994 días después de Cristina

994 d.C. En medio de la corrida cambiaria citan otra vez a Cristina Kirchner y dirigentes de La Cámpora Nuevas indagatorias para tapar la crisis En una maniobra que parece buscar distraer del caos económico, la justicia federal convocó una vez más a declaración indagatoria a una serie de ex funcionarios kirchneristas y los empresarios que no aceptaron arrepentirse.

La crisis social y económica necesita títulos de diarios, más allanamientos e indagatorias y, por lo tanto, más acción de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio sorpresivamente convocaron ayer otra vez a declaración indagatoria a los funcionarios kirchneristas y a los empresarios que no aceptaron arrepentirse. El punto alto de expectativa estará nuevamente en la citación para el lunes de Cristina Fernández de Kirchner, pero además se agregó el llamado a indagatoria de dirigentes de La Cámpora, Wado De Pedro y Andrés Larroque, el legislador bonaerense José Ottavis y el empresario Sergio Szpolsky. Estos últimos fueron vinculados por testimonios surgidos de los cuadernos y en el caso de De Pedro por la “confesión”, sin credibilidad alguna, del ex secretario de Obras Públicas, José López. En otra movida llamativa, el juez originócon una sola resolución tres nuevas causas –coimas en la obra pública, coimas en la energía y coimas en el transporte– y decidió que esos tres nuevos expedientes deben ser instruidos por él mismo. Además, extendió el período de la investigación abarcando de 2003 a 2015, con lo que puso en la mira al grupo Macri, dueño de Iecsa hasta como mínimo 2007. También queda amenazado Paolo Rocca y el conglomerado Techint. No faltan quienes ven la mano de Ricardo Lorenzetti en esta ofensiva. Las movidas de ayer tuvieron el objetivo de darle nuevo aire a la causa de las fotocopias de los cuadernos, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de los allanamientos en las tres viviendas de CFK y en especial al papelón del secuestro de los bastones presidenciales junto a una cantidad enorme de efectos que no tienen la menor relación con el expediente. Otro elemento que tiene su importancia es que llega el momento deformular el procesamiento y el pedido de desafuero contra Cristina con muy poca prueba directa contra la ex mandataria. Como lo viene afirmando este diario, ni siquiera los “arrepentidos” la involucraron demasiado, apuntando básicamente a que los supuestos bolsos de dinero se llevaban al departamento de la calle Uruguay o la declaración del chofer Oscar Centeno señalando que CFK le dio órdenes a Roberto Baratta y Julio De Vido para recauden dinero destinado a las campañas electorales de 2013 y 2015. Con la nueva llamada a indagatoria, el juez gana tiempo. Algunos sostienen que esto posterga un mes los procesamientos. La razón expuesta por el fiscal y el juez para la convocatoria de nuevas indagatorias es la extensión del período de los delitos. Antes era de 2008 a 2015, porque ahí estaban los años de mayor movimiento de bolsos señalado en las fotocopias de los cuadernos. Sin embargo, los “arrepentidos” sostuvieron que hubo coimas por los peajes antes de 2007 (declarado por Claudio Uberti) y arreglo de las licitaciones en la obra pública a partir de 2004 (“confesado” por Carlos Wagner). Sobre esa base, hoy deberán declarar Baratta, el empresario Gerardo Ferreyra; el secretario de Baratta, Nelson Lazarte y el también empresario Néstor Otero. Mañana habrá otra tanda, incluyendo al superarrepentido López. El punto alto será lunes a las 9 con la declaración de Julio De Vido y dos horas más tarde, a las 11, Cristina Kirchner. La extensión del período de investigación no parece un gesto autónomo del fiscal y el juez. En el mismo sentido, la Cámara Federal ordenó investigar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento desde 2005 y la Cámara de Casación resolvió que los delitos de corrupción son imprescriptibles (ver aparte). Todas esas decisiones ponen en la mira al propio Mauricio Macri y a su padre, Franco, y ponen al Poder Judicial, con Lorenzetti a la cabeza, en una doble ofensiva. En primer lugar, como una amenaza permanente contra cualquiera. “Quieren que se les tenga miedo. En cualquier momento van en contra de Cristina o Macri o quien sea”, analizan abogados que van todos los días a Comodoro Py. En segundo lugar, el propio Lorenzetti se planta como una alternativa frente a la crisis social y a la eventual crisis institucional. Se ofrece como una salida. No es casual que Bonadio haya sido respaldado por Lorenzetti en una reunión privada y que el juez, de manera inédita, haya publicado un informe sobre la causa en el Centro de Información Judicial (CIJ), que maneja el titular de la Corte. Siempre se habló de las aspiraciones presidenciales de Lorenzetti, aunque hay quienes piensan que es más un mito que una realidad. “El forum shopping tuvo cría”, ironizó ayer uno de los defensores de los imputados en la causa de los cuadernos. Como se sabe, forum shopping significa manipular la elección del juez que va a instruir una causa, es decir elegir juez como en un shopping. Sucede que en una resolución, también publicada por el CIJ, Bonadio creó tres nuevas causas en el atardecer del lunes: la 13.816/18 que investiga las coimas en la energía; la 13.820/18, sobre las coimas en la obra pública civil y la 13.821/18, respecto de las coimas en el sistema de transporte. Y Bonadio se quedó con las tres. No mandó ninguna a sorteo. Dijo que la de energía se vincula con la de Gas Natural Licuado, que está en su juzgado; la de obra pública la vincula con el expediente de los cuadernos, que también está en su juzgado; y la de coimas en el subsidio al transporte la relaciona con la de subsidios al gas oil, obviamente también en su juzgado. Cartón lleno. No está claro si se siente tan respaldado por Lorenzetti para avanzar en ese camino o si piensa que tarde o temprano le van a quitar los expedientes por el forum shopping y entonces trata de quedarse aunque sea con una parte de los expedientes. En el mundo jurídico la temperatura se va incrementando. Frente a las corridas cambiarias y el conflicto social se pretende que el foco continúe en Comodoro Py, en principio con el nuevo desfile de ex funcionarios y empresarios relacionados con el kirchnerismo. Parece no importar que para ello se hagan las maniobras más increíbles, como la utilización sórdida de los “arrepentidos” y la prisión para los que no se “arrepienten”. En el camino se impide la presencia de un abogado –Carlos Alberto Beraldi– en un allanamiento; se llevan incluso los bastones presidenciales de la vivienda de la ex mandataria y terminan –por ahora– dando a luz trillizos de forum shopping.

993 días después de Cristina

993 d.C. Dura advertencia de de los organismos de derechos humanos "El país está sometido a un estado de excepción permanente" Durante una conferencia de prensa encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y Familiares, los organismos convocantes denunciaron que la política económica vigente, que perjudica a las grandes mayorías, solo se sostiene con "persecución y represión". Además, alertaron que "es el propio Estado de derecho el que está en peligro". "Los organismos de derechos humanos estamos profundamente preocupados por la situación del país, en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que el gobierno sólo puede garantizar con represión. Denunciamos también, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales contra importantes dirigentes de la oposición, que es el propio Estado de derecho el que está en peligro", señaló Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, al anunciar la decisión de un grupo de organismos de iniciar una campaña de denuncia sobre el estado de excepción permanente instalado en el país por la gestión de Cambiemos. La primera acción será presentar ante el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un pedido de audiencia para plantear sus preocupaciones acerca del estado de derecho. El jueves, en tanto, se reunirán con Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal. La decisión de iniciar la campaña fue tomada por Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS Capital y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros organismos, cuyos dirigentes subrayaron que la propia convocatoria "es un signo de unidad". Además adelantaron que volverán a recurrir a la ONU, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo para defender el estado de derecho "como lo hicimos hace 40 años". El texto completo Los organismos de derechos humanos queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión. Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial. Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo. Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión. La realidad nos angustia pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino. Denunciamos también las políticas económicas de miseria promovidas por el gobierno nacional y estaremos alertas, acompañando cada uno de los reclamos y las protestas en defensa de nuestros derechos. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos acudiremos como hace cuarenta años a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. Asimismo convocaremos a los representantes de Bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático.

992 días después de Cristina

992 d.C. EXCLUSIVO | Habló una de las empleadas de CFK que limpió el departamento: "Me atrevo a decir que es veneno" El Destape habló en exclusiva con una de las mujeres que se intoxicó cuando entró a la casa de la ex Presidenta y contó cuál fue el diagnóstico del médico. “Me atrevo a decir que es veneno”. La frase fue dirigida a una de las personas que fue a limpiar el departamento de Cristina Fernández de Kirchner tras los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio, y la pronunció el médico que la atendió en el Hospital de Clínicas, a donde fue por un fuerte malestar en los pulmones, la cara y los ojos. Se trata de una mujer que pidió reserva de su identidad, y que aclaró que el médico no supo en ningún momento que había ido a limpiar el domicilio de la ex Presidenta y que se limitó a diagnosticarla sin saber del contexto de su malestar. La mujer, que habló en exclusiva con El Destape, relató que al entrar junto a dos compañeras al departamento sintieron un fuerte olor, que se intensificó en la zona del dormitorio y del vestidor de la ex presidenta. “La ropa estaba húmeda”, detalló. Primero pensó que era una sensación producto de que tenía guantes puestos, pero contó que se los sacó, tocó la ropa y confirmó que parecía rociada con algún tipo de líquido. La limpieza fue durante el sábado. El domingo, esta mujer fue al Hospital de Clínicas con síntomas de bronquios y garganta inflamados y malestar en los ojos y la piel. Le hicieron análisis de sangre, radiografía de tórax y le dieron corticoides. Sus dos compañeras de limpieza tuvieron síntomas similares. Esta mañana se conoció el diagnóstico del doctor Federico Cairoli, quien la atendió a la mujer. El médico que la atendió, además de esbozar su teoría de que se trataba de veneno, le recomendó no volver al lugar. “Me dijo que, si volvía, fuera con un traje de la NASA”, relató la mujer. Vale recordar que, al iniciar el allanamiento, el juez Bonadio decidió expulsar del departamento a Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta, por lo que no pudo controlar las tareas de los miembros de las fuerzas de seguridad enviados por el juez.

991 días después de Cristina

991 d.C. Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner

AGOSTO 27, 2018 Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner 1. Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento. Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación. 2. El allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana. 3. Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita. 4. Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación. Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009. 5. En el caso puntual de El Calafate, no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas durante el allanamiento. El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos. Concretamente: durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa. 6. Además, un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de 2018 por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que la ayudaran. Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento. 7. Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de distintas instancias judiciales, el día viernes a la noche el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa. 8. Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados. Carlos Alberto Beraldi

990 días después de Cristina

990 d.C. Cristina denunció la aparición de "sustancias tóxicas" en su departamento luego de los allanamientos Su abogado, Carlos Beraldi, reveló que, al limpiar el lugar, el personal doméstico fue expuesto a una sustancia que le provocó mareos y picazón. Tras un allanamiento de 13 horas con un gran despliegue mediático en la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner, su abogado en las causas penales, Carlos Beraldi, reveló un “hecho de extraordinaria gravedad” por el cual la senadora no regresará al lugar: el personal doméstico fue expuesto a una sustancia tóxica mientras realizaba las tareas de limpieza. De acuerdo a un texto publicado en el sitio oficial de la ex mandataria, Beraldi relató que, el sábado pasado, “quien se dedica habitualmente a las tareas del hogar ingresó por primera vez después que se practicara el allanamiento”, junto con dos familiares, a quienes les pidió ayuda para realizar su trabajo en mayor profundidad. “Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar”, contó el abogado. Los síntomas “persistieron durante el resto del día”, por lo cual este domingo se atendieron en la guardia del Hospital de Clínicas. “Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente”, sostuvo Beraldi. Debido a esta situación, Kirchner decidió “no regresar a ese departamento”, al menos “hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento”, concluyó el abogado, a quien se le negó estar presente durante el operativo.

989 días después de Cristina

989 d.C. Cristina no volverá a vivir a su departamento porque desconfía de lo que pasó en el allanamiento Sigue la persecución. Se temen acciones de espionaje y también por la seguridad de la ex presidenta. La decisión del Juez Claudio Bonadío de no permitir al abogado de la ex presidenta ser testigo del allanamiento no es solo una discusión legal, se trata de un tema de seguridad de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina piensa que el juez no permitió que el doctor Carlos Beraldi presencie el allanamiento para que el personal policial y del juzgado pudiera actuar a sus anchas, sin ningún impedimento. Si bien en la casa había dos testigos, la ex presidenta no se fía de ellos. En su casa de Santa Cruz se pudo descubrir que los testigos elegidos eran militantes de Cambiemos. A los de Recoleta no se los conoce. La ex presidenta se pregunta qué hicieron 40 hombres durante catorce horas en su propiedad. Para qué necesitaron tanto tiempo. Cristina está convencida de que, como mínimo, le plantaron micrófonos y cámaras en su departamento, una violación a su intimidad más, que se sumaría a las escuchas a Oscar Parrilli que la involucraban y las fotos que ayer mismo publicó Clarín sobre su casa en Calafate. Especialistas en electrónica le han señalado que en la actualidad el Gobierno dispone de aparatos de vigilancia indetectables. Es decir, que es inútil hacer una revisión del departamento, porque no los van a encontrar. Son microscópicos e indetectables, por lo menos para la tecnología que la ex presidenta podría contratar. Por otra parte, ahora la policía conoce su casa con precisión. Donde duerme, dónde está cada ambiente. Esta situación se suma al espionaje de hombres de la AFI en la puerta del Instituto Patria. Cristina no suele hablar del tema, pero muchos piensan que el hecho de que el gobierno no logre su desafuero y así siga en carrera para la presidenta puede alentar a “algunos” a atentar contra quien hoy es ganadora en todas las encuestas. Dado el rápido deterioro de las instituciones, ninguna teoría es descartable. Este fin de semana, el editorial principal de La Nación pidió que se disminuya su custodia. Así, la decisión del Senado de permitir los allanamientos sin ninguna salvaguarda, como había reclamado la ex primera mandataria, derivó en que ya no pueda vivir con tranquilidad en su hogar.

988 días después de Cristina

988 d.C. El apoyo de Madres de Plaza de Mayo a CFK durante los allanamientos: "En ese abrazo afectuoso que le dimos también estamos defendiendo la democracia de nuestro país"

987 días después de Cristina

987 d.C.

986 días después de Cristina

986 d.C. Un informe de la Cámara Nacional Electoral confirma las denuncias sobre los aportantes truchos Una auditoría que complica a Vidal El informe fue elevado al juez federal Adolfo Ziulu. Probó la existencia de más de un centenar de aportantes que son beneficiarios de planes sociales, por lo que recomienda no aprobar el balance presentado por Cambiemos. Una auditoria interna de la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó las denuncias sobre los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña legislativa de 2017. El informe fue elevado al juez federal Adolfo Ziulu y le aconsejó no aprobar los rendimientos realizados por la alianza gobernante, debido a que probó la existencia de “más de un centenar” de aportantes que son beneficiarios de planes sociales, pero también halló aportes efectuados por empresas privadas y otras entidades prohibidas en la ley de financiamiento político. Ziulu pidió que se cite a declarar a varios de los supuestos aportantes. “No resulta posible aconsejar la aprobación del informe final de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, presentado por la Alianza Cambiemos Buenos Aires”, sostiene el informe que recibió el juez federal Ziulu. El magistrado tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires y el escándalo de los falsos aportantes de Cambiemos no le resulta desconocido. Semanas atrás el fiscal Jorge Di Lello remitió a su juzgado la investigación que inició luego de que las irregularidades salieran a la luz a partir de una investigación de El Destape. El informe interno de la auditoria de la CNE confirma que “más de un centenar de aportantes son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses” y destaca: “Tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”. A pesar de que la gobernadora María Eugenia Vidal, un mes después de que estallara el escándalo, se defendió diciendo que se trataba de “una denuncia del kirchnerismo”, el informe de la CNE también confirmó la denuncia respecto de que los beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”. Además, como informó PáginaI12, la investigación del fiscal Di Lello también probó que un 99 por ciento de los beneficiarios de planes figuraban además como afiliados al partido. Frente al informe de la auditoría de la CNE, el juez Ziulu citó a declarar a una decena de supuestos aportantes y libró exhortos para que el juzgado federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, Morón, San Isidro y Mar del Plata hagan lo mismo con otros casos. La auditoría advierte sobre más irregularidades cometidas por la alianza gobernante. Según dice, empleados, socios o directivos de Autopistas Urbanas SA, Petrolera El Trébol SA, Murata SA y otras firmas aparecen entre los aportantes. “Existen casos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí en la misma entidad, situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas prohibidos por la legislación vigente”, señala el informe revelado por La Nación. Los aportes individuales registrados en ese marco fluctúan entre los 5000 y 135 mil pesos y quienes pertenecen a una misma empresa figuran con el mismo aporte. “Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros nos presentamos en la Justicia a hacer la rendición de fondos. No hay nada que ocultar”, había dicho Vidal a un mes de la denuncia.

985 días después de Cristina

985 d.C. Hasta siempre Chicha ❤️ Vamos a seguir buscando a Clara Anahí y a todos los nietos que faltan encontrar.

984 días después de Cristina

984 d.C. Medidas judiciales y versiones mediáticas sobre el dinero que no está El agujero negro de la causa de los cuadernos Ante la ausencia del supuesto botín, el Ejecutivo ofreció una recompensa y la Justicia llevó a declarar al financista Ernesto Clarens y al ex funcionario José López. También reaparecieron las historias sobre bóvedas y paredes huecas, aun en domicilios varias veces allanados. Por Raúl Kollmann y Irina Hauser El juez y el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos saben que la pesquisa tiene un agujero inmenso: si hubo centenares de millones de dólares en supuestas coimas, en algún lugar tienen que estar. Sin el hallazgo del botín, el caso queda débil: se dirá que le encontraron plata a los Macri y no a los Kirchner. También la Casa Rosada sabe de esa orfandad probatoria. De manera que todos se han lanzado en una misma dirección. Por eso, el Poder Ejecutivo ofreció una recompensa; llevaron a declarar al financista Ernesto Clarens y al ex secretario de Obras Públicas José López; y, lo más curioso, vuelven con las viejas historias de que hay bóvedas –aun en domicilios que fueron allanados más de una vez–; paredes huecas e incluso que las coimas están en las inversiones con que los Kirchner hicieron dos hoteles en El Calafate. Aunque parezca increíble, esto último fue investigado en ocho (8) causas distintas en que las pesquisas chocaron con lo que alega la familia y su abogado, Carlos Beraldi: nunca se compró nada en efectivo; todo estuvo bancarizado, las adquisiciones se hicieron con dinero salido de ventas de departamentos o extraída de plazos fijos bancarios. Durante la semana habrá intensa actividad en la causa: es la forma que encontraron para tratar de tapar tarifazos, caída del salario real, despidos, hecatombe en las jubilaciones. Ocho Parece una comedia, pero no lo es. La especulación que vincula las coimas con la compra de hoteles –Alto Calafate y Los Sauces– sería investigada por octava vez si Claudio Bonadio y Carlos Stornelli deciden ir por ese camino. Lo mismo sucede con las bóvedas. Sobre estas cosas se investigó en tres oportunidades en causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner (Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide), en el expediente iniciado por denuncia de asociación ilícita de Elisa Carrió (Ercolini); en la causa sobre irregularidades en la obra pública (Ercolini); en la causa Hotesur (Ercolini); en la causa Los Sauces (Bonadio) y ahora en las fotocopias de los cuadernos (Bonadio). Siempre el objeto procesal fue el mismo: si los hoteles se compraron con dinero negro; si en los bienes de los Kirchner había fondos injustificados, si los alquileres eran ficticios y otras hipótesis semejantes. La familia Kirchner sostuvo desde siempre que los hoteles se compraron con la venta de más de 20 departamentos y terrenos, gran parte adquiridos en la década de los 80 y con fondos de plazos fijos que siempre estuvieron bancarizados y en la Argentina. El tema fue investigado en las siete causas ya detalladas, hubo pericias hasta de los profesionales de la Corte Suprema, y al menos por ahora no aparecieron alquileres injustificados o dinero que no haya salido de ventas de otros inmuebles o plazos fijos. También parece claro que las cifras en hoteles no tienen proporción alguna con la obra pública. La inversión en obra pública de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue de más de 100 mil millones de dólares. Se habla de montos de coimas siderales, 10 mil millones de dólares si fuera el 10 por ciento de la obra pública; o 160 millones de dólares los que dice que llevó el chofer Centeno o 60 millones de dólares que según Claudio Uberti había en el departamento de la calle Uruguay el día que murió el ex presidente. Eso sí, Uberti dice que no los vio, sino que le contaron. Ni los hoteles ni los departamentos alcanzan remotamente el 0,0003 por ciento de la obra pública. Lázaro Un dato curioso es que en todas las anteriores oportunidades, la acusación era que la plata de los hoteles provenía de acuerdos y contratos con Lázaro Báez. Por ejemplo, el convenio por el alquiler del hotel Alto Calafate o la construcción de viviendas y oficinas en terrenos que compartían Néstor Kirchner y Lázaro Báez. La causa actual está basada en las fotocopias de los cuadernos y resulta que en ninguna de las páginas de los Gloria aparece el nombre de Lázaro Báez. O sea que a lo largo de siete causas judiciales imputaron a Cristina por tener los hoteles gracias a supuestas irregularidades con Lázaro Báez y ahora la acusan, sobre la base de los mismos bienes, de que obtuvo los fondos a través de coimas en las que no tiene nada que ver el constructor santacruceño. Tendrán que afinar la puntería. Bóvedas Durante la última semana se volvió sobre el famoso tema de las bóvedas. Se buscó en los departamentos del primero y cuarto piso del edificio donde vive Cristina. A través de un scanner se detectó una pared ahuecada y, como adelantó PáginaI12, se derribó la pared sin que aparezca nada. El resultado del procedimiento fue que se llevaron secuestradas las boletas de luz y gas que había tiradas por debajo de la puerta. Sin embargo, no se privaron de titular “el misterio de la pared hueca”. Más llamativas fueron las imágenes tomadas en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos. No requirió demasiada producción. El inmueble, vacío, está en manos de una interventora designada por Claudio Bonadio, de manera que no hubo problemas en abrirles las puertas a las cámaras amigas. Por supuesto dejaron flotando la idea de que ahí pudo haber dinero escondido. Lo notorio es que el mismo magistrado allanó el estudio en dos oportunidades, cuando Máximo y Osvaldo Sanfelice tenían la inmobiliaria activa. Un allanamiento fue en la causa Hotesur. El otro, en la causa Los Sauces. Nunca se encontraron ni fondos ni ningún otro elemento, pero ahora lo presentan con el halo de misterio y sospecha que el momento requiere. Recompensa El Poder Ejecutivo no quiso quedar ajeno al show y recibió centenares de llamadas por la recompensa que ofreció a cambio de información sobre dinero oculto. Habrá que ver si de ahí surge alguna pista. Nunca se puede descartar y corresponde que se investigue todo. Lo que queda claro es que la Casa Rosada no pagó recompensas por el descubrimiento de sociedades y cuentas ocultas que aparecieron en los Panamá Papers o en los Paradise Papers y, para colmo, se permitió el blanqueo de groseras cifras a la familia Macri, pese a que la ley lo impedía. Las recompensas exhiben que el marco es la persecución, no encontrar la verdad. En la entrevista concedida a la CNN a raíz de la causa de los cuadernos, el Presidente se presentó casi como ajeno a la investigación. La realidad es que Uberti dijo que cobraba coimas de los concesionarios de autopistas hasta 2007 y Carlos Wagner confesó que arreglaban las licitaciones de la obra pública desde 2004. En ambos casos, Mauricio Macri era propietario y ejecutivo de las empresas involucradas en ambos –supuestos– ilícitos. Movidas En los próximos días seguirá intensa la actividad en la fiscalía y el juzgado. La declaración del financista Ernesto Clarens abrió expectativas porque está en línea con la búsqueda del dinero. Habrá que ver finalmente qué aporta. Por el lado de José López, quien se “arrepintió” el viernes, hay muchas dudas sobre qué puede aportar. Su credibilidad es casi inexistente: declaró en el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito que los 9 millones de dólares que tiró en el convento no eran suyos “sino de la política”. Y a continuación se despachó con un relato totalmente contradictorio con las pruebas existentes en el expediente. Los rumores son que López declaró contra gobernadores e intendentes, algo que le podría servir a la Casa Rosada para apretar a los supuestos sospechosos en aras de lograr un acuerdo para que se banquen la quita del Fondo Sojero. El expediente parece que tiene más de un uso político. El otro testigo estrella que volvería a declarar es Claudio Uberti. Lo exige la fiscalía, según parece. La confesión del ex funcionario fue grotesca. En un primer tramo dijo que les cobró coimas a los concesionarios, pero con una muy débil imputación contra Cristina. Se ve que le dijeron que necesitaban más, por lo que retomó la declaración y contó aquello de los 60 millones de dólares que no vio pero que le contaron que había en el departamento de la calle Uruguay. Todo indica que Uberti está listo para decir lo que se necesite. El tema es que habrá que probarlo. Se supone que durante esta semana tendrán mucho movimiento los integrantes de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. Tendrán que resolver todos los planteos existentes, entre ellos las apelaciones de Cristina porque el fiscal y el juez se quedaron con la causa de manera irregular y porque lo mismo –asociación ilícita por obra pública– lo está investigando otro juez, Ercolini. No hay un solo jurista en toda la Argentina que haya convalidado la forma en la que se está llevando adelante la causa judicial hasta el momento, pero habrá que ver si la Cámara intenta ponerle algo de higiene a lo hecho por la coalición política–judicial–mediática en el expediente. Por ultimo, está claro que continuará el desfile de empresarios. A cambio de zafar del calabozo, confiesan lo que se les pide. Eso sí, hasta el momento, ni uno sólo ha mencionado la posibilidad de devolver dinero del supuesto desfalco al que ellos mismos aluden. En Brasil, Odebrecht, Camargo Correa, el frigorífico JBS, el astillero Keppel Fels y otras empresas tuvieron que pagar centenares de millones de dólares por licitaciones amañadas. En la Argentina, Carlos Wagner dijo que arreglaban las licitaciones en la Cámara de la Construcción, incluso fijando ganadores y precios de manera clandestina. Nadie le preguntó en qué licitaciones, cuánto fue el desfalco y en cuánto estafaron al Estado. En el listado de Wagner figura obviamente Iecsa, la empresa que en esa época era de los Macri y luego dicen que se la vendieron al primo Angelo Calcaterra. Da la impresión de que sólo se van a investigar las coimas que habrían pagado y no al club de la obra pública y sus desfalcos. Por supuesto que Wagner, Angelo y compañía duermen en casa.

983 días después de Cristina

983 d.C. Las diferencias entre la investigación brasileña y la argentina ¿Y dónde está el dinero? Cuadernos fotocopiados, empresarios “arrepentidos”, revelaciones escandalosas... todo menos el dinero. Las diferencias con lo que apareció en Brasil. Por Raúl Kollmann, Irina Hauser y Dario Pignotti Desde Brasilia La gran pregunta de la causa de las fotocopias de los cuadernos es ¿dónde está la plata? En el mes que tiene la investigación –poco tiempo– todo consistió en un desfile de empresarios y funcionarios, en los cuales los primeros dijeron que pusieron dinero, muchísimo menos de lo que escribió el chofer Oscar Centeno, principalmente para campañas electorales y gastos políticos, pero también coimas siderales para arreglar licitaciones. En su acusación, el juez Claudio Bonadio dijo que se trató de una asociación ilícita cuyo objetivo era el enriquecimiento personal de Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido Néstor Kirchner. Si éste fuera el caso, el dinero tiene que estar en algún lado: en cuentas en el exterior, en sociedades ocultas, en bóvedas, en propiedades. Tal como se descubrió con muchos en Brasil, no con Lula ni con Dilma Rousseff. Pero también falta que los empresarios digan en cuánto sobrefacturaron, en qué obras, en qué contratos, y que se busque y recupere esa plata. Mientras no se encuentre el dinero supuestamente pagado por unos y cobrado por otros, mientras no aparezcan los fondos que se llevaron ilegalmente las empresas, la causa será más una persecución política, centrada en sacar de la cancha a Cristina, que una investigación judicial. Basta mirar a Brasil. En Argentina hasta ahora aparecieron los nueve millones de dólares de José López y unos dos millones y medio de dólares de Ricardo Jaime, según consta en las respectivas causas por enriquecimiento ilícito. En la mira también esta el ex secretario de Néstor Kirchner, fallecido hace dos años, a quien se investiga por propiedades en Miami, pero por ahora es una presunción. No se le encontraron cuentas, sociedades o bóvedas ni a Cristina ni a Néstor ni a Julio De Vido ni a Roberto Baratta. Ya se sabe que a los que sí le encontraron cuentas, sociedades y dinero oculto fue a la familia Macri y a buena parte de los funcionarios del actual gobierno, que aparecen en los Panamá Papers y los Paradise Papers, o blanquearon fondos escondidos. En Brasil se encontraron cuentas que movieron dinero de coimas en Hong Kong, Suiza, Montecarlo, Bahamas, Montevideo, Andorra, Nueva York, Holanda, Paraguay y otras ciudades y países. Hay números de cuenta, montos muy precisos, no confesiones sin datos. A Geddel Vieira Lima, ministro del presidente Michel Temer, lo descubrieron con 16 millones de dólares en cajas en su casa (foto). Los peritos tardaron 14 horas en contar el dinero. A Sergio Cabral, ex gobernador de Rio de Janeiro, le encontraron 100 millones de dólares en 15 cuentas en Suiza, Bahamas y otros países. Y dos millones y medio de dólares en diamantes y oro. A Eduardo Cunha, todopoderoso ex presidente de la Cámara de Diputados, le detectaron cinco millones de dólares en cuatro cuentas en Suiza, alguna a nombre de la sociedad Jesucristo.com. A Paulo Preto, asesor del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, le encontraron 13,3 millones de dólares en cuentas en Suiza. A Rodrigo Rocha Loures, asesor de Temer, lo sorprendieron con una valija en la que llevaba 142.000 dólares, el pago mensual por sobornos del frigorífico JBS. Pedro Barusco, ex directivo de Petrobras, aceptó devolver 97 millones de dólares de maniobras en contratos de la petrolera de administración estatal. Le encontraron, entre muchos otros bienes, una cuenta con 12,5 millones de dólares en Suiza. Paulo Roberto Costa, también ex directivo de Petrobras, devolvió 28 millones de dólares. Entre otras cosas le encontraron el yate Costa Azul, de 500.000 dólares. Pero también resulta interesante o que ocurrió con las empresas. El astillero Keppel Fels tuvo que devolver 200 millones de dólares por licitaciones arregladas. Se supone que había sobreprecios, pero la base es la manipulación de las licitaciones, coimas mediante. Odebrecht firmó acuerdos para pagar casi 800 millones de dólares por la misma razón, licitaciones fraudulentas. La constructora pagó esa cifra en Brasil, Estados Unidos y Suiza. La cementera Camargo Correa igualmente firmó un acuerdo para devolver 200 millones de dólares de licitaciones ganadas pagando coimas. La constructora OAS, la del departamento en Guarujá, trata de llegar a un acuerdo de devolución de dinero, pero todavía no se concretó. Los cambistas Alberto Yousseff, Leonardo Meirelles y Darío Messer aportaron información sobre cuentas ocultas. Y los datos fueron manipulados groseramente por la justicia brasileña: el rumor extendido es que se encontraron incluso cuentas de miembros del Tribunal Supremo, y eso se tapó. El propio juez Sergio Moro fue el que más usó, abusó y ocultó información. Todo se hizo en función de la política. Por ejemplo, hay dinero que las empresas entregaron para campañas electorales, lo que en Brasil no es un delito penal sino, como en la Argentina, una infracción a la ley electoral. Moro no hizo distingos entre coimas y aportes en negro para campañas electorales. Y, sobre todo, el magistrado no le pudo encontrar nada de nada ni a Lula ni a Rousseff, lo que demuestra cómo se está usando la justicia a nivel continental: el único objetivo de Moro y aquí en la Argentina es evitar el regreso de lo que ellos llaman los gobiernos populistas. Por eso está preso Lula. Lo más llamativo es que los empresarios desfilaron ante el fiscal Stornelli, hicieron confesiones en general, pero no aportaron ningún dato concreto: de dónde sacaron el dinero, qué licitación manipularon, qué sobreprecios cobraron, cuál fue la forma en la que se pagó, que obtuvieron a cambio. En el caso de la Hidrovía, CFK mostró que el decreto por el que Gabriel Romero dice haber pagado 600.000 dólares, sólo consistió en homologar un acuerdo que tuvo el visto bueno del Congreso. Lo apretaron para que diga algo contra Cristina y se ve que fue lo único que se le ocurrió. El lanzamiento de la recompensa para quien aporte datos sobre dinero oculto es una muestra de que el Poder Ejecutivo, que maneja todo a través del comando de Cambiemos que actúa en Comodoro Py, está con dificultades para conseguir pruebas. El dinero no aparece. Y, lo que más les interesa es que aparezcan fondos ocultos atribuibles a la ex mandataria y su familia. Cuando los fondos buitres dijeron, a través de Clarín y la revista Veja, que Máximo tenía 61 millones de dólares en el Felton Bank de Delaware, hasta la propia Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que salir a aclarar que todo era falso.

982 días después de Cristina

982 d.C. Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida. He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. Grande fue mi sorpresa cuando comencé a leer el referido decreto y mayor aún mi indignación cuando concluí su lectura. Es que el decreto 113 del 21 de enero del 2010 tiene particularidades muy especiales. Breve introducción al referido decreto El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública, se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense y se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados que habían sido puestos en crisis por la obligada salida del régimen mencionado. Uno de esos contratos era el de la empresa Hidrovía S.A. cuya concesión fue aprobada por el decreto 253 del 21 de febrero de 1995 y cuyo titular es el Sr. Gabriel Romero. El 3 de julio de 2003 Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Julio De Vido firmaron el decreto 311 por el cual se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en la órbita de los Ministerios de Economía y de Planificación Federal. Esa unidad tenía como función hacer operativas las renegociaciones ordenadas por la Ley de emergencia. El decreto y la hidrovía El 19 de junio de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la UNIREN y la empresa Hidrovía S.A firman una propuesta de Carta de Entendimiento para lograr la renegociación de la concesión. El principal problema que tenía dicha renegociación era que la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa Hidrovía S.A. en gran deudora de la AFIP por la liquidación de dicho tributo. La empresa sostenía que la normativa estaba mal aplicada en el caso particular de su actividad. Durante el año 2008, siendo ya presidenta, le manifesté al Sr. Romero que ese problema no se podía solucionar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque la AFIP no iba a hacer ninguna interpretación que implicara condonar una deuda. Le dije que yo no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva. Finalmente, dicho problema fue abordado por una Ley del Congreso de la Nación que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables con motivo de su explotación. O sea, para Hidrovía S.A. Dicha Ley, la 26.453, fue sancionada el 10 de diciembre de 2008 por UNANIMIDAD. Recién luego de aprobada esa Ley, la Carta de Entendimiento firmada por UNIREN y la empresa Hidrovía S.A. se sometió al proceso de audiencia pública en la que participaron y se expresaron opiniones de los usuarios, distintos sectores y actores sociales. Como consecuencia, la UNIREN estimó conveniente modificar aspectos de la propuesta de entendimiento, todo ello expuesto en las actuaciones y publicado en el sitio de internet de la mencionada Unidad. Luego, con fecha 21 de abril de 2009 la empresa y la UNIREN suscribieron una propuesta de Acta Acuerdo que contenía los términos de la renegociación del contrato ordenada por la Ley de salida de la convertibilidad. La Procuración del Tesoro de la Nación, cuya intervención es obligatoria de acuerdo al decreto 311/03, emitió un primer dictamen con propuestas que fueron incorporadas en una addenda modificatoria; emitiendo, luego, dicho organismo, un segundo dictamen final. Asimismo, también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tomó intervención de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. Cabe aclarar que la aprobación del Congreso de la Nación era condición imprescindible para la ratificación del Acta Acuerdo. O sea, sin Parlamento, no había decreto. Dicha comisión emitió un dictamen de mayoría en el que realizaron modificaciones a la propuesta del Acta Acuerdo, incluyendo además un requerimiento efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Introducidas las modificaciones propuestas por el Parlamento, el 20 de octubre de 2009, la UNIREN y los representantes de la empresa concesionaria suscribieron el Acta Acuerdo y establecieron las condiciones de adecuación del contrato de concesión de la hidrovía, tal cual lo había ordenado la Ley de emergencia pública y salida de la convertibilidad. Por último, y de acuerdo lo establece el decreto 311/03, correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113. O SEA que mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto. Hoy, en un verdadero menú de “arrepentidos” a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación. El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas.

981 días después de Cristina

981 d.C. El PJ se mostró fuerte y respaldó a Cristina Kirchner En un nuevo plenario nacional, varios provincias se sumaron y mostraron una fuerte unidad en medio del tormentoso frente judicial. Pese a las graves denuncias contra ex funcionarios kirchneristas y dirigentes del peronismo, el Partido Justicialista realizó hoy un plenario nacional en el que exhibió incorporaciones de provincias que no venían participando de la vida partidaria y se mostró compacto en la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner. En medio del tormentoso frente judicial vinculado al escándalo de los cuadernos, el peronismo buscó dar un mensaje de fortaleza y exhibió a los vicegobernadores de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando; de Chaco, Daniel Capitanich; y de San Juan, Marcelo Lima; tres provincias que venían moviéndose en la órbita del Peronismo Federal y que ahora, tras el fin de la intervención, habrían saltado el cerco. Por el contrario, Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Juan Manzur (Tucumán) continúan por fuera del frente que prepara el PJ Nacional en alianza con Unidad Ciudadana, la fuerza de Cristina Kirchner. Por Entre Ríos, sí estuvo el ex gobernador Sergio Urribarri, quien tiene ganas de volver a gobernar su provincia con el impulso del kirchnerismo, pero se vería impedido porque la carta constitucional de la provincia impide un tercer mandato. En la sede de Matheu 130 también se produjo el regreso del senador y presidente del PJ puntano, Adolfo Rodríguez Saá, quien a diferencia de su hermano Alberto, había dejado hace tiempo de ser un "habitué" de las reuniones en la tradicional casa del peronismo del barrio de Balvanera. Además de Alberto Rodríguez Saá, la otra mandataria provincial presente fue Lucía Corpacci de Catamarca. El intendente de General Roca, Martín Soria, quien pisa fuerte en las encuestas como precandidato a gobernador de Río Negro, el ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín, y el ex gobernador bonaerense y actual número dos del partido, Daniel Scioli, fueron otras presencias destacadas en el plenario que encabezó el presidente del PJ, José Luis Gioja. Hubo una defensa férrea de Cristina Kirchner, a quien consideran blanco de una campaña de "persecución" permanente orquestada por el Gobierno y el juez Claudio Bonadio. Gioja, actual diputado nacional del Frente para la Victoria- PJ, acusó al Gobierno de "usar a un sector de la Justicia para hostigar y perseguir a quienes hacen oposición en la Argentina". "Necesitamos que se haga justicia, pero no queremos shows" afirmó durante una conferencia de prensa que se desarrolló al cabo de la cumbre, que duró más de tres horas. Gioja se despegó de la causa de los cuadernos y negó haber tenido información sobre movimientos irregulares de dinero durante el kirchnerismo, al afirmar que "si hubiera sabido, lo habría denunciado". "El que se autoincrimine que se haga cargo de lo que dice", indicó el sanjuanino, en referencia a la confesión de Hugo Martín Larraburu, quien fuera secretario del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Luego de la reunión se difundió un documento orgánico en el que se hizo hincapié en un plan del Gobierno para "distraer al pueblo" respecto de la "crisis" que el PJ considera autoinfligida. Según alertaron, el país enfrenta una "situación de extremo peligro" y "va camino a una crisis de proporciones", y advirtieron sobre la elevada inflación, la "presión tributaria" y la eliminación del Fondo Federal Solidario, una "clara medida de ajuste despiadado". "Mientras estas cosas ocurren se distrae al pueblo con una novela con aires de burlesque, ocultando y mintiendo, cuando se impone conocer toda la verdad, pero ello supone respeto de la legalidad y el sometimiento a jueces naturales, imparciales y ajenos a enemistades manifiestas o intereses económicos y políticos, que persiguen la intención de algunos sectores judiciales y mediáticos de servir a estrategias geopolíticas dirigidas a proscribir y perseguir dirigentes políticos, sociales y sindicales de la oposición", denunciaron. "Hoy van contra Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad van contra el Peronismo, que es el único partido político de oposición que tiene este Gobierno", concluyeron. Del plenario también participaron el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); el senador nacional formoseño José Mayans; los diputados nacionales Agustín Rossi, Daniel Filmus, Fernando Espinoza, Cristina Álvarez Rodríguez y Eduardo "Wado" De Pedro. También estuvieron los gremialistas Omar Plaini, Antonio Caló, Víctor Santa María y Ricardo Pignanelli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés; el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro; y los dirigentes Gabriel Mariotto, Guillermo Moreno y Julián Domínguez.

980 días después de Cristina

980 d.C. El ex funcionario se convirtió en arrepentido estrella por sus llamativas declaraciones Uberti dijo las palabras mágicas El ex titular de la Occovi dejó de ser funcionario en 2007. Sin embargo, también habló sobre supuestos hechos que ocurrieron mucho después. Contó que cobraba 150 mil dólares de coimas por mes de los concesionarios de peaje. El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa. No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo. Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros. El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo. En la declaración ante Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”. Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio. En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos. Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez. Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.

979 días despues de Cristina

979 d.C. #FuerzaCristina

Cambiemos y un sector del justicialismo buscan autorizar los allanamientos a CFK El Senado se suma al show La Cámara alta sesionará hoy desde las 14. El oficialismo asegura que cuenta con los votos para avalar el pedido de la Justicia. Además, tratarán la ley de extinción de dominio, que tiene media sanción de Diputados y sufriría modificaciones. Por Sebastian Abrevaya El Senado tendrá hoy una sesión de alto voltaje. Después de la postergación de la semana pasada, finalmente se tratará el pedido del juez Claudio Bonadio para allanar los domicilios y las oficinas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También está previsto que se aprueben modificaciones a la ley de extinción de dominio, por lo que el proyecto volvería a la Cámara de Diputados. En ambos casos Cambiemos intentará instalar fuertemente el tema de la corrupción, en un contexto económico y social crítico. Un sector del bloque encabezado por Miguel Pichetto podría contribuir, aunque planteando sus matices, a cumplir los deseos del oficialismo y darle un triunfo. A las 14 está convocada para sesionar la Cámara alta. En realidad, según difundieron ayer las autoridades parlamentarias, se retomará la sesión del último jueves, postergada en un cuarto intermedio. Por ese motivo no sería necesario alcanzar el quórum para comenzar el debate. El temario incluye en primer término la ratificación de un convenio con Chile y luego el asunto más fuerte de la jornada: los allanamientos a los inmuebles de CFK. En el interbloque oficialista descontaban que conseguirían el número para que luego la Justicia despliegue un nuevo megaoperativo como el del lunes, con la correspondiente cobertura espectacular de los medios afines. El oficialismo cuenta con 25 votos propios y para garantizarse un triunfo necesita juntar 37. Sin embargo, teniendo en cuenta eventuales ausencias o abstenciones el número podría ser menor. En ese contexto, la división del interbloque Argentina Federal, de 24 integrantes, será la llave para el éxito oficialista. Pichetto y otros senadores como el salteño Rodolfo Urtubey y el catamarqueño Dalmacio Mera, ya adelantaron su postura a favor de avalar los allanamientos, aunque con una restricción: que no incluya las oficinas legislativas, dado que lo consideraron una intromisión en otro poder del Estado. Hay otros senadores de ese interbloque que no acompañarán esa posición. Eso deslizó el formoseño José Mayans, quien además reconoció la división interna. “Quieren hacer un show mediático. No es cualquier persona, es una persona que tiene intención de voto muy fuerte, incluso en este momento está superando al presidente. En lo personal no estoy a favor de lo que se hace últimamente: el ataque mediático. Se declara culpable a la persona antes de llevar el proceso judicial, antes de que la persona pueda hacer uso de su defensa”, aseguró. Con que Pichetto logre el acompañamiento de la mitad del interbloque sería suficiente. De todas maneras, el oficialismo tiene también otras bancadas en las que sumar adhesiones: el interbloque Federal, compuesto por senadores muy afines a la Casa Rosada como Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann podría aportar un puñado más de votos. El kirchnerismo, con 9 votos, ya adelantó que votará en contra pero no conseguiría sumar los votos suficientes para dar vuelta el resultado. En cuando a la ley de extinción de dominio el escenario es más complejo. Tanto Cambiemos como el Bloque Justicialista y el FpV-PJ tienen sus propias iniciativas ya que fracasó el intento de unificar un sólo texto.

978 días después de Cristina

978 d.C. Ginés González García tras la muerte de Elizabeth por un aborto clandestino "Ya son tragedias con nombre, apellido y consecuencias” El ex ministro de Salud Ginés González García rescató que tanto la desaprobación del proyecto de legalización de la interrupción de un embarazo como el caso de la mujer que murió por complicaciones derivadas de un aborto clandestino harán que el tema se instale en la sociedad “ya no como una cuestión de cantidad de víctimas sino de tragedias con nombre, apellido y consecuencias”. Además, anticipó que la cuestión “será uno de los ejes” de la próxima campaña electoral", con lo cual, advirtió, “cada candidato va a tener que dar una definición” al respecto. El ex funcionario deslizó, además, que los senadores que rechazaron el proyecto tuvieron algún grado de responsabilidad en el caso. “Tenían decidido que no hubiera ley, que siguiera todo igual, que siguiera la muerte, y hoy tuvimos una evidencia de ello”, dijo durante una entrevista en “Lo peor ya pasó”, por AM 530 Somos Radio. “Antes hablábamos de números, pero ahora vamos a empezar a hablar de la tragedia individual que significa el aborto”, reflexionó González García en referencia al caso de Elizabeth, la mujer de 34 años y madre de un hijo que falleció en un hospital de la localidad bonaerense de General Pacheco. “Ninguna (mujer que muera) va a dar en el anonimato, todas van a tener singularidad, nombre, apellido y consecuencias”, insistió. Asimismo, anticipó que “la próxima campaña electoral va a tener el debate del aborto como eje”, con lo cual cada candidato deberá “dar una definición” al respecto. En este sentido recordó que la mayoría de los dirigentes que se manifestaron en contra del proyecto “son del PRO” y estimó que esto podría incidir en la decisión que tomen los votantes. Ginés cuestionó también a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había dicho sentirse “aliviada” por el rechazo al proyecto de legalización del aborto y en cuyo territorio ocurrió el caso de Elizabeth. “Yo no sé cómo alguien puede sentirse ‘aliviado’ con estas circunstancias”, a las que calificó de “muertes innecesarias y evitables”. En este sentido, interpretó que la no sanción de esa iniciativa “fue un combate que perdimos” frente a un grupo de senadores “que ya tenía decidido que no hubiera ley”. “Todas las correcciones que hicieron durante el debate (como la reducción de 14 a 12 semanas para el período permitido para la práctica o la objeción de conciencia institucional) se corrigieron e igualmente dijeron que ‘no’. Es decir que no querían un cambio”.

977 días después de Cristina

977 d.C. Cristina ya está en Cdoro Py

Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del #Lawfare. Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI. Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa. Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri. Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública… Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ‘90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas. Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país. A continuación, les dejo los escritos que presentaremos el día de hoy. Presentación. Litispendencia. Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, constituyendo domicilio en en Av. Santa Fe 1752, 2° “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria, vengo a deducir como excepción de previo pronunciamiento la de falta de acción por litispendencia. En consecuencia, previo trámite de ley, requiero que se remitan estos actuados al Juzgado Nº 10 del fuero, donde se encuentra radicada la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 2. Una vez que se encuentre resuelta la presente excepción, así como también los planteos articulados por mi defensa habré de dar una respuesta puntual a los cargos que se me efectúan, los cuales desde ya niego de manera terminante. 3. A efectos de contextualizar este planteo, en primer lugar habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015. Luego haré una breve referencia sobre el inicio y desarrollo de esta causa y, finalmente, expondré las razones que sustentan la excepción articulada. 4. En virtud de las cuestiones constitucionales que se encuentran involucradas en este caso y de su gravedad institucional, desde ya anticipo que, de ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II. La persecución judicial A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional. Aunque parezca mentira, se pretendió judicializar hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante los gobiernos que tuve el honor de presidir, el manejo acordado a las relaciones internacionales de la Argentina con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados, como establece la Constitución Nacional, por las leyes de presupuesto votadas anualmente por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria fuese eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha conectado a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los cuales, para infringirme un mayor daño, fueron imputados mis hijos y otros miembros cercanos de mi familia. Todo ello, bajo la cobertura de un gigantesco aparato de propaganda montado por los medios de comunicación hegemónicos cuyos intereses mezquinos habían sido puestos en riesgo a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera impulsada y sancionada durante mi administración. Un breve raconto de los procesos judiciales que fueron abiertos permitirá dimensionar la gravedad de cuanto vengo afirmando. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 presté declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. Como la aplicación de la ley y la búsqueda de la verdad nada tienen que ver con la tarea que se desarrolla V.S., en dicho expediente fui procesada, embargada y, entre otros abusos, fui obligada a viajar miles de kilómetros para cumplir diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en mi lugar de residencia en la ciudad de Río Gallegos. Luego, violentándose de manera grosera las pautas reglamentarias establecidas en materia de asignación de causas judiciales, en el mes de abril de 2016 se formó el expediente conocido públicamente como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). En rigor de verdad, se trataba nada más ni nada menos que de un caso mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este Juzgado hasta que su titular, como consecuencia de las barbaridades procesales perpetradas, fue separado de su conocimiento. Pese a los planteos efectuados, Bonadío logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a perpetrar los mismos ritos delictivos que caracterizan su actuación: ordenó allanamientos ilegales, permitió (por acción u omisión) que se robara documentación en el marco de tales registros domiciliarios para que la misma fuese entregada a una de mis denunciantes seriales, quien la utilizó para seguir iniciando expedientes ilegítimos en mi contra, convocó a decenas de personas (incluidos mis dos hijos) a prestar declaración indagatoria, intervino sociedades (entre las que se encontraban medios de comunicación críticos al actual gobierno), dictó procesamientos, trabó embargos millonarios e incluso ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de mi familia bajo la espuria y falsa fundamentación de que había querido violar una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico (la “intervención” de un condominio). Después de cometer todas estas graves arbitrariedades el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero, reconociendo en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas que jamás estuvo legitimado para intervenir en dicho proceso. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” fui procesada por Bonadío en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Esta última conducta se habría desarrollado durante los tres mandatos presidenciales y habría tenido como finalidad recibir dinero como ilegítima contraprestación por el otorgamiento de concesiones de obra pública. Tanto ha sido todo este disparate que incluso mi hija Florencia fue imputada como organizadora de la banda criminal, sin siquiera repararse que al inicio de la supuesta maniobra ella tenía tan solo doce años. Por otro lado, Bonadío, utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo inició una nueva investigación en mi contra, ahora por el delito de traición a la patria, llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadío dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida. En esta ocasión y con la clara y manifiesta intención de que no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires me había conferido como Senadora de la Nación, el 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de mi banca- V.S. pidió mi desafuero para proceder a mi detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que la suscripta carecía de fueros parlamentarios, V.S. nunca pidió mi detención pese a haberme procesado en dos oportunidades, una de ellas por el supuesto delito de asociación ilícita. Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado, emplazado así en la insólita posición de juez enemigo, lo cierto es que en otro Juzgado de este fuero también se desarrollaron otras investigaciones de similares características y que además resultan previas. En primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. En ella se investiga, una vez más, los supuestos vínculos delictivos entre los funcionarios del anterior gobierno y un grupo de empresarios a los cuales se les asignaron contratos de obra pública. Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Precisamente, en virtud de la nueva condición asignada al expediente Nº 15.734/2008 en el mes marzo del año 2016 la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014) fuera remitida al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. Por otro lado, también por razones de conexidad tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016 (expediente de la “Obra Pública”). Aquí fui procesada por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- la misma asociación ilícita que se me imputa en los otros expedientes. En síntesis, como puede apreciarse, desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015. III. La presente causa A partir del 1º de agosto del corriente año, los argentinos nos enteramos de la existencia de una nueva causa penal en la que eran detenidas decenas de personas y se realizaban una multiplicidad de allanamientos. Estas medidas, pese a haberse ordenado el secreto de las actuaciones, eran divulgadas en tiempo real por los medios de comunicación. Incluso, estos mismos medios difundían el momento preciso en que las personas eran capturadas, ilustrando las diligencias con videos y fotos cuyo origen no podía ser otro que el de las propias instituciones que intervenía en las diligencias. Todo ello se había iniciado, según nos contaron, a raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según se relata, Bacigalupo, en un “acto de patriotismo” se habría apropiado de los cuadernos y se los habría entregado a un periodista del diario La Nación, a saber, Diego Cabot, quien por lo que se informa y no fue desmentido tendría estrechas relaciones con la alianza gobernante. A este pasamanos inicial que habría tenido lugar en el mes de enero del corriente año se le sucedieron otros episodios no menos llamativos, a saber: a. Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe. b. Dos meses más tarde, ante el reclamo efectuado por Bacigalupo, Cabot le habría devuelto los cuadernos, habiendo obtenido previamente fotocopias del material. c. Después de haber devuelto los cuadernos originales y contando ahora sólo con sus fotocopias, Cabot tomó la decisión de informar el hecho a la justicia. Sin embargo, ello ocurrió de una manera bastante particular, ya que en lugar de presentar una denuncia como hace cualquier ciudadano se contactó, no sabemos bien cómo, con el fiscal Carlos Stornelli, quien se mostró extraordinariamente interesado en el caso, requiriéndole que el material sólo se lo dieran a él. d. El fiscal, ya con las fotocopias de los cuadernos en su poder, tampoco cumplió con el procedimiento legal correspondiente, a saber, hacer la denuncia para que se sorteara el juez competente que debía intervenir en el hecho. Por el contrario, en forma discrecional eligió a Bonadío bajo el pretexto de que ya existía una causa judicial que habilitaba su trabajo en común. e. Elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas. En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta. f. Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita. IV. Litispendencia 1. Sentado cuanto precede, surge con total evidencia que Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita, conducta por la que ya me encuentro perseguida en la causa Nº 15.734/2008, hoy denominada “causa madre” y procesada en las causas Nº 3732/2016 (“Los Sauces”) y Nº 5048/2016 (“Obra pública”). Además, sobre la misma asociación ilícita también se ha hecho mérito en la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), en la que estoy procesada por el delito de lavado de activos en concurso real con la figura prevista en el art. 210 del Código Penal. Así las cosas y sin perjuicio de los planteos efectuados por mi defensa, resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior. Concretamente, i) en la causa 15.734/2008 me encuentro imputada como jefa de una presunta asociación ilícita que conformara con el Dr. Néstor Carlos Kirchner, otros funcionarios del anterior gobierno y empresarios amigos, beneficiarios de concesiones estatales y contratos de obra pública; ii) en la causa Nº 3732/2016 fui procesada por ser la jefa de una presunta asociación ilícita desarrollada en el mismo período (años 2003 a 2015) y cuyo objeto sería apoderarse de dineros estatales junto con empresarios afines; iii) en la causa Nº 5048/2016 también fui procesada por ser la jefa de una supuesta asociación ilícita cuya actividad coincide en modo, tiempo y espacio con la que fuera definida en los expedientes anteriores. Ahora, en esta causa Nº 9608/2018 vuelvo a ser perseguida por la misma conducta, que se superpone con la imputación efectuada en los tres procesos anteriores. En síntesis, pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa. Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio. Para que se entienda, estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI. A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política. Si se repasa lo que he relatado en el capítulo anterior se comprenderá que “Hotesur”, “Dólar Futuro”, “Obra Pública”, “Los Sauces”, “Memorándum de Entendimiento con Irán” y ahora, “Obra Pública II” o la “Causa de los Cuadernos” componen una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos. 2. Por otro lado, como dato definitorio, debo recordar que la relación de litispendencia existente fue expresamente reconocida por el propio Bonadío en el marco de la causa “Los Sauces”. Concretamente, en la misma resolución en la que me procesó como jefa de la supuesta asociación ilícita se declaró incompetente para continuar al frente de la causa y ordenó su remisión al Juzgado Federal Nº 10. A tal efecto sostuvo lo siguiente: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Tal pronunciamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones del fuero y, en consecuencia, la causa “Los Sauces” fue remitida al Juzgado Nº 10. En definitiva, si Bonadío quiere perseguirme y hostigarme, al menos debería saber un poco de derecho o simplemente tener algo de memoria, cualidades que, por lo visto, no posee. 3. Por lo demás, seguramente el planteo aquí deducido será presentado ante la opinión pública por la prensa hegemónica como una estrategia para no declarar o bien para embarrar la cancha. Ello es absolutamente falso. En este sentido debo recordar que en el marco de la causa de “Obra Pública” (Expte. Nº 5048/2016) conexa a la “causa madre” (Expte. Nº 15.734/2008) desde hace más de dos años vengo requiriendo que se lleve a cabo una investigación integral de toda la inversión en obra pública que se desarrolló entre los años 2003 y 2015, pero no como se intentó hacer en ese proceso, tomando una única provincia y un único contratista, sino a todas las jurisdicciones y respecto de todas las empresas. Es más, si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, incluso la investigación debe alcanzar hasta el presente. En verdad, resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`. Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas. Además, también es imprescindible que se analice el manejo de la obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el PRO viene gobernando desde hace más de una década. En definitiva, lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda. V. Petitorio Por todo lo expuesto, solicito: 1. Se incorpore esta declaración en el marco de la audiencia a la cual fui convocada para prestar declaración indagatoria. 2. Se dé trámite a la excepción de litispendencia articulada. 3. Se haga lugar al planteo y, en consecuencia, se remita el proceso al Juzgado Federal Nº 10 para su acumulación a la causa Nº 15.734/2008 y demás expedientes conexos. 4. Se tengan presentes las reservas efectuadas. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA. AGOSTO 13, 2018 Planteo de nulidad Planteo de nulidad. Presentación del Dr. Carlos Alberto Beraldi. Señor Juez: Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, en mi carácter de abogado defensor de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752, 2º piso “A” de esta ciudad, digo: I.- Objeto 1. Que, en los términos previstos por el art. 166 y siguientes del ordenamiento de rito vengo a promover el presente planteo de nulidad. A mérito de los argumentos fácticos y jurídicos que serán desarrollados en esta presentación y en función de las pruebas requeridas en su capítulo V, desde ya solicito que se declare la invalidez de todo lo actuado en este proceso. 2. Asimismo, por los fundamentos que serán brindados peticiono que oportunamente se extraigan testimonios de las presentes actuaciones a efectos de investigar la posible comisión de los delitos que se habrían perpetrado en el marco del trámite de este expediente. 3. En virtud de la naturaleza de este planteo y de las consecuencias que habrán de desprenderse del mismo, a través de dos presentaciones independientes habré de requerir el inmediato apartamiento tanto del fiscal como del magistrado que intervienen en la causa. 4. A todo evento, en virtud de las garantías constitucionales vulneradas y la enorme gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. II.- Aclaración preliminar Según enseña la más calificada doctrina, uno de los objetivos fundamentales de la investigación penal consiste en esclarecer la verdad de los hechos que son denunciados. Por tal razón, los deberes impuestos por la ley a los magistrados y funcionarios judiciales se dirigen, precisamente, a garantizar que la tarea de reconstrucción histórica sea llevada a cabo en base a los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, impidiéndose así que la misma quede a merced de cualquier tipo de especulación, manipulación o interés subalterno. Como se explicará en los siguientes apartados, el planteo que aquí introduzco no solo se dirige a colocar este proceso en un marco de legalidad -del que se ha visto privado desde su inicio- sino fundamentalmente busca que se lleve a cabo una verdadera investigación judicial sobre hechos que han tomado gran repercusión pública y que se vinculan con la posible comisión de graves delitos. Ahora bien, debo enfatizar que este segundo propósito perseguido por la parte que represento (la búsqueda de la verdad) no se originó a partir de esta nueva citación a prestar declaración indagatoria. Muy por el contrario, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ya en el año 2016 y en el marco de la causa Nº 5048/2016, públicamente conocida como el expediente de “Obra Pública” solicitó en reiteradas oportunidades que se investigaran todas las contrataciones que en materia de obra pública se llevaron a cabo entre los años 2003 y 2015. No sólo eso, la bancada de diputados del espacio político que lidera la ex Presidenta de la Nación presentó e impulsó un proyecto de ley por el cual se creaba una comisión bicameral de investigación de la obra pública realizada entre los años 2003 y 2015. Concretamente, mi representada, en su primera presentación en las actuaciones de referencia, señaló que para determinar o descartar una supuesta matriz de corrupción debía necesariamente investigarse toda la inversión que en materia de obra pública se había ejecutado durante el período aludido. Lamentablemente, hasta aquí tan elemental planteo no sólo no fue atendido, sin que se brindara para ello ninguna razón jurídica valedera, sino que además se rechazó el planteo en todas las instancias judiciales. Pareciera ser que sólo se quería investigar a una única y determinada empresa contratista y, también, en una única y determinada provincia. Por ende, resulta cuanto menos llamativo que, casi dos años después, se haya abierto súbitamente este nuevo proceso, en el cual se pretende abordar una investigación de iguales o similares características a la que fuera reclamada por mi parte. Empero, lo que deviene aún más desconcertante y sospechoso es que para llevar a cabo tal supuesta tarea se vuelva a recurrir por cuarta vez a la imputación de una presunta asociación ilícita que ya se encuentra investigada en tres expedientes judiciales en trámite por ante este fuero. Es más, uno de esos expedientes se inició en este mismo Juzgado y en la resolución en la que se dictó el procesamiento de mi defendida por el presunto delito de asociación ilícita, V.S. se declaró incompetente, remitiendo la causa al Juzgado Nº 10. A tal efecto brindó una extensa explicación, justificando las razones por las cuales no le correspondía seguir investigando ese delito, pronunciamiento que además fue, por si fuera poco, ratificado por la Cámara de Apelaciones. III.- El planteo de nulidad A. Antecedentes A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación mi representada ha sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante su gobierno, el manejo de las relaciones diplomáticas de nuestro país con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso de la Nación. Para que la maniobra persecutoria sea eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha pretendido conectar a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los que también incluso se llegó a imputar a los hijos de mi representada y a otros miembros cercanos de su familia. Veamos. En el marco de la causa públicamente conocida como “Dólar Futuro” (Expte. Nº 15.152/2015), el 13 de abril del año 2016 la Dra. Kirchner prestó declaración indagatoria en este Juzgado en orden a un hecho que se vincula exclusivamente con la política monetaria que fue desarrollada por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2015. En este expediente fue procesada, embargada y, entre otras arbitrariedades, obligada a viajar miles de kilómetros en dos oportunidades para cumplimentar diligencias de mero trámite que podían y debían ser llevadas a cabo en su lugar de residencia en la ciudad de Rio Gallegos. También en el mismo mes de abril de 2016 y violentándose todas y cada una de las pautas establecidas en materia de asignación de causas, se formó el expediente conocido como “Los Sauces” (causa Nº 3732/2016). Se trataba nada más ni nada menos que de un expediente mellizo a la causa “Hotesur” (Expte. Nº 11.352/2014), que tramitara originariamente ante este mismo Juzgado hasta que V.S., como consecuencia de las nulidades procesales acaecidas, fue separado del conocimiento de esa causa por la Cámara de Apelaciones. Pese a los planteos efectuados por las defensas, el titular de este Juzgado logró retener esta causa melliza y, como era de esperar, volvió a realizar las mismas arbitrariedades que había cometido en la causa “Hotesur”: se ordenó una infinidad de allanamientos, se convocó a prestar declaración indagatoria a decenas de personas (incluidos los dos hijos y la sobrina de mi mandante), se intervino sociedades comerciales (varias de las cuales administran medios de comunicación que siguen una línea editorial crítica del actual gobierno), se dictaron procesamientos, embargos millonarios e incluso se ordenó la prisión preventiva de quien fuera el contador de la familia Kirchner bajo la falsa fundamentación de que había violado una medida cautelar que, para colmo, ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico: la “intervención” de un condominio. Después de cometer todas estas arbitrariedades, el juez, por propia iniciativa, se declaró incompetente en la causa y ordenó su remisión al Juzgado Nº 10 del fuero en la misma resolución en la que ordenó los procesamientos de decenas de personas. Debo destacar que en la causa “Los Sauces” la Dra. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada en orden a los delitos de lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública y también de asociación ilícita. Con relación a esta última figura, la conducta imputada quedó definida en los siguientes términos: “…haber conformado una organización, integrada por Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los Ángeles MERCADO, Lázaro Antonio BÁEZ, Martín BÁEZ, Leandro BÁEZ, Luciana BÁEZ, Cristóbal LÓPEZ, Fabián DE SOUSA, Osvaldo José SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Martín Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MARTÍN, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUEÑA, Norma Beatriz ABUIN, Víctor Alejandro MANZANARES, Alberto Óscar LEIVA y otras personas aún sin identificar, la cual comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de `Los Sauces S.A.` y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito”.- No puedo dejar de recordar que en la causa “Los Sauces”, Florencia Kirchner fue considerada como organizadora de la banda, sin repararse que al inicio de la supuesta maniobra delictiva ella tenía tan solo doce años. También, y utilizando una vez más la técnica del expediente mellizo, el titular de este Juzgado inició una nueva investigación en contra de mi representada ahora por el delito de traición a la patria (Expte. Nº 14.305/2015) llegando a afirmar la existencia de una situación de guerra exterior que, como es de público y notorio conocimiento, jamás ocurrió. También aquí se dispusieron múltiples detenciones, procesamientos infundados, embargos millonarios y prisiones preventivas. En esta ocasión, y con la clara y manifiesta intención de que mi representada no asumiera el cargo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le había conferido como Senadora de la Nación, el día 7 de diciembre de 2017 -último día hábil anterior a tomar posesión efectiva de su banca- V.S. pidió su desafuero para proceder a su detención. Curiosamente, durante los dos años previos en los que mi representada carecía de fueros parlamentarios, V.S. jamás había pedido su detención, pese a haberla acusado en el marco de dos procesos de graves delitos (uno de ellos, el de asociación ilícita). Ahora bien, más allá del carácter protagónico asumido por el titular de este Juzgado en la persecución desatada en contra de mi mandante, lo cierto es que en el Juzgado Nº 10 del fuero se desarrollaron otras investigaciones de similares características. En efecto, en primer lugar debo recordar que desde el año 2008 viene tramitando allí la causa Nº 15.734/2008 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”. Según fue descripto en el requerimiento de instrucción formulado en esa causa, la asociación ilícita habría operado de la siguiente manera: “…se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios” (lo subrayado me pertenece). Este proceso, en el marco del cual hasta finales del año 2015 sólo se había comprobado la inexistencia de las ilicitudes denunciadas (dictándose los correspondientes sobreseimientos) a partir del cambio de gobierno tuvo un vuelco inesperado (al menos desde el plano jurídico), pasando a tener ahora tal relevancia que en las resoluciones judiciales dictadas en diferentes procesos que tramitan en este mismo fuero, comenzó a ser denominada como la “causa madre”. Dicha condición determinó que en marzo del año 2016 el expediente “Hotesur” (causa Nº 11.352/2014) fuera remitido al Juzgado Nº 10 del fuero, donde actualmente continúa su trámite. En este proceso mi representada ha sido procesada por el supuesto delito de lavado de activos en concurso real con el de asociación ilícita. Por otro lado, por razones de conexidad también tramita en dicho Juzgado la causa Nº 5048/2016, a la que ya me refiriera (expediente de la “Obra Pública”). Aquí, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner se encuentra procesada en orden a los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y también -sí, una vez más- asociación ilícita. La imputación de este segundo delito quedó descripta de la siguiente manera: “Que se encuentra acreditado en autos en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada en el expediente, habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. En síntesis, como puede apreciarse, antes de que se iniciara el presente proceso ya existían tres expedientes por la misma imputación de asociación ilícita que se quiere investigar en estas actuaciones. Ergo, esta causa constituye el cuarto proceso en el cual mi defendida pasa a ser enjuiciada como presunta jefa de una misma organización criminal desarrollada mientras se desempeñó como Presidenta de la Nación entre los años 2007 y 2015. En resumen, el caso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner es un precedente que, a no dudarlo, resulta único en los anales de jurisprudencia de cualquier sociedad, no ya democrática, sino mínimamente civilizada. B. El caso Si bien las presentes actuaciones se encuentran al día de la fecha bajo secreto de sumario, la cobertura periodística brindada al proceso permite reconstruir su inicio y desarrollo. Veamos. 1. Según lo describió el periodista Diego Cabot en distintos artículos que fueron publicados en el diario La Nación, el 8 de enero de 2018 el nombrado habría tomado contacto por primera vez con las inscripciones que habría realizado el chofer Oscar Centeno en un anotador, seis cuadernos espiralados y un cuaderno azul de tapa dura, así como también con una serie de videos y algunas fotografías. El material en cuestión, según informó el periodista, se encontraba en una caja cerrada que habría sido entregada por el mismo Centeno meses antes a Jorge Bacigalupo con el encargo de que éste la mantuviera bajo reserva. No obstante ello, Bacigalupo se habría contactado con el periodista Cabot haciéndole entrega del material que tenía bajo su custodia, lo cual habría ocurrido en el domicilio del primero. A partir de aquí, siempre según el relato periodístico, Cabot habría convocado para el análisis del material recibido a dos alumnos de la Maestría en Periodismo de la Universidad Di Tella y La Nación, a saber, Candela Ini y Santiago Nasra. Ello, con el propósito de estructurar la información y volcarla en un informe periodístico. 2. Según explicó Cabot, el 8 de marzo Bacigalupo le reclamó la devolución del material que le había entregado. Ello así pues, Centeno, quien ignoraba por completo que la caja había sido abierta y su material entregado a terceros, exigía la devolución del mismo. Aparentemente a través de engaños, Bacigalupo dilató la devolución del material a Centeno, lo cual recién habría ocurrido el día 21 de marzo. Así lo relató Cabot, quien explicó que previo a devolver los papeles a Bacigalupo fotocopió y digitalizó sus originales. Luego, Bacigalupo se los habría devuelto a Centeno, quien no habría disimulado su disgusto al advertir que la caja en cuestión había sido abierta, retirándose de la casa del depositario infiel luego de haber discutido con éste. 3. El 26 de marzo, Cabot se habría reunido en un bar del barrio de Palermo con el fiscal Carlos Stornelli, a quien le habría relatado el trabajo que venía desarrollando. Luego, el 3 de abril el periodista habría visitado al fiscal en su casa para hablar más tranquilo y exhibirle lo que tenía. Ante un pedido del fiscal, el 10 de abril Cabot habría concurrido a la fiscalía del Dr. Stornelli, en la cual habría prestado declaración y entregado las copias que obraban en su poder, así como también una base de datos y la digitalización de todo el material. 4. Aparentemente, la declaración del periodista y el material recibido fueron incorporados a un legajo de investigación que tramitaba en el marco de la causa Nº 10.456/2014, públicamente conocido como el expediente de “gas licuado”. Luego, el 12 de junio del año en curso se habría ordenado la formación de un nuevo proceso con el material reunido, que fue registrado bajo el Nº 9608/2018. El expediente en cuestión quedó a cargo del mismo juez y del fiscal sin haberse realizado en este caso el sorteo de práctica. Esta información se desprende de los considerandos de la resolución dictada el 6 de agosto con motivo del planteo de recusación formulado por la defensa de Oscar Isidro José Parrili. Concretamente, se transcribió en dicha resolución lo que se habría consignado en el “Legajo de Investigación Nº 62” de la causa Nº 10.456/2014, ya mencionada, a saber: “`Desprendiéndose de las presentes actuaciones la presunta comisión de diferentes ilícitos que excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014, aunque participarían de los mismos por lo menos tres de las personas imputadas en dicha causa por lo que guardaría algunos puntos de conexión, es que corresponde ordenar la formación de una nueva causa en el incidente nº 62 (que consta de diez cuerpos de 2098 fojas), registrándose en el sistema informático de la C.S.J.N., ello con la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación y a la vez, no entorpecer el avance de las actuaciones registradas bajo el Nº 10.456/14, en las que existen personas indagadas y con auto de falta de mérito dictado por la Alzada` (fs. 2099 del principal)” (me pertenece lo subrayado). 5. Finalmente, Cabot relató en sus artículos periodísticos otras circunstancias relevantes, a saber: – El 19 de julio, a las 12, uno de los investigadores judiciales me llamó. Había una reunión urgente. Entré al edificio donde funcionan los juzgados federales en plena feria y de tarde. Éramos un puñado y el pedido que me hicieron fue concreto: si declaraba mi fuente, quien me entregó los cuadernos originales, los movimientos serían inmediatos. – Me tienen que dar tiempo para hablar, les dije. Me contestaron que nada pasaría la semana siguiente, pero que me iban a avisar después de que termine la feria judicial. – El plan era que yo lo contacte poco antes de que fuera arrestado Centeno, como para no permitir “que alguien toque la campana”, según me dijo uno de los investigadores. – El lunes 30 de julio recibí un llamado. “Avanzá lo antes que puedas”, me dijeron. Esa misma tarde, me comunique y quedamos en vernos el martes a las 8. Llegué 10 minutos tarde y Jorge Bacigalupo ya se había tomado un café en un barcito de avenida Lacroze casi Cabildo. A poco de hablar, aceptó. “Vengan a casa, los espero con café y medialunas”. – A las 14, Stornelli ya me esperaba abajo del domicilio cuando llegué. Subimos a su departamento. Nos sentamos en una mesa redonda los tres. Esta vez, la perra hizo migas con el fiscal. “Jorge, necesitamos que declare. Sería un gran aporte a la causa”, le dijo. – No anduvo con rodeos Bacigalupo. En ese momento, no bien tomó la decisión de testificar, Stornelli lo interrumpió: “Le tengo que informar que Centeno acaba de ser detenido”. – El fiscal no podía disimular la ansiedad de que prefería la inmediatez. Siguió la conversación sobre historias incomprobables y de pronto Stornelli, viejo zorro judicial, lo cortó. “Jorge, vamos ahora y de paso seguimos la charla”. Subieron al auto de la custodia y lo que vino después es la declaración que el testigo relató anteayer en LN+. 6. Descripto así el comienzo de la investigación, aparentemente se sucedieron los siguientes hechos: Tras la detención de Centeno, éste fue conducido al despacho del juez y, pese a encontrarse presente su abogado de confianza, no se le habría permitido al letrado reunirse con su cliente. Por lo visto, en esta circunstancia Centeno habría tomado la decisión de ser incorporado al programa previsto en la ley 27.304, así como también la de ser asistido a partir de aquí por el Defensor Oficial. De tal manera, ahora en el carácter de arrepentido, Centeno habría reconocido la autoría de los cuadernos en cuestión. Vale la pena destacar que, en rigor de verdad, lo que el imputado reconoció fueron simples fotocopias de tales instrumentos, pues los originales, tras meses de “investigación”, no habían sido aún buscados ni por V.S. ni por el fiscal. Ello derivó en que el fiscal, acompañado por el imputado, se trasladara hacia distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires en los que, según Centeno, podrían hallarse los cuadernos originales. Tal información era falsa, razón por la cual el arrepentido Centeno volvió a arrepentirse de su anterior versión, reconociendo ahora que los cuadernos ya no existían, porque él mismo los habría quemado. 7. Además de la detención de Centeno se dispuso la misma medida con relación a una serie de ex funcionarios y empresarios cuyos nombres aparecían en las fotocopias de los ya famosos cuadernos. En este punto, resulta insoslayable señalar los distintos criterios para la detención de empresarios que fueron utilizados. En algunos casos se detuvo a los presidentes de las empresas, en otros a los segundos en importancia jerárquica y en otros no hubo detenidos. La imputación efectuada en contra de todas estas personas consistiría en “integrar una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios de 2008 hasta noviembre de 2015 dirigida a organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse indebidamente y utilizar parte del dinero en la comisión de otros delitos”. Nuevamente se adjudicó a los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner el rol jefes de la presunta asociación ilícita. 8. Finalmente, debo mencionar que las personas que fueron sindicadas bajo la categoría de supuestos aportantes de fondos a la asociación ilícita recibieron un tratamiento procesal diferenciado: los que negaron formar parte de esta asociación o se abstuvieron de declarar quedaron detenidos; los que aparentemente negociaron con el fiscal y se arrepintieron (no queda claro de qué) recuperaron la libertad o, directamente, nunca fueron privados de la misma. Una mención particular merece el caso de Ángelo Calcaterra, primo del Ing. Mauricio Macri y ex dueño de empresas de la familia del Presidente de la Nación, quien se presentó voluntariamente en la sede del Juzgado el lunes 6 de agosto; supuestamente efectuó un relato como arrepentido y regresó a su domicilio sin mayores consecuencias. Tal declaración habría justificado que Sánchez Caballero, ex CEO de las empresas de la familia Macri, también fuera inmediatamente excarcelado. Aparentemente, según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con el Dr. Daniel Angelici –presidente del club Boca Juniors-, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión. C. Los motivos de la nulidad A mérito de los hechos descriptos en el punto anterior, saltan a la vista las graves irregularidades que habrían tenido lugar en el marco de este singular proceso, a saber: 1. Origen ilícito de la causa. a. Tal como lo dispone el art. 18 de la Constitución Nacional, los papeles privados resultan inviolables. Ello es una lógica derivación del derecho a la privacidad que surge del art. 19 de la Ley Fundamental. En línea con lo expuesto, el Capítulo III del Título V del Libro Segundo del Código Penal sanciona la violación de secretos. Concretamente, se trata de proteger aquella manifestación de la libertad individual prohibiendo la intromisión de terceros en la intimidad del sujeto pasivo o la comunicación de sus secretos a otros por parte de quienes -si bien tienen derecho a conocerlos o los han conocido lícitamente-, carecen del derecho de comunicarlos, ya sea porque efectivamente violan la esfera de reserva o porque crean peligro para ella (cfr. Creus, Carlos, “Derecho penal. Parte Especial”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983, Tº 1, pág. 352). De manera particular, el art. 153 del Código Penal reprime la conducta de quien se apoderare indebidamente de papeles privados, agravándose la conducta en caso de que el culpable comunicare a otro o publicare el contenido del referido material. b. Si los hechos que fueron relatados por Bacigalupo y Cabot resultan ciertos, claramente estamos en presencia de una acción ilícita que contamina el origen de este proceso. En efecto, el relato brindado por los nombrados es conteste en señalar que Centeno habría entregado una caja cerrada a Bacigalupo para que éste la mantuviera bajo resguardo. De tal manera, éste último asumía la condición de depositario, debiendo observar los deberes jurídicos a su cargo. Precisamente, incumpliendo con dichas obligaciones, Bacigalupo no solo habría abierto indebidamente la caja que debía resguardar, sino además le habría entregado el supuesto contenido de la misma a un periodista para que éste lo publicara. A esta altura, y siempre de acuerdo a los relatos publicados, los ya famosos “cuadernos” sólo habrían sido vistos por el Sargento retirado de la Policía Federal Bacigalupo y el periodista de La Nación Diego Cabot. La acción desarrollada por el depositario infiel fue llevada a cabo de manera intencional, toda vez que aquél no solo la ejecutó sin la autorización de Centeno, sino además le ocultó deliberadamente la maniobra, tal como él mismo lo reconoció. Además, Bacigalupo era consciente del riesgo al cual dejaría expuesto a Centeno, quien finalmente terminó siendo detenido en el marco de este proceso. c. Así las cosas, tal como lo afirma una pacífica jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, deviene inadmisible que se pretenda tomar como prueba un elemento que surge de un acto ilícito. Como ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Charles Hermanos”, “…auténticos o falsos dichos documentos, no pueden servir de base al procedimiento ni al juicio: si lo primero, porque siendo el resultado de una sustracción y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito o una pesquisa desautorizada y contraria a derecho, la ley, en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declara inadmisibles; si lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mérito alguno” (CSJN, Fallos 46:36). Por ende, corresponde declarar la invalidez de la prueba recogida y de los demás actos procesales que surgen como consecuencia directa e inmediata del acto inválido (art. 172, CPPN). 2. El fórum shopping a. Otra de las garantías básicas que hacen al debido proceso legal determina que el juez que interviene en un proceso debe revestir la condición de imparcial o, al menos, encontrarse fuera de cualquier situación que conduzca a un temor objetivo de parcialidad. Tal ha sido invariablemente el estándar fijado por los tribunales nacionales y los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos (conf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos; “Delcourt vs. Bélgica”, 17/1/1970, serie A, n° 11, párr. 31 y “De Cubber vs. Bélgica”, 26/10/1984, serie A, n° 86, párr. 24). En el caso de los representantes del Ministerio Público Fiscal, si bien la nota de imparcialidad no les resulta propia, la ley que gobierna su actuación determina expresamente que deben actuar de manera objetiva, hasta tal punto que en caso de no ajustarse a esa directiva deben inhibirse o pueden ser recusados por las partes (art. 9, ley 27.148 y art. 71, CPPN). En definitiva, se trata nada más ni nada menos que de garantizar que los órganos estatales encargados de perseguir y juzgar posibles delitos ejerzan los enormes poderes conferidos de manera legítima, sin abusar de ellos y fuera de toda sospecha. b. Precisamente, una de las formas de asegurar la garantía referida en el punto anterior consiste en observar estrictamente las reglas que han sido fijadas en materia de asignación de causas. Ellas determinan invariablemente que ni los jueces ni los fiscales pueden asumir intervención en un caso de manera discrecional. En este sentido, en el art. 6 de la acordada 37/2012 del 06/12/12 que regula el “Sistema de adjudicación de causas para el fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal”, dispone lo siguiente: “A los Juzgados que se hallaren en turno con Cámara se les asignarán mediante el sorteo correspondiente: (…) Inciso 2º: Denuncias recibidas directamente por los Jueces o los Agentes Fiscales, o testimonios que fueron extraídos a fin de que se investigue la eventual comisión de delitos advertidos en el marco de otras causas, que deben ser remitidos a la Mesa de Entradas de la Secretaría General del Tribunal al efecto que regula este artículo”. Ahora bien, tal como se relató anteriormente, por lo visto la directiva transcripta fue deliberadamente incumplida. En efecto, una vez obtenida la información y los papeles aportados por Cabot, ellos fueron incorporados sin mayores explicaciones en un legajo de investigación formado en el marco de la causa Nº 10.456/2014. Luego, como la nueva pesquisa desbordaba de manera manifiesta el objeto procesal de la primigenia causa, se resolvió formar un nuevo expediente el cual, sin sorteo alguno, quedó discrecionalmente radicado ante este mismo Juzgado. Según los considerandos de una resolución dictada por este Juzgado (publicada en el CIJ) se habría omitido realizar el sorteo de práctica en virtud de que existiría un supuesto de conexidad -aparentemente subjetivo- entre la nueva investigación de asociación ilícita y el delito que se persigue en la causa del “gas licuado”. c. Es más que evidente que, en base a los antecedentes expuestos, tal fundamentación resulta insostenible. Veamos. En primer lugar, como se reconoce en la mentada resolución, los presuntos delitos advertidos “excederían el marco de lo investigado en la causa Nº 10456/2014”. Es más, en dicho decisorio se refirió expresamente que la formación del nuevo expediente tiene “la finalidad de brindarle autonomía a esta nueva investigación”. En segundo término, el argumento de la conexidad subjetiva carece de la más mínima consistencia, máxime si éste se postula respecto de personas que tienen abiertas muchas otras investigaciones ante este mismo fuero, además, siempre por delitos vinculados al ejercicio de la función pública. Sin embargo, la cuestión que resulta definitoria para advertir la falacia de esta decisión reside, precisamente, en el objeto procesal que se ha fijado para la nueva investigación en la cual se describe por cuarta vez, y en relación a mi representada, la conducta de una supuesta asociación ilícita. Como ya se explicó, la misma hipótesis fáctica de asociación ilícita es objeto de pesquisa en otros sumarios (no en uno, sino tres), que son de conocimiento público y no pueden ser ignorados ni por el fiscal y, mucho menos aún, por el juez actuante. En efecto, V.S. instruyó la causa “Los Sauces” y ya dictó en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner un procesamiento en orden al delito de asociación ilícita que ahora, una vez más, vuelve a “investigar” en este sumario, recurriendo nuevamente a la técnica del expediente mellizo. Por si todo ello no bastara y como también ya se explicó, el magistrado en aquella causa se declaró incompetente para investigar esta supuesta maniobra delictiva, en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente y los de las causas números 15.734/08, 11.352/14 y 5.048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, por razones de conexidad y economía procesal, correspondería que continúe interviniendo en el presente legajo el titular de dicho Juzgado.- En efecto, de la reseña de los sucesos que habría que investigar en la presente causa y los que resultan materia de pesquisa en los sumarios del Juzgado indicado, se advierte plena conexidad, toda vez que las investigaciones giran alrededor de los hechos perpetrados por una misma asociación ilícita, las maniobras son similares, existe un principal perjudicado en el Estado Nacional y existe casi una identidad personal en los incursos en las conductas estudiadas.- Si bien los miembros de dicha asociación ilegal fueron variando a lo largo del tiempo, su fin fue obtener ilícitamente bienes del Estado para luego ocultar su origen mediante distintas transacciones comerciales e incorporarlos a sus patrimonios.- Además, las investigaciones que tramita ante mi colega de grado que son conexas entre sí, se iniciaron el 12 de noviembre de 2008 -c.Nº 15.734/08-, el 10 de noviembre de 2014 -c.Nº 11.352/14- y el 26 de abril de 2016 –c.N º 5.048/16-… Así, corresponde que sea un mismo investigador quien se avoque a su conocimiento y tramitación para una mejor administración de justicia, razón por la cual y en virtud de la conexidad existente, considero que resulta conveniente que continúe la persecución el Juzgado antedicho, conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 inciso 4 del C.P.P.N.. […] Cabe señalar que los hechos investigados se encuentran conectados objetiva y subjetivamente, y en caso de escindirlos se estaría yendo en contra del principio de economía procesal, y podría ocurrir que los diferentes Tribunal que debieran intervenir se entorpezcan entre sí en su trámite o bien adopten decisiones contradictorias (Fallos 302:861). […] Es de hacer notar que hasta el presente ningún Magistrado tuvo ante sí la totalidad de una serie de maniobras delictivas que a todas luces forman parte de un mismo `inter criminis`…”. Por otra parte, el fiscal Stornelli también tomó intervención en la causa “Hotesur” y, por ende, tampoco puede desconocer que ese expediente fue remitido por conexidad al Juzgado Nº 10 del fuero, en el marco de la causa por asociación ilícita a la que ahora se denomina “causa madre”. d. En definitiva, es claro que estamos ante la presencia de un caso de “fórum shopping” que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural (art. 18, CN), así como también a las pautas que deben regir la actuación del Ministerio Público Fiscal (art. 120, ídem). Como enseña la más calificada doctrina, “son imaginables […] formas no disimuladas de creación de un tribunal ad hoc, inclusive por la misma autoridad del poder judicial, como cuando la integración del tribunal depende de la orden de funcionarios determinados o cuando, siguiendo, en principio, un método aleatorio, ese método puede ser o es modificado por una decisión particular” (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires 2004, 2ª edición, 3ª reimpresión, Pág. 766). Precisamente, en este caso, el método aleatorio establecido en la Acordada 37/2012 de la Cámara del fuero (art. 6) fue deliberadamente eludido, sin fundamento alguno. Ello determina una nueva nulidad absoluta que fulmina la validez de todo lo actuado (art. 167 del CPPN). Sostener lo contrario conduciría a que se sigan cometiendo mayores abusos, abriéndose, respecto a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, todos los procesos judiciales que puedan ser imaginados, tomándose siempre como base la misma imputación de asociación ilícita. 3. Otras graves violaciones al debido proceso legal. A partir de los hechos informados surge con total evidencia que la utilización de la “Ley del arrepentido” (ley Nº 27.304), en lugar de perseguir el esclarecimiento y la sanción de graves delitos, paradójicamente, habría resultado ser un instrumento eficaz para lo contrario. Veamos. a. El primer imputado ingresado al programa previsto por la ley Nº 27.304 fue el nombrado Centeno. Las circunstancias que rodearon a este acuerdo serían las siguientes: – Primero se habría desplazado a su abogado de confianza, Dr. Carlos Frontini, sin que resulte claro quién tomó esta decisión; esto es, si fue el propio imputado o si fue por voluntad del juez y/o del fiscal. – Luego, se habría mantenido a Centeno sin asistencia letrada dentro del Juzgado por un espacio de casi una hora, oportunidad en la cual habría sido persuadido de arrepentirse. Por lo visto, ello resultó eficaz y se logró que esta persona reconociera como propias las anotaciones obrantes en las fotocopias que le fueron exhibidas. b. Con relación a las demás personas que fueron detenidas con motivo del procedimiento inicial, su incorporación al sistema de la “Ley del arrepentido” resultaría también irregular. En efecto, tales imputados habrían sido colocados ante la disyuntiva de tener que corroborar los datos que aparecían en las fotocopias incorporadas al legajo y así recuperar su libertad o, de lo contrario, deberían permanecer detenidos hasta que cambiaran de postura. Tal procedimiento infringe una de las garantías esenciales que hacen al debido proceso legal, conocida como la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Como señala Maier, “para que las manifestaciones del imputado representen la realización práctica del derecho a ser oído, como parte integrante del derecho a la defensa, la Constitución Nacional ha prohibido toda forma de coerción que elimine la voluntad del imputado o restrinja la libertad de decidir acerca de lo que le conviene o quiere expresar. Esta es la verdadera ubicación sistemática de la regla que prevé que ‘Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo’ y suprime para siempre ‘toda especie de tormento’ (CN, 18), constituyendo al imputado, como órgano eventual de información o transmisión de conocimiento, en un sujeto incoercible del procedimiento” (conf. “Derecho Procesal Penal Argentino”, Ed. Hammurabi, Tº 1, Vol. b, Fundamentos, Bs. As. 1989, pág. 330). c. Una mención particular merece la situación de Ángelo Calcaterra. Concretamente, distintas fuentes periodísticas han dado cuenta, como ya se explicó, de los pormenores que habrían rodeado su incorporación al programa previsto en la ley 27.304. Ello resulta así pues, además de la particular interpretación acordada a la figura del arrepentido, se le sumaría ahora una indebida interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en el trámite de este proceso. La gravedad de los hechos anoticiados requiere que se lleve a cabo una minuciosa investigación en este sentido, ya que podríamos estar en presencia de delitos de acción pública. IV.- Conclusión Como se ha explicado, desde hace más de dos años y medio, mi representada viene siendo sometida a una múltiple persecución. Pese a tal injusta situación, la nombrada en todo momento se ha mantenido a derecho, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones procesales que le fueran impuestas, incluso aquellas que han revestido un carácter claramente abusivo en su contra. Ahora, en el marco de este expediente, iniciado de una manera claramente irregular, se pretende volver a perseguirla por la misma conducta que ya es materia de investigación en otros tres procesos que tramitan por ante este fuero, esto es, la supuesta asociación ilícita que se habría conformado en el seno de los gobiernos nacionales que se extendieran desde el año 2003 hasta el año 2015. A ello se suma que el nuevo proceso quedó radicado ante este Juzgado sin que se llevara a cabo el sorteo previsto en el reglamento de asignación de causas, dando lugar a un inequívoco caso de fórum shopping. Las enormes expectativas que se han originado a partir de la amplia difusión que han tenido estas actuaciones exigen extremar todos los recaudos para que su trámite se ajuste a las pautas constitucionales y legales vigentes. Ya han existido en la justicia federal investigaciones que se iniciaron de una manera impactante y que, en la etapa del juicio oral, terminaron siendo un papelón mayúsculo. Por ende, resulta imprescindible que en esta misma instancia se meritúe la validez de todo lo actuado, se lleven a cabo las correcciones procesales pertinentes y se conduzca una investigación seria, objetiva e imparcial, a efectos de esclarecer los hechos denunciados; precisamente, lo mismo que mi asistida viene reclamando desde hace dos años. V. Prueba A efectos de acreditar los extremos fácticos relatados solicito que se practiquen las siguientes diligencias: 1. Se incorpore como prueba documental los recortes periodísticos que se acompañan a esta presentación. 2. Se libre oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 a efectos de que remita copia certificada del Legajo Nº 13 formado en la causa Nº 5048/2016, con motivo de la solicitud de readecuación de objeto procesal de dicho expediente. 3. Se cite a prestar declaración testimonial a todos los periodistas que suscriben las notas acompañadas como Anexo I. 4. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Norberto Frontini a efectos de que deponga en relación a la asistencia profesional que brindara a Oscar Centeno, en particular, el día en que fuera detenido en el marco de este proceso. 5. Se invite a prestar declaración a Oscar Centeno a efectos de que, de ser su voluntad, exponga las condiciones en las que fue incorporado al programa previsto en la ley 27.304. 6. Se invite a prestar declaración a los imputados que permanecen detenidos en autos y que no se han incorporado al programa referido. Ello, a efectos de que, de ser su voluntad, expongan las circunstancias del caso. En cuanto a las declaraciones indicadas en los últimos dos puntos, mi parte habrá de sugerir que se formulen una serie de preguntas sobre los hechos en cuestión, aportando oportunamente los pliegos correspondientes. 7. Se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Daniel Angelici a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Ángelo Calcaterra al programa previsto en la ley 27.304. 8. Se cite a prestar declaración testimonial al Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, a los mismos fines indicados en el punto precedente. 9. Se libre oficio a la Policía Federal Argentina a efectos de que se obtengan los registros fílmicos de ingreso y egreso, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita identificar las personas que visitaron desde el 8 de enero del corriente año hasta el día de la fecha, los siguientes lugares: i) la residencia de Olivos, sita en Av. Maipú 2100, Olivos, provincia de Buenos Aires; ii) la sede del Poder Ejecutivo de la Nación (casa rosada) sita en Balcarce 50, Capital Federal; iii) la sede de la Agencia Federal de Inteligencia, sita en 25 de mayo 11, Capital Federal; iv) la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sita en Sarmiento 329, Capital Federal. A todo evento, mi parte se reserva el derecho de ampliar las diligencias de prueba requeridas. VI.- Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1. Se tenga por efectuado en tiempo y forma este planteo de nulidad. 2. Se corra vista a todas las partes interesadas. 3. Se practiquen las diligencias probatorias propuestas. 4. Se haga lugar a este planteo y, en consecuencia, se adopten las medidas procesales reclamadas. 5. A todo evento, se tengan presentes las reservas efectuadas. Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.