721 días después de Cristina

721 d.C. Los Sauces: La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner La decisión fue tomada por la La Sala I de la Cámara Federal porteña. La causa pasará al juzgado de Julián Ercolini. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. La senadora electa está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita y de lavado de dinero junto a sus hijos, Máximo y Florencia. La Cámara Federal confirmó lo establecido por Claudio Bonadío y ratificó el embargo trabado por $ 130 millones. La Justicia considera que Los Sauces nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente. En la causa de denuncia que la familia Kirchner habría alquilado plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. En el fallo, los jueces también decretaron el procesamiento de ambos empresarios y confirmaron los embargos a partir de los 100 millones de pesos sobre la ex mandataria y sus hijos. Para el juez de la causa, Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner se convirtieron en "jefes de una banda que impartían las directivas de la organización delictiva para percibir dinero ilegítimo a fin de darle apariencia lícita". A partir de esta decisión, la causa pasará al juzgado de Julián Ercolini, quien procesó a la ex presidenta por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública.

720 días después de Cristina

720 d.C. "Lamentablemente, no hay pruebas": la confesión de la abogada que denunció a Cristina Lanata se dedicó a armar una historia pero Manguel reveló qué está pasando en la causa 4 años después. El suceso ocurrió el lunes pasado en el programa de Alejandro Fantino, cuando se refirieron al caso de "La Ruta del Dinero K", la investigación que le rindió un año de programa al periodista Jorge Lanata y que buscar probar el supuesto lavado de activos por parte del empresario Lázaro Báez a través de cuentas en el extranjero. La causa empezó en 2013, a partir de una informe del periodista de Clarín. Durante todos los domingo del año, Lanata se dedicó a armar una historia, que incluía bóvedas secretas, una secretaria cómplice (que luego no declaró nada ante la Justicia) e incluso paradas oficiales a Seychelles para dejar el dinero. Recientemente, la Unidad de Información Financiera pidió al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a la ex Presidenta en el marco de esa causa, pese a que no hay ningún dato que involucre a CFK con las maniobras del empresario ex dueño de Austral Construcciones. En el último programa de Animales Sueltos, Mangel tomó la palabra para revelar que el juez Casanello no tiene pruebas: "Esta diciendo que si ustedes quieren que vaya por Cristina Kirchner, que le den algo porque en la ruta del dinero K no aparece". Posteriormente tomo la palabra la abogada denunciante de la causa Hotesur, Silvina Martinez que tuvo que coincidir con la periodista. "Pruebas en ésto no hay, lamentablemente, y no podés procesarla dos veces por el mismo delito. Acá hay una intención política de la UIF de seguir insistiendo con este tema. La verdad que se necesita que Cristina tenga plata en el exterior. Yo soy la primera que quiere que la tenga pero hoy, no hay pruebas", reconoció increíblemente.

719 días después de Cristina

719 d.C. El contrapunto del juez Casanello y el organismo en una causa en la que está involucrada Cristina Kirchner Una UIF que funciona con tono “partidario” La UIF le pide al juez que indague a la ex presidenta y Casanello le responde que lo respalde con pruebas. Llamativamente, la sala II de la Cámara Federal intimó al juez a avanzar. La UIF actuó muy distinto con Macri y con Arribas. Desde abril último tres veces se repitió esta secuencia: la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre lavado de dinero que tiene como principal exponente a Lázaro Báez, pero cuando el juez le preguntó qué pruebas ofrecía, el organismo no le dio nada de nada. La última vez, Casanello le indicó a la UIF que, ya que no le proporcionaba evidencias, colaborara con el análisis de toda la documentación secuestrada en seis cuevas financieras, donde quizá pudieran aparecer elementos importantes para la causa. La respuesta fue que esa no era su tarea. En una nueva resolución que firmó ayer, el juez reiteró que la UIF está jugando un papel “partidario” que no le corresponde. La advertencia es alarmante, ya que se trata de una repartición supuestamente experta en detectar maniobras de lavado de activos y de colaborar en las investigaciones del tema. En este expediente en particular actúa en tándem con la Oficina Anticorrupción: son querellantes pero no colaboran con la pesquisa, sólo piden indagatorias con efectos políticos. La UIF también ha sido clave en favorecer el cierre de expedientes de gran trascendencia, como Panama Papers y el que involucraba al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la recepción de transferencias de Odebrecht, y el de Panamá Papers. Mientras Casanello volvía a advertir ayer que la UIF no actúa de manera objetiva y cumpliendo las funciones que le corresponden, el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema publicaba una resolución de la Cámara Federal que, paradójicamente, le insiste al juez en que tiene que dar una respuesta sobre el llamado a indagatoria a la ex presidenta y buscar él las pruebas. Es un razonamiento novedoso, porque sería como decirle –por ejemplo– en un caso de narcotráfico, que vaya él mismo a hacer las tareas de inteligencia a lugar donde se sospecha que se están realizando actividades ilegales. La UIF debe hacer también lo que se conoce como “inteligencia financiera”. El fallo de la Cámara lleva la firma de su presidente, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ambos de la Sala II. Irurzun es uno de los jueces de máxima influencia en Comodoro Py y, además, jefe de la oficina de escuchas que depende de la Corte. La Sala II de la Cámara ya le había indicado que debía apuntar a la indagatoria de CFK en función de evidencias que hay en otros expedientes judiciales contra ella. El argumentó que no se puede juzgar dos veces por lo mismo a una persona, y que quedaba a la espera de otras posibles pruebas. La causa a su cargo quedó centrada en maniobras de lavado en las que se pudo comprobar un circuito donde, dinero de origen dudoso era sacado del país por Báez y allegados y vuelto a ingresar. En la nueva resolución de ayer, señaló que la UIF “mantiene las falencias” anteriores y “sigue sin identificar la prueba concreta en la que asienta su pretensión” de que la ex presidenta sea llamada a indagatoria. El organismo le había planteado una generalidad en estos términos: “lo cierto es que son numerosas las cuentas radicadas en el exterior que se encuentran siendo investigadas por sospecha de lavado de activos y que las distintas fuentes con las que cuenta la Unidad han identificado como directamente vinculadas con la ex presidenta o su fallecido esposo”. Casanello volvió a explicar que “fue exclusivamente a partir de esa afirmación que, entonces, se le remarcó que ésa era y es la prueba que se necesita y que como organismo especializado en lavado de activos debe proporcionar”. Citó la ley que alude a lavado de activos que dice que la UIF debe “colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley”. En ese sentido, Casanello le reclamó a la UIF lo que se niega a hacer: analizar la documentación que fue secuestrada en allanamientos realizados en seis financieras: Maguitur, Provalor, Turimar, Forex, Cohen y cuevas que estarían vinculadas a Ernesto Clarens, que es un financista a quien se ligaba con los Kirchner. De acuerdo al razonamiento de la UIF y la Cámara debían empezar por ahí. Sin embargo, el organismo se niega a analizar esa documentación. Son “distintas entidades financieras que habrían participado de la expatriación del dinero de Báez”, describe el juez. Uno de los procesamientos contra Báez y sus cuatro hijos los considera beneficiarios de un entramado de sociedades que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. Los procedimientos en las financieras buscan rastrear si el dinero está vinculado con otras personas. La UIF, curiosamente, se niega destapar esa olla. En los gobiernos anteriores, la UIF funcionó dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. Mauricio Macri la llevó al Palacio de Hacienda. Al frente puso a Mariano Federici, ex funcionario en el Fondo Monetario Internacional. La promesa era la de eficiencia en la lucha y prevención del lavado. En Comodoro Py un diagnóstico se repite en juzgados y fiscalías: la UIF ya no presenta denuncia en base a reportes de operaciones sospechosas, una de sus misiones, y deja los pedidos de la Procuraduría antilavado (Procelac) a mitad de camino. Lo que está claro es que la tendencia es que el organismo se presenta como querellante pero investiga lo que le parece, o con mínima información saca grandes conclusiones. Así lo hizo para desvincular a Arribas de las transferencias por unos 850 mil dólares que habría recibido en una cuenta suiza, y que pese a estar documentadas planteó una imposibilidad de avanzar más allá de una sola reconocida por él de 70 mil dólares. En el caso de Panamá Papers, donde el implicado era el presidente Mauricio Macri, dijo que no veía nada compatible con lavado de dinero.

718 días después de Cristina

718 d.C. UNITE para #FrenarElSaqueo

Unite al pedido de Cristina

717 días después de Cristina

717 d.C. ¿Otra vez? El mensaje de Cristina Kirchner por el crimen del mapuche en Bariloche La senadora electa de Unidad Ciudadana se manifestó por el asesinato que cometió la prefectura que conduce Patricia Bullrich Cristina Kirchner se manifestó sobre el crimen del mapuche a manos de la prefectura que conduce Patricia Bullrich. La senadora electa de Unidad Ciudadana emitió un mensaje en Twitter sobre la situación en Bariloche. Allí esa fuerza de seguridad que conduce el Ministerio de Seguridad abrió fuego contra la comunidad mapuche y mató a un joven de 22 años e hirió a otras 2 personas. "¿Otra vez?", se preguntó en esa red social la ex presidenta. En el tuit subió la durísima tapa del diario Página 12 sobre el caso, con el título "La Cacería". Con ese mensaje, Cristina se refirió a la represión del 1º de agosto, día que desapareció Santiago Maldonado en Cushamen. Tras 78 días, Maldonado apareció muerto por ahogamiento. Ahora en la Justicia se está tratando de determinar si lo hizo huyendo de la gendarmería de Bullrich.

716 días después de Cristina

716 d.C. Quiero compartir dos notas publicadas hoy sobre el ajuste previsional y el saqueo a lxs jubiladxs que planea el Gobierno. Es importante dedicarles un rato y leerlas, tenemos que conocer las consecuencias que van a tener estas leyes para todxs: jubiladxs y trabajadorxs. Por un lado, @AlfredoZaiat cuenta que el monto total de la poda a las jubilaciones, 100 mil millones de pesos, representa la mitad de lo que al gobierno le cuestan los intereses de las Lebac. Le sacan a lxs jubiladxs para pagar la timba. “La obsesión por el ajuste de las cuentas fiscales, el gobierno eligió arremeter contra los jubilados y cuidar los privilegios del mundo de las finanzas”. Además, la nota explica por qué la fórmula acordada en sólo 15 minutos en el Senado es peor que la que había enviado originalmente el gobierno. Cristina

https://www.pagina12.com.ar/78486-gracias-pichetto-no-te-hubieras-molestado

La otra nota se titula “El ajuste sobre los jubilados” y está firmada por el especialista Miguel Ángel Fernández Pastor Como explica Fernández Pastor, este saqueo no afecta sólo a lxs jubiladxs actuales, sino que será letal para lxs futuros jubiladxs ya que modifica la “tasa de sustitución” sobre la que se calcula el haber jubilatorio inicial. “El plan de ajuste del sistema previsional que se inició con la Ley de Reparación Histórica, y que continúa con la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, seguirá con la disminución de la tasa de sustitución”. “La eliminación de la ley de movilidad sin duda impactará negativamente en el poder adquisitivo del haber jubilatorio y, por ende, los actuales jubilados se verán afectados. Pero serán mucho más afectados los futuros jubilados, actuales trabajadores activos”. Cristina

https://www.pagina12.com.ar/78366-el-ajuste-sobre-los-jubilados

715 días después de Cristina

715 d.C. El próximo miércoles 29 a las 15 horas, lxs trabajadorxs de distintas centrales sindicales y gremios se van a movilizar al Congreso contra el ajuste laboral y el saqueo al sistema previsional y lxs jubiladxs. Ese mismo día, por la mañana, juro como Senadora Nacional y muchxs compañerxs me habían manifestado la intención de acompañarme en ese momento. Les agradezco de corazón, pero... Creo realmente que ese día el esfuerzo de todxs tiene que estar junto a lxs trabajadorxs para que el Gobierno escuche que no se puede ir para atrás, que no queremos seguir perdiendo derechos. Entre todxs debemos recordarles que en campaña te prometieron que no ibas "a perder nada de lo que ya tenés".

714 días después de Cristina

714 d.C. Para intentar neutralizar la crisis, el Gobierno desplazará a la cúpula de la Armada Temor por el impacto político El equipo de comunicación que conduce Marcos Peña eligió el silencio ante la situación. De hecho, la cara visible fue únicamente el vocero de la Armada. El Gobierno teme por la repercusión internacional y las críticas de los familiares. Crecen los cuestionamientos a Aguad. El Gobierno continúa escondido detrás de un vocero de la Armada. Tras anunciar que habían detectado una anomalía compatible con una explosión en la zona del submarino ARA “San Juan”, ni el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ni ningún otro funcionario salió a hablar. En la Casa Rosada, el equipo de comunicación estaba preocupado con el impacto que la noticia puede tener en el Gobierno, especialmente por los testimonios de los familiares de los marinos y su repercusión en la prensa internacional. No obstante, es improbable que Macri desplace a Aguad, aún en el peor de los escenarios. De ser necesario algún fusible, está el jefe de la Armada, Marcelo Srur, a quien Aguad ya tenía pensado pasar a retiro. La estrategia continuó idéntica a los últimos días, pese al agravamiento notorio de la situación: el enviado por el Gobierno a poner la cara en las conferencias de prensa fue el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Solo. Sin ninguna autoridad política ni siquiera que lo escoltara. Su insistencia en que la Armada “trabaja mancomunadamente” y tiene “colaboración recíproca” con el Ministerio de Defensa no hizo más que aumentar las sospechas de pases de facturas entre unos y otros. El único otro funcionario que dijo algo al respecto de lo que está ocurriendo con el submarino fue el canciller Jorge Faurie: “Este es un día con bastante angustia e inquietud para todos los argentinos”, expresó. “No es un día anecdótico para los argentinos. Va toda nuestra solidaridad con la gente que trabaja en esto y para los familiares de los marinos que están en el San Juan”, indicó. Mientras arreciaban los cuestionamientos de los familiares de los marinos, ningún otro funcionario dijo nada. Curiosamente, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuiteó sobre el submarino: “Los familiares tienen razón. Los acompaño y acompañaré siempre”. ¿Supone esto una crítica a Aguad? No lo aclaró todavía. En el equipo de comunicación que conduce el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había una notoria preocupación por el cruce de dos coordenadas: la expansión a los medios de comunicación internacionales de la crisis del submarino y los testimonios de los familiares, que cuestionaban cómo se manejó la situación desde el primer momento. “Es cada vez más oscuro el coletazo político que va a traer esto. El jefe de la Armada se va a ir: si Aguad no lo desplaza, él va a pedir el retiro”, señalaba una fuente con acceso al Ministerio de Defensa. “Pero acá el problema es Aguad, que no puso el cuerpo. Macri va a pagar un costo si lo mantiene”, estimaba el dirigente de Cambiemos. Cualquier cambio en la Armada o en el ministerio, no obstante, el Gobierno lo reserva para después de que se sepa qué pasó con el submarino. Lo que no quiere decir que no haya enojo presidencial y pases de factura cruzadas entre sus subalternos. No obstante, Macri pretende conservar a Aguad con el objetivo de que avance sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate del terrorismo y el narcotráfico. Tampoco el Gobierno terminó hasta ahora de esbozar una estrategia clara. Ayer las habituales cuentas de Twitter oficialistas comenzaron a responsabilizar al Gobierno anterior por el arreglo que tuvo el submarino y que culminó en 2014. Esa estrategia todavía no fue sostenida por ningún funcionario y presenta algunos problemas concretos para los macristas. El primero es que después de su puesta en funciones de nuevo en 2015, el submarino cumplió con viajes durante dos años, incluyendo en mayo de este año un ejercicio militar que incluyó el disparo de torpedos. El segundo es que, en un informe ante el Congreso en 2016, el jefe de Gabinete sostuvo que el submarino tuvo “una reparación de ‘media vida’ del submarino ARA ‘San Juan’ que extendió 30 años más la vida útil del mismo y ya fue entregado a la Armada Argentina y se encuentra operativo en Mar del Plata”. En otro informe, ante una pregunta que plantea que ese submarino “necesita una carena hace tiempo y se la deberá hacer pronto si no se quieren tener incidentes de navegación”, Peña no contestó. Recurrir al argumento de la “pesada herencia” de forma no tercerizada en cuentas fantasma y medios afines, entonces, podría ser un boomerang. Quizás por eso todavía no hubo una estrategia más definida en esa dirección.

713 días después de Cristina

713 d.C. Máximo Kirchner: "Si Clarín le declara la guerra al Gobierno, vamos a estar del lado de lo que votó la gente" El diputado del FpV, Máximo Kirchner, dijo que hay que proteger "al actual Gobierno del capricho de Magnetto". "No vamos a subirnos a Clarín para saldar cuestiones políticas: vamos a defender a un gobierno que cuando llegue la hora diga que no". "Vamos a estar del lado de lo que vota la gente, me guste más o me guste menos", dijo Máximo Kirchner en el Congreso en el marco de sanción de la Ley anti monopolios con la fusión entre Clarín y Telecom como contexto. De este modo, el hijo de Cristina Kirchner dejó en claro que el Frente para la Victoria defenderá al gobierno de Mauricio Macri si el pulpo mediático decide encarar un periodismo de guerra, como el que hizo durante la gestión anterior. "A veces podemos tener puntos de acuerdo que protejan al actual Gobierno del capricho de Magnetto, el día que Magnetto se canse y les pida aquello que no le puedan dar ustedes. Y lo va a hacer, es indefectible que lo haga, porque lo hace con cada gobierno", dijo el legislador. Y continuó: "Si le van a declarar, como dijo alguna vez Julio Blanck sobre el anterior gobierno, el periodismo de guerra, sepan que este diputado y muchos otros no vamos a subirnos a Clarín para saldar cuestiones políticas: vamos a defender a un gobierno que cuando llegue la hora le diga que no". "Y si el gran medio argentino le declara la guerra periodística al Gobierno, vamos a estar del lado que tenemos que estar, que es donde vota la gente. Me guste más o me guste menos, lo que vota aleatoriamente, pero tengan en claro que van a ir por ellos cuando empiece a apretar el zapato el año que viene y vayan por más el año que viene", cerró la idea el líder de La Cámpora. En otro fragmento de su discurso, Máximo dijo que Néstor Kirchner cometió un "error" al aprobar la fusión de Clarín y Multicanal. "Si tuvo un gran error Néstor Kirchner, fue la fusión Multicanal-Cablevisión, un gran error, discutido adentro, pero un gran error", aunque aclaró que después su padre "se hizo cargo y peleó hasta su muerte, no agachó la cabeza ni se arrodilló", admitió. Además, se mostró en sintonía con los posultados de Elisa Carrió, referente del oficialismo. "No hay que regular el mercado de alimentos, sino también cuando consumen noticias; pero ahí a veces las lenguas se aflojan y las peras tiemblan". Y sorprendió al elogiar el proyecto de "la señora Carrió, que determinaba a partir de cuándo había una posición dominante -creo era del 40%-, no sé por qué se modificó, no sé por qué se deja al libre albedrío de este tribunal".

712 días después de Cristina

712 d.C. Trabajadores de fábricas militares denuncian desmantelamiento y abandono del Gobierno Empleados de Fabriaciones Militares y Tandanor asistieron al Congreso y dejaron expuesto al Presidente. En medio de la desesperada búsqueda del submarino ARA San Juan, que lleva 7 días incomunicado, empleados de fábricas militares del país asistieron a la Cámara de Diputados, donde denunciaron la falta de inversión en el sector y la aguda situación que atraviesa también la fábrica Tandanor, encargada del mantenimiento de los submarinos. "Los submarinos necesitan reparaciones anuales e inversión en la capacitación de los que van a bordo. Seguramente van a criticar a la empresa, pero no van a hablar de la falta del financiamiento", planteó Fernando Mercado, empleado de Fabricaciones Militares de Río Tercero, en diálogo con La Política Online. "Desde enero de 2016 no se les paga a los proveedores, se desarmaron las oficinas y se eliminaron proyectos como la construcción de vagones. Además, compraron pistolas Beretta a 95 millones de pesos y se las vendieron a 195 al Gobierno de la Ciudad", denunció Mercado, haciendo referencia a una denuncia periodística realizada por El Destape meses atrás. "En 2015 habían reparado el submarino Aras San Juan, luego no sé si volvieron a invertir", sostuvo José Gorrozzo, otro de los trabajadores de fabricaciones militares que se acercó al Congreso.

711 días después de Cristina

711 d.C. CFK en Tucumán “No queremos reformas entre gallos y medianoche” La ex presidenta y senadora electa encabezó el Encuentro de Mujeres Peronistas y rechazó las reformas laboral, previsional y tributaria que impulsa el gobierno de Macri. “Son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos”, afirmó y cuestionó: “¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a qué y a quién?”. También llamó a evitar “enfrentamientos o discusiones inútiles”. Cristina Kirchner cerró en la localidad de El Cadillal, Tucumán, el Encuentro de Mujeres Peronistas del Norte Grande. Allí aprovechó para cuestionar las reformas que impulsa el Gobierno y reclamó que se dé ”un debate serio y abierto, participativo a toda la sociedad” para tratar las leyes laborales, previsionales y tributarias. “Intentan presentar las cosas separadamente. Son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos, a quitar derechos y garantías que tienen nuestros trabajadores”, señaló CFK. “Se quiere esconder bajo el pomposo nombre de reformas lo que son lisa y llanamente pérdidas de derechos”, añadió. La ex mandataria, que asumirá como senadora por Unidad Ciudadana el próximo 29 de noviembre, remarcó que estará en su banca para rechazar esos proyectos y recordó que tuvo la misma postura frente a las reformas laborales de 1998 y 2000. “No queremos tratamientos exprés ¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a qué y a quién? Tal vez con los legisladores que se van quieren aprobar una reforma sin discutir y a la espalda del pueblo”, apuntó la ex jefa de Estado. Afirmó que “el peronismo y sus aliados tienen la obligación de debatir esto” y reclamó no caer en discusiones internas. “los nos quieren peleando entre nosotros, conmigo no cuenten para eso”, expresó y remarcó: “Que no me vengan con Cristina sí o con Cristina no, venime con trabajadores si o con trabajadores no”. La ex presidenta aseguró que desde su banca defenderá lo firmado como carta compromiso por las participantes del Encuentro realizado en Tucumán, que incluye entre otros puntos la defensa y promoción de todos los Derechos Humanos, económicos, políticos y sociales de las mujeres y grupos vulnerabilizados y el reclamo por la restitución de las políticas públicas en materia de salud, educación, desarrollo social y político. “Voy a estar en el mismo lugar que estuve siempre y del cual no me corrí ni un centímetro”, cerró CFK.

710 días después de Cristina

710 d.C. Cristina participa del Encuentro de Mujeres Peronistas que se realiza en la provincia de Tucumán.

“Los derechos de los trabajadores no perjudican un proceso económico, al contrario, lo hacen crecer” “En los gobiernos populares las crisis ‘son siempre inminentes’, y en los liberales el bienestar siempre ‘está por llegar’. Pero nunca llega. Con nosotros nunca llega la crisis, y con ellos nunca llega el bienestar” “Faltan apenas 20 días para que ingresen los nuevos legisladores. ¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? Tal vez quieren aprobar una reforma sin discutirla y a espaldas del pueblo” “Quiero suscribir junto a todas las compañeras que hoy están aquí esta Carta Compromiso. La voy a suscribir hoy y la voy a defender sentada en una banca del Senado de la Nación como siempre lo he hecho” Nos quieren discutiendo entre nosotros para que no discutamos lo que están haciendo. “Sentí que debía estar aquí para reafirmar mi compromiso frente a todos y todas de que vamos a defender, como siempre lo hemos hechos, los derechos de los trabajadores, de los jubilados, estudiantes y comerciantes”. “Queremos un debate abierto” “Se quiere esconder bajo el pomposo nombre de ‘reformas’ lo que son lisa y llanamente pérdidas de derechos” “No queremos reformas entre gallos y medianoche, no queremos tratamientos exprés de las leyes. Queremos un debate abierto” Gracias Tucumán

709 días después de Cristina

709 d.C. La reforma previsional, el sistema de seguridad social como variable de ajuste y el desfinanciamiento de la Anses Asalto a la caja de los jubilados Las jubilaciones subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. La reforma también instala la suba de la edad de la jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años. Por Alfredo Zaiat El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Congreso por la Cámara de Senadores el viernes a la noche dispone que las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social suban cada tres meses por el índice de precios al consumidor y sólo en el segundo trimestre de cada año serán incrementadas con apenas el 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. Es un alza insignificante para presentarla en forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución de la inflación”, como se menciona en el pacto firmado por la Nación y los gobernadores menos el de San Luis. Es una fórmula que perjudica claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y AUH en relación a la indexación vigente. La iniciativa oficial además ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la actual fórmula, a cobrar en marzo próximo. La intención es aplicar la nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un poquito más del 5,0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre) cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución del salario y la recaudación de julio a diciembre). La reforma también instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años (ver nota aparte). Estos cambios del sistema previsional colocan a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma tributaria y la reducción de las contribuciones patronales. Economistas M El cambio de clima político está naturalizando medidas que deterioran la calidad de vida de los jubilados, desde la reducción de la cobertura del PAMI hasta el recorte de los ingresos mensuales. Hasta hace poco postular la reducción de jubilaciones hubiera provocado un rechazo mayoritario. Ahora lo están vociferando economistas no estigmatizados con la letra M. No se inhiben en decir que la clave del pacto con los gobernadores y la reforma impositiva es reducir el haber previsional. Carlos Melconian afirmó, en un seminario organizado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que “de todas las medidas propuestas, la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”. Miguel Angel Broda también señaló, en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, en Bariloche, que “lo más importante es que salga la ley de cambio de la fórmula de movilidad. En vez de 10,5 por ciento sobre PIB de jubilaciones, tendríamos 2,5 puntos menos y el déficit primario de 4,0 bajaría a 1,5 por ciento”. La evaluación oficial para decidir el asalto a la caja de la Anses esta basada en el convencimiento de que el monto de las jubilaciones es elevado y que muchos no merecen recibir ese dinero porque ingresaron al sistema previsional a través de una moratoria. Casi todos los gobernadores acompañaron esa definición en el pacto fiscal rubricado con la presencia del presidente Mauricio Macri. Es tan brutal poner a los jubilados como principal variable de ajuste que el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, salió a confundir falseando el impacto de la actual movilidad jubilatoria. Afirmó sin ruborizarse que es una fórmula que no les conviene a los jubilados porque es “procíclica” y en situaciones de crisis pierden en relación a la inflación. En esa definición aparecen dos cuestiones que deberían incomodar a Dujovne: 1. Macri asegura que la economía argentina tiene un horizonte de 20 años de crecimiento y, por lo tanto, la actual indexación, acompañando ese eventual ciclo positivo, sería más favorable para los jubilados que el ajuste por inflación y “un poco más” insignificante. 2. Desde el 2009, cuando comenzó a aplicarse la fórmula vigente, las jubilaciones subieron 950 por ciento hasta septiembre pasado, mientras que en ese mismo período la inflación fue de 692 por ciento, tomando indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec. El predominio discursivo del oficialismo con su inmensa red de propaganda pública y privada exhibió, al otro día de la capitulación de los gobernadores, titulares que aseguraban que las jubilaciones subirán por encima de la inflación. La fórmula que se conoció con el proyecto de ley rebela el sentido del humor amarillo: si el PIB sube 3,0 por ciento, el único adicional en el año será 0,15 por ciento a la inflación del segundo trimestre. No es necesario hacer muchos malabarismos con las cifras para revelar que, si la Anses contabilizará un “ahorro” previsional, los jubilados y los titulares de asignaciones (familiares y AUH) recibirán un aumento bastante más bajo con el cambio de la fórmula de actualización. En marzo de 2018, menos que la mitad. Guadaña Para hacer frente a los crecientes desequilibrios de las cuenta públicas provocados por la política económica, el gobierno ha decidido asaltar la caja de los jubilados y la seguridad social. La Anses perderá recursos, como mínimo, por 68 mil millones de pesos el año próximo, hasta un máximo de 220 mil millones de pesos por los cambios impositivos. Es la estimación realizada por los economistas del Instituto de Trabajo y Economía. Este monto inmenso no es todo. El desfinanciamiento de la Anses será más pronunciado. El nuevo esquema de contribuciones patronales restará recursos adicionales por unos 43 mil millones de pesos el año próximo, hasta 200 mil millones de pesos al final del cronograma previsto en el 2022. Es el cálculo del Centro de Economía Política Argentina. Estos dos guadañazos a las cuentas de la Anses se suman al que el gobierno previamente había realizado con la devolución del 15 por ciento a las provincias (cinco cuotas de 3 por ciento por año) por la retención de la masa coparticipable con destino a financiar las jubilaciones y el sistema de seguridad social. Medida que fue impulsada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para compensar parte de esa pérdida de fondos de la Anses a favor de empresas y de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno modificará la fórmula de actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares (incluida la AUH) para “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos. El esquema básico de redistribución regresiva de recursos públicos que define la reforma tributaria y la previsional es el siguiente: Las grandes empresas pagarán menos de cargas patronales, no así las pymes que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos, al unificar la alícuota en el 19,5 por ciento. A las provincias les prometen más recursos y fueron presionadas a bajar impuestos pro empresas (Ingresos Brutos y Sellos) y a despedir empleados públicos, además de reducirles el salario en términos reales. Pero la única realmente beneficiada con más fondos será Buenos Aires. Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor respecto al que surgiría de la actual fórmula de movilidad. Las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán una indexación menor. Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinanciamiento de la caja de la seguridad social. Es la preparación del escenario para justificar una privatización parcial del régimen de jubilaciones. Desfinanciar En un artículo que publiqué el 26 de noviembre de 2015 (“El puntapie inicial”) advertí acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que iniciaba el sendero para desfinanciar a la Anses, camino que el gobierno de Macri continúa con entusiasmo. Esa sentencia prohibió al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses. De ese modo, la caja de la seguridad social perdió unos 13 mil millones de pesos anuales por la no retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a partir del fallo que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para el resto de las provincias, el gobierno dispuso la restitución del 3 por ciento de la coparticipación por año, primera cuota anual de un total de 15 por ciento, que suma otros 12.400 millones de pesos. Ahora la Anses debe restar 130 mil millones anuales por la resignación del 20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será “resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significa un ingreso extra de casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero, puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo de Ganancias. El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, privilegiando a Buenos Aires, y las de las empresas. Cuentas Economistas y analistas preocupados por el creciente déficit de las cuentas públicas no mencionan que el desequilibrio heredado y manejable fue ampliado por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a sectores concentrados y por el inmenso aumento de la carga de intereses de la deuda. Sólo la disminución de subsidios a servicios públicos con una sucesión de tarifazos que no se detiene (gas, luz, agua y transporte), que castiga el ingreso disponible de la mayoría de la población, compensa un poco el sendero explosivo del déficit fiscal. Esas medidas significaron una inmensa transferencia regresiva del ingreso. Para abordar el desequilibrio provocado por esas medidas el gobierno avanza en profundizar la regresividad, asaltando el ingreso de los jubilados y titulares de derechos económicos y sociales, como la AUH. El déficit fiscal de la Nación aumentará con la reforma tributaria y el acuerdo con las provincias, estimó la consultora Economía & Regiones, precisando que sólo Buenos Aires “es la gran y única ganadora de ese combo”. Con un evidente sesgo político-electoral con vista a las elecciones presidenciales del 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá recursos adicionales por 40.959 millones de pesos en 2018, monto que subirá a 65.000 millones en el próximo. El resto de los gobernadores que rubricaron el acuerdo seguirán con cuentas asfixiadas. Además el gobierno les hizo firmar el “Consenso Fiscal” con un capítulo de reforma previsional de carácter regresivo, que el proyecto de ley ratifica subiendo a 70 años la posibilidad de jubilarse, con un engañoso 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo -porcentaje que ya se alcanzó- y diseñando una fórmula de movilidad atada a la inflación con una irrisoria alza adicional en un solo trimestre del año. Ajuste Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía hicieron una oportuna observación respecto a la obsesión de los gobiernos neoliberales con el ajuste fiscal. Señalan que los conservadores piensan la política fiscal como el resultado del comportamiento de políticos que quieren perpetuarse en el poder y, para ello, hacen cualquier cosa para lograrlo. Esto se traduce en aumentar el gasto público y, por lo tanto, el déficit fiscal y también en incrementar el tamaño del Estado. Ante esa situación, los gobiernos conservadores proponen establecer reglas fiscales que disciplinen a esos políticos. Esto es lo que postula el gobierno de Cambiemos con el argumento de que así se envían señales al mercado para atraer inversiones y para garantizar que el mundo de las finanzas continúe prestando. Los investigadores del ITE indican que, bajo esa premisa, la administración Macri propuso un esquema de metas fiscales que apuntan a una reducción paulatina del déficit primario hasta llegar al 2,2 por ciento del PIB en 2019. “Un aspecto a destacar de este programa de metas es que, al no incorporar en su proyección el resultado financiero, barre bajo la alfombra la carga de los intereses de la deuda pública”, apuntan. La preocupación acerca de la magnitud del déficit, en realidad es la excusa para redistribuir ingresos en forma regresiva, mejorando el cuadro de costos de las empresas afectando la caja de los jubilados y de la seguridad social. El desfinanciamiento de la Anses enciende una mecha que termina en las cuentas públicas. El endeudamiento interno y externo desaforado va alargando ese cordón encendido pero existen antecedentes recientes que indican que no se puede estirarlo en forma indefinida. alfredozaiat@gmail.com

708 días después de Cristina

708 d.C. Nadie puede permanecer indiferente Comunicación y democracia Por Washington Uranga Página 12 Lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo hoy cuando apenas estamos tomando conocimiento de que el colega Víctor Hugo Morales ha sido despedido de C5N: sin comunicación democrática no hay democracia política. En nuestras sociedades la comunicación habilita el juego de las ideas, las miradas distintas, las perspectivas diferentes. Cuando las voces se acallan, cuando desaparecen los matices, cuando la comunicación se vuelve concentrada y monocorde, cómplice, complaciente y aliada con los grupos de poder, no queda espacio para la democracia. Los que ejercemos la comunicación somos primariamente trabajadores de los medios, pero simultánea e inevitablemente cumplimos la función, la tarea y también la responsabilidad de ser articuladores de la palabra, estrategas del diálogo necesariamente público entre actores diferentes y posiciones disímiles. Es la única manera de que una comunidad, una sociedad sea verdaderamente democrática. Cuando --por lo motivos que sean o con los argumentos que falazmente se arguyan-- se silencian sistemáticamente las voces disidentes lo que realmente se está haciendo es ponerle límites a la democracia misma, una mordaza no solo a la expresión sino a la libertad en todos sus términos y manifestaciones. Cada vez que se cierra un medio, se despiden periodistas o comunicadores, primero se cancelan fuentes de trabajos. Pero al mismo tiempo es la comunidad la que resigna libertad y posibilidades de construir política, social y culturalmente. Sólo para recordar: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la comunicación es un derecho ciudadano. El Estado es directamente responsable de garantizar su vigencia. Y toda la comunidad tiene la responsabilidad, en defensa propia, de luchar por la vigencia de ese derecho. Nadie puede permanecer indiferente.

707 días después de Cristina

707 d.C. FELIZ DIA DE LA MILITANCIA PARA TODXS, ahora as que nunca que hay que trabajar duro en serio. A lxs que militan por una Patria para todxs, un abrazo con toda mi fuerza. #DiaDeLaMilitancia. CRISTINA

706 días después de Cristina

706 d.C. Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría. Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos. Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina, es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo…por ahora.

705 días después de Cristina

705 d.C Para amedrentar, ajustar y saquear, parte 3 : Escrito presentado hoy por Florencia Kirchner: “Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal.” Señor juez: Florencia Kirchner, DNI 35.569.819, por mi propio derecho, con domicilio real en esta ciudad, junto con mis abogados defensores, Dres. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4 y Ary Rubén Llernovoy, CUIT 20-35317032-6, en la causa Nº 11352/2014, caratulada “FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD…”, del registro de ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, con domicilio constituido en Av. Santa Fe de esta ciudad, a V.S. digo: I.- Objeto 1. Que, en uso de las facultades que confieren los arts. 72 y siguientes de la ley procesal penal, vengo a formular el presente descargo, el cual solicito sea incorporado a esta causa en el marco de la audiencia a la cual he sido convocada a fin de prestar declaración indagatoria. A mérito de las consideraciones fácticas y jurídicas que serán desarrolladas en los siguientes apartados, las cuales corroboran la inexistencia de delito en el caso sub litis y refutan de manera categórica la acusación que se dirige en mi contra, se impone y solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me endilgan, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). 2. En atención a la inusitada gravedad institucional del caso y las garantías constitucionales que se ven afectadas (vgr., principio de legalidad, culpabilidad, lesividad y derecho de defensa en juicio) hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. II.- Consideraciones iniciales Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal. En lo que respecta a mi persona, se ha embargado mi salario, fui privada de la administración de todo mi patrimonio, se han iniciado juicios ejecutivos en mi contra por la falta de pago de impuestos que, increíblemente, el propio Poder Judicial me impide cancelar, fui procesada como organizadora de una supuesta asociación ilícita que se habría constituido cuando solo tenía doce años de edad e incluso he recibido intimaciones judiciales que contienen el apercibimiento de ordenar el desalojo del inmueble donde vivo con mi hija Helena. Además, en el marco de la causa donde presto esta declaración se ordenó un operativo en el Banco Galicia que concluyó con la obscena filtración, por parte del Ministerio de Seguridad, de fotografías del dinero en efectivo que fueron falsamente presentadas ante la opinión pública como si se tratara de un hallazgo de tenencias cuando, en rigor de verdad, esos depósitos ya habían sido declarados ante todos los organismos de contralor pertinentes y este mismo Juzgado. No obstante su probado origen lícito, los activos que fueron embargados se presentan como si hubieran sido hallados luego de una exhaustiva investigación. Para peor, ese procedimiento se inició a raíz de la presentación de un documento privado obtenido ilegalmente por la Sra. Stolbizer con la connivencia del juez Bonadío. Los funcionarios, oportunamente denunciados, ni siquiera fueron investigados. En línea con los antecedentes descriptos, la acusación que se dirige en mi contra en la causa “Hotesur” también carece de todo basamento fáctico y jurídico. En el siguiente apartado habré de exponer las razones que demuestran tal afirmación. III.- El descargo 1. En primer lugar debo enfatizar que no tomé participación en ninguno de los actos de comercio que, insólitamente, han sido definidos como una maniobra de lavado de activos de origen delictivo. Es más, en la mayoría de las operaciones a las que se hace referencia tampoco pude haber intervenido, pues al momento en que se llevaron a cabo ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Veamos. a. Según fue relatado, el primer paso de la supuesta maniobra de lavado de activos habría sido la obtención ilegal de fondos líquidos para la adquisición de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. A tal efecto, entre los años 2005 y 2009 se habrían llevado a cabo las siguientes operaciones: a) la constitución de un fideicomiso con Austral Construcciones S.A.; b) la compra de tierras fiscales en la provincia de Santa Cruz y su posterior enajenación; c) la suscripción de mutuos con el Banco Santa Cruz y Austral Construcciones S.A.; d) la venta de propiedades a empresas de Lázaro Báez. Sin dejar de señalar que todas aquellas operaciones resultan absolutamente lícitas (así lo ha decidido la justicia en varios pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada), una simple lectura de los documentos que instrumentaron las transacciones permite advertir que no intervine en ninguna de ellas. b. El segundo paso de esta supuesta operatoria de lavado de activos habría sido la adquisición de la hostería Las Dunas (12/02/2008) y las acciones de Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate (07/11/2008). Al igual que en el caso anterior, la legalidad de las operaciones ha sido establecida en sede judicial, no intervine en las mismas. c. El tercer paso de la presunta empresa delictiva habría sido el alquiler de los dos hoteles. Nuevamente, sin dejar de reiterar que se trata de operaciones comerciales lícitas (así lo decidió la justicia) debo resaltar lo siguiente: I.- No firmé ninguno de los contratos celebrados con Valle Mitre S.A. II.- Revisto la condición de accionista de Hotesur S.A. en virtud de las reglas que hacen al derecho sucesorio. Concretamente, recién en el año 2016 y por una resolución judicial pasé a detentar el 50% de las acciones de la sociedad, insisto, por estricta aplicación de normas de orden público. III.- Jamás ejercí la representación legal de Hotesur S.A. o de la sucesión de mi padre ni intervine en la administración o giro comercial de ninguna de ellas. IV.- Nunca recibí, deposité ni cobré ninguno de los cheques a través de los cuales Valle Mitre S.A. canceló los cánones locativos pactados. Como objetivamente pude advertirse, se pretende fundar un juicio de responsabilidad penal en mi contra en base a hechos en los que no participé ni tampoco pude haber intervenido. Parece necesario recordar que una de las primeras conquistas del Derecho Penal liberal consiste en que el reproche jurídico-penal solo puede fundarse en hechos propios. En efecto, “el principio de subjetividad de la acción, de tan alta significación en el desarrollo de la cultura humana, conduce a dos consecuencias de la mayor trascendencia: a) la subjetivización de la culpa, que excluye las formas de responsabilidad objetiva; b) a la individualización de la responsabilidad: nadie sufra pena por otro” (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tomo I, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1983, 9ª reimpresión, pág. 249). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera inveterada que el juicio de imputación penal “en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (CSJN, Fallos 271:297, entre muchos otros). 2. Con relación a la deuda que registro con Hotesur S.A., debo señalar lo siguiente: a. Efectivamente, entre los años 2011 y 2013 recibí créditos provenientes de dicha firma, actividad totalmente lícita, común y frecuente en las personas jurídicas de naturaleza familiar o cerrada. b. El giro de fondos se llevó a cabo de manera transparente y absolutamente regular. Además de la bancarización de las operaciones, que permite conocer la trazabilidad del dinero, todo mi patrimonio (que incluye los créditos aquí analizados) fue declarado en tiempo y forma ante la AFIP, pagándose los impuestos correspondientes. El organismo recaudador jamás impugnó la validez de tales transacciones, las cuales también se encuentran asentadas en los libros contables de la empresa. c. Resulta un disparate afirmar que mi conducta pueda constituir un aporte a esta imaginaria operatoria de lavado de activos. Ello así, dado que el dinero que recibí siempre estuvo integrado al circuito finan-ciero (estaba depositado en la cuenta bancaria de una sociedad comercial radicada en el país), por lo que no necesitaba ser lavado para poder disponer libremente del mismo. En otras palabras, se trata de un acto inocuo e insustancial que, además, jamás pudo haber afectado el bien jurídico tutelado por la norma. De sostenerse lo contario, insisto, la imaginaria operatoria de lavado de activos se extendería ad eternum y cualquier acto de disposición patri-monial sería típico en los términos del art. 303 del Código Penal. En definitiva, la acusación que se formula no solo resulta falsa, sino además es manifiestamente irracional y vulnera los principios constitucionales de culpabilidad, legalidad y lesividad. Por ende, se impone y solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos por los que soy indagada. IV.- Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1. Se incorpore este escrito en el marco de la audiencia a la cual he sido convocada a fin de prestar declaración indagatoria y se tenga presente lo informado. 2. Se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me endilgan, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). 3. A todo evento, se tengan presentes las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.

704 días después de Cristina

704 d.C "Esperemos que gobernadores, diputados y senadores que cantan la marcha y tienen cuadros de Perón y Evita no voten esta reforma laboral en contra de los trabajadores." Pablo Moyano Con Pablo Moyano nos une la esperanza dijo Cristina, que asi sea y empecemos a unirnos.

703 días después de Cristina

703 d.C. Escrito presentado hoy por el diputado Máximo Kirchner Han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal. Señor juez: Máximo Carlos Kirchner, DNI 25.869.310, por mi propio derecho, con domicilio real en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, junto con mis abogados defensores, Dres. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4 y Ary Rubén Llernovoy, CUIT 20-35317032-6, en la causa Nº 11352/2014, caratulada “FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD…”, del registro de ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752, 2° “A” de esta ciudad, a V.S. digo: I.- Objeto Que, en uso de las facultades que confieren los arts. 72 y siguientes de la ley procesal penal vengo a formular el presente descargo, el cual solicito sea incorporado a esta causa en el marco de la audiencia a la cual he sido citado a prestar declaración indagatoria. A mérito de las consideraciones que serán desarrolladas en esta presentación corresponde que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me atribuyen, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). En atención a la inusitada gravedad institucional del caso y las garantías constitucionales que se ven afectadas (vgr., principio de legalidad, derecho de defensa en juicio y ne bis in ídem) hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. II.- El descargo Tal como se describiera en detalle en el escrito presentado en estas mismas actuaciones por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner -cuyos fundamentos hago propios y doy aquí por reproducidos- han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal. Tan grave afirmación se sostiene, entre otras circunstancias, en las siguientes: En primer lugar, se ha formulado una grave acusación en mi contra sin siquiera atribuírseme un hecho puntual, concreto y específico de carácter prima facie delictivo. Por el contrario, la imputación se sostiene en un relato vago que solo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes ante todos los organismos de control pertinentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, llevadas a cabo dentro del circuito bancario y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes. En segundo lugar, existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado todas las transacciones a las que se hace referencia, descartando la existencia de delitos, entre ellos, el de lavado de activos. Veamos. Causa Nº 9318/04, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 20. El 26 de marzo de 2005 se sobreseyó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268 (2) y (3) del Código Penal. Causa Nº 1338/08, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, Secretaría Nº 11. El 11 de abril del año 2008 se desestimó la denuncia que dio origen a esta causa por inexistencia de delito (nuevamente, enriquecimiento ilícito) y el 12 de agosto de 2012 se sobre-seyó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Causa Nº 9423/09, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Secretaría Nº 9. El 18 de diciembre de 2009, una vez más, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron sobreseídos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En los dos últimos expedientes fueron objeto de evaluación las mismas operaciones que, increíblemente, vuelven a ser investigadas en este proceso como una supuesta maniobra de lavado de activos, a saber: la constitución de un fideicomiso inmobiliario entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones S.A. en el año 2005, la adquisición de las diez propiedades edificadas mediante dicho convenio en el año 2007, la compra de terrenos fiscales en la provincia de Santa Cruz y su posterior enajenación en el año 2006, los préstamos efectuados por Austral Construcciones S.A. y el Banco de Santa Cruz en los años 2007 y 2008, la enajenación de propiedades a empresas de Lázaro Báez entre los años 2008 y 2009 y la adquisición en el año 2008 de las acciones de Hotesur S.A. y la hostería Las Dunas. Todas estas transacciones, debidamente declaradas, bancari-zadas y por las que se pagaron los impuestos correspondientes -algo que ni siquiera se encuentra cuestionado- fueron evaluadas, entre otras diligencias, a través de una amplia pericia contable practicada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual desestimó cualquier tipo de irregularidad a su respecto. Causa Nº 8959/10, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 20. No conformes con los sobreseimientos aludidos, en el año 2010 los Diputados Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Carlos Come y Horacio Piemonte presentaron una nueva denuncia en la denominada “causa madre” (Expte. Nº 15.734/2008) titulada “AMPLÍAN. SOLICITAN SE INVESTIGUE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA”. Lejos de ser novedosos, los hechos re-denunciados, ahora como una presunta operatoria de lavado de activos de origen delictivo -ya no como un supuesto enriquecimiento ilícito- eran los mismos que habían sido auditados por la justicia en los expedientes aludidos: compraventa de propiedades por parte del “matrimonio Kirchner”, plazos fijos realizados en el Banco de Santa Cruz y adquisición y posterior enajenación de tierras fiscales en esa provincia. El día 9 de agosto de 2010, el mismo juez que interviene en esta causa, Dr. Julián Ercolini, archivó las actuaciones sin más trámite, señalando que no era válido renovar la persecución penal a mérito de episodios que ya habían sido investigados y sobreseídos por la justicia. El fiscal actuante, Dr. Guillermo Marijuán, fue quien propició este temperamento y, naturalmente, consintió la decisión del magistrado. Es decir, las operaciones que se me imputan fueron analizadas en, por lo menos, cuatro procesos judiciales que concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos o el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Además, hace ya siete años, el juez Julián Ercolini sostuvo que, por aplicación de la garantía ne bis in ídem, resultaba imposible renovar la persecución penal en orden a esos mismos hechos, invocándose para ello, como ahora, una nueva significación jurídica (el supuesto delito de lavado de activos). Causa Nº 3732/2016, del registro del Juzgado Criminal y Correccional Nº 11, Secretaría Nº 21. Recientemente, en el marco de la causa “Los Sauces”, la UIF presentó el informe 100/2016, en el cual formuló una acusación basada en que los plazos fijos realizados por el Dr. Néstor Kirchner con el Banco de Santa Cruz serían una “línea de acumulación de efectivo con carácter ilegal”. Como puede apreciarse, se trata de hechos que ya fueron evaluados en los cuatro procesos judiciales citados precedentemente. A la luz de los minuciosos informes presentados por el Banco de Santa Cruz y el Banco Central de la República Argentina, el juez intervi-niente no tuvo más remedio que archivar las actuaciones por inexistencia de delito (19/06/17). Causa Nº 14.950/09, del registro del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 19. En estas actuaciones, iniciadas otra vez por denuncia de, en aquel momento, diputados opositores, se imputó como delito el haber alquilado al empresario Juan Carlos Relats, a través de sus empresas Rutas del Litoral S.A. y Panatel S.A., el hotel “Casa Los Sauces”, sito en la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Concretamente, el cargo efectuado consistía en que se habría alquilado ese complejo hotelero a un precio superior al del mercado y que el beneficio obtenido era la contraprestación o “retorno” por la adjudicación de contratos de obra pública y las prerrogativas obtenidas mediante el Decreto 902/2008. Como se advierte, se trata de la misma hipótesis que se sostiene en autos. Una vez culminada la tarea instructoria, en la cual intervino el propio fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini dispuso el sobreseimiento en la causa, descartando toda ilicitud en esta clase de convenios, así como también el delito de negociaciones incompatibles con la función pública que había sido denunciado. Entre otras consideraciones V.S. señaló que “debe considerarse que sostener la hipótesis de la denuncia resulta a todas luces complicado, pues es muy difícil valuar si el precio es ajustado a mercado donde no existen pautas mensurativas que resulten taxativas a la hora de fijar un precio, toda vez que un hotel comprende no sólo la parte edilicia -calidad de materiales utilizados-, sino también mobiliario, servicios, obras de arte, calidad de los restaurantes, vajilla, entre otros; lo que conforma un todo difícil de nomenclar. Por último y respecto de este punto, no puede dejar de señalarse que si existe un mercado que paga los valores fijados como tarifa para hospedarse en el hotel, juega aquí la ley de la oferta y la demanda”. Causa Nº 1830/2013, del registro del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 1 caratulada “N.N. s/ Infracción ley 24.769”, la cual se acumuló por conexidad a la causa Nº 803/2013, caratulada “Báez, Lázaro y otros s/ Infracción ley 24.769”. En este proceso se evaluó el vínculo comercial entre Hotesur S.A. y Valle Mitre S.A., señalándose que: I.- Valle Mitre S.A. es una operadora turística de la provincia de Santa Cruz que resulta locataria de diversos inmuebles y explotaciones co-merciales afines a los servicios turísticos, que contaba con una significativa cantidad de personal entre los años 2010 y 2011 (ver el considerando 17 del decisorio). II.- El 10 de noviembre de 2008, Valle Mitre S.A. suscribió con Hotesur S.A. (titular del hotel Alto Calafate) un contrato de “cesión de explotación comercial” de fondo de comercio con el traspaso del “activo” existente a la fecha de firma del contrato. Ese mismo día las partes suscribieron un contrato de locación del hotel en su conjunto como inmueble y de una sola vez (ver considerando 17). III.- En base a los contratos analizados se concluyó que Valle Mitre S.A. fue inquilino o locatario del hotel Alto Calafate, finalizando en esa relación locativa la participación de Hotesur S.A. IV.- Los contratos concuerdan con los conceptos facturados por Hotesur S.A. a Valle Mitre S.A., de conformidad con los comprobantes que fueron aportados en sede administrativa (ver nuevamente considerando 17) V.- Las operaciones entre Valle Mitre S.A. y Hotesur S.A. se encuentran debidamente registradas en los libros societarios de la primera. También consta que Valle Mitre S.A. practicó las retenciones impositivas correspondientes al momento de realizar los pagos (ver considerando 20). A las consideraciones expuestas en el proceso de referencia cabe agregar que la pericia contable ordenada en autos también concluyó que los pagos recibidos de Valle Mitre S.A. coinciden con los registrados en el Libro Diario de Hotesur S.A., y que los mismos siempre se efectuaron a través de cheques o transferencias bancarias (ver punto pericial Nº 3, contestado en el segundo informe de los expertos). En definitiva y como ya se explicó, todos los hechos que se describen en la acusación son operaciones comerciales absolutamente lícitas, como ya fue declarado por la justicia e incluso por este mismo juez y fiscal intervinientes. Si bien lo dicho hasta aquí resulta suficiente para descartar de plano la acusación que se dirige en mi contra, como no existe nada que ocultar vale la pena efectuar las siguientes cuestiones: Mi intervención en los actos de comercio que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 tuvo lugar, básicamente, en mi carácter de mandatario de Néstor y/o Cristina Kirchner. Tal actuación fue desarrollada en el marco de la relación familiar y de confianza existente, ateniéndome en todo momento a los límites del mandato conferido, con estricto apego a la ley y con la transparencia que siempre caracterizó a todas las operaciones comerciales realizadas por nuestra familia. Ya sea como mandatario de Néstor Kirchner, administrador de su sucesión o en representación de Hotesur S.A. suscribí contratos de alquiler en cumplimiento de los deberes asignados. Como ya se describió, las condiciones contractuales convenidas son absolutamente lícitas y se ajustaron a los parámetros del mercado. Como actividad rutinaria propia de mis funciones participé en las asambleas de accionistas de Hotesur S.A., ya sea a título propio o como representante de la sucesión de Néstor Kirchner. Con relación al cobro de los alquileres, éstos siempre se materializaron a través de cheques (jamás se operó con dinero en efectivo) y cada una de las operaciones se encuentra debidamente facturada y registrada, extremo que descarta de plano la hipótesis de lavado de activos que se intenta presentar en la causa. Finalmente debo hacer referencia a que Hotesur S.A., al igual que Los Sauces S.A. es una sociedad de naturaleza familiar, en la cual sus accionistas se vinculan a través de una relación de confianza y de afecto que permite atemperar formalismos propios de las sociedades comerciales. Por ende, la extracción de sumas dinerarias en concepto de créditos no constituye ninguna irregularidad ni mucho menos un acto delictivo, máxime cuando las operaciones, al igual que toda la actividad comercial de la firma, se encuentran documentadas y bancarizadas. En esa línea, la jurisprudencia de nuestros tribunales mercan-tiles ha resuelto que “en las sociedades anónimas cerradas es atribuible un cierto grado de informalidad en el trato más directo y personal entre los socios”, lo que es característica propia de este tipo de empresas en materia de, por ejemplo, retiros de los socios (ver Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el fallo “Muller, Rodolfo Ernesto c/ EDL S.A. s/sumario”). Por otro lado, si bien ya se ha efectuado en el descargo de Cristina Fernández de Kirchner una minuciosa explicación que descarta de plano, por absurda, la imputación de lavado de activos, entiendo necesario reeditar aquí las siguientes consideraciones: Como es sabido, la incorporación en nuestro ordenamiento positivo de la figura de lavado de activos se produjo en el año 2000 a partir de la sanción y promulgación de la ley 25.246, que pretendía cumplir con diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional. En particular, lo que se buscaba era adecuar nuestra legislación a las exigencias del Group d’Action Financiere sur le blanchiment de capitaux (GAFI), el cual por el año 1990 ya había elaborado sus “cuarenta recomendaciones” para la prevención del lavado de dinero. Posteriormente, en el año 2011 se sancionó la ley 26.683, la cual procuraba dar cumplimiento a nuevos estándares fijados por el GAFI en materia de sanción, prevención y erradicación del lavado de activos. De tal manera se incorporó un nuevo Título al Libro Segundo del Código Penal (“Delitos contra el orden económico y financiero”) en el cual hoy en día se encuentra prevista y reprimida la figura en cuestión. No obstante la nueva ubicación sistemática de esta figura y el agravamiento de las penas, lo cierto es que la redacción del tipo penal no ha sufrido mayores modificaciones y las conductas prohibidas por la ley siguen siendo las mismas. Adviértase que, más allá de los verbos típicos que se han enumerado en uno y otro caso, tanto el derogado art. 278 como el actual art. 303 del Código Penal conminan las mismas conductas. De hecho, así lo reco-nocieron expresamente los fiscales en su dictamen del día 28 de mayo: “Lo que se deriva de lo expuesto es que la conducta reprimida en el art. 278.1 del Código Penal y en el art. 303.1 actualmente vigente es, en esencia, la misma, tal como sostiene el mencionado autor, al decir que `la conducta que en su momento estuvo tipificada en el art. 278.1 del código de fondo nunca dejó de estarlo, sino que lo único que se modificó es la concepción del legislador respecto de que bien jurídico era afectado, de modo predominante, por ése accionar típico` (cfr. op. cit., pág. 25)”. En efecto, tanto antes como ahora, el lavado de activos era y es, en esencia, un proceso en virtud del cual los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad. En otras palabras, como expresa la doctrina, tanto nacional como internacional, el blanqueo de capitales es una operación por la cual “el dinero desconocido para la Hacienda Pública (dinero negro) se coloca en la línea de cumplir con las obligaciones legales” (cfr. Bajo Fernández, Miguel, en Política criminal y blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid, 2009). En línea con ello, el GAFI -reitero, el organismo en el cual se inspira nuestra legislación penal en la materia- ha establecido en el Anexo II de su Informe Oficial sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 1990 que el lavado de activos es una operatoria que consta de tres etapas, las cuales pueden desarrollarse en forma separada o conjunta: la colocación, la estratificación y la integración. Concretamente, la primera etapa consiste en introducir o colocar en el circuito financiero o comercial legal el dinero en efectivo o los bienes obtenidos a través de un delito. En la segunda fase, una vez que los bienes ya están integrados al mercado legal, lo que se pretende es hacer desaparecer todo vínculo con el delito precedente (para ello se suele recurrir a diversas transacciones que dificultan la detección del origen primigenio de los bienes). Finalmente, en la tercera etapa los bienes se integran en forma definitiva a la economía legal y al patrimonio del sujeto activo, sin levantar sospechas sobre la verdadera fuente criminal de los activos. La estructura trifásica del delito establecida por el GAFI es aceptada en forma pacífica por la jurisprudencia local e internacional, por la doctrina en forma unánime e incluso por los organismos estatales que deben velar por su prevención y sanción. Por ejemplo, en el sitio web oficial de la AFIP se grafica al delito sub examine de la siguiente manera: Etapas del lavado de dinero Etapas del lavado de dinero Es decir, lo que prohíbe el tipo penal es la “aplicación” (cfr. derogado art. 278 del CP) o “puesta en circulación en el mercado” (art. 303 vigente del CP) de bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal y que son desconocidos por la hacienda pública (etapa de colocación) con la consecuencia posible de que los bienes ilícitos originarios o sus subrogantes “adquieran la apariencia de un origen lícito” (etapas de estratificación y de integración). En otras palabras, el presupuesto objetivo de la figura penal que se pretende aplicar en el caso es la existencia de dinero en efectivo u otros bienes fuera del circuito financiero legal, los cuales son colocados en los mercados lícitos a través de distintas maniobras con el propósito de disimular su verdadero origen y poder disponer libremente de ellos. Si no se verifica ese presupuesto típico resulta improponible tener por configurada una maniobra de blanqueo de capitales: en efecto, no hay “lavado” de activos ni tampoco delito si los bienes investigados, desde un primer momento, estuvieron y circularon dentro del sistema económico legal. Lejos de ser una elaborada construcción jurídica, se trata de una cuestión de sentido común: quien posee sus activos en el mercado legal de capitales no necesita “blanquearlos” para disponer de ellos, sino que lo puede hacer libremente sin acudir a ningún artilugio financiero. Sentado cuanto precede, la hipótesis que se sostiene en autos es jurídicamente absurda. Me explico. En pocas palabras, lo que se refiere en la causa es que Báez obtuvo un lucro indebido a través de la concesión irregular de obra pública y que el dinero supuestamente mal habido fue aplicado a la actividad hotelera para ser “lavado” y disimular su origen ilegítimo. Esta presunta maniobra, reitero, más allá de su absoluta falsedad, jamás podría importar una operatoria de lavado de activos, toda vez que ese dinero, de principio a fin, circuló dentro del sistema financiero legal. En definitiva, se encuentran ausentes los requisitos objetivos y subjetivos elementales del tipo penal que se pretende aplicar en la especie. Además, es claro que en la hipótesis invocada por las partes acusadoras no hay afectación alguna al bien jurídico protegido por la norma y, por ende, no es factible sostener la convergencia del delito invocado. En primer lugar, es imposible postular que hubiese existido una lesión al orden económico y financiero: la estabilidad y la transparencia del sistema legal de capitales no pueden ser alteradas mediante transferencias perfectamente documentadas y gravadas, ni tampoco estas transacciones son susceptibles de generar distorsiones en la economía (vgr., inflación, déficit fiscal, contracciones en los mercados, etc.). En segundo lugar, si se considerara que el lavado de activos es un delito pluriofensivo que también afecta el correcto funcionamiento de la administración de justicia, tampoco se explica de qué manera los hechos que se investigan en esta causa habrían dificultado u obstruido la indagación y la averiguación del supuesto delito precedente. Finalmente debo enfatizar que la hipótesis -reiterada hasta el hartazgo- que sostiene que los pagos recibidos de parte de Valle Mitre S.A. eran “retornos” por la concesión irregular de obra pública es absurda, al menos por las siguientes tres razones: En primer lugar, las relaciones comerciales con Valle Mitre S.A. eran reales y no simuladas, lo que ni siquiera se encuentra debatido. Si los pagos recibidos no fuesen un canon locativo sino “retornos” debería aceptarse que durante casi cinco años Báez, además de ser “beneficiado” con la obra pública, también dispuso gratuitamente de dos hoteles, con los cuales obtuvo ingresos millonarios a cambio de nada. En segundo lugar, es incongruente sostener que los supuestos “retornos” por la concesión de la obra pública hubiesen comenzado recién en el año 2010. Es decir, ¿Báez fue beneficiado “gratuitamente” durante seis años y medio?; ¿o acaso se dirá que en mayo del año 2003 ya sabíamos que Cristina Kirchner ganaría las elecciones presidenciales de los años 2007 y 2011 y, por ende, los “retornos” podían esperar? En tercer término, la asignación de obra pública en favor de Báez y los supuestos “retornos” tampoco guardan proporción alguna. Escapa al más elemental sentido común suponer que desde la Presidencia de la Nación se va a montar una mega-estructura para beneficiar en sumas multimillonarias a un “empresario amigo” y obtener a cambio menos del 0.1% de ese descomunal monto ($46.000.000.000 vs. $33.000.000, aproximadamente). III Petitorio Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: Se incorpore este escrito en el marco de la audiencia a la cual he sido convocado a fin de prestar declaración indagatoria y se tenga presente lo informado. Se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me endilgan, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN). A todo evento, se tengan presentes las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes. Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.