ex titular del INTI, Enrique Martínez, quien anticipó que la próxima frase de Vidal sería "¿para qué poner una zapatería en el interior de Formosa si la mayoría allí anda en patas?" En el mismo contexto, Vidal admitió que “es probable que la provincia todavía esté muy lejos de la provincia de la esperanza del 2015 y que el país esté muy lejos del país de la esperanza del 2015”. Más adelante la gobernadora criticó el proyecto de la oposición para retrotraer las tarifas del agua, la luz y el gas a noviembre del año pasado, que el Senado probablemente convierta hoy en ley, y afirmó que "no va a mejorar en nada la situación de los argentinos que no tienen los recursos para afrontarlas”. Advirtió, además, que “cuando el Presidente vete la ley, nada va a cambiar para los argentinos en ese esfuerzo enorme que tienen que hacer para pagar las tarifas", y anticipó que el veto llegaría “mañana o pasado”. Al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial, respondió que "Mauricio va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea". Por último dijo que ella había llegado a la provincia para "romper con la lógica de que el gobernador es candidato a presidente”.