viernes, 28 de septiembre de 2018
1024 días después de Cristina
1024 d.C
Larroque afirmó que "La Cámpora jamás recibió un peso de la corrupción"
El legislador nacional se presentó en Comodoro Py para entregar su declaración por la causa de los cuadernos de Centeno.
El diputado nacional de Unidad Ciudadana Andrés Larroque se presentó en Comodoro Py para entregar su declaración y negó las acusaciones de su vínculo con dinero de la corrupción.
En diálogo en exclusiva con Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio, el legislador nacional aseguró: "Jamás La Cámpora recibió un peso de la corrupción".
“El Gobierno genera hambre y circo, ni siquiera pan y circo, porque al pan se lo robaron", disparó el referente de La Cámpora y chicaneó que "llenaron el circo de payasos como Bonadío para tapar la realidad".
También detalló que no respondió preguntas y que presentó un escrito ante el magistrado por "la causa de los cuadernos" en la que se investigan presuntas coimas de la obra pública.
1023 días después de Cristina
1023 d.C.
Cuando aparecen los vecinos
La indiferencia de Vidal
Los timbreos responden a meticulosas planificaciones, el deambular callejero suele recorrer escenarios más que seguros. A veces, sin embargo, el malestar se filtra en inesperados cara a cara. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal eligió refugiarse en su auto oficial para evitar dar respuesta a los reclamos.
miércoles, 26 de septiembre de 2018
1022 días después de Cristina
1022 d.C.
Cuadernos sin gloria
Por Alberto Fernández para INFOBAE
Propongo reflexionar sobre la llamada "causa de los cuadernos". Intento hacerlo con el máximo rigor tratando de dejar de lado cualquier contaminación mediática. También, seguro de que en nada pueden ayudar en este ejercicio reflexivo, me propongo tomar distancia de la locura imperante.
Empecemos por decir que en la llamada "causa de los cuadernos" nunca se encontraron los cuadernos. Solo se cuenta con fotocopias de sus páginas que dicen haberse obtenido irregularmente. ¿Por qué irregularmente? Porque quienes hicieron las fotocopias y la digitalización de los cuadernos dicen haberlo hecho sin el consentimiento de quien presuntamente era su dueño y los escribió.
Como los cuadernos no existen, nunca podremos saber si ellos fueron escritos en el momento que se dice que han sido escritos. ¿Por qué esa observación? Es simple. Si contáramos con los originales y un perito pudiera analizar la antigüedad de la tinta, podríamos establecer si estamos ante un hecho genuino ocurrido en el tiempo y el modo que esos cuadernos describen o si estamos simplemente ante una escenografía montada ulteriormente con el propósito de inducir al imaginario público con un propósito determinado.
En síntesis, solo contamos con fotocopias que en el mejor de los casos valen como meros indicios. Necesitan ser corroboradas por pruebas fehacientes para que tengan entidad como elemento de juicio. Para la Justicia, la veracidad de lo que se dice en las fotocopias está probada porque alguien las reconoce como de su autoría y porque algunos hechos que en ellas se describen parecen haberse corroborado con las expresiones de los "arrepentidos".
Ahora bien. El autor de los textos es un ex oficial del Ejército que quedó desvinculado de la fuerza cuando la Justicia lo declaró inimputable tras arrojarle una granada a un camarada. Sabemos de él, por los dichos de su ex pareja, que también es un hombre violento y maltratador. ¿Cuánto valen las expresiones de un hombre de tales condiciones psicológicas? De eso la Justicia, hasta aquí, no se ha ocupado. Tomó sus dichos (no olvidemos que además es un imputado que goza del privilegio de poder mentir para defenderse) como plenamente válidos.
¿Los "arrepentidos" confirmaron los hechos relatados en los presuntos cuadernos? No de un modo específico. Han reconocido haber pagado coimas a funcionarios del Estado, haber formado parte de un "cartel" del que los cuadernos ni hablan o haber hecho aportes para campañas electorales a favor del partido entonces gobernante, pero no han especificado si algo de ello sucedió en los tiempos y las formas que en los cuadernos se narra.
En algún caso hasta ha quedado evidenciado que lo que los que los cuadernos dicen no era cierto. Es lo que pasó en el caso de Jorge "Corcho" Rodríguez quien espontáneamente se presentó ante el tribunal y aclaró que el día que en los cuadernos se lo señala como partícipe de un encuentro con alguno de los imputados estaba fuera del país y que las oficinas suyas supuestamente visitadas por los ex funcionarios, se inauguraron un año más tarde a lo que expresaban los textos.
Aunque es razonable relativizar el valor probatorio de las fotocopias de los cuadernos, llama la atención que el juez actuante convierte en prueba central a cuanto emana de ellas. Sorprende que las distintas imputaciones que formula se fundan básicamente en esos textos. Así, el juez consideró probado con la versión fotocopiada, la cantidad de veces que "depositaron" dinero proveniente de coimas en el departamento de la ex Presidenta. No le bastó con ello. También estimó acreditado el monto de dinero acumulado en concepto de coimas, sumando las cifras que surgen de las fotocopias.
¿Por qué lo hace? Porque no cuenta con pruebas certeras y porque no encontraron un solo centavo de los cientos de millones que dicen haber motorizado en innumerables viajes.
Hay que admitir que leyendo los textos fotocopiados, uno puede advertir que el autor de los mismos tiene una extraña destreza que le permite conocer cuanto dinero hay en un bolso cerrado. Llama la atención que, siendo tan detallista en sus descripciones, nunca haya fotografiado con su celular los bolsos que transportaba o filmado a quienes los cargaban.
A la prueba de las fotocopias de los cuadernos, el juez suma las declaraciones vertidas por "arrepentidos".
¿Cómo ha funcionado la Ley del Arrepentido en esta causa? Mal. Lisa y llanamente operó como un mecanismo extorsivo para provocar delaciones. Es evidente que todo aquél que admitió la ocurrencia de un delito quedó liberado, mientras que el que no lo confesó terminó en la cárcel. Asumo que no comulgo con la lógica que impera en la Ley del Arrepentido.
Pese a ello, tengo claro que la ley promueve la inducción al acusado para que confiese el delito y aporte pruebas que alivien la labor investigativa. A cambio de ello, la pena que finalmente corresponda podrá disminuirse a modo de premio.
Para que la pena se alivie no hace falta solo la confesión. Hace falta aportar probanzas que demuestren los hechos. Nada de eso ha ocurrido en este caso. Solo existen confesiones claramente inducidas. Los empresarios, ofrecen declaraciones en donde cargan sobre sus hombros la responsabilidad de haber pagado coimas. Ninguno relata como fueron esos pagos, de dónde salieron los fondos, quién los recibió y en que cuentas quedaron depositados o de qué modo fueron gastados.
El método aplicado en este caso consistió en buscar la confesión y otorgar la libertad como premio. No ha habido de parte de los acusados aportes a la investigación. La invocación de la ley fue únicamente una válvula de escape para la liberación de los procesados.
La ley promueve beneficiar al arrepentido con una pena menor después de corroborar la veracidad de sus aportes a la investigación. Aquí el premio ha sido anticipado y no se le ha exigido nada más que admitir su participación en los hechos. Los aportes a la investigación no existen. Son nulos.
En conclusión, las dos grandes pruebas de cargo con que cuenta la Justicia en este caso son las débiles fotocopias de los cuadernos y los singulares dichos de los "arrepentidos".
Hay además cierta prueba documental y algunos testimonios que se invocan como pruebas de cargo. Pero en realidad son probanzas que solo avalan datos objetivos descriptos en las fotocopias de los cuadernos, por ejemplo la dirección de una oficina o la titularidad de un automóvil.
Pero a todo ello se suma una cuestión adicional. Es evidente que el juez interviniente está decidido a implicar en la causa a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hace con una desmesura evidente producto, seguramente, del encono que le guarda, algo que todos sabemos menos la Cámara que revisa sus fallos.
Así, para el juez, Cristina lideró una asociación ilícita que lucraba con el otorgamiento de obras y concesiones públicas.
Lo afirma sin tapujos. Condimenta esa afirmación con adjetivos de todo tipo. Pero lo cierto es que en medio centenar de procesados y arrepentidos nadie dice haber acordado el pago de coimas con Cristina Fernández de Kirchner.
Tres declaraciones la mencionan tangencialmente, siempre poniendo en boca de otros que ella estaba al tanto de lo que ocurría. Hay quien dice que Julio de Vido dijo que Cristina conocía el acuerdo de cartelización. Hay quien dice que José López dijo que Cristina controlaba como se adjudicaban obras en Vialidad Nacional. Y es el mismísimo José López quien dijo suponer que eran de Cristina los millones de dólares que cargaba en su auto al momento de ser detenido.
Me asalta una duda. ¿Habrá advertido el juez de la causa que la singular nueva declaración de López se choca de cuajo con la versión que dio ante el Fiscal Delgado y el Juez Rafecas en la causa en la que está a punto de ser condenado?
Leyendo el fárrago de palabras con los que le juez quiere motivar su decisión, es evidente que su objetivo central es cargar contra Cristina. En sus fundamentos, da muchos títulos a los medios, pero silencia argumentos jurídicamente valiosos que de invocarlos debilitarían su voluntad persecutoria. Su único objetivo es descalificarla. La maltrata de tal modo, que hasta reclama encarcelarla para que su opinión no pese en los medios de comunicación. Francamente patético.
En su fallo, el juez se ubica en el lugar del moralizador que carga sobre ella la responsabilidad de haber liderado una inmensa asociación ilícita de la que participaron empresarios, funcionarios y hasta choferes y secretarios. Una extraña asociación ilícita en la que sus miembros no se conocen entre si. Formula su imputación levantando palabras y no pruebas. Si la ex Presidenta conducía esa próspera asociación ilícita, ¿por qué en el años 2012 puso en manos de Florencio Randazzo parte de ese negocio? Los empresarios cuentan que con el ex ministro los reclamos de coimas desaparecieron.
Insólitamente, el juez atribuye a la ex Presidenta ubicarse al frente de una asociación ilícita por el sólo hecho de que en su gobierno, aparentemente, algunos canjeaban obras y concesiones públicas por coimas. Fija así una regla de responsabilidad objetiva que repugna a la lógica del derecho penal moderno.
La "causa de los cuadernos" puede significar un punto de inflexión para Argentina. No me animo a decir que todo cuanto allí se ventila sea falso. Si la investigación se hiciera seriamente, tal vez podríamos determinar cómo ha funcionado (y funciona) la Patria Contratista y cómo desde el Estado algunos se asocian al poder económico de Argentina para quedarse con una tajada que todos pagamos.
Pero estoy seguro que este no es el modo, porque todo el proceso está teñido de vicios y arbitrariedades que muchos soslayan porque sienten que las padecen los que ya fueron condenados mediáticamente.
En un Estado de Derecho preservar las reglas del debido proceso es algo esencial. En nuestra joven democracia hemos hecho grandes juzgamientos respetando todas las garantías constitucionales. Hasta a los genocidas se les han preservado, como corresponde, todos y cada uno de sus derechos. ¿Por qué quebrar esa regla ahora?
De eso se tratan estas reflexiones. Darnos cuenta del riesgo que corremos cuando aceptamos que la ligereza judicial gobierne a los magistrados. Entender que los jueces no deben limpiar las culpas que generaron cuando fueron serviles al poder, operando después como inquisidores del nuevo régimen. Advertir lo peligroso que resulta que sean los medios de comunicación quienes tienen el poder de dictar el veredicto de culpabilidad o inocencia.
Debemos darnos cuenta que celebrar la injusticia que padece el oponente es un placebo capaz de calmar el dolor que nos causa nuestra peor enfermedad. El odio.
1021 días después de Cristina
1021 d.C.
Grabois: "No hay ningún testigo que diga que la vio a Cristina recibiendo plata"
Qué pasó. El dirigente social Juan Grabois visitó La Cornisa y dejó sus impresiones sobre las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner y sobre la importancia de que la ex presidenta forme parte de un frente común. "No hay ningún testigo que diga que la vio a Cristina recibir plata. Acá no hay pruebas físicas", aseguró.
¿Se viene una alianza? Desde que se lo vio a Grabois junto a Cristina un día que la ex presidenta fue a Tribunales comenzaron las especulaciones sobre si el dirigente social podría ser parte de una coalición kirchnerista. "Pertenezco a una generación que se formó en el 2001. Esa generación está planteando que hay que juntar a todos los que nos oponemos al pacto de Macri con el FMI. En ese todos desde luego entra Cristina Kirchner en el rol que ella considere o que las circunstancias la lleven".
lunes, 24 de septiembre de 2018
1019 días después de Cristina
1019 d.C.
La ex presidenta Cristina Kirchner apeló el procesamiento en la causa de las fotocopias de los cuadernos
“Es una acusación totalmente falsa”
El escrito presentado por su abogado cuestiona la validez de las declaraciones de los arrepentidos y marca las contradicciones de esos relatos con los cuadernos. Ahora debe resolver la Sala I de la Cámara Federal.
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que no existe ni una sola prueba en las más de 500 páginas del fallo de la causa de las fotocopias de los cuadernos que demuestre que ella recibió “pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona”. Así lo planteó en la apelación a su procesamiento con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita que presentó ante la Sala I de la Cámara Federal. El escrito entregado a través de su abogado Carlos Beraldi, dice que la acusación es “poco seria” y “totalmente falsa”. Cuestiona la validez de las declaraciones de los arrepentidos, por ser tomadas bajo presión (y a cambio de recuperar la libertad) y marca contradicciones de esos relatos con fechas y montos que figuran en los cuadernos. Se detiene en algunos de los imputados colaboradores, ya que sus declaraciones fueron utilizadas para incriminarla: sobre José López, el ex secretario de Obras Públicas que dijo que “creía” que los 9 millones de dólares que llevó a un convento eran de ella, señaló diferencias con respecto a relatos anteriores y pruebas en otras causas; sobre el financista Ernesto Clarens, recordó que afirmó que ni siquiera la conoce y sin embargo fue tomado como una evidencia central.
El fallo le atribuye a la ex presidenta 22 hechos de dádivas y 5 de cohecho en el contexto de una organización criminal que, sostuvo, tenía como finalidad recaudar dinero de manera ilegal, con pagos de contratistas del Estado (en obras públicas, concesiones viales, emprendimientos del sector energético y subsidios al transporte). La imputación contra la ex presidenta –igual que las del resto de los ex funcionarios– fue construida en base a las anotaciones de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno y las declaraciones de arrepentidos, en su mayoría empresarios que admiten pagos ilícitos, el financista Clarens y los ex funcionarios López y Claudio Uberti, ex titular de Organo de Control de concesiones Viales (Occovi). En función de esos relatos, y sin otros elementos, se basa también en 87 presuntas entregas de dinero en el departamento de Recoleta de CFK y Néstor Kirchner a manos del ex secretario de éste, Daniel Muñoz (fallecido), en la declaración del piloto presidencial Sergio Velázquez (que habla de bolsos que no pasaban por el escáner de Aeroparque) y lo que el juez supone que fue una bóveda en la casa de El Calafate, porque dos arquitectos le dijeron que el lugar parecía haber sido reformado.
La apelación subraya que es el propio juez quien sostuvo en el fallo que “no se han constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos de la propia Fernández” y que no aparece ni una evidencia que demuestre que haya dinero de ella. Incluso todo lo que encontraron, dice, está declarado. Además de señalar la “orfandad probatoria” de la imputación, que describe como “falsa”, cuestiona “la manifiesta falta de sustento jurídico” es “tan ostensible que puede ser constatada a través de una simple pero agotadora lectura de las más de quinientas páginas inútiles que componen el decisorio”. “La imputación es tan poco seria que ni siquiera” el juez “puede describirla de modo preciso, tal como lo requiere cualquier auto de procesamiento”, lo que se advierten en frases como la que se encuentra la inicio y dice “esta mecánica funcionaba más o menos así”. Los delitos que se le adjudican a CFK no son descritos con precisión, apunta.
Según la defensa de la ex presidenta, muchas de las anotaciones de Centeno tomadas por válidas son falsas. Y eso se advierte en que “distintos arrepentidos que confesaron la comisión de delitos aseguraron que las fechas, los montos o los encuentros a los que se hace referencia en los presuntos cuadernos no se condicen con la realidad”. Algunos imputados incluso mostraron que en el momento de los hechos que les atribuyen ni siquiera estaban en la ciudad. Por esto, entre otras razones, Beraldi sostiene que los cuadernos no pueden constituir una prueba válida. Recuerda, además, que Centeno fue declarado “insano” por la justicia en una causa de sus tiempos en el Ejército, donde tuvo una causa por arrojar una granada a un compañero. Incluso vuelve a plantear la duda de en qué momento fueron escritos los cuadernos, y señala que pueden haber sido creados “ex post”.
Respecto de los arrepentidos, señala que sus declaraciones “no son producto de una decisión libre” ya que si no acusan a un ex funcionario, y más aún a CFK, no recuperan la libertad. Algunos se arrepienten de lo que ellos mismos dicen. No hay ningún sustento que explique cómo se deduce y se prueba que los pagos terminaron en manos de la ex presidenta. Sigue sin haber pruebas una ruta del dinero. Respecto de López, recuerda que dio distintas versiones sobre los 9 millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez, incluso había reconocido cuando fue atrapado que los tenía guardados en su casa en un altillo de difícil acceso al lado de un tanque de agua (por lo que los billetes estaban húmedos). Pero ante el juez dijo que era dinero que le dio Fabián Gutiérrez, ex secretario de CFK hasta 2010 (que en 2016 ya estaba muy alejado de ella) y que era dinero que debía “mover”. Gutiérrez se presentó a decir que es mentira. En la imputación se le da un papel clave a Clarens, el financistas, quien admitió un papel de intermediario que recibía plata de los empresarios y se las daba en un período a Muñoz y a López en tiempos de Cristina. Pero aclaró que no conocía ni a Néstor ni a la ex presidenta. El juez ponderó que el financista habló de la continuidad en el tiempo. La apelación también señala como inverosímil la declaración de Uberti, quien dijo que el día que murió Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay, “aclarando que sabe de ello porque se lo contaron”.
El abogado señala como un hecho de gravedad que no hay registro (más que el escrito) de las declaraciones de los arrepentidos y cuestionó que el fiscal Carlos Stornelli dijo públicamente que en el acta no se asentó todo lo que dijo López (por lo que ahora se abrió una causa judicial). Y cuestiona que se dicte la prisión preventiva de la ex mandataria –sujeta a lo que resuelva la cámara sobre el procesamiento y al pedido de desafuero posterior– cuando una “decena de empresarios arrepentidos” que están en libertad “cuentan con aceitadas relaciones con el Gobierno de turno o incluso vínculos familiares con el presidente”. En el caso de CFK, dice, es imposible pensar que pretenda eludir la justicia o entorpecer. La Sala de la Cámara que debe resolver estará integrada por dos jueces –Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi– designados por un “traslado” por decreto, sin concurso ni acuerdo del Senado, del presidente Mauricio Macri.
1018 días después de Cristina
1018 d.C.
Gravísimo: revelan que Macri extorsionaba a los empresarios en 2015 para exigirles el 1 % de su patrimonio
El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló que durante 2015, el entonces candidato Mauricio Macri se reunía con los principales empresarios del país, a quienes les exigía el 1 % del patrimonio de ellos para él, en el marco de la campaña electoral, y que “financió parte de la campaña de Sergio Massa para que éste le sacara votos al kirchnerismo”.
Precisó que el actual presidente les exigía esa fortuna de dinero ante el asombro de los hombres de negocios: “Lo que hacía Macri era reunirse con empresarios muy grosos, uno a uno, en encuentros individuales, y con el resto de los empresarios, pero de a 25 personas. A todos ellos les pedía el 1 % del patrimonio de ellos, y ante el asombro, les argumentaba que él exigía el 1 % porque el 99 restante iba a valer mucho más con él como presidente de la Nación”.
Ese porcentaje, imposible de calcular, ya que se trataba de pagos en negro, equivalía a decenas de millones de pesos. En la campaña presidencial, Cambiemos declaró gastos por $ 92.810.707.
Invitado a ‘Radio Con Vos’, en el pase de programa entre los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, Alconada Mon brindó más detalles: “Pero a Macri, su equipo de campaña le decía que pare de hacer eso, porque si entre los 25 presentes en las reuniones, uno lo grababa, se terminaba para siempre la idea de ser presidente de la Nación, y por eso se calmó”.
El periodista, al hacer referencia a su libro “La raíz de todos los males”, que acaba de editarse, sostuvo que “la corrupción es mal de todos los males que llevó a la Argentina a no ser el país que podría haber sido”, al tiempo que recordó que “Macri financió parte de la campaña de Sergio Massa para que éste le sacara votos al kirchnerismo”.
Por otra parte, Alconada Mon dijo que “la compra de periodistas” es uno de los rubros más caros de las campañas electorales, y confirmó que Mauricio Macri pagó la entrevista más costosa de la campaña presidencial de 2015: 42.000 dólares que, al cambio actual, equivale a $ 1.600.000.
Además, aseguró que hay “muchísima corrupción en el periodismo, porque somos parte de la Argentina”. Al respecto, dijo que “esa corrupción es de todo tipo: tenés aquellos que cobran a través de pautas publicitarias, los que cobran por su silencio, por hacer preguntas benévolas, por castigar al rival”.
Entrevistado en la señal TMT Comunica, el periodista explicó que los dos rubros más caros de las campañas electorales en Argentina son, en primer lugar, la impresión de boletas. “A nivel mundial se imprimen 1,3 boletas por votante, en la Argentina 5 porque se las roban”.
“El segundo rubro -precisó- es la compra de periodistas en el sentido amplio: la compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, de espacios”. En esa línea, confirmó que “la entrevista más cara de 2015 fue para el actual presidente, Mauricio Macri, y costó $400.000. Al tipo de cambio de ese momento, US$ 42.000, al tipo de cambio actual, a ojo, $1.600.000”.
A propósito del financiamiento de las campañas, y después del escándalo desatado en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron aportantes truchos en Cambiemos, la Cámara Nacional Electoral ordenó que se investigue cómo se financiaron las campañas de Macri y de sus contrincantes, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá.
La Cámara pide corroborar la autenticidad de los aportes privados, para lo cual se requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que efectivamente hicieron los aportes.
Además pide corroborar si hubo aportes ilegales, por ejemplo de empresas para lo cual considera que se debe citar a testimonial a personas físicas que tendrían vínculos con personas jurídicas que no pueden financiar partidos políticos. Además se pone el foco en gastos de campaña no declarados detectados a través de relevamientos hechos por la Cámara.
viernes, 21 de septiembre de 2018
1017 días después de Cristina
1017 d.C.
Alconada Mon enterró a Macri: reveló que paga fortunas a periodistas
Además, relató cómo pedía plata negra a empresarios. Hasta llegó a pedirles el 1% de su patrimonio durante la campaña porque sus empresas valdrían más con él presidente.
l encumbrado periodista de La Nación, y miembro del consorcio que investigó los Panamá Papers Hugo Alconada Mon aseguró que “la compra de periodistas” es uno de los rubros más caros de las campañas electorales y confirmó que Macri pagó por una entrevista -más costosa de la campaña presidencial de 2015- unos 42.000 dólares. Traducidos en plata de hoy sería más de un millón y medio de pesos.
Según relató en un entrevista en el programa de cable TMT Comunica, hay “muchísima” corrupción en el periodismo porque “somos parte de la Argentina”. Esa corrupción es “de todo tipo: tenés aquellos que cobran a través de pautas publicitarias, los que cobran por su silencio, por hacer preguntas benévolas, por castigar al rival”.
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El periodista explicó que los dos rubros más caros de las campañas electorales en Argentina son, en primer lugar, la impresión de boletas. “A nivel mundial se imprimen 1,3 boletas por votante, en la Argentina 5 porque se las roban”.
“El segundo rubro es la compra de periodistas en el sentido amplio: la compra de medios, la benevolencia de medios, la compra de periodistas, de espacios”. En esa línea, confirmó que “la entrevista más cara de 2015 fue para el actual presidente, Mauricio Macri que costó 400 mil pesos”, explicó
Pero eso no fue todo, también reveló cómo el actual presidente apretaba a empresarios para que le aportaran hasta el 1% de sus patrimonios, porque según explicó Alconada Mon, “con él como presidente sus empresas valdrían muchísimo más”, y advertía que “vayan comprando sus tickets porque no hay muchos, y preferentemente con plata negra”.
jueves, 20 de septiembre de 2018
1016 días después de Cristina
1016 d.C.
Fabián Gutiérrez desmintió lo dicho por José López
Una declaración de patas cortas
La última versión que ofreció José López sobre el origen de los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento fue desmentida por Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner.
Según declaró López en la causa de los cuadernos, donde presentó la cuarta versión diferente sobre la proveniencia de los dólares, Gutiérrez lo llamó en 2016 a una reunión en el NH Hotel y le pidió que recibiera y escondiera los dólares. El ex secretario de Obras Públicas dijo que "el 13 de junio (de anteaño) en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados".
Pese a lo que publicaron algunos medios de comunicación, López no dio mayores precisiones y dijo que creyó, que supuso, que los dólares eran de la ex presidenta.
Mediante un escrito presentado en el juzgado de Claudio Bonadio --en el que designó como defensor particular al abogado Martín Magram--, Fabián Gutiérrez planteó "la mendacidad" de la declaración de López.
En busca de moderar la probable condena que le impondría el tribunal oral que ahora lo juzga por enriquecimiento ilícito, por el hallazgo de los 9 millones de dólares y de propiedades no declaradas, entre otros ilícitos, López declaró como supuesto arrepentido en la causa de los cuadernos y ofreció una nueva versión, contradictoria con sus explicaciones previas y aún con lo determinado por la investigación del fiscal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas: establecieron que los billetes habían estado escondidos donde vivía López en Dique Luján, en un lugar oculto de difícil acceso y que el propio ex funcionario había señalado. Pero ya ante el Tribunal Oral Federal 1, donde se lo acusa de enriquecimiento ilícito, López había declarado que en realidad el dinero nunca estuvo en su casa, que era dinero de la política, no mencionó a CFK y sostuvo que tres personas lo obligaron a trasladar los dólares al convento, mientras lo seguían con una moto y un auto (la fiscalía demostró que las cámaras de seguridad registraron el paso del auto de López, pero nadie lo seguía). Otra versión distinta había ofrecido ante los tribunales de Mercedes por la tenencia ilegal de la carabina que llevó al convento: ahí dijo que el kirchnerismo lo había presionado para que dijera que el dinero era de Lázaro Báez. Un punto llamativo fue que las supuestas presiones para que señalara a Báez vinieron de la policía bonaerense, cuando ya gobernaba el macrismo.
Gracias a su última versión, donde esbozó un nexo con CFK, a medida de las expectativas del juzgado, López consiguió que lo trasladaran del penal de Ezeiza a una unidad policial en Palermo.
miércoles, 19 de septiembre de 2018
1015 días después de Cristina
1015 d.C.
El escrito completo que entregó la ex presidenta
CFK se presentó ante el juez Casanello
Cristina Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la indagatoria a la que fue convocada por el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa que se conoce como “La ruta del dinero K”. La ex presidenta no respondió preguntas ante el magistrado y se limitó a presentar un escrito en el que advirtió sobre la irregularidad de su convocatoria y remarcó que es “una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses”.
El texto completo de la presentación de CFK:
Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 3017/2013, caratulada “BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO…” del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, manteniendo domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º “A” de esta ciudad, a V.S. digo:
1. En el día de la fecha comparezco ante este Juzgado a efectos de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que los medios de comunicación hegemónicos han denominado “La ruta del dinero K”.
Sin embargo, esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional.
Para que se entienda, como lo reconoce expresamente V.S., “nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor” y no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento.
Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.
En suma, una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un “proceso ofensivo” en el cual, como señala Beccaría en su reconocida obra De los delitos y de las penas, en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso.
2. Sin embargo, lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido.
Ello no es una elucubración de mi parte, sino ha quedado debidamente documentado en la causa cada vez que el Poder Ejecutivo de la Nación -a cargo de Mauricio Macri-, por medio de los dos órganos constituidos en parte querellante (la UIF y la OA, esta última a cargo de la no abogada Laura Alonso), intentó forzar tal decisión.
En efecto, el 8 de mayo de 2017, ante un recurso de apelación interpuesto por la UIF en contra del decreto que no hizo lugar al pedido de que fuera indagada, V.S. puso en claro que tal presentación no solo contenía graves errores de hecho y de derecho que impedían proceder en la forma requerida, sino antes bien ponía en evidencia el “modo temerario” en que se había conducido el organismo del Poder Ejecutivo de la Nación.
A esos efectos, de manera ilustrativa, V.S. comparó la forma como la UIF utilizaba dos criterios contradictorios según quién fuera la persona a quien se quería imputar: si la perseguida era Cristina Fernández de Kirchner, ella debía ser indagada aun cuando ni siquiera existiera un hecho concreto que atribuirle. En cambio, cuando el investigado era el propio Mauricio Macri, la UIF se posicionó como su abogado defensor, se opuso al fiscal y arguyó que no podía avanzarse en una investigación en contra de su jefe si no era consignada “una descripción de hechos a investigar que presumiblemente podrían constituir una hipótesis de lavado de activos (…). No debe perderse de vista que la Jurisprudencia ha calificado a los requerimientos de instrucción genéricos y/o imprecisos como excursiones de pesca, inaceptables en un estado de derecho” (presentación del Dr. Mariano Federici, de fecha 17 de febrero del corriente año, en la causa Nº 3.899/2016, caratulada “MACRI, Mauricio y otros s/ infracción art. 303” del registro de la Secretaría nº 14).
Así las cosas, en cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expedientehubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario.
Veamos.
En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra.
En este sentido me permito hacer referencia a las resoluciones firmadas por dicho magistrado con fecha 31/05/2017, 25/10/2017, 27/11/2017 y 06/02/2018 y que fueron ampliamente publicitadas por el Centro de Información Judicial (CIJ) -conducido por el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti-, con los siguientes títulos:
– La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
– La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
– La Cámara Federal pide a Casanello que responda la solicitud de que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
– La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
Finalmente, como la operación de pinzas (el Poder Ejecutivo por un lado e Irurzun por el otro) no daba los resultados esperados, el 31 de agosto de 2018 la Cámara de Apelaciones -como se dijo, violando la ley procesal- ordenó mi citación a prestar declaración indagatoria, sin precisar ni los hechos ni el derecho en que fundaban tal decisión.
3. Ahora bien, como ha quedado debidamente registrado en autos, me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder.
En esa línea, y como la Cámara ha hablado genéricamente de que sería coautora de todas las maniobras por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez -de cuyo patrimonio además y también según la Cámara, sería la dueña-, a continuación me ceñiré a dar respuesta a los hechos que fueron enumerados en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal en contra de Báez y otros litisconsortes el día 24 de noviembre de 2017. Veamos.
4. Según relata el fiscal, se investiga en esta causa una estructura que supuestamente canalizó fondos de origen ilícito suministrados por Lázaro Báez, a través de: i) un proceso de expatriación y repatriación parcial de una suma cercana a sesenta millones de dólares; ii) la adquisición de bienes y servicios. Así se asegura que “desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”.
Para una mayor claridad expositiva, sistematizaré cada uno de los hechos concretos referidos en la acusación e indicaré a continuación todo cuanto sé y puedo responder al respecto.
Hecho 1. La conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico bajo apariencia de licitud, al menos entre los años 2010 y 2013. La maniobra se habría llevado a cabo para expatriar una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego reintroducir parte de los fondos en el mercado local a través de operaciones financieras, destacándose particularmente la transacción de bonos de la deuda pública argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en el patrimonio de Austral Construcciones S.A.
No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma.
Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes.
En definitiva, la manera transparente en que hemos administrado nuestro patrimonio les permitió a los “no jueces” que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliaresque no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios.
Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado.
En suma, podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno.
Hecho 2. La fuga al exterior de parte del capital presuntamente espurio atribuido a Lázaro Báez habría sido facilitada a través de la firma SGI Argentina S.A. A través de esta financiera habría tenido lugar un proceso de ocultamiento de dinero que luego, con la intervención de otras instituciones, era remitido al extranjero. Según se afirma, para la confluencia de los fondos ilegítimos se crearon, adquirieron y utilizaron personas jurídicas e instrumentos financieros radicados en Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y posiblemente Liechtenstein, entre ellas: SGI Argentina S.A., “Fondation Kinsky”, “Tyndall Limited Inc”, “Wodson International SL”, “Teegan Inc”, “Fromental Corpo”, “Markenting and Logistic Management S.A.”, “Sambers Hantarex Spain SL”, “Helvetic Services Group SA”, “Cono Sur Properties & Real Estate Corp”, “All Fashion Jewellery and Accessories, Import and Export. Corp” y “Open Port. Inc”.
Luego se habría llegado a cabo un proceso tendiente a reingresar al país una suma cercana a los U$S 32.800.000, mediante una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en la Confederación Suiza que fueron liquidados en el Mercado de Valores de Rosario.
Desconozco por completo los hechos que se relatan y tampoco existe ningún elemento de prueba que permita sostener lo contrario.
Debo agregar que la familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta.
Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno.
Por otro lado debo destacar que jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un “aportante financiero arrepentido” al Frente para la Victoria.
En síntesis, si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de “La ruta del dinero K” debió ser denominada “La ruta del dinero M”.
Hecho 3. La adquisición, con fecha 16 de diciembre de 2010, de cinco inmuebles ubicados en el departamento de Tunuyán, Mendoza, que en conjunto conforman la estancia “El Carrizalejo”.
Desconozco esta operación, no he participado en ella ni surge de ningún elemento de la causa algo que permita afirmar lo contrario.
Hecho 4. La compra, con fecha 4 de enero de 2011, del rodado BMW X6, dominio JMK672.
La adquisición y utilización de un vehículo Ferrari California, dominio INP622, denunciado como vendido el 4 de enero de 2010.
La adquisición de un vehículo Ferrari 430, modelo 2007, dominio GUA681, circunstancia de la cual se tomó conocimiento a través de un ROS generado por La Holando Sudamericana Cía. De Seguros S.A.
La adquisición el día 21 de enero de 2011 -y posterior venta- de un automóvil Porsche, modelo Carrera, dominio EWT740.
La adquisición, con fecha 7 de febrero de 2011, de un automóvil marca Mini Cooper.
La adquisición, con fecha 14 de abril de 2011, de un rodado marca Audi dominio JMV167.
La adquisición del vehículo Porsche 911 Targa 4 S-2010, dominio HER037, circunstancia de la cual se tomó conocimiento a partir de un ROS generado por La Holando Sudamericana Cía. de Seguro S.A.
La compra del automóvil marca Audi R8 Spider, dominio KEN326, inscripto mediante formulario 01 Nº 3977205 el día 22 de abril de 2011.
El intento de adquirir, con fecha 26 de marzo de 2013, dos vehículos marca Mercedes Benz modelos C63AMG Coupé y SLK250be automático.
Desconozco por completo todas estas operaciones comerciales. Debo agregar que la familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama.
El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadío de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción.
Hecho 5. La adquisición del 10 % de las acciones de las firmas Global Development Consultants Inc. y Global Investments Inc., mediante un boleto de transferencia de acciones fechado el 17 de marzo de 2011.
Jamás tuve noticia de la existencia de aquellas sociedades ni mucho menos participé en la operación de compraventa de acciones a la que se hace referencia.
Hecho 6. El depósito de USD 90.000 en la cuenta bancaria del Standard Bank Argentina S.A Nº 8171110141764, con fecha 23 de marzo de 2010, los cuales fueron luego detraídos parcialmente en efectivo y transferidos a otra cuenta.
Jamás tuve ningún depósito en la entidad bancaria antes referida ni mucho menos efectué retiros de la cuenta a la que se hace mención.
Hecho 7. La aplicación de fondos de procedencia ilegal para solventar gastos de la fiesta de casamiento entre Jorge Leonardo Fariña y Karina Olga Jelinek.
La adquisición del departamento sito en Av. del Libertador 2423, piso 22 de esta ciudad, en el cual habitó Jorge Leonardo Fariña.
La promoción de manera ardidosa y fraudulenta de un reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación (SECLO), con la pretensión de que por esa vía Fariña recibiera dos inmuebles sitos en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.
Conozco a los nombrados sólo por referencias que se hacen de ellos en los medios de comunicación. No fui invitada a su fiesta de casamiento y de haberlo sido no hubiera concurrido, ya que jamás ha sido mi costumbre participar de eventos de la farándula.
En cuanto al inmueble y al juicio a los que se hace referencia, jamás tuve con ellos ningún tipo de contacto y, en rigor de verdad, me entero de su existencia al haber sido informada por mi defensa de algunas constancias de esta causa.
Hecho 8. La realización de depósitos y transferencias en la cuenta corriente en pesos Nº 382.121/8 del Banco Santander Río de titularidad de SGI, entre los años 2009 y 2010, sin presentarse a tal efecto suficiente documentación respaldatoria.
La realización, entre los años 2008 y 2009, de operaciones en la cuenta Nº 53556-001 sin contar con suficiente documentación respaldatoria.
La realización, a través de la firma SGI, de operaciones de descuento de cheques de pago diferido sin que se emita como contrapartida el pago de los documentos descontados.
La realización de operaciones cambiarias que no fueron registradas, según el ROS emitido por el BCRA el 1º de noviembre de 2011.
La realización de operaciones de compra y venta de moneda extranjera, a través de la sociedad SGI, sin ser una entidad autorizada, emitiendo comprobantes en forma de boletos.
No tengo conocimiento de tales operaciones ni mucho menos participé de manera directa o indirecta en las mismas.
5. Sentado cuanto precede, salta a la vista la extraordinaria gravedad institucional que representan los hechos que estamos viviendo.
Concretamente, a instancias del Poder Ejecutivo de la Nación –a cargo de Mauricio Macri-, la Cámara de Apelaciones me obliga a prestar declaración indagatoria en una causa en la cual de manera manifiesta nada tengo que ver. Repito, ello no solo es una apreciación de mi parte, sino ha sido debidamente fundamentado en múltiples resoluciones dictadas por el juez competente (ver fs. 30.963/30.965, 31.432/31.435, 34.587/34.962, 36.213/36.223 y 36.903/36.907).
Por ende, cuando la jurisdicción actúa fuera de la ley, falta a su deber de imparcialidad e interviene en cuestiones con una inocultable finalidad política, no solo se está generando un perjuicio en mi contra, sino que ello constituye un factor de grave descrédito del servicio de administración de justicia.
6. Lamentablemente, el fenómeno que vivimos tiene un carácter regional en Latinoamérica y ha sido calificado por el profesor Luigi Ferrajoli, uno de los máximos exponentes a nivel mundial del iuspositivismo crítico, como “una agresión judicial a la democracia” (ver la nota publicada en el siguiente portal: https://www.elcohetealaluna.com/una-agresion-judicial-a-la-democracia-brasilena/).
En este sentido, las reflexiones que formula el profesor Ferrajoli al analizar la situación que se da en Brasil con relación al proceso judicial seguido en contra de Lula Da Silva, constituyen una descripción, cambiando los nombres propios, casi perfecta de lo que viene ocurriendo en la Argentina, a saber:
“Pero no sólo fueron violados los derechos [d]el ciudadano Lula. La víctima ha sido todo el proceso judicial, con sus innumerables lesiones a los principios del debido proceso…
La total falta de imparcialidad de los magistrados que promovieron y realizaron el proceso contra Lula revela el sentido no jurídico sino político de todas las actuaciones. Este partidismo fue favorecido por una característica singular e increíble del proceso penal brasileño: la falta de diferencia y separación entre acusador y juez, y en consecuencia la figura del juez inquisidor que instruye el proceso…
A este absurdo sistema institucionalmente inquisitorial los jueces añadieron celo partidista y arbitrariedad, de los que señalaré tres aspectos.
El primer aspecto es la campaña de prensa orquestada desde que empezó el proceso contra Lula, alimentada por el protagonismo del juez de primera instancia, quien ha difundido actos que estaban en secreto del sumario y ha concedido entrevistas en las cuales se pronunció antes del juicio en contra de su imputado, en busca de una legitimación indebida en el consenso popular y no en la sujeción a la ley […]En todos los países civilizados, semejante adelanto de opinión es motivo obvio e indiscutible de excusación o de recusación, dado que revela una hostilidad y un prejuicio incompatibles con la jurisdicción…
El segundo aspecto de la parcialidad de los jueces -y al mismo tiempo, la característica típicamente inquisitorial de este proceso- consiste en la petición de principio, por la cual la hipótesis acusatoria a probar, que debería ser la conclusión de razonamiento inductivo, sostenido en pruebas y no desmentido por contrapruebas, forma en cambio la premisa de un procedimiento deductivo que asume como veraces solo las pruebas que la confirman y como falsas aquellas que la contradicen. De ahí el curso tautológico del razonamiento probatorio, en el cual la tesis acusatoria funciona como criterio de orientación de la investigación, como un filtro selectivo de la credibilidad de las pruebas y como clave interpretativa de todo el material procesal. Por ejemplo: los diarios brasileños informaron que el ex ministro Antonio Pallocci, bajo prisión preventiva, había intentado en mayo último una “delación premiada” para obtener la libertad, pero que su solicitud fue rechazada porque no incluía ninguna acusación contra Lula y Dilma Rousseff sino sólo contra el sistema bancario. Pero el 6 de septiembre, ante los fiscales, el mismo imputado proveyó la versión apetecida por la fiscalía para conseguir la libertad. Por el contrario, fue totalmente ignorada la deposición de Emilio Odebrecht, quien el 12 de junio declaró al juez Moro que nunca había donado ningún inmueble al Instituto Lula, como presumía la acusación de corrupción.
El tercer aspecto de la falta de imparcialidad es el siguiente: los jueces aceleraron el momento del juicio para llegar a la sentencia final lo antes posible y así, de acuerdo con la ley `Ficha limpia`, evitar que Lula, quien sigue siendo la figura más popular de Brasil, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Esta es otra pesada interferencia judicial en la esfera política, que mina de raíz la credibilidad de la jurisdicción.
Por último, es innegable el nexo entre los ataques a los dos presidentes artífices del extraordinario progreso social y económico de Brasil -la ausencia de fundamentos jurídicos de la destitución de Dilma Rousseff y la campaña judicial contra Lula- que hace de su convergencia una operación única de restauración antidemocrática. En estos días, esa operación contó con el amenazante apoyo de los militares, que está destrozando al país de un modo difícil de reparar. La indignación popular se expresó y se seguirá expresando en manifestaciones masivas”.
7. Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
a. Se tenga por efectuada esta presentación en los términos previstos por el art. 294 del ordenamiento de rito y se la incorpore como parte de la declaración que se me recibe en este acto.
b. A todo evento, en virtud de las garantías constitucionales invocadas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, así como también ante los Organismos Internacionales competentes en materia de Derechos Humanos.
Tener presente lo expuesto,
SERÁ JUSTICIA.
martes, 18 de septiembre de 2018
1014 días después de Cristina
1014 d.C.
Graciana Peñafort destrozó la bochornosa sentencia de Bonadío
Con buen tino y el sarcasmo que suele manejar la abogada que defendió la Ley de Medios, Peñafort analiza la sentencia del juez de las fotocopias y destroza todos sus argumentos.
La abogada Graciana Peñafort, lanzó una serie de tuits donde, punto por punto, derribó los argumentos del juez de las fotocopias de los cuadernos que terminó en el procesamiento y pedido de prisión preventiva de la senadora Cristina Kirchner, otra veintena de funcionarios y empresarios de la obra pública.
“Sentencia leida a las apuradas. Primer conclusion: Bonadio tiene mas voluntad que pruebas. Con esta prueba no llega a una condena. Solo arrepentidos”, disparó la abogada y agregó, “Yo esperaba alguna de las pruebas irrebatibles que me habían anunciado los diarios. No las hay”
Materialidad de los hechos….cero. Nada. Ni una moneda… #dolordineroenefectivo
“Ni un balance de empresa, alguito. Nada. Hablan de fortunas en dinero contante y sonante. Nadie dice de donde salio. Ni donde esta, ni nada”, se quejó
Además, según evaluó, “Detalles deliciosos como el olor a tinta que dice Clarens que le dijo Muñoz. La declaración de Lopez, es tan verosímil como que yo no me comí ese chocolate cuyo paquete (vació) tengo al lado de la compu. Y la de Uberti requiere tratamiento psiquiátrico”.
Los empresarios, Wagner y Calcaterra…y otros arrepentidos …almitas de dios! si te dan ganas de consolarlos porque sufrieron horrores ganando fortunas. Me siento afortunada de ser pobre después de releer sus desgarradoras declaraciones
También reprochó la discrecionalidad del magistrado en materia de detenciones, “Tremenda la arbitrariedad de Bonadio para mantener a unos presos y a otros no. Tremenda. Papelón. algún día vamos a mostar esto como prueba de que es arbitrariedad. Pese a todo lo que hizo su abogado Sergio Taselli seguirá preso. Eso es ruptura de códigos entre amigos, Clau”
“Desconcertantes” las faltas de merito de Neira, Sanchez Caballero, Poblete, Zabaleta, Valenti . Creanme, inexplicable la diferencia de criterios. Y volvió la obediencia debida señores! A franja morada no le gusta eso. Lo de Acosta parece mas lógico
“Bonadio que hace menos de un año se invento una guerra, hoy se quiere inventar una nueva categoria de procesamiento con valor de cosa juzgada: la confirmación de camara. A ver Clau si nos entendemos. Procesamiento no es sentencia condenatoria. Me captas?”
También se refirió al pedido de desafuero, que aún debe tratar la Cámara Federal, “Y el desafuero en el senado solo corresponde si hay condena firme. Este invento que intentas es tan creativo como inútil. Perdón, pero alguien tenia que decírselo. Va con onda y con el afecto inalterable de siempre Clau”
El fallo entero es un papelón. Sin prueba. Sin nada. Y déjenme decirles…salvo los simpáticos arrepentidos que oscilan entre los psiquiátricos y los pantristes inverosímiles, no hay nada mas. Y con los arrepentidos solamente no hay condena. Sorry, asi lo dice la ley, no yo
“Falta una prueba, un papel, un algo. Digamos algo, eso que acabo de leer es mas una expresión de deseo de un sector que una sentencia. Dice el 123 que aparentar fundamentación no es tenerla. Conmovedor el alegato Clau, te falto jardines de infantes. Mala tuya”
Finalmente, concluyó que “un buen resumen del fallo es que Bonadio dice que puede concluir que CFK es la destinataria del dinero cuya existencia nisiquiera probo y Bonadio dice al mismo tiempo y en el mismo escrito que no se ha constatado que CFK haya recibido el dinero. Y todo asi de loco”
lunes, 17 de septiembre de 2018
1013 días después de Cristina
1013 d.C.
José López volvió a cambiar sus explicaciones sobre el origen de los nueve millones de dólares que llevó al convento
Elige tu propia declaración (según convenga)
El ex secretario de Obras Públicas José López declaró cinco veces ante la Justicia y ya dio cuatro versiones distintas sobre la procedencia del dinero. Ahora se lo atribuyó a CFK, a medida de las expectativas del juzgado en la causa de los cuadernos.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
El ex secretario de Obras Públicas José López vinculó los 9 millones de dólares que llevó en bolsos al convento de General Rodríguez, donde fue atrapado en junio de 2016, con Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo al declarar como arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos y, según aseguraron Clarín y La Nación, ese dato será clave para procesar a la ex presidenta. Es la cuarta versión de López en sus cinco declaraciones ante distintos tribunales sobre el dinero y todo lo que rodeó al hallazgo. Es evidente que busca que le achiquen la probable condena que le impondría el tribunal oral que ahora lo juzga por enriquecimiento ilícito, por el hallazgo de ese dinero y propiedades que ocultó que le pertenecían, y también apuesta a que sea mínimo el costo de ser imputado por los relatos escritos de Oscar Centeno. Al juicio de los bolsos se llegó después de la investigación del fiscal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas, que establecieron que los billetes habían estado escondidos donde vivía López en Dique Luján, en un lugar oculto de difícil acceso y que señaló el propio ex funcionario. A partir de la aparición de los cuadernos y el club de la obra pública, López introdujo variaciones notables, que restan verosimilitud a sus últimas descripciones.
Según una versión publicada ayer por el periodista Joaquín Morales Solá, López dijo en la causa de los cuadernos, donde logró un acuerdo como arrepentido, que el dinero que llevó al convento era de la ex presidenta. ¿Por qué? Un ex secretario privado de ella, Fabián Gutiérrez, según este relato, lo llamó en su nombre el 13 de junio de 2016 y le dijo que debía “mover plata”, que le haría llegar esa noche. El paquete incluía billetes, relojes y joyas. Lo recibió, según lo publicado, en su departamento en Capital Federal. Como no sabía qué hacer con todo eso, decidió llevarlo al convento de las monjas orantes y penitentes a las que conocía. Cerca de la ex presidenta recordaron a este diario que Gutiérrez –que tuvo una causa por enriquecimiento– trabajó con ella hasta 2010 y luego no tuvo más funciones. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández contó que Gutiérrez no se veía ni hablaba con la ex mandataria desde 2011. Tampoco aparecen llamadas entre López y ese secretario en la causa. Otra descripción que al parecer hizo López es que CFK lo citó a su despacho en 2011, le mostró un cuaderno donde Néstor Kirchner anotaba quién recaudaba, quién pagaba y dónde estaba el dinero: “¿Vas a ser parte de la solución o del problema?”, le habría planteado, y fue entonces que –asume López para mejorar su posición judicial– participó de pagos ilegales.
Lo notorio es que en todas sus declaraciones anteriores López dijo cosas distintas, con giros absolutos: pasó de reconocer que él sacó el dinero de su propia casa, a decir que se lo dieron tres emisarios justo antes de llevarlo al convento, y ahora que se lo dio Gutiérrez en un departamento. Los imputados no tiene obligación de decir la verdad, pero la coherencia es clave a la hora de evaluar su papel y responsabilidad.
La primera vez que fue indagado por Rafecas, apenas fue detenido, no quiso contestar preguntas. Unos días después se explayó y dijo por primera vez que el dinero “pertenecía a la política”. “Cuando tenga la fortaleza física, psicológica y espiritual voy dar todos los detalles”, dijo. Por entonces, también buscaba desvincular a su esposa. Contó, según el texto al que accedió PáginaI12, que en una reunión de parlamentarios del Mercosur un colega le dijo que los estaban investigando tanto a él como a otros. Advirtió que tenía interferencias o situaciones y mensajes extraños (por ejemplo, “este es el día, con Google no vas a poder”, cuando intentaba mandar un mail a España y no podía), en sus comunicaciones, por teléfono o correo electrónico, y le parecía que lo seguían. El 13 de junio vio mucha gente alrededor de su casa en una supuesta obra y se empezó a angustiar y alterar, dijo. Relató que al volver de su oficina oía voces, alguien que le decía “te va a pasar lo mismo que al Lauchón” (el ex espía asesinado), y buscó un arma, una carabina. En medio del nerviosismo, contó, agarró una escalera para llegar “a ese lugar inaccesible que nadie sabía, en mi habitación en el primer piso, que hay como una ventana por donde se accede al tanque de agua, estaban ahí los bolsos, en un lugar tapados, como en un falso piso, tomé los bolsos y bajé”.
Con esos datos, Rafecas hizo un procedimiento en el lugar y constató que el escondite existía tal como lo había descripto López. La humedad del recoveco junto al tanque, entendieron los investigadores, permitía explicar la humedad de los billetes. López declaró que agarró de ahí los bolsos y se fue para el convento, y que como tardaban en abrirle, los tiró por arriba de la pared. En el operativo en su casa encontraron cotillón de una campaña donde se lo postulaba para gobernador de Tucumán en 2015, aunque se impuso la candidatura de Juan Manzur. Una de las hipótesis en la causa apuntaba a dinero de la política. Alberto Fernández también contó ayer que CFK lo bajó de la cabeza de lista de diputados.
Ya ante el Tribunal Oral Federal 1, en el juicio por los bolsos, donde se lo acusa de enriquecimiento ilícito (por ese dinero, por los relojes y propiedades que ocultó en su patrimonio), pidió declarar. Ese delito implica que el imputado debe justificar su patrimonio, por eso todo el tiempo López dice que el dinero no era suyo. Ya estaba en marcha el escándalo de los cuadernos. Parecía que haría una gran revelación. Pero no. En esta versión, el dinero nunca estuvo en su casa. Refirió que poco después de enterarse por el colega del Parlasur que lo investigaban, “fui citado a una reunión sobre la que no puedo dar detalles pero sí decir que a partir de allí resulté obligado a quedar a disposición para realizar algunas diligencias. La primera y por lo tanto la única fue el tema de los bolsos”. Y explicó que había dicho que era dinero de la política porque “porque así me indicaron”. No habló de CFK. Es más, afirmó que “no es una persona sino varias, y yo mismo no sé bien quiénes son ni quiero saberlo”. Sostuvo que lo escoltaron tres personas en el trayecto al convento –de donde alguien iría retirando la plata–, una en una moto y dos en un auto. “Cuando digo que me escoltaron no eran simples acompañantes, son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control”, describió. Las cámaras de seguridad analizadas en la causa, como recordó el fiscal Federico Delgado, no mostraban que nadie lo estuviera siguiendo ni escoltando.
En un juicio en los tribunales de Mercedes por la tenencia ilegal de la carabina que llevó al convento, hizo una presentación en la que dijo que el kirchnerismo lo había presionado para que dijera que el dinero era de Lázaro Báez y que, además, a sus abogados los puso y los pagó Julio de Vido, aunque no aportó pruebas. Es conocido que el ex ministro de Planificación no le tenía gran estima a López. A Fernanda Herrera, conocida como la “abogada hot”, la había nombrado de apuro cuando ella visitaba a otro detenido. Después tuvo como defensores a Fernando García y Diego Sánchez, de quienes jamás se quejó. Con el argumento de que no tuvo una defensa fiel, pidió que le anulen la condena por la carabina. Otro punto curioso es que las supuestas presiones para que señalara a Báez vinieron de la policía bonaerense, cuando ya gobernaba el macrismo. Ahora tiene defensa oficial.
Hasta el momento, con los matices con que fue acomodando su narración, a López le fue bien. De hecho consiguió que del penal de Ezeiza –donde nadie lo visitaba– lo trasladaran a una unidad policial en Palermo –donde está seguro y oxigenado con algo de verde–. Con las variaciones de su última declaración en la causa de los cuadernos, que ofrece un conveniente nexo con CFK a medida de las expectativas de fiscalía y juzgado, va por más.
1011 días después de Cristina
1011 d.C.
Acabo de aterrizar en Calafate y el primer mensaje que me entra en el celu es de mi sobrina Romina. Casi me pongo a llorar. Enseguida y en el mismo mensaje me entran tres fotos. La primera la portada de la carta que acompaña el regalo. La segunda su texto.
La tercera foto es la camisa que Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe, ex empleadas de Chocolate me compraron juntando, entre todas, la plata en ese mismo momento para hacérmela llegar con Romina.
Para Lourdes, María, Jennifer y Guadalupe: Gracias por la camisa y por tanto amor. Les juro que van a volver a tener trabajo, esperanzas y sueños. Cristina.
viernes, 14 de septiembre de 2018
1010 días después de Cristina
1010 d.C.
Asis adelantó que podrían proscribir a Cristina Kirchner "de por vida"
El analista político sostuvo que buscarán que se impida ejercer cargos públicos a "involucrados en delitos de corrupción".
El analista político Jorge "Turco" Asís afirmó que en los próximos meses intentarán proscribir a todos los políticos que estén involucrados en causas de corrupción. La decisión podría afectar a la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, la opositora que más mide en las en encuestas por las elecciones presidenciales de 2019.
"¿Sabés que se piensa por los políticos? Proscripción de por vida", afirmó Asís, quien manifestó que la opositora Cristina Kirchner podría estar en la lista de las referentes que sería proscripta.
"Sería la proscripción de por vida de todos los funcionarios públicos y políticos que estén involucrados en causas de corrupción", sostuvo Asis, quien afirmó que no sabe si bastará con que estén procesados o se necesitará una condena firme.
La senadora Cristina Kirchner tiene procesamientos, pero no está condenada en ninguna causa. En el Senado hay un pedido para su desafuero emitido por el juez federal Claudio Bonadio que pidió su detención preventiva.
Por la causa Ciccone, el ex vicepresidente, Amado Boudou, fue condenado en una sentencia que le impide ejercer un cargo público de por vida.
jueves, 13 de septiembre de 2018
1009 días después de Cristina
1009 d.C.
Hoy protestan docentes de todos los niveles educativos
Paro y marcha de los maestros
La huelga nacional y la movilización al Congreso es convocada por Ctera, Sadop y Conadu. Ayer comenzó un paro de 48 horas en la Capital y en la provincia de Buenos Aires, en reclamo de un aumento salarial y mejoras en la infraestructura escolar.
Una docente del CEC 801 de Moreno fue secuestrada, golpeada, introducida en el baúl de un auto, donde las tres personas que la atacaron le escribieron en el abdomen, con un punzón, en un claro acto de tortura: “Ollas no”. La leyenda alude al trabajo que vienen realizando los docentes, en esa escuela, para dar de comer a los alumnos y realizar en las plazas del barrio clases al aire libre porque los colegios de la zona están cerrados en repudio a la muerte Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Antes del secuestro de la docente, en la escuela se habían recibido amenazas de muerte, una de ellas señalando que los educadores que participan de las actividades iban a aparecer en el cementerio de Moreno. A Corina de Bonis, le pusieron una bolsa en la cabeza para que no pudiera identificar a sus captores, informó anoche en conferencia de prensa el Suteba, encabezado por su titular, Roberto Baradel. “Tenemos que parar a estos torturadores”, advirtió.
La mujer, acompañada por su esposo, sigue internada en el Hospital de Moreno y hoy se realizará una marcha para repudiar el hecho. La gobernadora María Eugenia Vidal repudió el hecho y dijo que se cruzó “un límite”.
El ataque a de Bonis ocurrió a las 5 de la tarde, en pleno día, cuando ella se dirigía a su domicilio. Otras dos docentes de la zonas recibieron amenazas durante toda la semana.
Baradel, acompañado por cerca de treinta docentes y dirigentes del gremio, denunció que se trató de “un hecho gravísimo ocurrido en democracia” y señaló que se había comunicado con el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y con el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, a quienes hizo “responsables por la seguridad de todos los maestros” de la localidad de Moreno. Sánchez Zinny, consultado por PáginaI12 sobre la agresión sufrida por la docente, respondió: “Nosotros repudiamos el hecho, que es un disparate total”. El ministro dijo que se puso en contacto con el responsable de Seguridad, Cristian Ritondo, y comentó que “la inspectora en Psicología de la provincia está acompañandola a ella y a su familia, para acompañarlos a hacer la denuncia ante la Fiscalía”. Insistió en que lo ocurrido “es una barbaridad, es un hecho delictivo”, a la vez que informó que por el momento “no hay hipótesis” sobre los posibles responsables del hecho.
Baradel informó, en la sede del Suteba, en Piedras al 700, “le pusieron una bolsa en la cabeza y, con un punzón, escribieron sobre su panza ‘ollas no’”. Corina de Bonis, es una docente del Centro Educativo Complementario del barrio Villa Anita que participaba de la olla popular organizada por la institución que funcionó hasta la semana pasada, cuando los docentes decidieron levantar la iniciativa por repetidas amenazas. En Moreno, por la explosión de la escuela 49 que visibilizó el deplorable estado edilicio de los establecimientos educativos bonaerenses, las clases continúan suspendidas. Al igual que sucede en otras escuelas de la zona, en el Centro Educativo Complementario 801, del barrio Villa Anita, las familias y docentes organizaron una olla popular para no cortar el servicio de comedor, que para muchos niños es la única comida del día.
Como el CEC tiene el gas cortado, debido a pérdidas en el servicio, recibía por parte del gobierno una vianda fría: un sándwich de jamón y queso y una fruta. “Los chicos necesitan comer bien. Entonces empezamos a armar una olla popular con donaciones de maestros, familiares, comercios y organizaciones ATE y Suteba”, informó Leila Mendel Revilla, directora del Centro, quien detalló que además de las pérdidas de gas sufren derrumbes de pozos y rajaduras estructurales, entre otras problemáticas. Al Centro, que es una institución de la modalidad de Psicología, asisten chicos que vienen en contraturno, ya sea por cuestiones laborales de los padres o por problemas de aprendizaje de los alumnos. Se ven los mismos temas que en la escuela normal, “pero abarcados desde distintas modalidades. Acá hacemos talleres y propuestas más lúdicas para aprender”, detalló la directora.
Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa solidaria terminó en una pesadilla. El 22 de agosto pasado, los docentes del CEC recibieron una amenaza telefónica, en la que les advirtieron “que se dejen de joder con las ollas”. El llamado, atendido por una docente, fue denunciado a la UFI N°7.
Los docentes decidieron continuar con la iniciativa popular pero 6 días después recibieron una nueva amenaza. “Nos pasaron un papel por debajo de la puerta que decía ‘Siguen ustedes’. Al principio no entendíamos, pero cuando salimos del CEC vimos que había tres autos rayados, que pertenecían a docentes del CEC. Pese a esto, decidimos seguir”, relató la directora.
El miércoles de la semana pasada, sin embargo, llegó una tercera amenaza, de mayor violencia aún, que convenció a las docentes de levantar la olla popular. “En el parabrisas de uno de los autos dejaron un papel que decía ‘La próxima olla es en Roldán y Güemes. No todas tienen auto’. Esa es la dirección del cementerio, así que esto nos terminó de partir. Nos dio mucho miedo porque la amenaza era bastante concreta. Y en una asamblea docente decidimos no continuar con la olla”, explicó Mendel Revilla.
Según denunció la directora, otras escuelas de la zona también fueron amenazadas. Incluso, en la zona se hizo una panfleteada con carteles que decían “Vuelvan a dar clases” y “No hagan política”.
Desde la primera amenaza, el CEC 801 venía solicitando al Servicio Alimentario coordinado por la Dirección de Consejos Escolares una vianda más elaborada. “Recién después de la tercer amenaza nos enviaron una vianda mejor, que consiste en dos empanadas y una fruta. Pero las familias se organizaron y decidieron continuar con la olla, en una calle a tres cuadras del CEC, donde vive una de las madres”, contó la directora.
Se trata de un grupo de 10 madres que consideran que la nueva vianda también es muy pobre, no alcanza para alimentar correctamente a un niño. “Esas amenazas que recibieron en el CEC son políticas. No quieren que se muestre el hambre que tenemos. Pero el hambre existe, así que decidimos continuar. A la mañana damos desayuno, al mediodía almuerzo. Y ayer también dimos la merienda”, contó una mamá que organiza la olla.
La sorpresa, para ellas, es que no fueron únicamente niños los que se acercaron a comer. “Vinieron vecinos también. Y eso es algo que no nos esperábamos. Es gente que precisa mucho, que no tiene para comer. Acá hay mucha necesidad”, explicó. “Incluso apareció un hombre para ver si le podíamos conseguir zapatillas de su número. Y apareció una mujer a denunciar un caso de violencia de género. No nos esperábamos todo esto”, agregó.
La olla es organizada con las donaciones que habían sido recibidas por el CEC en los últimos días. “Contamos con el día a día, no sabemos hasta cuándo nos va a alcanzar. Hay días que entre las madres juntamos plata para comprar un poco de carne picada. Ayer hicimos guiso de lentejas y raspamos la olla, no nos sobró nada. Y le dimos de comer a más de 60 personas, que ambién se llevaron para sus familiares”, contó la madre, quien aclaró que deben cocinar a leña, porque no cuentan con mechero. “Nosotras apoyamos la decisión de los docentes de no continuar con las clases. Yo quiero que a mi hija me la entreguen viva, no en un cajón. Esto es culpa de los políticos, porque Moreno es tierra de nadie, nos tienen abandonados”, concluyó.
miércoles, 12 de septiembre de 2018
1008 días después de Cristina
1008 d.C.
Cristina Kirchner: "Y pensar que había algunos que decían que la loca era yo"
La ex Presidenta opinó sobre las recientes declaraciones de Mauricio Macri.
La ex presidenta Cristina Kirchner retomó sus redes sociales para arremeter contra las últimas declaraciones del primer mandatario Mauricio Macri en las que aseguró que "sin Cambiemos en el Gobierno, esta tormenta hubiese terminado como el 2001".
"Macri dice que sin Cambiemos en el gobierno esta tormenta hubiera terminado como en el 2001; y un “arrepentido” del planeta Bonadío, a quien no conozco y sólo escuché nombrar en televisión, dice que yo le daba órdenes. Y pensar que había algunos que decían que la loca era yo", escribió Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.
Las declaraciones de la senadora nacieron debido a que, para el mandatario, la crisis del 2001 no se repitió en la actualidad "porque hoy tenemos un Gobierno con una convicción clara y que tiene un vínculo muy fuerte con el mundo".
martes, 11 de septiembre de 2018
1007 días después de Cristina
1007 d.C.
Exclusivo: cómo se manipulan los concursos para nombrar jueces
El Destape accedió a expedientes donde detectó una serie de irregularidades para el armado de los jurados que definen las ternas para que Macri impulse los nombres de quienes le responden.
El nombramiento de jueces es una de las claves para incidir en el funcionamiento del Poder Judicial y la clave es lograr manipular los concursos para elegirlos. El Destape accedió a los expedientes de un buen número de concursos para jueces y detectó una serie de irregularidades para el armado de los jurados, que son quienes definen -con una alta discrecionalidad- las ternas para que el presidente Mauricio Macri impulse los nombres de quienes le responden.
Las maniobras incluyen armado de expedientes a medida, aceptaciones de cargos sin firma y una serie de irregularidades que se repiten en las torres de papeles que se acumulan en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene entre sus funciones el proceso de selección de jueces.
El Destape encontró estas triquiñuelas, entre otros, en un concurso que todo el mundillo judicial mira hoy con deseo. Se trata de una de las vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py, la que dejó el juez Horacio Cattani. Es un cargo clave, ya que por ahí pasarán todas las causas que interesan a Macri, tanto las que forman parte de la persecución de ex funcionarios kirchneristas como aquellas que puedan involucrarlo a él y sus laderos.
Paso a paso
Los pasos para designar un jurado que luego evalúa a los postulantes a jueces son los siguientes. En teoría (siempre en teoría, ya que las prácticas suelen alejarse) y según la resolución 7/2014, empieza así: “El Plenario -a propuesta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial elaborará periódicamente listas de jurados para actuar en los procesos de selección que se sustancien”. El segundo paso ya es más opaco. Cuando empieza un concurso, se tiene que conformar un jurado con varias categorías. En general, jueces que a su vez sean docentes, docentes con competencia específica en el concurso (por ejemplo, penal o electoral) y otros de competencia general.
El primer listado de jurados lo hace un software que toma las listas que existen y designa jurados titulares y suplentes. De nuevo, esto en teoría, ya que no hay información sobre cómo funciona ese software y pesan sobre él las mismas sospechas que el que se utiliza para sortear las causas judiciales: que puede ser manipulado. El sorteo informatizado se estableció en 2016, con la resolución 111. En sus fundamentos, dice que se necesitaba un sistema de sorteo para “garantizar la seguridad, control y transparencia de dicho acto” dado “el gran numero de jurados involucrados en los sorteos para cada vacante” y que por eso se encargó a la Dirección de Tecnología del Consejo un sistema electrónico para el cuál, supuestamente, se le pidieron sugerencias a todos los consejeros. Lo cierto es que, por ejemplo, El Destape pudo acceder a uno de los listados de jurados, en la categoria docente magistrado, y tiene 8 nombres, no “un gran número”. No constan, tampoco, los aportes de los consejeros, simplemente se pasó del sistema de sorteo manual al informático, con los riesgos que esto conlleva.
La maniobra sigue de la siguiente manera. “Quienes resultaren sorteados para integrar un Jurado serán inmediatamente notificados, y deberán aceptar sus cargos —a más tardar— a los tres (3) días hábiles judiciales, presumiéndose —en caso contrario— que no aceptan desempeñarse como tales en ese concurso”, establece el Reglamento de Concursos. En este punto es donde aparecen muchas de las trampitas.
El jurado para elegir al camarista federal clave de Comodoro Py terminó conformado de la siguiente forma. Por los jueces que además tienen cargo de profesor universitario el cordobés Alejandro Máximo Próspero Sánchez Freytes (titular) y Juan Carlos Geminiani (suplente), miembro de la Cámara de Casación Federal. Por los docentes de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales quedaron Mario Alberto Villar (titular, recientemente ascendido a fiscal ante la Cámara de Casación y con vínculos con el operador PRO Daniel Angelici) y Eduardo Luis Aguirre (suplente). Y por los docentes de universidades nacionales con competencia general Mariano Alberto Tadeo Candioti y José María Peralta como titulares y Alberto Ricardo Dalla Vía (juez de la Cámara Nacional Electoral) y Arturo Pfister Puch como suplentes.
De los 8, solo un titular y un suplente cumplieron las normas para su designación. Son los casos de Villar y Dalla Vía. El resto, todos tienen alguna irregularidad. El juez Sánchez Freytes firmó la aceptación pero fuera de plazo, por lo que ya debía ser dado de baja. El juez Geminiani aparece aceptando sin firma. El caso de Aguirre el papel acepta sin firma y con el plazo vencido. Tanto Candioti como Peralta y Pfiser Puch figuran aceptando sin firmar el documento.
La firma es clave, ya que es la que otorga validez jurídica a un documento. Ergo, una hoja escrita en computadora y sin firma no tiene validez. Aún así, los dieron por válidos y conformaron el jurado.
Hojas numeradas
Hay otro documento que dejó constancia de las irregularidades de este expediente. Se trata de una nota que dejó la oficina del diputado y consejero Rodolfo Tailhade el 24 de abril pasado, luego de revisar este y otros concursos. La nota quedó incluida en el expediente con el número de foja 23. Respecto a este concurso clave, detalló: “el expediente 52/2018 se encuentra foliado únicamente hasta la foja 4, conteniendo luego 18 hojas sin foliatura, y siendo la última una nota remitida por el Dr. Dalla Vía de fecha 23 de abril de 2018 aceptando el cargo de jurado suplente”. La foliatura es el ABC de cualquier expediente: hoja que se incorpora, hoja que se numera. Lo que descubrió la vocalía de Tailhade es que el expediente no estaba foliado (en criollo, numerado) y, por ende, podía armarse y desarmarse a piacere.
Cuando El Destape accedió al expediente ya estaba numerado, pero es incomprobable que las hojas que ahora lo conforman sean las originales. Como no estaban numeradas, pueden haber sido cambiadas. Tanto las aceptaciones con firma como las que no la tienen figuran en las hojas sin foliar que describió la nota del despacho de Tailhade, por lo que no hay certeza de su veracidad.
No es el único caso de expedientes sin foliatura. La misma nota dejó asentado que la situación se repite en el concurso para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, donde no había ninguna hoja numerada.
El Destape pudo comprobar que, en el caso del expediente clave para la Cámara Federal, estas irregularidades fueron maquilladas y todas las hojas figuran numeradas. La irregularidad es así más evidente, ya que consta que no lo estaban y ahora sí. Ergo, pudieron rearmar el expediente a su antojo.
Candidates
Hay 95 postulantes para el cargo de camarista federal en el concurso cuyas irregularidades hoy revela El Destape. Hay varios pican en punta. En especial, algunos que cuentan con el apoyo mediático tanto como con su currículum. Es el caso del juez Julián Ercolini, al que varios medios ya dieron por designado en el cargo. Ercolini no sólo protegió a Héctor Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa, sino que integra la vanguardia en la cruzada de persecución judicial de ex funcionarios kirchneristas.
Ercolini no es el único juez federal que quiere un ascenso. También se anotaron en la carrera Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos.
Otra candidata es Maria Eugenia Talerico, numero dos de la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado que Macri puso a funcionar en el esquema judicial de hostigamiento a ex funcionarios kirchneristas.
Hay muchos candidatos vinculados a la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, el sector más conservador de esa entidad conservadora. También el juez penal económico Pablo Yadarola, que tuvo a cargo el caso de las valijas de Antonini Wilson, y Javier López Boscayart, que intervino en el caso Skanska.
Otros candidatos, sin chances pero no por sus capacidades, son el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, los ex conjueces de Casación Claudio Vázquez y Roberto Boico y Victor Hortel, entre otros. También figura Leonel Gómez Barbella, que tuvo un breve paso por Comodoro Py en el cual pidió la indagatoria a Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa, luego se fue a una fiscalía en Lomas de Zamora y el Gobierno terminó trasladándolo a Santa Rosa, La Pampa.
El personaje
Hay un nombre clave en torno a las manipulaciones de los concursos en el Consejo de la Magistratura. Es el de José Elorza, que comanda la Comisión de Selección de ese organismo. De origen radical, Elorza es el titiritero de todo lo que suceda en torno a los expedientes de los concursos. Las irregularidades no son nuevas, pero hubo un caso que sobresalió frente a otros. Fue en 2014, cuando se conoció un robo de las claves para identificar los exámenes de 39 postulantes para los tribunales orales federales de La Plata. Esas claves alfanuméricas permiten identificar la autoría de los exámenes que, de nuevo en teoría, son anónimos.
Elorza, que era el responsable de esos documentos y tenía la llave de la caja fuerte donde se guardaban, fue quien hizo la denuncia de que los habían sobado. La carátula del expediente dice “Hurto con ganzúa”, aunque nunca quedó claro de donde salió esa versión. Lo concreto: ese concurso no pudo avanzar.
Este personaje dejó el cargo pero volvió con la nueva gestión PRO del Consejo. Con él, volvieron también las irregularidades. Cuando El Destape fue a revisar los expedientes, que son públicos, Elorza quiso evitar que se fotografiaran.
- Los expedientes son públicos – insistió este periodista.
- Si, pero no se pueden sacar fotos.
- Pero son públicos. Los puede ver cualquiera
- Son públicos, pero no pueden andar circulando imágenes de los expedientes sin nuestro control -respondió Elorza, en una curiosa definición de lo público.
Reincidentes
“El Consejo aprobó 200 ternas para ocupar las vacantes de jueces”, tituló La Nación hace unas semanas. La noticia fue levantada por el portal del Consejo de la Magistratura y festejada por el estabilshment jurídico. Guillermo Lipera, presidente del colegio de abogados de grandes empresas y escribas jurídicos de las dictaduras, puso en su cuenta de Twitter: “Después de una década perdida, el Consejo de la Magistratura volvió a ser eficaz. Felicitaciones a los consejeros!”
Con estos números, Macri se convirtió, en promedio, en el presidente que más jueces nombró desde el retorno democrático. Sin embargo, hay varios indicios de que las irregularidades en los procesos de elección de jueces son reindicentes.
Esta situación tiene un antecedente en 2016, cuando un postulante denunció una serie de irregularidades en el concurso para un cargo en la Cámara Nacional Electoral. La más notoria, varios expedientes sin foliatura.
Este postulante asistió al Consejo de la Magistratura con la escribana Verónica Mariela Morán, que dejó constancia de las irregularidades que encontraron. “Siendo las 11:24hs procedemos a tener acceso al primer expediente 335, que consta de 72 hojas, foliadas solamente de la foja 1 a la 4, el resto sin foliar, salvo la última hoja que tiene el número 10”, se lee en el acta de la escribana Morán. Más adelante, la escribana detalló: “Procedo a verificar cantidad de hojas del expediente 376, consta de 68 hojas, solamente foliados de la 1 a la 12. Expediente 377, consta de 21 hojas sin foliar, agregada una carpeta verde de 30 hojas sin foliar. Expediente 338, consta de 110 hojas de las cuales sólo están foliadas de la 1 a la 12”, sigue el acta. En todos los casos, la misma mecánica que permite armar y desarmar los expedientes para elegir a los jueces.
En blanco
Hay otra vacante muy codiciada en Comodoro Py, y es el sillón que dejó Norberto Oyarbide en el Juzgado N 5. Ese concurso es el 375. El Destape accedió al expediente del concurso y encontró algo insólito. En la foja 22, dejaron una planilla de aceptación de jurado en blanco.
El jurado de ese concurso quedó integrado por Alejandro Osvaldo Tazza, Enrique Liljedahl, Marcos Mauricio Córdoba y Graciela Uberti.
No es la primera vez que el juez Tazza aparece involucrado en un concurso trucho. En 2010 una denuncia lo ubicó en un oscuro entramado de arreglo de concursos, puntualmente por la designación de Jose Luis Lopez Castiñeira como Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Tazza fue uno de los jurados. La denuncia relataba lo siguiente: “que el Sr. Castiñeira mantenía reuniones frecuentes con los Jueces Eduardo Farah, Alejandro Tazza, Luis María Márquez y con el funcionario Javier Fernández y se procuraba que
tanto López camaristas”. El periodista Horacio Verbitsky publicó que el juez Tazza tuvo un meteórico ascenso tanto jerárquico como de su patrimonio muy difícil de justificar.
La causa penal recayó en manos del juez Claudio Bonadío, titular de la Embajada, como se conoce en tribunales al Juzgado Federal N 11. El motivo: que allí no aplica el derecho argentino. Bonadío, que supo sortear decenas de denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, archivó la causa. El Consejo de la Magistratura, comandado por el eterno subrogante Luis Cabral, también desechó la denuncia. Hoy, Lopez Castiñeira preside la Sala II de ese fuero.
En el caso de Lilljedahl, hace pocos días Macri lo nombró camarista en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
lunes, 10 de septiembre de 2018
1006 días después de Cristina
1006 d.C.
Exclusivo: las irregularidades en el expediente de las fotocopias de Centeno
Por Ari Lijalad . El Destape accedió a la causa y pudo revisar más de 8.000 páginas en las cuales, hasta ahora, aparecen una serie de irregularidades que fueron, por un lado, avaladas por Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
Las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno se transformaron en miles de páginas de un expediente manejado por el juez Claudio Bonadio. Ergo, con sus leyes propias. El Destape accedió a la causa y pudo revisar más de 8.000 páginas en las cuales, hasta ahora, aparecen una serie de irregularidades que fueron, por un lado, avaladas por Bonadio y el fiscal Carlos Storsionelli. Por el otro, obviadas por buena parte de la prensa. Cuesta encontrar algún elemento, más allá de las fotocopias de los cuadernos, que justifique las detenciones que llevan más de un mes, excepto para los que acepten los arrepentimientos teledirigidos.
Ángelo, Ángelo
Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, le mintió al juez Bonadio en su primer contacto por esta causa. Fue el 6 de agosto, cuando se presentó en Comodoro Py tras la detención de Javier Sánchez Caballero, un histórico alfil del grupo Macri detenido a raiz de su aparición en las fotocopias de los cuadernos como pagador por parte de IECSA y ODS. En la declaración indagatoria a Calcaterra, que está en el cuerpo 22 de la causa, consta que le hicieron la pregunta de rigor acerca de si tiene antecedentes penales o causas en trámite o concluidas. “No”, fue la respuesta de Calcaterra, pese a que es público que está procesado en la causa donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio que integraban, entre otros, IECSA y Odebrecht. Calcaterra también está involucrado, al menos, en una causa en el fuero Comercial por el vaciamiento de Transmetro, otro empresa de los Macri.
Calcaterra no dijo nada más y pidió declarar como arrepentido, algo que Bonadio le concedió pese a que lo primero que hizo el primo presidencial fue mentirle. A diferencia de una declaración testimonial, en la indagatoria no existe el juramento de decir la verdad. Pero que Calcaterra negara otras causas, que son, públicas, es demasiado evidente.
Con todo, Calcaterra logró la liberación de Sánchez Caballero. En el cuerpo 20 del expediente consta otro dato interesante. En teoría, Macri le vendió IECSA a su primo Ángelo en 2007. Luego, éste se la vendió a Marcelo Mindlin, uno de los empresarios predilectos del presidente. La nueva firma que comanda Mindlin se llama Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE). Por lo que dice el expediente, parece que Sanchez Caballero fue parte del acuerdo. En el allanamiento a su domicilio en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, el acta detalló el siguiente auto: “AUDI MODELO A3 DOMINIO AC072 QL, cuya inspección arrojo que en su interior se encontraba la documentación del mismo a nombre de la empresa SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A. y una cédula de autorización para el Sr. SANCHEZ CABALLERO”. Parece que Sánchez Caballero usa un auto de la empresa de Mindlin, que le compró IECSA a Calcaterra.
Mindlin, a su vez, figura en los cuadernos, pese a lo cual nunca fue llamado a declarar y todo indica que tiene aceitado el blindaje mediático para que su cara no circule por los diarios y noticieros.
Como si fueran narcos
Apenas tomó contacto con las fotocopias de los cuadernos, Bonadio activó una serie de movimientos de inteligencia encargados a la Policía Federal, específicamente a la Superintendencia de Drogas Peligrosas y que fueron ejecutados por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico. Tomaron 66 domicilios mencionados en las fotocopias e hicieron tareas de inteligencia, en general de civil, para confirmar quienes vivían en cada uno.
Pero lo más opaco aparece en el cuerpo 10 del expediente, cuando Bonadio ordena pinchar los celulares de Roberto Baratta, Walter Fagyas, Oscar Centeno, Nelson Lazarte, Hernán Camilo Gómez, Rafael Llorens e Hilda Horovitz. La orden pide específicamente la “escucha directa”, es decir, que el personal de la Policía escuche en tiempo real lo que hablan. Lo insólito es que pida esto en 2018 cuando se investigan hechos que ocurrieron, supuestamente, entre 2003 y 2015. Los policías terminaron escuchando incluso a la esposa de Baratta, y registraron que, por ejemplo, habló con una amiga y le contó que “fue a ver una persona que adivina el futuro”. Todo consta en informes diarios que le enviaron al juez, y que El Destape pudo leer.
Las pinchaduras quedaron a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la mini SIDE que controlan los jueces, cuyo manejo está repartido entre el supremo Ricardo Lorenzetti, el juez federal Ariel Lijo y el operador PRO Daniel “Tano” Angelici. Bonadio pidió que las escuchas las haga la División de Operaciones Federales de la Policía Federal, “encomendándosele la escucha de las llamadas telefónicas, el retiro del resultado de las mismas y del contenido de los mensajes de texto, y las correspondientes desgravaciones y posteriores transcripciones a las que dieran lugar”. Desgrabaciones está mal escrito en el original. Como hacen copy/paste, también en cada una de las prórrogas y ampliaciones de estas pinchaduras.
Según los propios datos de la DAJUDECO, en abril de 2018 tenían 90 líneas intervenidas con escucha directa. Solo el 13 de junio, en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos, Bonadio intervino 12, más de un 10% del total. Al cumplirse un mes, el 13 de julio, Bonadio prorrogó las escuchas y sumó otras 2 lineas. Mantuvo el formato de escucha directa.
“En cuanto a las escuchas directas -publicó Infobae-, en 2017, la DAJuDeCO intervino 1.914 teléfonos, a un promedio de tres líneas por causa judicial. Del total de 571 expedientes para los cuales realizaron escuchas en tiempo real, un cuarto de ellas eran de secuestros extorsivos (139), y un 20% de tráfico de drogas (117). Otras 50 intervenciones eran de causas por averiguación de paradero y 28 de búsqueda de prófugo”. Ninguna por averiguación de delito o asociación ilícita.
Otro dato, esta vez en el cuerpo 11 del expediente, es que Bonadio pidió los cruces de llamadas de todos los involucrados en la causa entre 2008 y 2015. Se ve que no quiere cruzarse con conversaciones del presidente Macri que, según su versión, dejó IECSA en 2007.
El fiscal Cabot
El expediente de las fotocopias de los cuadernos arranca el 10 de abril, con la llegada del periodista de La Nación Diego Cabot a la fiscalía de Storsionelli. Tanto el periodista como el fiscal ya se ocuparon de relatar públicamente que esto no fue casual, sino que lo acordaron entre ellos, en una típica maniobra de Forum Shopping luego perfeccionada por Bonadio, que en lugar de mandar a sorteo la denuncia eligió quedársela para jugarla en su cruzada anti K. En distintos pasajes, Bonadio refiere a Cabot como “el denunciante”. Como ciudadano, podía denunciar lo que quisiera. Como periodista, lo que hizo muestra los niveles de promiscuidad que alcanzó el vínculos entre Tribunales y algunas redacciones.
El primer dato que surge es que Cabot pidió reserva de su identidad. Luego, comienza el relato que luego repitió en los medios. Que recibió una caja de parte de Jorge Bacigalupo, que luego éste se las pidió de nuevo para devolverlas a Centeno, que sacó fotocopias de los mismos, que entregó las fotocopias luego a Storsionelli y Bonadio.
Luego, afirma: “Que cualquier otro dato periodístico que obtenga lo aportaré a esta Fiscalía”. Un juego extraño, donde el periodista se transforma en auxiliar del fiscal.
Elije tu propio testigo
El 1 de agosto a las 15.30hs fueron allanadas las oficinas de Techint en la torre que queda en Bouchard 557. La orden de Bonadio fue “REQUISAR y SECUESTRAR agendas, anotaciones, teléfonos celulares, elementos de valor, equipos de computación, registros de ingresos a edificios y todo otro elemento que guarde relación con la presente investigación”. Los policías fueron recibidos por el abogado Horacio De Las Carreras, que oficia de Consejero de Vigilancia de Techint. Como en cualquier allanamiento, los policías buscaron dos testigos. Pero en lugar de pedirle a personas que pasaran por la vereda, los elegidos fueron un apoderado y un importante gerente de la propia Techint.
Según consta en el acta del allanamiento, uno de los testigos fue Federico Luis Barroataveña Duhau, que es Director Titular de Techint, Vicepresidente de Techint Inversiones y figura como uno de sus apoderados. De hecho, figura como representante de la empresa en la firma de contratos. El otro fue Gustavo María Gallino, también Director de Techint.
¿Y Miguel?
La parodia de los cuadernos fue pública. Primero, la explosión de la noticia sobre la existencia de los cuadernos del chofer Centeno. Luego, la afirmación de Centeno de que los tenía en su casa. Los allanamientos a su domicilio, con el fiscal Storsionelli recorriendo varias casas de Centeno sin encontrar nada. Finalmente, el reconocimiento de que tanto Bonadio como Storsionelli siempre tuvieron fotocopias y que el memorioso Centeno luego recordó que los había quemado.
En su declaración como arrepentido, Centeno habla con lujo de detalles sobre nombres, direcciones, bolsos, conversaciones, montos exactos de indemnizaciones, abogados, parientes de otros mencionados en la causa, la mecánica para comprar un departamento, etc. Dice, en medio de todo eso: “Los cuadernos originales los tengo yo y están en mi domicilio”. Pero eso, justo eso, resultó ser falso. Solo Bonadio sabrá como creer todo lo demás. Eso fue el 2 de agosto.
En el cuerpo 22 del expediente, consta que al día siguiente, el 3 de agosto, Centeno fue indagado y ahí cambió su versión. Su justificación textual fue: “Al momento de mi anterior declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días y no había podido dormir”. Pero, ¿como fue posible que recordara puntillosamente todo lo demás y, respecto a estos objetos clave, se confundiera?
En la indagatoria, su versión es que se juntó a comer con Miguel Córdoba, un amigo, y éste lo convenció de quemarlos. “Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que está cerca”, relató ahora Centeno. Este testigo privilegiado aún no apareció.
Confesiones
La lectura detenida de las indagatorias a varios de los empresarios involucrados en las fotocopias de los cuadernos muestra que, muchas veces, sus supuestas confesiones fueron adulteradas por los medios de comunicación oficialistas.
El 6 de agosto, TN publicó: “La causa de los cuadernos: otros tres empresarios admitieron que pagaron coimas. Se trata de Raimundo Peduto, Alejandro Pedro Ivanissevich y Manuel Santos Uribelarrea. Todos señalaron a Nelson Lazarte como el responsable de los cobros”. En el expediente, el único que dice algo similar es Uribelarrea. Los otros dos, para nada.
Las indagatorias constan en el cuerpo 22. En el caso de Peduto, lo único que dijo es: “momentáneamente me niego a declarar hasta tomar conocimiento total de la causa”. Nada más. Por ende, no pudo señalar a nadie ni reconocer nada. Ivanissevich, por su parte, dijo que aportó 500.000 pesos para la campaña pero descartó cualquier otro pago. Afirmó, textual: “Como De Vido y Baratta sabían que era un empresario que arriesgaba mi capital y no estaba en la obra pública, nunca hubo por parte de ellos ninguna sugerencia de coima, soborno y retorno”. Tampoco mencionó a Lazarte en su indagatoria.
TN abundó: “Todos ellos apuntaron a una misma persona: Nelson Lazarte, mano derecha de Baratta, y uno de los hombres nombrados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según los tres empresarios, los pagos se realizaban en dólares -tal como había señalado en sus anotaciones el remisero- pero también se hacían en pesos”. Los papeles de Peduto e Ivanissevich los contradicen.
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