977 días después de Cristina

977 d.C. Cristina ya está en Cdoro Py

Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del #Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI. Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa. Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri. Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública… Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas. Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país. A continuación, les dejo los escritos que presentaremos el día de hoy. Presentación. Litispendencia. Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, constituyendo domicilio en en Av. Santa Fe 1752, 2° “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria, vengo a deducir como excepción de previo pronunciamiento la de falta de acción por litispendencia. En consecuencia, previo trámite de ley, requiero que se remitan estos actuados al Juzgado Nº 10 del fuero, donde se encuentra radicada la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 2. Una vez que se encuentre resuelta la presente excepción, así como también los planteos articulados por mi defensa habré de dar una respuesta puntual a los cargos que se me efectúan, los cuales desde ya niego de manera terminante. 3. A efectos de contextualizar este planteo, en primer lugar habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015. Luego haré una breve referencia sobre el inicio y desarrollo de esta causa y, finalmente, expondré las razones que sustentan la excepción articulada. 4. En virtud de las cuestiones constitucionales que se encuentran involucradas en este caso y de su gravedad institucional, desde ya anticipo que, de ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II. La persecución judicial A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional. Aunque parezca mentira, se pretendió judicializar hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante los gobiernos que tuve el honor de presidir, el manejo acordado a las relaciones internacionales de la Argentina con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados, como establece la Constitución Nacional, por las leyes de presupuesto votadas anualmente por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria fuese eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha conectado a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los cuales, para infringirme un mayor daño, fueron imputados mis hijos y otros miembros cercanos de mi familia. Todo ello, bajo la cobertura de un gigantesco aparato de propaganda montado por los medios de comunicación hegemónicos cuyos intereses mezquinos habían sido puestos en riesgo a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera impulsada y sancionada durante mi administración. Un breve raconto de los procesos judiciales que fueron abiertos permitirá dimensionar la gravedad de cuanto vengo afirmando. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 presté declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. Como la aplicación de la ley y la búsqueda de la verdad nada tienen que ver con la tarea que se desarrolla V.S., en dicho expediente fui procesada, embargada y, entre otros abusos, fui obligada a viajar miles de kilómetros para cumplir diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en mi lugar de residencia en la ciudad de Río Gallegos. Luego, violentándose de manera grosera las pautas reglamentarias establecidas en materia de asignación de causas judiciales, en el mes de abril de 2016 se formó el expediente conocido públicamente como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). En rigor de verdad, se trataba nada más ni nada menos que de un caso mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este Juzgado hasta que su titular, como consecuencia de las barbaridades procesales perpetradas, fue separado de su conocimiento. Pese a los planteos efectuados, Bonadío logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a perpetrar los mismos ritos delictivos que caracterizan su actuación: ordenó allanamientos ilegales, permitió (por acción u omisión) que se robara documentación en el marco de tales registros domiciliarios para que la misma fuese entregada a una de mis denunciantes seriales, quien la utilizó para seguir iniciando expedientes ilegítimos en mi contra, convocó a decenas de personas (incluidos mis dos hijos) a prestar declaración indagatoria, intervino sociedades (entre las que se encontraban medios de comunicación críticos al actual gobierno), dictó procesamientos, trabó embargos millonarios e incluso ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de mi familia bajo la espuria y falsa fundamentación de que había querido violar una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico (la “intervención” de un condominio). Después de cometer todas estas graves arbitrariedades el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero, reconociendo en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas que jamás estuvo legitimado para intervenir en dicho proceso. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” fui procesada por Bonadío en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Esta última conducta se habría desarrollado durante los tres mandatos presidenciales y habría tenido como finalidad recibir dinero como ilegítima contraprestación por el otorgamiento de concesiones de obra pública. Tanto ha sido todo este disparate que incluso mi hija Florencia fue imputada como organizadora de la banda criminal, sin siquiera repararse que al inicio de la supuesta maniobra ella tenía tan solo doce años. Por otro lado, Bonadío, utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo inició una nueva investigación en mi contra, ahora por el delito de traición a la patria, llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadío dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida. En esta ocasión y con la clara y manifiesta intención de que no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires me había conferido como Senadora de la Nación, el 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de mi banca- V.S. pidió mi desafuero para proceder a mi detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que la suscripta carecía de fueros parlamentarios, V.S. nunca pidió mi detención pese a haberme procesado en dos oportunidades, una de ellas por el supuesto delito de asociación ilícita. Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado, emplazado así en la insólita posición de juez enemigo, lo cierto es que en otro Juzgado de este fuero también se desarrollaron otras investigaciones de similares características y que además resultan previas. En primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. En ella se investiga, una vez más, los supuestos vínculos delictivos entre los funcionarios del anterior gobierno y un grupo de empresarios a los cuales se les asignaron contratos de obra pública. Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Precisamente, en virtud de la nueva condición asignada al expediente Nº 15.734/2008 en el mes marzo del año 2016 la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014) fuera remitida al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. Por otro lado, también por razones de conexidad tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016 (expediente de la “Obra Pública”). Aquí fui procesada por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- la misma asociación ilícita que se me imputa en los otros expedientes. En síntesis, como puede apreciarse, desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015. III. La presente causa A partir del 1º de agosto del corriente año, los argentinos nos enteramos de la existencia de una nueva causa penal en la que eran detenidas decenas de personas y se realizaban una multiplicidad de allanamientos. Estas medidas, pese a haberse ordenado el secreto de las actuaciones, eran divulgadas en tiempo real por los medios de comunicación. Incluso, estos mismos medios difundían el momento preciso en que las personas eran capturadas, ilustrando las diligencias con videos y fotos cuyo origen no podía ser otro que el de las propias instituciones que intervenía en las diligencias. Todo ello se había iniciado, según nos contaron, a raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según se relata, Bacigalupo, en un “acto de patriotismo” se habría apropiado de los cuadernos y se los habría entregado a un periodista del diario La Nación, a saber, Diego Cabot, quien por lo que se informa y no fue desmentido tendría estrechas relaciones con la alianza gobernante. A este pasamanos inicial que habría tenido lugar en el mes de enero del corriente año se le sucedieron otros episodios no menos llamativos, a saber: a. Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe. b. Dos meses más tarde, ante el reclamo efectuado por Bacigalupo, Cabot le habría devuelto los cuadernos, habiendo obtenido previamente fotocopias del material. c. Después de haber devuelto los cuadernos originales y contando ahora sólo con sus fotocopias, Cabot tomó la decisión de informar el hecho a la justicia. Sin embargo, ello ocurrió de una manera bastante particular, ya que en lugar de presentar una denuncia como hace cualquier ciudadano se contactó, no sabemos bien cómo, con el fiscal Carlos Stornelli, quien se mostró extraordinariamente interesado en el caso, requiriéndole que el material sólo se lo dieran a él. d. El fiscal, ya con las fotocopias de los cuadernos en su poder, tampoco cumplió con el procedimiento legal correspondiente, a saber, hacer la denuncia para que se sorteara el juez competente que debía intervenir en el hecho. Por el contrario, en forma discrecional eligió a Bonadío bajo el pretexto de que ya existía una causa judicial que habilitaba su trabajo en común. e. Elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas. En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta. f. Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita. IV. Litispendencia 1. Sentado cuanto precede, surge con total evidencia que Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita, conducta por la que ya me encuentro perseguida en la causa Nº 15.734/2008, hoy denominada “causa madre” y procesada en las causas Nº 3732/2016 (“Los Sauces”) y Nº 5048/2016 (“Obra pública”). Además, sobre la misma asociación ilícita también se ha hecho mérito en la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), en la que estoy procesada por el delito de lavado de activos en concurso real con la figura prevista en el art. 210 del Código Penal. Así las cosas y sin perjuicio de los planteos efectuados por mi defensa, resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior. Concretamente, i) en la causa 15.734/2008 me encuentro imputada como jefa de una presunta asociación ilícita que conformara con el Dr. Néstor Carlos Kirchner, otros funcionarios del anterior gobierno y empresarios amigos, beneficiarios de concesiones estatales y contratos de obra pública; ii) en la causa Nº 3732/2016 fui procesada por ser la jefa de una presunta asociación ilícita desarrollada en el mismo período (años 2003 a 2015) y cuyo objeto sería apoderarse de dineros estatales junto con empresarios afines; iii) en la causa Nº 5048/2016 también fui procesada por ser la jefa de una supuesta asociación ilícita cuya actividad coincide en modo, tiempo y espacio con la que fuera definida en los expedientes anteriores. Ahora, en esta causa Nº 9608/2018 vuelvo a ser perseguida por la misma conducta, que se superpone con la imputación efectuada en los tres procesos anteriores. En síntesis, pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa. Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio. Para que se entienda, estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI. A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política. Si se repasa lo que he relatado en el capítulo anterior se comprenderá que “Hotesur”, “Dólar Futuro”, “Obra Pública”, “Los Sauces”, “Memorándum de Entendimiento con Irán” y ahora, “Obra Pública II” o la “Causa de los Cuadernos” componen una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos. 2. Por otro lado, como dato definitorio, debo recordar que la relación de litispendencia existente fue expresamente reconocida por el propio Bonadío en el marco de la causa “Los Sauces”. Concretamente, en la misma resolución en la que me procesó como jefa de la supuesta asociación ilícita se declaró incompetente para continuar al frente de la causa y ordenó su remisión al Juzgado Federal Nº 10. A tal efecto sostuvo lo siguiente: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Tal pronunciamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones del fuero y, en consecuencia, la causa “Los Sauces” fue remitida al Juzgado Nº 10. En definitiva, si Bonadío quiere perseguirme y hostigarme, al menos debería saber un poco de derecho o simplemente tener algo de memoria, cualidades que, por lo visto, no posee. 3. Por lo demás, seguramente el planteo aquí deducido será presentado ante la opinión pública por la prensa hegemónica como una estrategia para no declarar o bien para embarrar la cancha. Ello es absolutamente falso. En este sentido debo recordar que en el marco de la causa de “Obra Pública” (Expte. Nº 5048/2016) conexa a la “causa madre” (Expte. Nº 15.734/2008) desde hace más de dos años vengo requiriendo que se lleve a cabo una investigación integral de toda la inversión en obra pública que se desarrolló entre los años 2003 y 2015, pero no como se intentó hacer en ese proceso, tomando una única provincia y un único contratista, sino a todas las jurisdicciones y respecto de todas las empresas. Es más, si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, incluso la investigación debe alcanzar hasta el presente. En verdad, resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`. Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas. Además, también es imprescindible que se analice el manejo de la obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el PRO viene gobernando desde hace más de una década. En definitiva, lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda. V. Petitorio Por todo lo expuesto, solicito: 1. Se incorpore esta declaración en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria. 2. Se dé trámite a la excepción de litispendencia articulada. 3. Se haga lugar al planteo y, en consecuencia, se remita el proceso al Juzgado Federal Nº 10 para su acumulación a la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 4. Se tengan presentes las reservas efectuadas. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA. AGOSTO 13, 2018 Planteo de nulidad Planteo de nulidad. Presentación del Dr. Carlos Alberto Beraldi. Señor Juez: Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, en mi carácter de abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752, 2º piso “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en los términos previstos por el art. 166 y siguientes del ordenamiento de rito vengo a promover el presente planteo de nulidad. A mérito de los argumentos fácticos y jurídicos que serán desarrollados en esta presentación y en función de las pruebas requeridas en su capítulo V, desde ya solicito que se declare la invalidez de todo lo actuado en este proceso. 2. Asimismo, por los fundamentos que serán brindados peticiono que oportunamente se extraigan testimonios de las presentes actuaciones a efectos de investigar la posible comisión de los delitos que se habrían perpetrado en el marco del trámite de este expediente. 3. En virtud de la naturaleza de este planteo y de las consecuencias que habrán de desprenderse del mismo, a través de dos presentaciones independientes habré de requerir el inmediato apartamiento tanto del fiscal como del magistrado que intervienen en la causa. 4. A todo evento, en virtud de las garantías constitucionales vulneradas y la enorme gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II.- Aclaración preliminar Según enseña la más calificada doctrina, uno de los objetivos fundamentales de la investigación penal consiste en esclarecer la verdad de los hechos que son denunciados. Por tal razón, los deberes impuestos por la ley a los magistrados y funcionarios judiciales se dirigen, precisamente, a garantizar que la tarea de reconstrucción histórica sea llevada a cabo en base a los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, impidiéndose así que la misma quede a merced de cualquier tipo de especulación, manipulación o interés subalterno. Como se explicará en los siguientes apartados, el planteo que aquí introduzco no solo se dirige a colocar este proceso en un marco de legalidad -del que se ha visto privado desde su inicio- sino fundamentalmente busca que se lleve a cabo una verdadera investigación judicial sobre hechos que han tomado gran repercusión pública y que se vinculan con la posible comisión de graves delitos. Ahora bien, debo enfatizar que este segundo propósito perseguido por la parte que represento (la búsqueda de la verdad) no se originó a partir de esta nueva citación a prestar declaración indagatoria. Muy por el contrario, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ya en el año 2016 y en el marco de la causa Nº 5048/2016, públicamente conocida como el expediente de “Obra Pública” solicitó en reiteradas oportunidades que se investigaran todas las contrataciones que en materia de obra pública se llevaron a cabo entre los años 2003 y 2015. No sólo eso, la bancada de diputados del espacio político que lidera la ex Presidenta de la Nación presentó e impulsó un proyecto de ley por el cual se creaba una comisión bicameral de investigación de la obra pública realizada entre los años 2003 y 2015. Concretamente, mi representada, en su primera presentación en las actuaciones de referencia, señaló que para determinar o descartar una supuesta matriz de corrupción debía necesariamente investigarse toda la inversión que en materia de obra pública se había ejecutado durante el período aludido. Lamentablemente, hasta aquí tan elemental planteo no sólo no fue atendido, sin que se brindara para ello ninguna razón jurídica valedera, sino que además se rechazó el planteo en todas las instancias judiciales. Pareciera ser que sólo se quería investigar a una única y determinada empresa contratista y, también, en una única y determinada provincia. Por ende, resulta cuanto menos llamativo que, casi dos años después, se haya abierto súbitamente este nuevo proceso, en el cual se pretende abordar una investigación de iguales o similares características a la que fuera reclamada por mi parte. Empero, lo que deviene aún más desconcertante y sospechoso es que para llevar a cabo tal supuesta tarea se vuelva a recurrir por cuarta vez a la imputación de una presunta asociación ilícita que ya se encuentra investigada en tres expedientes judiciales en trámite por ante este fuero. Es más, uno de esos expedientes se inició en este mismo Juzgado y en la resolución en la que se dictó el procesamiento de mi defendida por el presunto delito de asociación ilícita, V.S. se declaró incompetente, remitiendo la causa al Juzgado Nº 10. A tal efecto brindó una extensa explicación, justificando las razones por las cuales no le correspondía seguir investigando ese delito, pronunciamiento que además fue, por si fuera poco, ratificado por la Cámara de Apelaciones. III.- El planteo de nulidad A. Antecedentes A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación mi representada ha sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante su gobierno, el manejo de las relaciones diplomáticas de nuestro país con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria sea eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha pretendido conectar a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los que también incluso se llegó a imputar a los hijos de mi representada y a otros miembros cercanos de su familia. Veamos. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 la Dra. Kirchner prestó declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. En este expediente fue procesada, embargada y, entre otras arbitrariedades, obligada a viajar miles de kilómetros en dos oportunidades para cumplimentar diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en su lugar de residencia en la ciudad de Rio Gallegos. También en el mismo mes de abril de 2016 y violentándose todas y cada una de las pautas establecidas en materia de asignación de causas, se formó el expediente conocido como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). Se trataba nada más ni nada menos que de un expediente mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este mismo Juzgado hasta que V.S., como consecuencia de las nulidades procesales acaecidas, fue separado del conocimiento de esa causa por la Cámara de Apelaciones. Pese a los planteos efectuados por las defensas, el titular de este Juzgado logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a realizar las mismas arbitrariedades que había cometido en la causa “Hotesur”: se ordenó una infinidad de allanamientos, se convocó a prestar declaración indagatoria a decenas de personas (incluidos los dos hijos y la sobrina de mi mandante), se intervino sociedades comerciales (varias de las cuales administran medios de comunicación que siguen una línea editorial crítica del actual gobierno), se dictaron procesamientos, embargos millonarios e incluso se ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de la familia Kirchner bajo la falsa fundamentación de que había violado una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico: la “intervención” de un condominio. Después de cometer todas estas arbitrariedades, el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” la Dra. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y también de asociación ilícita. Con relación a esta última figura, la conducta imputada quedó definida en los siguientes términos: “…haber conformado una organización, integrada por Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los Ángeles MERCADO, Lázaro Antonio BÁEZ, Martín BÁEZ, Leandro BÁEZ, Luciana BÁEZ, Cristóbal LÓPEZ, Fabián DE SOUSA, Osvaldo José SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Martín Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MARTÍN, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUEÑA, Norma Beatriz ABUIN, Víctor Alejandro MANZANARES, Alberto Óscar LEIVA y otras personas aún sin identificar, la cual comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de `Los Sauces S.A.` y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito”.- No puedo dejar de recordar que en la causa “Los Sauces”, Florencia Kirchner fue considerada como organizadora de la banda, sin repararse que al inicio de la supuesta maniobra delictiva ella tenía tan solo doce años. También, y utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo, el titular de este Juzgado inició una nueva investigación en contra de mi representada ahora por el delito de traición a la patria (Expte. Nº 14.305/2015) llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra exterior que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. También aquí se dispusieron múltiples detenciones, procesamientos infundados, embargos millonarios y prisiones preventivas. En esta ocasión, y con la clara y manifiesta intención de que mi representada no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le había conferido como Senadora de la Nación, el día 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de su banca- V.S. pidió su desafuero para proceder a su detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que mi representada carecía de fueros parlamentarios, V.S. jamás había pedido su detención, pese a haberla acusado en el marco de dos procesos de graves delitos (uno de ellos, el de asociación ilícita). Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado en la persecución desatada en contra de mi mandante, lo cierto es que en el Juzgado Nº 10 del fuero se desarrollaron otras investigaciones de similares características. En efecto, en primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. Según fue descripto en el requerimiento de instrucción formulado en esa causa, la asociación ilícita habría operado de la siguiente manera: “…se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios” (lo subrayado me pertenece). Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Dicha condición determinó que en marzo del año 2016 el expediente “Hotesur” (causa Nº 11.352/2014) fuera remitido al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. En este proceso mi representada ha sido procesada por el supuesto delito de lavado de activos en concurso real con el de asociación ilícita. Por otro lado, por razones de conexidad también tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016, a la que ya me refiriera (expediente de la “Obra Pública”). Aquí, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada en orden a los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- asociación ilícita. La imputación de este segundo delito quedó descripta de la siguiente manera: “Que se encuentra acreditado en autos en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada en el expediente, habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. En síntesis, como puede apreciarse, antes de que se iniciara el presente proceso ya existían tres expedientes por la misma imputación de asociación ilícita que se quiere investigar en estas actuaciones. Ergo, esta causa constituye el cuarto proceso en el cual mi defendida pasa a ser enjuiciada como presunta jefa de una misma organización criminal desarrollada mientras se desempeñó como Presidenta de la Nación entre los años 2007 y 2015. En resumen, el caso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner es un precedente que, a no dudarlo, resulta único en los anales de jurisprudencia de cualquier sociedad, no ya democrática, sino mínimamente civilizada. B. El caso Si bien las presentes actuaciones se encuentran al día de la fecha bajo secreto de sumario, la cobertura periodística brindada al proceso permite reconstruir su inicio y desarrollo. Veamos. 1. Según lo describió el periodista Diego Cabot en distintos artículos que fueron publicados en el diario La Nación, el 8 de enero de 2018 el nombrado habría tomado contacto por primera vez con las inscripciones que habría realizado el chofer Oscar Centeno en un anotador, seis cuadernos espiralados y un cuaderno azul de tapa dura, así como también con una serie de videos y algunas fotografías. El material en cuestión, según informó el periodista, se encontraba en una caja cerrada que habría sido entregada por el mismo Centeno meses antes a Jorge Bacigalupo con el encargo de que éste la mantuviera bajo reserva. No obstante ello, Bacigalupo se habría contactado con el periodista Cabot haciéndole entrega del material que tenía bajo su custodia, lo cual habría ocurrido en el domicilio del primero. A partir de aquí, siempre según el relato periodístico, Cabot habría convocado para el análisis del material recibido a dos alumnos de la Maestría en Periodismo de la Universidad Di Tella y La Nación, a saber, Candela Ini y Santiago Nasra. Ello, con el propósito de estructurar la información y volcarla en un informe periodístico. 2. Según explicó Cabot, el 8 de marzo Bacigalupo le reclamó la devolución del material que le había entregado. Ello así pues, Centeno, quien ignoraba por completo que la caja había sido abierta y su material entregado a terceros, exigía la devolución del mismo. Aparentemente a través de engaños, Bacigalupo dilató la devolución del material a Centeno, lo cual recién habría ocurrido el día 21 de marzo. Así lo relató Cabot, quien explicó que previo a devolver los papeles a Bacigalupo fotocopió y digitalizó sus originales. Luego, Bacigalupo se los habría devuelto a Centeno, quien no habría disimulado su disgusto al advertir que la caja en cuestión había sido abierta, retirándose de la casa del depositario infiel luego de haber discutido con éste. 3. El 26 de marzo, Cabot se habría reunido en un bar del barrio de Palermo con el fiscal Carlos Stornelli, a quien le habría relatado el trabajo que venía desarrollando. Luego, el 3 de abril el periodista habría visitado al fiscal en su casa para hablar más tranquilo y exhibirle lo que tenía. Ante un pedido del fiscal, el 10 de abril Cabot habría concurrido a la fiscalía del Dr. Stornelli, en la cual habría prestado declaración y entregado las copias que obraban en su poder, así como también una base de datos y la digitalización de todo el material. 4. Aparentemente, la declaración del periodista y el material recibido fueron incorporados a un legajo de investigación que tramitaba en el marco de la causa Nº 10.456/2014, públicamente conocido como el expediente de “gas licuado”. Luego, el 12 de junio del año en curso se habría ordenado la formación de un nuevo proceso con el material reunido, que fue registrado bajo el Nº 9608/2018. El expediente en cuestión quedó a cargo del mismo juez y del fiscal sin haberse realizado en este caso el sorteo de práctica. Esta información se desprende de los considerandos de la resolución dictada el 6 de agosto con motivo del planteo de recusación formulado por la defensa de Oscar Isidro José Parrili. Concretamente, se transcribió en dicha resolución lo que se habría consignado en el “Legajo de Investigación Nº 62” de la causa Nº 10.456/2014, ya mencionada, a saber: “`Desprendiéndose de las presentes actuaciones la presunta comisión de diferentes ilícitos que excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014, aunque participarían de los mismos por lo menos tres de las personas imputadas en dicha causa por lo que guardaría algunos puntos de conexión, es que corresponde ordenar la formación de una nueva causa en el incidente nº 62 (que consta de diez cuerpos de 2098 fojas), registrándose en el sistema informático de la C.S.J.N., ello con la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación y a la vez, no entorpecer el avance de las actuaciones registradas bajo el Nº 10.456/14, en las que existen personas indagadas y con auto de falta de mérito dictado por la Alzada` (fs. 2099 del principal)” (me pertenece lo subrayado). 5. Finalmente, Cabot relató en sus artículos periodísticos otras circunstancias relevantes, a saber: – El 19 de julio, a las 12, uno de los investigadores judiciales me llamó. Había una reunión urgente. Entré al edificio donde funcionan los juzgados federales en plena feria y de tarde. Éramos un puñado y el pedido que me hicieron fue concreto: si declaraba mi fuente, quien me entregó los cuadernos originales, los movimientos serían inmediatos. – Me tienen que dar tiempo para hablar, les dije. Me contestaron que nada pasaría la semana siguiente, pero que me iban a avisar después de que termine la feria judicial. – El plan era que yo lo contacte poco antes de que fuera arrestado Centeno, como para no permitir “que alguien toque la campana”, según me dijo uno de los investigadores. – El lunes 30 de julio recibí un llamado. “Avanzá lo antes que puedas”, me dijeron. Esa misma tarde, me comunique y quedamos en vernos el martes a las 8. Llegué 10 minutos tarde y Jorge Bacigalupo ya se había tomado un café en un barcito de avenida Lacroze casi Cabildo. A poco de hablar, aceptó. “Vengan a casa, los espero con café y medialunas”. – A las 14, Stornelli ya me esperaba abajo del domicilio cuando llegué. Subimos a su departamento. Nos sentamos en una mesa redonda los tres. Esta vez, la perra hizo migas con el fiscal. “Jorge, necesitamos que declare. Sería un gran aporte a la causa”, le dijo. – No anduvo con rodeos Bacigalupo. En ese momento, no bien tomó la decisión de testificar, Stornelli lo interrumpió: “Le tengo que informar que Centeno acaba de ser detenido”. – El fiscal no podía disimular la ansiedad de que prefería la inmediatez. Siguió la conversación sobre historias incomprobables y de pronto Stornelli, viejo zorro judicial, lo cortó. “Jorge, vamos ahora y de paso seguimos la charla”. Subieron al auto de la custodia y lo que vino después es la declaración que el testigo relató anteayer en LN+. 6. Descripto así el comienzo de la investigación, aparentemente se sucedieron los siguientes hechos: Tras la detención de Centeno, éste fue conducido al despacho del juez y, pese a encontrarse presente su abogado de confianza, no se le habría permitido al letrado reunirse con su cliente. Por lo visto, en esta circunstancia Centeno habría tomado la decisión de ser incorporado al programa previsto en la ley 27.304, así como también la de ser asistido a partir de aquí por el Defensor Oficial. De tal manera, ahora en el carácter de arrepentido, Centeno habría reconocido la autoría de los cuadernos en cuestión. Vale la pena destacar que, en rigor de verdad, lo que el imputado reconoció fueron simples fotocopias de tales instrumentos, pues los originales, tras meses de “investigación”, no habían sido aún buscados ni por V.S. ni por el fiscal. Ello derivó en que el fiscal, acompañado por el imputado, se trasladara hacia distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires en los que, según Centeno, podrían hallarse los cuadernos originales. Tal información era falsa, razón por la cual el arrepentido Centeno volvió a arrepentirse de su anterior versión, reconociendo ahora que los cuadernos ya no existían, porque él mismo los habría quemado. 7. Además de la detención de Centeno se dispuso la misma medida con relación a una serie de ex funcionarios y empresarios cuyos nombres aparecían en las fotocopias de los ya famosos cuadernos. En este punto, resulta insoslayable señalar los distintos criterios para la detención de empresarios que fueron utilizados. En algunos casos se detuvo a los presidentes de las empresas, en otros a los segundos en importancia jerárquica y en otros no hubo detenidos. La imputación efectuada en contra de todas estas personas consistiría en “integrar una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios de 2008 hasta noviembre de 2015 dirigida a organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse indebidamente y utilizar parte del dinero en la comisión de otros delitos”. Nuevamente se adjudicó a los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner el rol jefes de la presunta asociación ilícita. 8. Finalmente, debo mencionar que las personas que fueron sindicadas bajo la categoría de supuestos aportantes de fondos a la asociación ilícita recibieron un tratamiento procesal diferenciado: los que negaron formar parte de esta asociación o se abstuvieron de declarar quedaron detenidos; los que aparentemente negociaron con el fiscal y se arrepintieron (no queda claro de qué) recuperaron la libertad o, directamente, nunca fueron privados de la misma. Una mención particular merece el caso de Ángelo Calcaterra, primo del Ing. Mauricio Macri y ex dueño de empresas de la familia del Presidente de la Nación, quien se presentó voluntariamente en la sede del Juzgado el lunes 6 de agosto; supuestamente efectuó un relato como arrepentido y regresó a su domicilio sin mayores consecuencias. Tal declaración habría justificado que Sánchez Caballero, ex CEO de las empresas de la familia Macri, también fuera inmediatamente excarcelado. Aparentemente, según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con el Dr. Daniel Angelici –presidente del club Boca Juniors-, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión. C. Los motivos de la nulidad A mérito de los hechos descriptos en el punto anterior, saltan a la vista las graves irregularidades que habrían tenido lugar en el marco de este singular proceso, a saber: 1. Origen ilícito de la causa. a. Tal como lo dispone el art. 18 de la Constitución Nacional, los papeles privados resultan inviolables. Ello es una lógica derivación del derecho a la privacidad que surge del art. 19 de la Ley Fundamental. En línea con lo expuesto, el Capítulo III del Título V del Libro Segundo del Código Penal sanciona la violación de secretos. Concretamente, se trata de proteger aquella manifestación de la libertad individual prohibiendo la intromisión de terceros en la intimidad del sujeto pasivo o la comunicación de sus secretos a otros por parte de quienes -si bien tienen derecho a conocerlos o los han conocido lícitamente-, carecen del derecho de comunicarlos, ya sea porque efectivamente violan la esfera de reserva o porque crean peligro para ella (cfr. Creus, Carlos, “Derecho penal. Parte Especial”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983, Tº 1, pág. 352). De manera particular, el art. 153 del Código Penal reprime la conducta de quien se apoderare indebidamente de papeles privados, agravándose la conducta en caso de que el culpable comunicare a otro o publicare el contenido del referido material. b. Si los hechos que fueron relatados por Bacigalupo y Cabot resultan ciertos, claramente estamos en presencia de una acción ilícita que contamina el origen de este proceso. En efecto, el relato brindado por los nombrados es conteste en señalar que Centeno habría entregado una caja cerrada a Bacigalupo para que éste la mantuviera bajo resguardo. De tal manera, éste último asumía la condición de depositario, debiendo observar los deberes jurídicos a su cargo. Precisamente, incumpliendo con dichas obligaciones, Bacigalupo no solo habría abierto indebidamente la caja que debía resguardar, sino además le habría entregado el supuesto contenido de la misma a un periodista para que éste lo publicara. A esta altura, y siempre de acuerdo a los relatos publicados, los ya famosos “cuadernos” sólo habrían sido vistos por el Sargento retirado de la Policía Federal Bacigalupo y el periodista de La Nación Diego Cabot. La acción desarrollada por el depositario infiel fue llevada a cabo de manera intencional, toda vez que aquél no solo la ejecutó sin la autorización de Centeno, sino además le ocultó deliberadamente la maniobra, tal como él mismo lo reconoció. Además, Bacigalupo era consciente del riesgo al cual dejaría expuesto a Centeno, quien finalmente terminó siendo detenido en el marco de este proceso. c. Así las cosas, tal como lo afirma una pacífica jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, deviene inadmisible que se pretenda tomar como prueba un elemento que surge de un acto ilícito. Como ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Charles Hermanos”, “…auténticos o falsos dichos documentos, no pueden servir de base al procedimiento ni al juicio: si lo primero, porque siendo el resultado de una sustracción y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito o una pesquisa desautorizada y contraria a derecho, la ley, en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declara inadmisibles; si lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mérito alguno” (CSJN, Fallos 46:36). Por ende, corresponde declarar la invalidez de la prueba recogida y de los demás actos procesales que surgen como consecuencia directa e inmediata del acto inválido (art. 172, CPPN). 2. El fórum shopping a. Otra de las garantías básicas que hacen al debido proceso legal determina que el juez que interviene en un proceso debe revestir la condición de imparcial o, al menos, encontrarse fuera de cualquier situación que conduzca a un temor objetivo de parcialidad. Tal ha sido invariablemente el estándar fijado por los tribunales nacionales y los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos (conf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos; “Delcourt vs. Bélgica”, 17/1/1970, serie A, n° 11, párr. 31 y “De Cubber vs. Bélgica”, 26/10/1984, serie A, n° 86, párr. 24). En el caso de los representantes del Ministerio Público Fiscal, si bien la nota de imparcialidad no les resulta propia, la ley que gobierna su actuación determina expresamente que deben actuar de manera objetiva, hasta tal punto que en caso de no ajustarse a esa directiva deben inhibirse o pueden ser recusados por las partes (art. 9, ley 27.148 y art. 71, CPPN). En definitiva, se trata nada más ni nada menos que de garantizar que los órganos estatales encargados de perseguir y juzgar posibles delitos ejerzan los enormes poderes conferidos de manera legítima, sin abusar de ellos y fuera de toda sospecha. b. Precisamente, una de las formas de asegurar la garantía referida en el punto anterior consiste en observar estrictamente las reglas que han sido fijadas en materia de asignación de causas. Ellas determinan invariablemente que ni los jueces ni los fiscales pueden asumir intervención en un caso de manera discrecional. En este sentido, en el art. 6 de la acordada 37/2012 del 06/12/12 que regula el “Sistema de adjudicación de causas para el fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal”, dispone lo siguiente: “A los Juzgados que se hallaren en turno con Cámara se les asignarán mediante el sorteo correspondiente: (…) Inciso 2º: Denuncias recibidas directamente por los Jueces o los Agentes Fiscales, o testimonios que fueron extraídos a fin de que se investigue la eventual comisión de delitos advertidos en el marco de otras causas, que deben ser remitidos a la Mesa de Entradas de la Secretaría General del Tribunal al efecto que regula este artículo”. Ahora bien, tal como se relató anteriormente, por lo visto la directiva transcripta fue deliberadamente incumplida. En efecto, una vez obtenida la información y los papeles aportados por Cabot, ellos fueron incorporados sin mayores explicaciones en un legajo de investigación formado en el marco de la causa Nº 10.456/2014. Luego, como la nueva pesquisa desbordaba de manera manifiesta el objeto procesal de la primigenia causa, se resolvió formar un nuevo expediente el cual, sin sorteo alguno, quedó discrecionalmente radicado ante este mismo Juzgado. Según los considerandos de una resolución dictada por este Juzgado (publicada en el CIJ) se habría omitido realizar el sorteo de práctica en virtud de que existiría un supuesto de conexidad -aparentemente subjetivo- entre la nueva investigación de asociación ilícita y el delito que se persigue en la causa del “gas licuado”. c. Es más que evidente que, en base a los antecedentes expuestos, tal fundamentación resulta insostenible. Veamos. En primer lugar, como se reconoce en la mentada resolución, los presuntos delitos advertidos “excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014”. Es más, en dicho decisorio se refirió expresamente que la formación del nuevo expediente tiene “la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación”. En segundo término, el argumento de la conexidad subjetiva carece de la más mínima consistencia, máxime si éste se postula respecto de personas que tienen abiertas muchas otras investigaciones ante este mismo fuero, además, siempre por delitos vinculados al ejercicio de la función pública. Sin embargo, la cuestión que resulta definitoria para advertir la falacia de esta decisión reside, precisamente, en el objeto procesal que se ha fijado para la nueva investigación en la cual se describe por cuarta vez, y en relación a mi representada, la conducta de una supuesta asociación ilícita. Como ya se explicó, la misma hipótesis fáctica de asociación ilícita es objeto de pesquisa en otros sumarios (no en uno, sino tres), que son de conocimiento público y no pueden ser ignorados ni por el fiscal y, mucho menos aún, por el juez actuante. En efecto, V.S. instruyó la causa “Los Sauces” y ya dictó en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner un procesamiento en orden al delito de asociación ilícita que ahora, una vez más, vuelve a “investigar” en este sumario, recurriendo nuevamente a la técnica del expediente mellizo. Por si todo ello no bastara y como también ya se explicó, el magistrado en aquella causa se declaró incompetente para investigar esta supuesta maniobra delictiva, en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Por otra parte, el fiscal Stornelli también tomó intervención en la causa “Hotesur” y, por ende, tampoco puede desconocer que ese expediente fue remitido por conexidad al Juzgado Nº 10 del fuero, en el marco de la causa por asociación ilícita a la que ahora se denomina “causa madre”. d. En definitiva, es claro que estamos ante la presencia de un caso de “fórum shopping” que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural (art. 18, CN), así como también a las pautas que deben regir la actuación del Ministerio Público Fiscal (art. 120, ídem). Como enseña la más calificada doctrina, “son imaginables […] formas no disimuladas de creación de un tribunal ad hoc, inclusive por la misma autoridad del poder judicial, como cuando la integración del tribunal depende de la orden de funcionarios determinados o cuando, siguiendo, en principio, un método aleatorio, ese método puede ser o es modificado por una decisión particular” (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires 2004, 2ª edición, 3ª reimpresión, Pág. 766). Precisamente, en este caso, el método aleatorio establecido en la Acordada 37/2012 de la Cámara del fuero (art. 6) fue deliberadamente eludido, sin fundamento alguno. Ello determina una nueva nulidad absoluta que fulmina la validez de todo lo actuado (art. 167 del CPPN). Sostener lo contrario conduciría a que se sigan cometiendo mayores abusos, abriéndose, respecto a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, todos los procesos judiciales que puedan ser imaginados, tomándose siempre como base la misma imputación de asociación ilícita. 3. Otras graves violaciones al debido proceso legal. A partir de los hechos informados surge con total evidencia que la utilización de la “Ley del arrepentido” (ley Nº 27.304), en lugar de perseguir el esclarecimiento y la sanción de graves delitos, paradójicamente, habría resultado ser un instrumento eficaz para lo contrario. Veamos. a. El primer imputado ingresado al programa previsto por la ley Nº 27.304 fue el nombrado Centeno. Las circunstancias que rodearon a este acuerdo serían las siguientes: – Primero se habría desplazado a su abogado de confianza, Dr. Carlos Frontini, sin que resulte claro quién tomó esta decisión; esto es, si fue el propio imputado o si fue por voluntad del juez y/o del fiscal. – Luego, se habría mantenido a Centeno sin asistencia letrada dentro del Juzgado por un espacio de casi una hora, oportunidad en la cual habría sido persuadido de arrepentirse. Por lo visto, ello resultó eficaz y se logró que esta persona reconociera como propias las anotaciones obrantes en las fotocopias que le fueron exhibidas. b. Con relación a las demás personas que fueron detenidas con motivo del procedimiento inicial, su incorporación al sistema de la “Ley del arrepentido” resultaría también irregular. En efecto, tales imputados habrían sido colocados ante la disyuntiva de tener que corroborar los datos que aparecían en las fotocopias incorporadas al legajo y así recuperar su libertad o, de lo contrario, deberían permanecer detenidos hasta que cambiaran de postura. Tal procedimiento infringe una de las garantías esenciales que hacen al debido proceso legal, conocida como la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Como señala Maier, “para que las manifestaciones del imputado representen la realización práctica del derecho a ser oído, como parte integrante del derecho a la defensa, la Constitución Nacional ha prohibido toda forma de coerción que elimine la voluntad del imputado o restrinja la libertad de decidir acerca de lo que le conviene o quiere expresar. Esta es la verdadera ubicación sistemática de la regla que prevé que ‘Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo’ y suprime para siempre ‘toda especie de tormento’ (CN, 18), constituyendo al imputado, como órgano eventual de información o transmisión de conocimiento, en un sujeto incoercible del procedimiento” (conf. “Derecho Procesal Penal Argentino”, Ed. Hammurabi, Tº 1, Vol. b, Fundamentos, Bs. As. 1989, pág. 330). c. Una mención particular merece la situación de Ángelo Calcaterra. Concretamente, distintas fuentes periodísticas han dado cuenta, como ya se explicó, de los pormenores que habrían rodeado su incorporación al programa previsto en la ley 27.304. Ello resulta así pues, además de la particular interpretación acordada a la figura del arrepentido, se le sumaría ahora una indebida interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en el trámite de este proceso. La gravedad de los hechos anoticiados requiere que se lleve a cabo una minuciosa investigación en este sentido, ya que podríamos estar en presencia de delitos de acción pública. IV.- Conclusión Como se ha explicado, desde hace más de dos años y medio, mi representada viene siendo sometida a una múltiple persecución. Pese a tal injusta situación, la nombrada en todo momento se ha mantenido a derecho, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones procesales que le fueran impuestas, incluso aquellas que han revestido un carácter claramente abusivo en su contra. Ahora, en el marco de este expediente, iniciado de una manera claramente irregular, se pretende volver a perseguirla por la misma conducta que ya es materia de investigación en otros tres procesos que tramitan por ante este fuero, esto es, la supuesta asociación ilícita que se habría conformado en el seno de los gobiernos nacionales que se extendieran desde el año 2003 hasta el año 2015. A ello se suma que el nuevo proceso quedó radicado ante este Juzgado sin que se llevara a cabo el sorteo previsto en el reglamento de asignación de causas, dando lugar a un inequívoco caso de fórum shopping. Las enormes expectativas que se han originado a partir de la amplia difusión que han tenido estas actuaciones exigen extremar todos los recaudos para que su trámite se ajuste a las pautas constitucionales y legales vigentes. Ya han existido en la justicia federal investigaciones que se iniciaron de una manera impactante y que, en la etapa del juicio oral, terminaron siendo un papelón mayúsculo. Por ende, resulta imprescindible que en esta misma instancia se meritúe la validez de todo lo actuado, se lleven a cabo las correcciones procesales pertinentes y se conduzca una investigación seria, objetiva e imparcial, a efectos de esclarecer los hechos denunciados; precisamente, lo mismo que mi asistida viene reclamando desde hace dos años. V. Prueba A efectos de acreditar los extremos fácticos relatados solicito que se practiquen las siguientes diligencias: 1. Se incorpore como prueba documental los recortes periodísticos que se acompañan a esta presentación. 2. Se libre oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 a efectos de que remita copia certificada del Legajo Nº 13 formado en la causa Nº 5048/2016, con motivo de la solicitud de readecuación de objeto procesal de dicho expediente. 3. Se cite a prestar declaración testimonial a todos los periodistas que suscriben las notas acompañadas como Anexo I. 4. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Norberto Frontini a efectos de que deponga en relación a la asistencia profesional que brindara a Oscar Centeno, en particular, el día en que fuera detenido en el marco de este proceso. 5. Se invite a prestar declaración a Oscar Centeno a efectos de que, de ser su voluntad, exponga las condiciones en las que fue incorporado al programa previsto en la ley 27.304. 6. Se invite a prestar declaración a los imputados que permanecen detenidos en autos y que no se han incorporado al programa referido. Ello, a efectos de que, de ser su voluntad, expongan las circunstancias del caso. En cuanto a las declaraciones indicadas en los últimos dos puntos, mi parte habrá de sugerir que se formulen una serie de preguntas sobre los hechos en cuestión, aportando oportunamente los pliegos correspondientes. 7. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Daniel Angelici a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Ángelo Calcaterra al programa previsto en la ley 27.304. 8. Se cite a prestar declaración testimonial al Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, a los mismos fines indicados en el punto precedente. 9. Se libre oficio a la Policía Federal Argentina a efectos de que se obtengan los registros fílmicos de ingreso y egreso, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita identificar las personas que visitaron desde el 8 de enero del corriente año hasta el día de la fecha, los siguientes lugares: i) la residencia de Olivos, sita en Av. Maipú 2100, Olivos, provincia de Buenos Aires; ii) la sede del Poder Ejecutivo de la Nación (casa rosada) sita en Balcarce 50, Capital Federal; iii) la sede de la Agencia Federal de Inteligencia, sita en 25 de mayo 11, Capital Federal; iv) la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sita en Sarmiento 329, Capital Federal. A todo evento, mi parte se reserva el derecho de ampliar las diligencias de prueba requeridas. VI.- Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1. Se tenga por efectuado en tiempo y forma este planteo de nulidad. 2. Se corra vista a todas las partes interesadas. 3. Se practiquen las diligencias probatorias propuestas. 4. Se haga lugar a este planteo y, en consecuencia, se adopten las medidas procesales reclamadas. 5. A todo evento, se tengan presentes las reservas efectuadas. Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.

976 días después de Cristina

976 d.C. Las páginas no escritas de los cuadernos La ex presidenta presentará un escrito denunciando la persecución que sufre desde hace más de dos años y no responderá preguntas. Cómo sigue la causa, los puntos oscuros, la puerta giratoria de Comodoro Py y las pruebas que faltan. Por Irina Hauser y Raúl Kollmann La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará esta hoy frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó PáginaI12, entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública –ya lo planteó reiteradamente– para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, no lo saluda “ni por escrito”. La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados en el caso, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos –siempre que llama a indagatoria, procesa– y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque del PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que existan un juicio y una condena, pero habrá nuevas presiones, porque en el trasfondo está la idea de sacar a CFK de la carrera electoral. Puerta giratoria Resulta curioso que los comunicadores que se pasan horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de distintos delitos ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó la última semana con el uso de la alegoría de la sortija –el fiscal Stornelli conminó a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas–. “Esto es muy grave –dijo Fernández–. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija. ¡Estamos hablando de justicia!” Club Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaban quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron. Lo que llama la atención es que con ese “arrepentimiento” Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente, confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al Estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del Estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita. Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que se utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda. Se supone que Wagner confesó la existencia del club del fraude en la obra pública; nadie pidió ninguna prueba sobre las obras en que se concretó ese fraude y, con eso, le extendieron al empresario el pasaporte a casa. Orígenes La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación: él se juntó con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum-shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un centro comercial. Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con los originales, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle. Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín, que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable. O sea que la causa fue iniciada de forma irregular, con un grosero forum-shopping, sobre la base de fotocopias de cuadernos desaparecidos, de un chofer que fue declarado inimputable por la Justicia. Aún así no deja de ser un indicio. De primera A partir de ese inicio irregular de la causa, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del Grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora. Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3 de Techint, la empresa más grande del país. El involucramiento de Techint fue escondido por La Nación y el juzgado durante varios días. Zabaleta declaró que le dio dinero a Baratta, pero por orden del 2 de Techint, Luis Benatza. A Benatza no lo fueron a buscar a las 6 de la mañana como a otros empresarios ni ordenaron su inmediata detención, como a Gerardo Ferreyra, Juan Carlos Lascurain y otros. Pero, además, tampoco se entiende cómo no fue preso el dueño, Paolo Rocca. Nadie saca centenares de miles de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. Esto demuestra cómo se maneja la causa. Siempre en sintonía con la Casa Rosada y el establishment. Funcionarios Como siempre sostuvo este diario, los cuadernos no son una prueba, sino un indicio. Al decir de Raúl Zaffaroni, si en un cuaderno o fotocopia dice que en un jardín hay un muerto enterrado, hay que encontrar el cadáver. Por ahora hay testimonios que respaldan, pero a kilómetros de distancia de lo que figura en los textos de Centeno. Por ejemplo, este diario ya consignó que el chofer dice que Iecsa pagó 11.300.000 dólares y Iecsa afirma que aportó menos de 200.000 dólares y que fue para la campaña electoral. A casi dos semanas de lanzada la causa de los cuadernos, la declaración más trascendente es la de Wagner. Dice que le entregaban el 10 por ciento de cada obra a De Vido y su equipo. Se trata de cifras inconmensurables que, al menos por ahora, no aparecen por ningún lado. El total de la obra pública que manejó Planificación fue de más de 100 mil millones de dólares, es decir que el 10 por ciento son más de 10 mil millones de dólares. Ni a De Vido ni a Baratta ni a Néstor ni a Cristina Kirchner les encontraron cuentas, sociedades, bóvedas ni nada por el estilo. Y eso que este Gobierno contó con la inestimable ayuda de Paul Singer y los fondos buitres buscando en el mundo entero. Son ellos los que le encontraron unos 30 millones de dólares a Lázaro Báez en cuentas en Suiza. En Brasil, en la operación Lava Jato, se bloquearon 611 millones de dólares en 800 cuentas sólo en Suiza. De ese total, ya regresaron a Brasil 183 millones de dólares. El ministerio público calcula que todavía tienen por bloquear diez veces lo descubierto. Al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral le encontraron 120 millones de dólares en cuentas en el exterior. Como ya se ha dicho, a Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados, 5 millones en Suiza, a Geddel Vieira Lima, hombre de confianza del presidente Michel Temer, lo descubrieron con 14 millones de dólares en la casa. Por ahora, en manos de funcionarios, lo único que apareció en la Argentina son los 9 millones de dólares de José López. Un detalle adicional: parece poco creíble que el club de la obra pública se haya fundado en 2003. Siempre se habló de la existencia de esa cartelización, así como la del cemento y la del acero. O sea que esa confesión de que estafaron a la sociedad debería investigarse hacia atrás, incluyendo al clan Macri, uno de los campeones del enriquecimiento en base a contrataciones con el Estado. Es más, fue a los megaempresarios y al Grupo Macri que se les encontraron sociedades en Panamá Papers, en Paradise Papers y blanqueos irregulares en 2017. Campaña El otro indicio que apareció con los cuadernos fue el de los fondos de campaña. La mayoría de los empresarios llegaron con el discurso armadito de que sí entregaron dinero, pero que no fueron coimas sino aportes para la campaña electoral. Por algo tienen buenos abogados. En este punto llegó la confesión del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina que, por supuesto, también durmió en su cama sin problemas. Es una confesión curiosa: recibió el dinero sin preguntar demasiado, nunca imaginó que venía de ningún apriete y lo único que hizo fue dárselo, así como venía, al histórico operador del peronismo Juan Carlos Mazzón. El hombre no está para declarar porque falleció en agosto de 2015. Sea como fuere, llama la atención que los grandes medios, que ignoraban los aportes truchos a las campañas electorales de Cambiemos, aprovechándose de quienes cobran planes sociales, ahora se escandalicen con el supuesto apriete a los grandes empresarios en los aportes a las campañas electorales del kirchnerismo. Una ironía marcada en las redes sociales destacó: “Según la justicia, los millonarios aportaron a la campaña del kirchnerismo y los pobres a la campaña de Cambiemos. ¿Qué es lo que no se entiende?”. Lo que corresponde es investigar y avanzar hacia la verdad. Pruebas Desde hace dos años y medio, CFK y su abogado, Carlos Beraldi, vienen insistiendo con una consigna: hagan una auditoría de la obra pública. Que se estudie si hubo sobreprecios y maniobras. En lo hecho por Vialidad en Santa Cruz se concluyó que el desvío era apenas del 0,1 por ciento. Y se hizo una alharaca enorme, al punto de que la causa madre contra la ex presidenta es por aquella auditoría, en una provincia, y sin que hayan sido imputados ni los gobernadores. También De Vido, defendido por Maximiliano Rusconi, pidió que declaren los policías federales que durante doce años fueron la sombra del ex ministro porque ejercían su custodia y lo acompañaban a todos lados. Y, lo fundamental: si hubo semejante desfalco como el que confesó Wagner, el dinero debería estar en algún lado. Son demasiados millones, que con el establishment del mundo peleando contra “el populismo”, tendrían que aparecer. Por ahora hay indicios, muchas maniobras político-mediáticas, jugarretas espurias y extorsiones, pero la prueba es escasa.

975 días después de Cristina

975 d.C. El ex secretario de Obras Públicas hizo un relato confuso y contradictorio sobre el origen del dinero La versión de López sobre los bolsos El ex funcionario quiso desvincular a su esposa, dijo que los dólares no son suyos, pero no identificó a los responsables. Por Raúl Kollmann y Irina Hauser El ex secretario de Obras Públicas José López sorprendió ayer en el juicio por enriquecimiento ilícito relatando, sin credibilidad alguna, la historia del origen de los nueve millones de dólares con los que lo agarraron en el convento de General Rodríguez. López reiteró que la plata no era suya sino “de la política”; de “personas cuya identidad no puedo revelar, algunas de las cuales ni yo conozco”. Su versión contrasta con los hechos. López dice que él no tenía la plata sino que aquella noche, el 14 de junio de 2016, vinieron tres personas, una en moto y dos en un auto, que trajeron los dólares. Esas tres personas lo escoltaron hasta el convento. En la cuidadosa investigación que hicieron el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado acumularon filmaciones del auto en el que iba López y no se ve ninguna moto ni un auto escoltando o siguiéndolo. Además, en la causa, el propio López quiso desvincular a su ex esposa y en ese marco explicó dónde tenía guardado el dinero en la casa de Río Luján, Tigre. O sea que él mismo confesó que los dólares los tenía él. López le había pedido al Tribunal Oral Federal número 1 que le otorgue entre una y dos horas para hablar. De hecho, iba a ser la primera vez que se iba a referir a lo ocurrido con la plata y el convento. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basilico le otorgaron el tiempo correspondiente y el ex funcionario sólo aceptó las preguntas de su defensora oficial Pamela Biserier, aunque después se cansó y también la cortó a ella. El relato de López no resiste el menor análisis ni un contraste con las pruebas del expediente. Sostuvo que el dinero no era de él, que nunca se enriqueció y que los nueve millones de dólares los trajeron personas que le ordenaron llevarlas la convento. Esas personas lo escoltaron en una moto y en un auto y lo vigilaron todo el tiempo. La versión se contradice, por ejemplo, con un hecho clave. La Policía Federal allanó su casa en Río Luján y no pudo encontrar el lugar en donde tuvo escondido el dinero. Sin embargo, López quiso despegar de todo a su ex esposa y entonces confesó dónde había estado el dinero. Había que subir con una escalera precaria hasta la plata superior, abrir una ventana que no era una ventana, sino una puerta, colocar la escalera subida desde abajo, salir al techo, rodear el tanque de agua, abrir una pequeña habitación oculta y levantar un falso piso. Todo eso le permitió a Rafecas-Delgado descubrir dónde se habían escondido los dólares. Los billetes, además, tenían la humedad del tanque de agua. El fiscal Delgado reconstruyó todo el recorrido de López aquella noche, desde Tigre a General Rodríguez. Encontró imágenes de rotondas, de autopistas y nunca se vio a la Meriva con alguna moto atrás o con un auto siguiéndola. Además, era sencillo verificar porque se trató de una madrugada. Tampoco en las inmediaciones del convento se lo vió con moto o auto de escolta. La propia filmación lo exhibe actuando sin mirar para ningún lado, sin hostigamiento. Es más, la valija Samsonite con la mayor parte del dinero quedó afuera del convento, en la calle, dentro del vehículo durante 40 minutos, sin que el vecino Jesús se percatara de una moto o un auto vigilando o en las inmediaciones. Según López, el dinero era de la política, con nombres que no puede revelar por los riesgos físicos y de vida de su familia. Incluso sostuvo que hay alguno o algunos de los dueños de los dólares cuya identidad no conoce ni él. López nunca hizo una denuncia de amenazas ni en la revisión de las llamadas que se hicieron de sus teléfonos figuran comunicaciones o mensajes extraños. El ex funcionario menciona que estando en Montevideo le dijeron que a él y a Agustín Rossi la SIDE los estaba siguiendo e investigando. Nada se verificó y, de hecho, Agustín Rossi es hoy el jefe del bloque de Unidad Ciudadana. En su exposición de ayer, López no presentó ni una sola prueba: no dijo verifiquen tal teléfono, o chequeen los ingresos a tal hotel donde se produjo tal hostigamiento de los espías. López afirmó que estaba pactado con la madre Alba, de 95 años, que el dinero se guardaba en el convento y que se iría retirando de a poco. Por de pronto, el ex secretario no explicó por qué tuvo que sacar el dinero de su casa. No dió detalle alguno. Y en segundo lugar, el vínculo con el convento era de él, no de otras personas. El que registra llamadas, el que asistió con reformas al convento, era el propio López. Todo indica que la historia verdadera es que López fue cobrando coimas a empresas, tal vez a lo largo de bastante tiempo. Una de las obras de mayor envergadura fue la del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que López manejó con puño de hierro. En ese caso, hubo muchas idas y venidas, aunque la mayor manipulación de todas la produjo el actual gobierno. El pliego exigía conseguir el financiamiento para la obra y la administración Macri decidió, por decreto, que la plata la ponía el estado argentino. No obstante durante el período kirchnerista hubo cambios en condiciones y presupuestos, y eso lo manejó López. Es muy posible que parte de las coimas reconocidas por Odebrecht haya ido a parar al tanque de agua de la casa de Río Luján. En cualquier caso, ayer quedó flotando el interrogante de cuál fue el objetivo de la declaración de López de ayer. Una alternativa es que se trató de una amenaza. El mensaje es “por ahora no digo nada y hablo de gente que no quiero nombrar. La próxima ya los nombro”. No quedó claro qué es lo que quiere a cambio de seguir ocultando los supuestos nombres, en un caso de corrupción, con pruebas, que afectó al anterior gobierno. La otra alternativa es que López sufra algún nivel de desequilibrio emocional. Ayer, se lo vió hablando como narcotizado. Y un dato es que denunció que le impusieron a su primer defensora, la abogada hot Fernanda Herrera, aquella cantante de cumbia. Quienes presenciaron la escena de su designación cuentan que ella se ofreció porque estaba allí de casualidad y él aceptó. Así de simple. Pero, además, la joven mujer no presentaba el perfil de ser enviada por ningún poder oculto, ni servicios de inteligencia ni gobernantes ni ex gobernantes. Más bien ocurría lo contrario: ejercía una defensa alegre, de alta exposición, y terminó, como era de esperar, en el Bailando por un Sueño.

974 días después de Cristina

974 d.C. ALBERTO FERNANDEZ: YO TUVE MUCHAS DIFERENCIAS CON CRISTINA , PERO ELLA NO ES NINGUNA LADRONA Abal Medina no involucró a Cristina Kirchner en los cuadernos: "Ella no sabía nada" El ex jefe de Gabinete declaró en la causa que investiga presuntas coimas entre empresarios y ex funcionarios y admitió haber recibido dinero negro. Abal Medina no involucró a Cristina Kirchner en los cuadernos: "Ella no sabía nada" El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina declaró ante el juez Claudio Bonadio y reconoció que recibió "donaciones voluntarias" de varias empresas del rubro de la construcción. Además, El Destape supo que no involucró a la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró: "Ella no sabía nada". Según pudo saber El Destape, el dinero que recibió de manos del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta era "en efectivo" y "de forma voluntaria", y tenía como fin financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria, en 2013. Abal Medina y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Baratta. "Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego llevárselo a Juan Manuel Abal Medina", escribió Centeno. Por otro lado, Abal Mediana aseguró que Cristina Kirchner "no sabía nada sobre el origen del ingreso de dinero para la campaña". En un escrito presentado este jueves, el ex funcionario admitió la existencia de aportes para la campaña electoral legislativa, y señaló a Baratta como el responsable de la recolección del dinero entregado por los empresarios. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", reconoció. Hoy, el domicilio de Larraburu fue allanado en el marco de esta causa. En su declaración, Abal Medina lo desvinculó "de cualquier responsabilidad".

973 días después de Cristina

973 d.C. "Yo siempre he votado por la vida. Y he gobernado por y para la vida. Siempre. Claro que defiendo la vida. Defiendo la vida cada vez que voto contra políticas económicas que significan q la gente esté peor .He votado aquí por la vida cada vez q me opuse a políticas de restricción que desconocen derechos sociales y laborales..." "No hay dos vidas. Hay una sola vida y hay que defenderla siempre". "Y bueno creo que no quiero ocupar el lugar que cuando los jovenes se acuerden de mí, se acuerden de la manera que muchas veces se refieren a esos que nunca entienden lo que pasa"

972 días después de Cristina

972 d.C. DETECTAN A SERVICIOS DE INTELIGENCIA VIGILANDO A CRISTINA, FUERA DEL INSTITUTO PATRIA

En el día de hoy se pudo corroborar como 3 agentes de inteligencia de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) realizaban una guardia a metros del Instituto PATRIA. Dicha tarea de inteligencia a la ex Presidenta se estaría ejecutando desde el viernes 3 de agosto. Los tres agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Wolkswagen Voyage de patente NNV 682, desde donde observaban el ingreso y la salida de personas al edificio. Ante el temor de que sean ladrones, se llamó al agente de policía de calle, quien a su vez contactó a otro efectivo de civil. Ambos se acercaron al automóvil y requirieron la identificación del vehículo. Se nos informó que los integrantes del automóvil pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia y rápidamente se retiraron del lugar. Al chequear las cámaras de seguridad del Instituto se pudo corroborar que el auto en cuestión había estado apostado, al menos, desde el día viernes 3 de agosto.

971 días después de Cristina

971 d.C. Encuestas: consultora cercana al Gobierno muestra el crecimiento de CFK pese a los cuadernos El sondeo muestra que la senadora no se vio afectada por la publicación de las fotocopias del cuaderno del chofer Centeno. La consultora Elypsis mostró que es el escándalo mediático de los cuadernos del chofer no afectaron la imagen de la senadora Cristina Kirchner, quien sigue creciendo en imagen positiva. El sondeo además explica que la imagen de los referentes de Cambiemos aparece estancada o a la baja. El estudio muestra que Cristina tiene una imagen positiva del 38%, el nivel más alto en los últimos dos años. A su vez, descendió su imagen negativa, que el año pasado superaba el 50%. “Mientras la imagen de los referentes del oficialismo parece haberse estabilizado en las últimas semanas, identificamos una marcada mejora en la imagen de Cristina Kirchner. El “Cuadernogate” no parece haber afectado aún la imagen de la ex presidente, que subió levemente la última semana”, afirma la encuesta que fue publicada por el sitio Plan M. La imagen positiva de Cristina se ubica en 38%, con un crecimiento de 2 puntos en las últimas dos semanas y alcanzando el nivel máximo de la medición. En febrero último era solo del 25%. A su vez, la imagen negativa está hoy en 38%, pero llegó a superar el 50% en junio del año pasado. El sondeo además muestra el impacto del escándalo por los aportantes truchos: Vidal es la que mejor imagen positiva muestra con 37%, pero en diciembre rozaba el 60%. Le siguen Carrió con el 32% (en diciembre llega al 50%) y Macri con 30% (en diciembre esa imagen positiva también estaba cercana al 50%). "La novedad del relevamiento es que la pronunciada caída de los principales dirigentes de Cambiemos se estabilizó en el último mes", sostiene el informe al que accedió el medio.