723 días después de Cristina

723 d.C. Los jueces aprontan una catarata de procesamientos apuntados al anterior gobierno Comodoro Py prepara la Navidad Funcionando como un comité oficialista, los jueces cocinan buenas noticias para el macrismo con procesamientos apuntados a la ex presidenta y otras figuras. Nisman, Irán, Hotesur y Boudou en carpeta. Por Raúl Kollmann Página 12 Todo indica que el comité de Cambiemos con sede en los tribunales de Comodoro Py prepara una estruendosa fiesta de fin de año de procesamientos. Todos apuntados directa o indirectamente sólo al gobierno anterior y en especial a Cristina Fernández de Kirchner. En los próximos días o semanas vendrán los procesamientos por el Memorándum de Entendimiento con Irán, por la muerte del fiscal Alberto Nisman, por la causa Hotesur y por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou. Y seguirán las presiones para que la ex mandataria sea citada lo más posible a Tribunales. La tragedia del ARA San Juan postergó alguno de los fallos. Es público y notorio que los magistrados juegan las cartas del impacto político de sus fallos, pero eso se hizo difícil en tiempos en que el país vive la conmoción por la pérdida del submarino y sus tripulantes. No obstante, la espera tiene límites y, desde esta semana, preparan la andanada contra la anterior administración. Nisman I Hay un fallo inminente –se menciona este lunes o martes– y es el del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y un conglomerado de dirigentes políticos por el Memorándum. Entre los imputados están Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zanini, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, el referente chiita en la Argentina Jorge Khalil y un supuesto espía, Alan Bogado, ahora sospechosamente cercano al gobierno de Cambiemos. Los trascendidos indican que hay un texto de 400 páginas listo para la firma y que Claudio Bonadio lo está corrigiendo. Es indudable que habrá procesamientos pero hay que ver en qué condiciones y por qué delitos. En Comodoro Py afirman que el juez dirá, en principio, que se trató de un encubrimiento porque supuestamente el texto del Memorándum favorecía a los iraníes. Sin embargo, dado que el escrito considera que los dos atentados fueron “actos de guerra”, la firma del tratado implicó, según esa teoría, una traición a la patria. Lo llamativo es que ni el fiscal Alberto Nisman ni el juez que investiga los atentados, Rodolfo Canicoba Corral, consideraron nunca las bombas en la AMIA y la Embajada de Israel como actos de guerra ni le pidieron al Congreso o al Ejecutivo que los evalúe de esa manera. Por supuesto nunca hubo ninguna declaración de guerra contra Irán, que es lo que formalmente hubiera sido necesario para que exista la traición a la patria. Los hechos muestran que no hubo ningún efecto real del acuerdo con Irán, ya que ni se levantaron las alertas rojas, ni hubo cambio de petróleo por granos, ni se armó ninguna pista alternativa a la que apuntó contra Irán. El ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, fue categórico al afirmar que el gobierno argentino no hizo ninguna gestión para levantar las alertas rojas. A esto hay que agregar que el tratado fue votado por Diputados y Senadores. Por otra parte, la evidencia es que el Memorándum no fue favorable a Irán, algo que se demuestra con el hecho de que Irán no quiso convalidarlo. No lo hizo ni su parlamento, ni el gobierno de Teherán. Eso quedó patentizado en que nunca se hizo la entrega de las llamadas cartas reversales, es decir de aceptación. Una de las novedades del fallo sería que no va a precisar en qué se iba a beneficiar el gobierno de CFK con el acuerdo pero hablará de que se buscó “normalizar las relaciones”. La jugada apunta a no descalificar a Nisman en la cuestión de petróleo por granos –intercambio que nunca ocurrió– y para eso citará una vieja historia de las derechas norteamericanas e israelí, difundida inicialmente a través de la revista brasileña Veja. Según ese relato, funcionarios vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) proveyeron a Irán de material nuclear y a cambio hubo transferencias de fuertes sumas de dinero. Todo se habría hecho con la intermediación de Venezuela, para lo que se cuenta con supuestas declaraciones de custodios no identificados de Hugo Chávez y de ex ministros, tampoco identificados, todos ahora en Miami. En el paquete de esta historieta entrarían incluso los 700.000 dólares que se le encontraron, cuando intentó entrar al país, al venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson, amparado por Estados Unidos. El supuesto espía Bogado –ahora con la camiseta de Cambiemos– habría hecho su aporte. Expertos consultados por este diario coincidieron en que es imposible mover ningún material nuclear, menos todavía a Irán, sin la detección de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también Rusia, China y en esa zona, Israel o Arabia Saudita. Aún así, el fallo le daría entidad a la versión mencionándola en el texto. Nisman II Esta semana vencerían los plazos para que el juez Julián Ercolini resuelva en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman. El magistrado indagó al informático Diego Lagomarsino, a quien imputó como cómplice de homicidio tras la pericia de Gendarmería que sostuvo que a Nisman lo mataron. El técnico reiteró en su declaración lo mismo que viene diciendo desde el primer día: que le prestó el arma al fiscal porque éste le mintió diciéndole que necesitaba la pistola para defender a sus hijas. Ercolini terminó de indagar el 22 de noviembre a los custodios de Nisman, quienes también ratificaron su versión inicial. En especial interesaba el custodio más antiguo del fiscal, Rubén Benítez, quien también repitió que Nisman le pidió un arma y que le formuló el mismo argumento que a Lagomarsino: que necesitaba el arma para defender a sus hijas. Tanto Benítez como Lagomarsino declararon que no sabían que las hijas seguían en Europa con la madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado. La novedad es que el abogado Pablo Lanusse presentó un escrito de doce páginas en el que dice que la muerte de Nisman no se puede investigar al margen de la denuncia que el fiscal presentó contra Kirchner por el Memorándum. Lanusse, sin aportar un solo dato concreto, esboza un complot en el que mete como acusados a una larga serie de personas, empezando por la ex presidenta, el ex canciller Timerman, los custodios, el general César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la SIDE Fernando Pocino, la agrupación Quebracho, la fiscal Viviana Fein, y el juez Manuel De Campos, el juez Daniel Rafecas, entre otros. El escrito es claramente político basado en que como Nisman denunció al gobierno kirchnerista éste armó un gigantesco plan para matarlo. Lanusse no hace referencia a ninguna prueba que evidencie cómo se armó semejante complot, cómo fue el supuesto homicidio, quiénes entraron al edificio, cómo ingresaron al departamento y al baño, y cómo salieron después sin dejar rastros. La situación actual es que Ercolini debería definir la situación procesal de Lagomarsino y los custodios, pero lo que le pide Lanusse es que vuelva a indagar a todos y a los demás que él acusa, también a Cristina, por un supuesto gigantesco plan criminal. Mientras tanto, Lagomarsino sigue con la tobillera puesta. La particularidad es que el aparato emite alarmas cuando el técnico se acerca al aeroparque o al río, lo que por ejemplo le impedía atender dos clientes que tiene en zona portuaria. Ante una presentación de sus abogados, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, que debieron aportar los elementos de prueba sobre esos clientes, el juez Ercolini aceptó que pudiera seguir trabajando en ambos lugares. Hotesur Durante el mes de diciembre continuarán las indagatorias centradas en la acusación de que la familia Kirchner recibió alquileres por el hotel Alto Calafate a cambio de obra pública. Lo asombroso es que en la semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal dictaminó que la causa melliza, Los Sauces, debe acumularse con Hotesur porque las dos tratan de los mismo. O sea que los camaristas que hace un año dijeron que eran expedientes independientes, ahora dijeron que son una sola causa, centrada en los alquileres de la familia Kirchner. Es una evidencia de que el expediente Los Sauces fue un expediente-colectora, un armado político. Las indagatorias de Hotesur terminarán recién el día 20. Ya declararon Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, faltan principalmente el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. Después vendrán los procesamientos dictados por Ercolini. Es posible que eso termine de ocurrir recién febrero. Boudou Este lunes, el juez Ariel Lijo renovará por otros diez días el secreto de sumario en lo que tiene que ver con la declaración del arrepentido Alejandro Vandenbroele. Por ahora, sólo hay versiones de lo que dijo. Pero al mismo tiempo, Lijo debe resolver la situación de Boudou en la causa en la que está preso por enriquecimiento ilícito. Como sucede en casi todo lo que pasa por Comodoro Py, pese a las explicaciones habrá procesamiento. Lo que se le cuestionaba al ex vicepresidente era un préstamo a su pareja de entonces, Agustina Kämpfer, por 80.000 dólares. Boudou explicó que el préstamo no fue de él sino de su hermano y que el dinero provino de la venta de una propiedad. También se le cuestionó el blanqueo de su amigo Nuñez Carmona en 2008, con el argumento de que Nuñez Carmona no tenía capacidad económica suficiente, por lo que el dinero debía ser de Boudou. Nuñez Carmona enumeró su evolución patrimonial y declaró que el dinero era de él. Relató por ejemplo, que tenía una sociedad con Clarín en Mar del Plata –un correo privado– y que facturaban millones de dólares. Finalmente, también se objetaron 80.000 dólares incorporados por el ex vicepresidente en 2009. Boudou sostuvo que ese dinero fue el que ahorró durante años de actividad comercial, antes de ser funcionario. Todo indica que Boudou será procesado, pero seguramente se le colocará una tobillera o se le concederá la prisión domiciliaria ya que tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Cámara admitieron que debía buscarse una alternativa al encarcelamiento. Boudou está en el penal de Ezeiza sin que exista ni juicio, ni condena, ni peligro de fuga. El argumento –creación del hombre de Cambiemos en Comodoro Py, Martín Irurzun– fue que tiene “relaciones residuales” que le permitirían obstaculizar la investigación. No hubo enumeración alguna de cuáles son esas relaciones y ningún hecho concreto de perjuicio a la pesquisa. Presión Como viene ocurriendo desde hace siete meses, la Unidad de Información Financiera (UIF) y ahora la Cámara Federal vienen presionando al juez Sebastián Casanello para que cite a indagatoria a CFK en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. La hipótesis es que el dinero que supuestamente lavó el constructor sería de la ex presidenta o de su familia. Cada vez que la UIF formuló ese pedido, Casanello pidió que le presenten pruebas que sustenten la acusación. Se trata de la misma oficina que favoreció el cierre de causas en las que se investigaban las sociedades en las que figuraba el presidente en Panamá Papers o las transferencias recibidas por Gustavo Arribas relacionadas con Odebrecht. Como se ve, en Comodoro Py tienen todo listo para el brindis de fin de año.

722 días después de Cristina

722 d.C. Ante el ministro de Defensa, los familiares de los tripulantes expusieron con dureza las críticas al Gobierno “Han llevado a la muerte a 44 personas” Por Carlos Rodríguez Página 12 El día después de cesar la búsqueda de posibles sobrevivientes, Oscar Aguad se presentó ante los familiares y recibió duros reproches por la demora en emprender el operativo, las mentiras en la información y el abrupto final del rescate. “Han hecho abandono de persona”, le dijeron. En una reunión marcada por la angustia, por la lógica desesperación, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan le plantearon a las autoridades del gobierno nacional que “no pueden abandonar la búsqueda porque ustedes asumieron el compromiso de buscarlos en nombre del país”. Las demandas fueron formuladas durante un tenso encuentro que mantuvo con los familiares el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien se vio desbordado por los reproches: “No pueden abandonar la búsqueda porque hay 44 personas que están dando la vida por usted y por el país”. Aguad, que habló en nombre del presidente Mauricio Macri, recibió una andanada de críticas, por la demora en emprender el operativo de rescate y por el abrupto cierre del mismo. “En el momento que ellos pidieron socorro, nadie los escuchó”; “Ustedes han hecho abandono de persona, han llevado a la muerte a 44 personas”; “Ustedes son los culpables de todo”. Las frases acallaron en más de una ocasión las explicaciones que intentó dar el ministro Aguad, quien finalmente dijo que seguirán buscando al submarino, aunque sin ninguna expectativa de encontrar sobrevivientes. Aguad trató de señalar que supo asumir el compromiso y en ese sentido, recordó que se reunió con los familiares el viernes 15 y ayer. La respuesta fue lapidaria: “La obligación de usted era estar todos los días acá, como estuvimos nosotros”, esperando informaciones alentadoras sobre la búsqueda de la tripulación. “Esto no nos sirve”, dijo una mujer, según lo registrado por varios videos tomados por los propios familiares durante la reunión realizada en el interior de la Base Naval de Mar del Plata. Los reproches fueron subiendo de tono y en algunos momentos resulta difícil escuchar los conceptos porque son varias las personas –casi siempre mujeres– que hablan al unísono, con marcada indignación. “¿Cómo, no es que dicen que la Armada no abandona a sus marinos? Ahora ustedes los están abandonando. Cortando el rescate los están abandonando a los marinos”. Antes de que terminara esa intervención, otra mujer, que tiene embarcado a su hermano, interpeló al ministro con otro interrogante: “¿Ustedes quieren que yo vaya hasta el medio del mar para llorarlo?”. Cuando escuchó la acusación respecto de la responsabilidad del gobierno en la tragedia, Aguad decidió transitar de nuevo las palabras que dijo antes el presidente Mauricio Macri: “Eso (la responsabilidad penal) es motivo de investigación posterior, es otra etapa, ahora los vamos a seguir buscando”. La respuesta, en realidad, apuntaba a garantizar que seguirán buscando al submarino “con la ayuda extranjera que estamos recibiendo y con nuestros propios medios”, pero en todo momento dejó en claro que ya descartan toda posibilidad de encontrar sobrevivientes. La misma mujer que pidió por su hermano respondió que ella no piensa “despedir a mi hermano hasta que el submarino aparezca”. Un hombre intervino para replicar: “Nos han mentido cuando dijeron que uno de los barcos (que participan del rescate) volvió a puerto porque tenía el agua (de consumo de la tripulación) contaminada, porque uno de los marinos norteamericanos dijo (ante las cámaras de la televisión) que no tenía idea de por qué retornó ese barco a tierra”. En ese momento, la palabra “mentira” se escuchó varias veces, como expresión del descontento general. En su mayoría, los familiares que se reunieron con Aguad son los que venían manteniendo una postura moderada, confiados en que la búsqueda tendría un final positivo. Una de las mujeres explicó el por qué de esa esperanza: “Nosotros tenemos la fe de que están vivos y si usted tiene hijo tiene que comprendernos”. Por eso insistió en el pedido central que es el de que “los rescaten sea como sea”. Como respuesta, Aguad dijo que había venido a verlos el viernes 15, y ayer, “porque hubo un compromiso mutuo, primero porque íbamos a dejarnos ayudar y después que íbamos a hacer lo imposible para buscar a los tripulantes del submarino y al submarino”. “Lo hicimos –sostuvo Aguad–, dejamos que vinieran todos los países del mundo y fue un acontecimiento”. Según su evaluación el operativo es algo que “jamás se había producido a nivel internacional” porque “nunca hubo una ayuda de esta naturaleza, con los medios más avanzados que hay en el planeta hoy”. Afirmó que “a 15 días” de la desaparición del submarino en el Atlántico Sur “la Argentina tiene un compromiso con lo que se llama el protocolo SAR, que es un protocolo de búsqueda y rescate”. En el marco de ese protocolo, según recalcó, “se han agotado las instancias y los días, y las condiciones extremas indican que no hay posibilidades de que haya vida” dentro del submarino perdido. Por esa razón “hemos tenido que declarar el fin del SAR”. De todos modos, dijo que seguirá la búsqueda del submarino, con la colaboración de Estados Unidos, Rusia y Chile. La reunión con Aguad duró cerca de una hora, y al retirarse de la Base Naval, muchos de los familiares volvieron a expresar su disconformidad con lo actuado: “Queremos los cuerpos, que se comprometan a encontrarlos. Al ministro Aguad le dijimos que se comprometan a rescatarlos y nos dijo que no nos puede garantizar nada”, señaló ante los periodistas Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez. “Estamos muy disconformes con su respuesta”, remarcó la mujer, quien agregó que “así como los llevaron, queremos que los traigan, no tienen que parar” la búsqueda. Con palabras similares se expresó la jujeña Inés Mendiola, tía del cabo primero Leandro Cisneros. “Estamos esperando que nos regresen algo, no nos vamos a ir con las manos vacías. Yo tenía un sobrino que era el orgullo de la casa y lo seguirá siendo porque era un sol”, afirmó llorando. La mujer sostuvo que le pidió al ministro Aguad “que caigan las cabezas que tengan que caer, porque necesitamos un país que tenga a sus Fuerzas Armadas como corresponde”. Por su parte, Yolanda, la madre de Cisneros, contó que en la e la reunión le pidieron al ministro que “no retiren la ayuda recibida” y le cuestionaron que los tripulantes hayan recibido “solo 275 pesos en concepto de viático del viaje”. Según dijo la mujer, Aguad les prometió que “si hay responsables en este caso, los van a sacar y si tienen que ir a la cárcel lo harán, por lo que pensamos que ellos saben que hay responsables”. El ministro Aguad se retiró de la Base Naval cerca de las 13 de ayer, sin tomar contacto con los periodistas. Algunos de los familiares, que pidieron reserva de sus nombres, aseguraron que el funcionario nacional “nos aconsejó que nos retiráramos de la Base Naval sin hablar con la prensa”.

721 días después de Cristina

721 d.C. Los Sauces: La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner La decisión fue tomada por la La Sala I de la Cámara Federal porteña. La causa pasará al juzgado de Julián Ercolini. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. La senadora electa está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita y de lavado de dinero junto a sus hijos, Máximo y Florencia. La Cámara Federal confirmó lo establecido por Claudio Bonadío y ratificó el embargo trabado por $ 130 millones. La Justicia considera que Los Sauces nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente. En la causa de denuncia que la familia Kirchner habría alquilado plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. En el fallo, los jueces también decretaron el procesamiento de ambos empresarios y confirmaron los embargos a partir de los 100 millones de pesos sobre la ex mandataria y sus hijos. Para el juez de la causa, Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner se convirtieron en "jefes de una banda que impartían las directivas de la organización delictiva para percibir dinero ilegítimo a fin de darle apariencia lícita". A partir de esta decisión, la causa pasará al juzgado de Julián Ercolini, quien procesó a la ex presidenta por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública.

720 días después de Cristina

720 d.C. "Lamentablemente, no hay pruebas": la confesión de la abogada que denunció a Cristina Lanata se dedicó a armar una historia pero Manguel reveló qué está pasando en la causa 4 años después. El suceso ocurrió el lunes pasado en el programa de Alejandro Fantino, cuando se refirieron al caso de "La Ruta del Dinero K", la investigación que le rindió un año de programa al periodista Jorge Lanata y que buscar probar el supuesto lavado de activos por parte del empresario Lázaro Báez a través de cuentas en el extranjero. La causa empezó en 2013, a partir de una informe del periodista de Clarín. Durante todos los domingo del año, Lanata se dedicó a armar una historia, que incluía bóvedas secretas, una secretaria cómplice (que luego no declaró nada ante la Justicia) e incluso paradas oficiales a Seychelles para dejar el dinero. Recientemente, la Unidad de Información Financiera pidió al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a la ex Presidenta en el marco de esa causa, pese a que no hay ningún dato que involucre a CFK con las maniobras del empresario ex dueño de Austral Construcciones. En el último programa de Animales Sueltos, Mangel tomó la palabra para revelar que el juez Casanello no tiene pruebas: "Esta diciendo que si ustedes quieren que vaya por Cristina Kirchner, que le den algo porque en la ruta del dinero K no aparece". Posteriormente tomo la palabra la abogada denunciante de la causa Hotesur, Silvina Martinez que tuvo que coincidir con la periodista. "Pruebas en ésto no hay, lamentablemente, y no podés procesarla dos veces por el mismo delito. Acá hay una intención política de la UIF de seguir insistiendo con este tema. La verdad que se necesita que Cristina tenga plata en el exterior. Yo soy la primera que quiere que la tenga pero hoy, no hay pruebas", reconoció increíblemente.

719 días después de Cristina

719 d.C. El contrapunto del juez Casanello y el organismo en una causa en la que está involucrada Cristina Kirchner Una UIF que funciona con tono “partidario” La UIF le pide al juez que indague a la ex presidenta y Casanello le responde que lo respalde con pruebas. Llamativamente, la sala II de la Cámara Federal intimó al juez a avanzar. La UIF actuó muy distinto con Macri y con Arribas. Desde abril último tres veces se repitió esta secuencia: la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre lavado de dinero que tiene como principal exponente a Lázaro Báez, pero cuando el juez le preguntó qué pruebas ofrecía, el organismo no le dio nada de nada. La última vez, Casanello le indicó a la UIF que, ya que no le proporcionaba evidencias, colaborara con el análisis de toda la documentación secuestrada en seis cuevas financieras, donde quizá pudieran aparecer elementos importantes para la causa. La respuesta fue que esa no era su tarea. En una nueva resolución que firmó ayer, el juez reiteró que la UIF está jugando un papel “partidario” que no le corresponde. La advertencia es alarmante, ya que se trata de una repartición supuestamente experta en detectar maniobras de lavado de activos y de colaborar en las investigaciones del tema. En este expediente en particular actúa en tándem con la Oficina Anticorrupción: son querellantes pero no colaboran con la pesquisa, sólo piden indagatorias con efectos políticos. La UIF también ha sido clave en favorecer el cierre de expedientes de gran trascendencia, como Panama Papers y el que involucraba al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la recepción de transferencias de Odebrecht, y el de Panamá Papers. Mientras Casanello volvía a advertir ayer que la UIF no actúa de manera objetiva y cumpliendo las funciones que le corresponden, el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema publicaba una resolución de la Cámara Federal que, paradójicamente, le insiste al juez en que tiene que dar una respuesta sobre el llamado a indagatoria a la ex presidenta y buscar él las pruebas. Es un razonamiento novedoso, porque sería como decirle –por ejemplo– en un caso de narcotráfico, que vaya él mismo a hacer las tareas de inteligencia a lugar donde se sospecha que se están realizando actividades ilegales. La UIF debe hacer también lo que se conoce como “inteligencia financiera”. El fallo de la Cámara lleva la firma de su presidente, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ambos de la Sala II. Irurzun es uno de los jueces de máxima influencia en Comodoro Py y, además, jefe de la oficina de escuchas que depende de la Corte. La Sala II de la Cámara ya le había indicado que debía apuntar a la indagatoria de CFK en función de evidencias que hay en otros expedientes judiciales contra ella. El argumentó que no se puede juzgar dos veces por lo mismo a una persona, y que quedaba a la espera de otras posibles pruebas. La causa a su cargo quedó centrada en maniobras de lavado en las que se pudo comprobar un circuito donde, dinero de origen dudoso era sacado del país por Báez y allegados y vuelto a ingresar. En la nueva resolución de ayer, señaló que la UIF “mantiene las falencias” anteriores y “sigue sin identificar la prueba concreta en la que asienta su pretensión” de que la ex presidenta sea llamada a indagatoria. El organismo le había planteado una generalidad en estos términos: “lo cierto es que son numerosas las cuentas radicadas en el exterior que se encuentran siendo investigadas por sospecha de lavado de activos y que las distintas fuentes con las que cuenta la Unidad han identificado como directamente vinculadas con la ex presidenta o su fallecido esposo”. Casanello volvió a explicar que “fue exclusivamente a partir de esa afirmación que, entonces, se le remarcó que ésa era y es la prueba que se necesita y que como organismo especializado en lavado de activos debe proporcionar”. Citó la ley que alude a lavado de activos que dice que la UIF debe “colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley”. En ese sentido, Casanello le reclamó a la UIF lo que se niega a hacer: analizar la documentación que fue secuestrada en allanamientos realizados en seis financieras: Maguitur, Provalor, Turimar, Forex, Cohen y cuevas que estarían vinculadas a Ernesto Clarens, que es un financista a quien se ligaba con los Kirchner. De acuerdo al razonamiento de la UIF y la Cámara debían empezar por ahí. Sin embargo, el organismo se niega a analizar esa documentación. Son “distintas entidades financieras que habrían participado de la expatriación del dinero de Báez”, describe el juez. Uno de los procesamientos contra Báez y sus cuatro hijos los considera beneficiarios de un entramado de sociedades que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. Los procedimientos en las financieras buscan rastrear si el dinero está vinculado con otras personas. La UIF, curiosamente, se niega destapar esa olla. En los gobiernos anteriores, la UIF funcionó dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. Mauricio Macri la llevó al Palacio de Hacienda. Al frente puso a Mariano Federici, ex funcionario en el Fondo Monetario Internacional. La promesa era la de eficiencia en la lucha y prevención del lavado. En Comodoro Py un diagnóstico se repite en juzgados y fiscalías: la UIF ya no presenta denuncia en base a reportes de operaciones sospechosas, una de sus misiones, y deja los pedidos de la Procuraduría antilavado (Procelac) a mitad de camino. Lo que está claro es que la tendencia es que el organismo se presenta como querellante pero investiga lo que le parece, o con mínima información saca grandes conclusiones. Así lo hizo para desvincular a Arribas de las transferencias por unos 850 mil dólares que habría recibido en una cuenta suiza, y que pese a estar documentadas planteó una imposibilidad de avanzar más allá de una sola reconocida por él de 70 mil dólares. En el caso de Panamá Papers, donde el implicado era el presidente Mauricio Macri, dijo que no veía nada compatible con lavado de dinero.

718 días después de Cristina

718 d.C. UNITE para #FrenarElSaqueo

Unite al pedido de Cristina

717 días después de Cristina

717 d.C. ¿Otra vez? El mensaje de Cristina Kirchner por el crimen del mapuche en Bariloche La senadora electa de Unidad Ciudadana se manifestó por el asesinato que cometió la prefectura que conduce Patricia Bullrich Cristina Kirchner se manifestó sobre el crimen del mapuche a manos de la prefectura que conduce Patricia Bullrich. La senadora electa de Unidad Ciudadana emitió un mensaje en Twitter sobre la situación en Bariloche. Allí esa fuerza de seguridad que conduce el Ministerio de Seguridad abrió fuego contra la comunidad mapuche y mató a un joven de 22 años e hirió a otras 2 personas. "¿Otra vez?", se preguntó en esa red social la ex presidenta. En el tuit subió la durísima tapa del diario Página 12 sobre el caso, con el título "La Cacería". Con ese mensaje, Cristina se refirió a la represión del 1º de agosto, día que desapareció Santiago Maldonado en Cushamen. Tras 78 días, Maldonado apareció muerto por ahogamiento. Ahora en la Justicia se está tratando de determinar si lo hizo huyendo de la gendarmería de Bullrich.