932 días después de Cristina

932 d.C. En tierra de Vidal la pobreza de los niños supera el 50% La debacle económica del país tiene su peor traducción en territorio bonaerense. En las pampas que gobierna la principal figura del oficialismo la pobreza en los niños supera el 50%, según el informe difundido por la Universidad Católica Argentina (UCA). Los datos son contundentes sobre la situación de los niños y niñas en la provincia de Buenos Aires. Es que en la tierra donde gobierna María Eugenia Vidal la pobreza alcanza al 54,2% de los menores. Se trata del mayor índice de pobreza en todo el país, según la medición de la UCA. Los datos de la casa de altos estudios afirman que el 48,1% de los niños en Argentina están bajo la línea de pobreza. Pero además, de ese total el 10,2% es indigente lo que significa que tiene problemas para acceder a los alimentos. El año pasado, según el informe el 17,6% mostraron problemas para comer y el 8,5% pasó hambre.

931 días después de Cristina

931 d.C. Me reuní en el @inst_PATRIAar con Celso Amorin, ex Canciller durante el gobierno de @LulaOficial Conversamos sobre la realidad de Brasil de cara a las próximas elecciones y sobre la persecución que están sufriendo lxs líderes populares de la región. Cristina

930 días después de Cristina

930 d.C. "Típico de machirulo": La RAE analiza incluir la expresión en el diccionario La institución podría reconocer al neologismo "machirulo" como una nueva palabra de la lengua española. Cuando la senadora Cristina Kirchner acusó al presidente Mauricio Macri de “machirulo”, viralizó la expresión y la puso en boca de personas que nunca la habían escuchado. Sin embargo, es una palabra que se usa desde hace mucho y en varios países, y ahora la Real Academia Española (RAE) analiza incorporarla al diccionario. Su inclusión como parte de la lengua española se encuentra en revisión por parte de la Comisión de Neologismos de la RAE. La académica y escritora Soledad Puértolas propuso el término este martes en una mesa de debate y señaló que la institución debe estar "atenta a los nuevos hallazgos de la lengua". Por esto, es partidaria de incluir la expresión “machirulo”, la cual es usada en tono irónico para poner en evidencia a un hombre que utiliza sus privilegios de género por sobre las mujeres. Un ejemplo de la vida real: “Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo”, como le dijo CFK a Macri. "Es un tipo de hombre que quiere ser dominante", definió Puértolas. Y amplió: "Tiene una carga irónica que creo que se adecuaba más a una actitud de igualdad entre hombres y mujeres, sustituye la idea de macho alfa que es muy poderosa. Machirulo parece una versión más irónica y familiar de la desigualdad entre el hombre y la mujer".

929 días después de Cristina

929 d.C. La ruta de las escuchas a CFK conduce a Angelici Por Ari Lijalad. Los vínculos llegan directo al presidente de Boca y Mauricio Macri, que tuvieron un rol clave en las pinchaduras telefónicas. Un hombre vinculado al operador judicial del PRO Daniel “Tano” Angelici y, por ende, a Mauricio Macri, tuvo un rol clave en las escuchas telefónicas realizadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, que en lugar de tener utilidad judicial solo sirvieron para filtrarlas a medios y periodistas oficialistas. Se trata de Juan Ramella, quien encabeza la Subdirección de Escucha Directa de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la DAJuDeCO, la única dependencia del país habilitada para realizar intervenciones telefónicas. Un documento al que tuvo acceso El Destape junto a más de una docena de fuentes revelan el rol central que desempeñó este funcionario vinculado a Angelici en las escuchas destinadas a la cacería periodística contra CFK. En lo formal, la DAJuDeCO está bajo la órbita de la Corte Suprema pero, según pudo reconstruir este medio, fue poblada a dedo tanto por miembros de la familia judicial como por hombres cercanos al Gobierno. La línea entre Ramella y Angelici tiene dos puntos intermedios: uno, Juan Bautista Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia que representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve jueces. El otro es Pablo Garcilazo, a quien todos los que conocen el paño señalan como el hombre fuerte detrás de Mahiques y que responde directo al “Tano” Angelici. Su hijo, Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez, también trabaja en la oficina de escuchas. Garcilazo, luego de figurar como asesor de Mahiques pasó a sub-jefe del Cuerpo de auditores del Poder Judicial. Más sueldo, más operaciones y menos exposición. La reconstrucción del derrotero de la oficina de escuchas, que pasó de la SIDE al Ministerio Público Fiscal en el último año de la presidencia de CFK para terminar, por decisión de Macri, en manos de la Corte Suprema, permite comprender cómo se gestó la maniobra. En el marco de su cruzada contra la entonces Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, Macri decidió apenas asumido el traspaso de las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia. El proceso estuvo plagado de irregularidades. Primero la Corte pateó varios meses la decisión, luego hicieron nombramientos irregulares de sus autoridades a través de sorteos de los que no existen registros, multiplicaron su presupuesto con un aumento el último año del 122% y finalmente transformaron esa oficina de escuchas en una mini SIDE paralela que no tiene control y que firmó convenios para acceder a las bases de datos más importantes del Estado, incluido uno con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que los espías al mando del amigo presidencial Gustavo Arribas pudieran volver a realizar escuchas. El reparto de cargos dentro de esta nueva oficina se hizo entre los jueces federales, tanto de primera instancia como los camaristas. Uno de ellos, el juez Ariel Lijo, tuvo especial incidencia, ya que colocó a Juan Rodríguez Ponte, uno de sus secretarios, al frente del día a día de esta mini SIDE. No fue el único funcionario que pasó por su despacho que culminó allí. Junto a Rodríguez Ponte llegó Ramella, designado en la mentada subdirección de Escucha Directa. Como indica su nombre, por esta oficina pasan las escuchas que se hacen “directamente”, es decir, que se tiene acceso a los audios y a sus movimientos de celdas en tiempo real. Es lo que se conoce como una escucha "online". Al consultar a distintas fuentes judiciales por Ramella, la respuesta fue contundente: “Ese es de La Boca”, “es del Tano” o directamente “responde a Angelici y al Coti Nosiglia”, repitieron una docena de miembros del Poder Judicial y de conocedores de los entramados de tribunales. Este medio pudo reconstruir la línea que lleva desde la oficina de Escuchas Directa al “Tano” Angelici y, por ende, a Macri. El punto de contacto tiene un apellido: Mahiques, una familia que se transformó en una especie de agencia de colocaciones en lugares clave del mundillo judicial. El propio Ramella confirmó a El Destape que trabajó con Juan Bautista Mahiques en el juzgado de Lijo, pero no quiso dar más precisiones sobre sus vínculos. Ramella ingresó a la oficina de escuchas en marzo de 2016, cuando se efectivizó el traspaso del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. Fue tres meses antes de que se le interceptara el teléfono a Parrilli. Un documento al que accedió El Destape revela el paso de las escuchas a CFK y Parrilli por el despacho de Ramella. Se trata de un informe enviado por la DAJuDeCO a la Corte Suprema tras el escándalo por las filtraciones de las escuchas en medios oficialistas. Lo firman los jueces Martin Doctrina Irurzun y Javier Leal de Ibarra, designados sin sorteo registrado como el 1 y 2 de esta mini Side, y Rodriguez Ponte. Es decir, el documento es la posición el triunvirato que maneja la oficina de escuchas y reconstruye cómo fue el proceso por el que se le intervino el teléfono a Parrilli.

928 días después de Cristina

928 d.C. Paro del 25 de junio | Moyano: "Cuando estaba Cristina, comía todo el mundo, hoy hay gente que no come" El líder de Camioneros resaltó que nunca se peleó con la ex presidenta y criticó la situación actual. Moyano respaldó la gestión de ex primera mandataria Cristina Kirchner al compararla con la realidad macrista de los últimos años y aseguró que "cuando estaba Cristina, comía todo el mundo, hoy hay gente que no come". En diálogo con Luis Novaresio, el líder de Camioneros resaltó que nunca se peleó con la ex presidenta y que tan solo se perdió el diálogo: "Hubo un desencuentro". Además, remarcó que en las épocas kirchneristas, los reclamos eran por ampliaciones de derechos, mientras que ahora es un reclamo por no peder lo obtenido: "Cuando estaba Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come. Si uno compara lo que pasó a lo que está pasando hay una diferencia muy grande". "No es cuestión de estar enojado. Cuando se inician (los gobiernos) hay que darles tiempo necesario para que pongan en práctica las políticas que llevan adelante. Con Cristina hubo un desencuentro, no nos peleamos", agregó. "No es para desestabilizar, no es nada que pueda afectar la democracia, es para que el Gobierno reaccione y dé alguna respuesta". "Es posible, sentar al Estado, al empresariado y a los trabajadores. Ellos no creen (el gobierno), tiene la mentalidad del oligarca y no creen en esa cosa: entonces no va a funcionar nunca, si no nos vamos de Carlos Marx a Adam Smith, de un extremo a otro, no tiene solución", finalizó.

927 días después de Cristina

927 d.C. “Los evasores como Dujovne cuestan más que el paro” Las conducciones de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, cruzaron al ministerio de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, quien dijo que el paro nacional cuesta cerca de 29 mil millones de pesos. “Los evasores como Dujovne cuestan más que el paro”, disparó Yasky en conferencia de prensa. La comparación fue en referencia a que la mansión en la que vive el funcionario tributa como baldío. “El pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas, no quiere más ajustes, no quiere más tarifazos, y por supuesto reclamamos por las paritarias”, apuntó Yasky sobre los motivos que derivaron en la huelga. Luego, el diputado de Unidad Ciudadana señaló que “el pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas, no quiere más ajustes, no quiere más tarifazos y por supuesto, el reclamo de las paritarias”. “Básicamente planteamos el rechazo a la política que significa ponerle un techo de 15 por ciento a las paritaras, reclamamos por la reactivación económica para la PYMES, rechazamos el acuerdo con el FMI y planteamos la defensa irrestricta de las leyes laborales”, cerró el sindicalista. Por su parte, el líder de la CTA Autónoma Pablo Micheli, anticipó: “No vamos a abandonar la calle”. Advirtió que “no va a haber reforma laboral, mientras este pueblo dé la respuesta como la que está dando hoy”. Además, se refirió al único gremio que no paró en la Argentina, los ruralistas de UATRE, el gremio aliado del Presidente: “No paran los grandes terratenientes que son los que se llenan de plata, pero el pueblo argentino está””.

926 días después de Cristina

926 d.C. DOBLE DISCURSO | Macri en privado: “Nos está saliendo todo como el orto” Macri: "Nos está saliendo todo como el orto" Así aseguró el Presidente que es la actualidad política y futbolística que afronta. El Presidente admitió en privado que hubo errores propios de la gestión dejaron al Gobierno mal parado y confesó: “Nos está saliendo todo como el orto”. Según asegura Nicolás Wiñazki enel diario oficialista Clarín, Mauricio Macrivenía en una racha de suerte, como en sus épocas de dirigente futbolístico pero se habría terminado. “Estados Unidos subió la tasa de interés y se nos cortó el crédito externo. El campo sufrió una sequía histórica que arruinó buena parte de la cosecha de este año y el barril del petróleo aumentó de precio”, reconoce Macri en privado. Por otro lado, remarcó que ya no puede confiar en el sector del peronismo que consideraba “racional” y lamentó haber llevado a referentes del PJ no kirchnerista a los viajes internacionales. “A Wall Street, para hablar frente a inversores muy importantes, llevé a los diputados Bossio (Diego) y Lavagna (Marco). Yo di mi discurso y después le cedí la palabra a ellos como representantes de la oposición peronista en el Congreso. Los dos le dijeron a esos inversionistas o consultores que iban a apoyarnos en el Congreso. Cuando volvimos, el PJ nos frenó la votación de la reforma laboral… ¿Cómo explicó después en el exterior que estos tipos son así?”, protestó enojado. “¿Para qué votaron esa ley que le ponía freno a la suba de los precios de consumo de la energía? Sabían que yo la iba a vetar. Quisieron que pague el costo político de frenar yo el freno a los aumentos de la luz, el agua, el gas. Entiendo que la sociedad hace un esfuerzo enorme para pagar por esos servicios. Enorme. Pero la Argentina tenía que sincerarse alguna vez. Sí, somos un país pobre. Y lo digo sabiendo que después de todo esto seguramente subirán los índices de pobreza, la inflación. ¿Cómo voy a querer que pase algo así?”, agregó. Por otro lado, Wiñazki destacó que el socio del Presidente, Nicolás Caputo, que nunca fue mostrado, volvió a la mesa política más cercana. Según fuentes del entorno presidencial, el empresario fue el que alentó a Macri para que despediera al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y "apartar de su cargo pero no del poder al titular de Producción, Francisco Cabrera".

925 días después de Cristina

925 d.C. Cambiemos le falsificó la firma y afilió a cientos de personas pobres antes de las elecciones Los 467 titulares de planes sociales que figuran como supuestos aportantes de la campaña de Ocaña y Bullrich también resultan estar inscriptos al partido gobernante. En la última semana, El Destape publicó una extensa investigación donde se encontraron a unos 467 titulares de programas sociales que figuran como aportantes de la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, pero que jamás contribuyeron con un peso, en una clara maniobra de lavado de activos. Sin embargo, eso no termina allí: todos ellos también figuran como afiliados al PRO, por lo que sus firmas fueron falsificadas a la hora de realizar la inscripción. A partir del trabajo de investigación que comenzó a ser difundido la semana pasada por este medio, y que contará con varios capítulos más, muchos cooperativistas de Argentina Trabaja y beneficiarias del plan Ellas Hacen se comunicaron para informar sobre nuevas irregularidades, dado que sus nombres figuran como financistas de una campaña a la que jamás contribuyeron. De esta forma, ya se encontraron 467 beneficiarios de planes sociales de todo el conurbano bonaerense (Quilmes, La Plata, San Isidro, San Vicente, Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, La Matanza entre otros) que solo hasta el momento aparecen aportando unos $1.160.225 cuyo origen ahora se desconoce. Sin embargo, lejos de detenerse allí, el escándalo creció todavía más: es que esta semana, luego que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello decidiera abrir una investigación preliminar por las claras violaciones a la ley de financiamiento partidario que existieron, y, en paralelo, que el juez Casanello recibiera una denuncia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los diputados Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, y contra los senadores Esteban Bullrich y Gladys González, desde Cambiemos intentaron explicar las severas irregularidades que existieron en el financiamiento de su campaña electoral, aunque terminaron agregando un nuevo ilícito al ya largo listado. En diálogo con el diario La Nación, desde Provincia argumentaron que los falsos aportantes “son todos afiliados al PRO”, y según pudo corroborar El Destape, es cierto: el 100% de los casos relevados por este medio resultaron positivos, figurando como “afiliados” a un partido político en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, es necesario destacar que para que una persona sea afiliada a una agrupación, se requieren dos copias de su documento nacional de identidad, y que complete y firme dos fichas de afiliación: una que queda en el propio partido político, y otra que queda en poder del afiliado, por lo que el PRO debió falsificar las firmas de los 467 involucrados para inscribirlos. Es por esto que El Destape decidió relevar azarosamente casos de todos los municipios encontrados, y el resultado fue sorpresivo: el 100% de los consultados reciben planes sociales, figuran como aportantes aunque nunca pusieron un centavo, y además, están “afiliados” en la provincia de Buenos Aires. Tal es el caso de Delia Isabel Campos, de La Matanza, cuyo documento finaliza en 893, y quien, según los registros obtenidos de la Justicia Electoral, aportó en total $2.000 a las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich ($500 para cada uno en las PASO y las generales) y se encuentra inscripta como afiliada al PRO. Misma situación ocurre con Rodrigo Ramírez, de San Martín, cuyo DNI termina en 625: teóricamente aportó $2.450 a las campañas de Cambiemos, y también se encuentra registrado como afiliado, aunque nunca completó ninguna ficha. Lo mismo sucede con Paula Benapres, con DNI terminado en 974, y residencia en Florencio Varela. Paula figura como aportante de $2.400 a las campañas de Ocaña y Bullrich ($600 para cada uno en las PASO y las generales) y también, se supone, es afiliada al PRO. En diálogo con El Destape, Benapres fue taxativa: “Quiero que solucionen esto y que me devuelvan algo tan propio, algo que es tan mío como mi nombre. No puede ser que hagan esto con los que menos tienen”, declaró. Algo similar también sucedió con Noemi Viera, ex oooperativista de Argentina Trabaja. Viera figura cooperando $1950 a la campaña de Ocaña y Bullrich, y también como afiliada a un partido político. Ante la consulta de El Destape, Viera negó toda vinculación financiera o política con Cambiemos o el PRO, y le pídió en forma directa a Graciela Ocaña "que explique por qué" figura allí "ya que tanto habla de la corrupción y la transparencia".

924 días después de Cristina

924 d.C. Un hermano de Macri blanqueó ante la AFIP $63 millones tras la difusión de Panama Papers ho meses después de la revelación de los Panama Papers , Gianfranco Macri declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de su hermano, Mauricio Macri. La decisión de regularizar la situación ocurrió mientras las autoridades antilavado alemanas reportaban a sus pares argentinos que habían detectado movimientos sospechosos en una cuenta abierta en el banco UBS, en ese país, y los ejecutivos del estudio Mossack Fonseca reclamaban información a los intermediarios uruguayos de esa sociedad. Ahora, ante la consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fuentes oficiales del grupo Socma confirmaron que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra, en Suiza, y luego los regularizó ante la AFIP, según consta en las copias de los formularios que presentaron ante el organismo tributario y a los que accedió ICIJ. Cuando se difundieron en 2016 los papeles de Panamá, Mossack Fonseca -sumida en una gigantesca crisis- empezó a reclamar precisiones sobre los dueños de BF Corporation, como hizo con incontables clientes. Se comunicaron sin éxito con el estudio uruguayo Lussich Torrendell & Asociados, que para entonces llevaba años como administrador o intermediario de otras sociedades de la familia Macri; entre ellas, Fleg Trading, en la que el actual Presidente figuró como director. Lussich contestó que consultaría con "los clientes" y que lo contactaría otra vez "en cuanto tenga respuesta", lo que nunca ocurrió, según surge de nuevos documentos de "Panamá Papers" que obtuvieron el diario Süddeutsche Zeitung y el consorcio ICIJ, que integra LA NACION. Hasta entonces, el estudio liderado por el contador uruguayo Santiago Diego Lussich Torrendell se había encargado siempre de responder las consultas de Mossack Fonseca en nombre de BF Corporation sin precisar jamás quiénes eran los dueños de la sociedad. Renuncia a la sociedad Creada en 2009, BF Corporation canalizó al menos US$ 16,5 millones que se depositaron en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal en Hamburgo, Alemania, del banco suizo UBS. Seis días antes de las elecciones presidenciales de 2015, el estudio Lussich le ordenó al UBS que transfiriera esos fondos a otra cuenta en Suiza y que cerrara de inmediato la cuenta alemana. Autorizó la destrucción de toda la documentación respaldatoria, tal como LA NACION reveló en diciembre de 2016. El UBS en Alemania reportó lo ocurrido a las autoridades antilavado de su país y generó una reacción en cadena internacional. La unidad antilavado reportó a la Fiscalía de Hamburgo, que no inició una investigación propia pero se contactó a través de Interpol con la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que lo informó a la Justicia penal argentina. Para entonces, Mossack Fonseca ya se había despegado de la suerte de BF Corporation. Ocurrió en abril de 2016, cuando primero le requirió al estudio Lussich que detallara quiénes eran sus beneficiarios finales. "Esta compañía tiene acciones al portador, siendo las mismas inválidas desde el 31 de diciembre. Debe emitir nuevas acciones", los conminó. El 15 de abril, el estudio panameño dio otro paso. Les envió a los uruguayos una factura por 100 dólares por los costos derivados de su renuncia como agente de la sociedad. "En vista que no hemos recibido la información solicitada para completar la debida diligencia [de BF Corporation] y que a la fecha los cambios de Agente Registrado no ha sido culminados, estaremos procediendo como lo establece la ley, a renuncias a nuestros cargos de Directores y Agente Registrado". Tres días después, Lussich envió una respuesta escueta: "Les comento a los clientes su email y en cuanto tenga respuesta nos volvemos a contactar". Pero la identidad de los beneficiarios finales detrás de BF Corporation nunca llegó a Panamá. Por eso, el 22 de ese mes, Mossack Fonseca emitió un acta en la que renunció a representar a la sociedad. Y ese mismo día lo oficializó ante el Registro Público. En ese contexto, Gianfranco Macri avanzó hacia la regularización de esos fondos. Y el 22 de diciembre de 2016 presentó una "declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior" ante la AFIP, como parte del blanqueo que impulsó el gobierno de Cambiemos y aprobó el Congreso. Gianfranco Macri detalló que él y su hermano Mariano controlaban el 50% cada uno de BF Corporation, pero indicó que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad, que estimó en $ 63,5 millones, el equivalente a unos US$ 4 millones al tipo de cambio entonces vigente, según la documentación aportada desde Socma. El equipo argentino de Panama Papers fue integrado por Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom por el diario LA NACION. También participaron Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli.

923 días después de Cristina

923 d.C. La Sala IV de la Casación apartó a la jueza Namer del TOF que juzgará a Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán Un tribunal moldeado por el Gobierno Namer se ganó la desconfianza del macrismo luego de firmar la excarcelación de Zannini, D’Elía y Kalhil. Antes de eso, nadie la había cuestionado. Ayer, la Cámara de Casación confirmó su apartamiento. Con la lógica de facilitar el armado de tribunales a medida que les inspiren confianza a la DAIA, al Gobierno y la derecha internacional, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal decidió apartar a la jueza Sabrina Namer y evitar su intervención en el juicio oral por el Memorándum con Irán, que se basa en la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otras personas por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Namer fue recusada por la entidad judía y familiares de las víctimas después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil. Antes de eso, cuando fue designada para el caso, nadie la cuestionó. Sin embargo, el argumento oficial fue que había intervenido ya como fiscal en la Unidad AMIA y eso impedía tener garantías de su futura imparcialidad. Los jueces Juan Gemignani y Gustavo Hornos abonaron ayer esa teoría. Mariano Borinsky votó en disidencia y la respaldó. Namer siempre sostuvo que la investigación del atentado y la de un supuesto encubrimiento son causas separadas, y que ella nunca se pronunció ni investigó el memorándum. Algunas de las defensas analizan llevar la discusión a la Corte Suprema. Igual todo indica que, mientras tanto, se sorteará un nuevo juez o jueza para integrar el tribunal de juicio. El Gobierno ya había mostrado de manera explícita su interés en tener un tribunal afín para esta causa y otras contra CFK, cuando logró conformar y designar a dedo, a través de su mayoría en el Consejo de la Magistratura, al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Fue tan irregular el procedimiento, que la Corte Suprema lo frenó con una acordada. Pero no era la primera señal de interés e intromisión del Ejecutivo en este caso: como muestran actas de la DAIA presentadas por la defensa de Héctor Timerman, ya en 2016 esa entidad y el propio presidente Mauricio Macri se reunían para hablar sobre la “estrategia” en todas las causas vinculadas al caso AMIA. El recorrido que hizo el expediente de la denuncia de Nisman, a partir de que el primer juez, Daniel Rafecas, estableció que no había delito (lo que fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal) mostró que el objetivo primordial era conseguir jueces que mantuvieran viva la causa hasta llevar a juicio a CFK, sus ex funcionarios y otros personajes laterales. Es lo que se suele llamar “forum shopping”, elegir un tribunal conveniente. Para ese entonces, por si acaso, la dirigencia judía había logrado una causa paralela por “traición a la patria”. Todo quedó en manos de Claudio Bonadio, que ordenó detenciones y mandó el caso a juicio oral. Cuando no pudo prosperar el TOF9 armado por el Gobierno, fue sorteado el TOF8, que quedó a cargo de juzgar la causa del Memorándum. Sus integrantes son Namer, López Iñíguez, Nicolás Toselli, aunque este último se excusó desde el principio y fue designado José Antonio Michilini. Ninguno fue cuestionado por las partes, hasta después que las jueza decidieron dejar en el liberta a Zannini, D’Elía y Kalhil, mientras que a Fernando Esteche lo dejaron detenido por otras causas. El fallo de ayer de Casación tiene argumentos y planteos sorprendentes. Gemignani y Hornos coinciden en la presunción de que las querellas pueden dudar de la imparcialidad de la jueza, que fue integrante de la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, que es la unidad que investiga el atentado ocurrido en 1994. El Código Procesal Penal establece en el artículo 55 una lista de causas específicas para apartar a un juez, pero ambos jueces de Casación decidieron flexibilizar el criterio. Gemignani sostuvo que no se pueden separar los expedientes sobre el atentado y los que tengan que ver con otras maniobras posteriores. Pero no contempló, por ejemplo, que nunca se declaró la conexidad de los distintos expedientes, porque –además– como es evidente, son hechos bien distintos. Gemignani acusa a Namer de “desconocer que entre el hecho principal y su encubrimiento existe una relación tan íntima” y que actuar en uno “le impide actuar en el otro”. Con ese criterio, no se entiende por qué fue avalado en su momento Bonadio para continuar con la causa “por traición al a patria”, dado que había intervenido durante cinco años en el expediente sobre irregularidades, del que incluso fue apartado por cajonearlo. Tampoco queda claro por qué podría intervenir Hornos en el propio fallo de ayer, dado que fue fiscal en los inicios de la investigación del atentado. A la hora de fundamentar, Hornos dijo que la participación de Namer “no permite brindar garantías suficientes de imparcialidad para las partes” porque ya estuvo implicada en el tema y eso es “incompatible con la posición de neutralidad”. El voto de Gemignani tiene un agregado que causó estupor en tribunales: dijo que el Consejo de la Magistratura debería investigar a López Iñíguez, a Michilini y a la propia Namer porque al rechazar la recusación, según su punto de vista, “evidenciaron desconocimiento del derecho”. Agrega que en el Consejo, Luis Cabral (consejero juez) debería excusarse porque intervino como subrogante en una resolución que sellaba el cierre de la causa que estaba a cargo de Rafecas, porque había desistido el fiscal de Casación, Javier De Luca, quien coincidía en que no había delito. Que el Memorándum no podía ser delictivo, que fue aprobado por el Congreso, que no se aplicó, y que jamás estuvieron en peligro de levantamiento las alertas rojas que pesan sobre los iraníes. Junto con Cabral, firmaron Ana María Figueroa y el propio Hornos. No tenían otra opción que cerrar la causa. Pero Gemignani también le reprocha a Cabral que pese a esta intervención, después no se excusó en el Consejo a la hora de analizar una denuncia contra Rafecas. De casualidad, no denunció también a Borinsky, que ayer firmó en disidencia. Este juez señaló puntos clave: que nadie objetó en un comienzo a Namer sino después de las excarcelaciones; que las excarcelaciones quedaron firmes, y tampoco fueron cuestionadas; una cosas es el expediente sobre el atentado a la AMIA y otra es el del Memorándum, tramitan separados, en tribunales distintos, no hay conexidad declarada y la Corte ya refrendó que son causas distintas. Namer solo intervino en AMIA, nadie pudo demostrar que haya tenido actitudes o pronunciamientos que hagan suponer que no será imparcial sobre el Memorándum. Cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner calificaron el fallo como “un escándalo sin precedentes porque quieren crear un tribunal ad hoc para juzgarla a ella, tribunales a medida como en el ‘55”. Su abogado, Roberto Boico, dijo que por “todos lados la resolución es escandalosa y desintegra un tribunal que fue sorteado sin objeciones”. El abogado de Oscar Parrilli, Aníbal Ibarra, es uno de los que analiza plantear un recurso extraordinario para llegar a la Corte porque “afectan la garantía de juez natural, que es un derecho constitucional”. “El de Casación es un fallo político –señaló Ibarra–, en una causa inventada donde han puesto jueces por la ventana y sacado a otros sin motivo. En el caso de Namer, el verdadero motivo es que firmó las excarcelaciones y no les daba seguridad en su objetivo de que se condene a la ex presidenta, no les parecía confiable por eso”. Alejandro Rúa, que defiende a Héctor Timerman junto con Graciana Peñafort, señaló que “la decisión sobre Namer no es más que la continuación de un proceso que se inició con la asunción del actual gobierno, que procuró apartar a todos aquellos jueces y fiscales que tenían una posición desincriminatoria o que podían tratar este caso su relativa independencia, para reemplazarlos por otros que estuvieran decididos a llevar adelante la persecución penal y la condena sin ningún miramiento. Así va a transitar este caso, hasta que pueda ser desactivada la maniobra”.

922 días después de Cristina

922 d.C. Golpe a Macri: el Papa Francisco cuestionó el desarme de una ley de medios y advirtió que “así empiezan las dictaduras” El Papa Francisco cuestionó la “cancelación” de una ley de medios para entregar “todo el aparato comunicativo a una empresa” y comparó dichas medidas con las que tomaría una dictadura, en un mensaje que golpea directamente al gobierno de Mauricio Macri. En la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco indicó que las dictaduras adulteran las comunicaciones y que “también hoy, en muchos países, se usa este método: destruir la libre comunicación”. “Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación, se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la vida democrática”, indicó el Papa, según Vatican News. “Luego vienen los jueces a juzgar a esta institución debilitada, estas personas destruidas, condenadas, y así va adelante una dictadura”, disparó el Sumo Pontífice. “Las dictaduras, todas, han comenzado así, con adulterar la comunicación, para poner a la comunicación en las manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos”, señaló Francisco. También se refirió a “la seducción” de los escándalos. “También en la vida cotidiana es así”, subraya el Papa Francisco: si se quiere destruir a una persona, “inicio por la comunicación: difamar, calumniar, decir escándalos”. “Y comunicar escándalos es un hecho que tiene una seducción enorme, una gran seducción. Se seduce con los escándalos. Las buenas noticias no son seductoras: si, pero que bien que ha hecho. Y pasa… Pero un escándalo: pero has visto. Has visto esto. Has visto aquel otro. ¿Qué cosa ha hecho? Esta situación… Pero no puede, no se puede ir adelante así”. “Y así la comunicación crece, y esa persona, esa institución, aquel país termina en la ruina. No se juzgan al final a las personas. Se juzgan las ruinas de las personas o de las instituciones, porque no pueden defenderse”, concluyó el Sumo Pontífice.

921 días después de Cristina

921 d.C. ¿Te acordás lo que dijeron el año pasado en la campaña electoral? La campaña del miedo y la mentira para justificar #ElGranAjuste.

920 días después de Cristina

920 d.C. Exclusivo: Cambiemos utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña El Destape comprobó al menos 205 casos de personas que reciben planes sociales o están por debajo de la línea de la pobreza y aparecen financiando la campaña oficialista en Buenos Aires. La alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada. En un extenso trabajo de investigación realizado por El Destape, se pudieron comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país. Al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos, se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, donde, solo hasta el momento, este medio pudo identificar casi 300 mil pesos blanqueados mediante este perverso método. Sin embargo, al realizar los llamados a los distintos involucrados el resultado fue sorpresivo: ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. Es que la mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante: residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, en incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos. El Destape pudo corroborar que los nombres abajo resaltados corresponden a beneficiaros de los planes sociales Ellas Hacen o Argentina Trabaja durante el periodo 2016. Al ser consultados por El Destape, todos coincidieron en que su situación económica empeoró y mucho en los últimos años, por lo que, de contar con recursos económicos, tampoco harían un aporte a la campaña del gobierno, dado que lo consideran en buena parte, responsable de lo que sucede actualmente a nivel social. Uno de los casos es el de Luis Jaime, cuyo documento finaliza en 018, quien al enterarse que figuraba como aportante de $350 a Ocaña y otros $350 a Bullrich invitó al equipo de El Destape a visitar su casa, ubicada en Villa Itatí, en el partido de Quilmes. Allí, Jaime contó que cobra “doscientos pesos por día haciendo changas” y que últimamente “cuesta más llevar el pan a la casa”, por lo que “jamás haría una cosa así como aportar dinero y menos al Gobierno”. “Son unos sinvergüenzas de mierda”, sentenció Jaime al ser consultado por lo que sintió al saber que su nombre y su documento había sido usado por Cambiemos para blanquear aportes negros de la campaña durante el año pasado. Otro de los casos que accedió a brindar testimonio desde su propio hogar, ubicado también en Villa Itatí, es el de Sonia Villán, una joven de 31 años que figura aportando $750 a la campaña de Graciela Ocaña y otros $650 a la de Esteban Bullrich con su DNI terminado en 736, de la alianza oficialista Cambiemos: en diálogo con este medio, Villán sostuvo que “jamás le daría plata” a los aliados del gobierno ya que su situación económica es “insostenible”. Incluso, Villán contó que envía a sus hijos a un comedor social de día ya que sólo puede garantizarles una sola comida diaria. Como si esto no resultara prueba suficiente del grado de vulnerabilidad de las personas que utilizó el Gobierno para hacer la estafa, El Destape se vio sorprendido por un caso que pinta de cuerpo entero la situación social que se vive en los barrios de Buenos Aires: una de las personas que fue contactada ya que figura como aportante de campaña en 2017 negó haber hecho la donación y toda vinculación con Cambiemos y al momento de ser consultada por la posibilidad de grabar su testimonio pidió a cambio pañales, leche y ropa para sus hijos dado que su situación económica se encuentra muy mal. (*)

919 días después de Cristina

919 d.C. Macri culpó a "los que no se abrigan" por el cierre de las fábricas por la falta de energía El presidente le bajó el tono al tarifazo y admitió que habrá fábricas que pierdan días de trabajo por la falta de energía. En un acto de sincericidio, el presidente Mauricio Macri relativizó el tarifazo y volvió a culpar a que los usuarios que “consumen de más y no se abrigan” por si las fábricas pierden días de trabajo por la falta de gas y los cortes de luz. “Sin energía no podemos crecer y no tenemos crecer”, comenzó su discurso durante una entrevista con el periodista oficialista Jorge Lanata. Y arremetió: “Cada vez que vienen estos picos de frío, seguramente se le corte a muchas fábricas, y va haber gente a la que se le va suspender su empleo, va cobrar menos porque no tenemos energía porque hay muchos que en sus casas consumen de más y no se abrigan”.

918 días después de Cristina

918 d.C. FUNCIONARIO DE VIDAL ORDENA INVENTAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS ESCUELAS "Necesito inventar los presupuestos" Se trata de Mateo Nicholson, director del área a cargo de obras en escuelas bonaerenses y ex CEO de Consulterra S.A. Habla de inventar presupuestos. De inflar valores. Y de tener cuidado con poner números redondos para no quedar en evidencia. Habla de inventar presupuestos. De inflar valores. Y de tener cuidado con poner números redondos para no quedar en evidencia. Todo se escucha en un audio que hace una semana Mateo Nicholson, funcionario del Ministerio de Educación de la Provincia de y CEO de Consulterra S.A, le envió a una colaboradora para que definiera rápidamente los montos para obras en cocinas para escuelas bonaerenses. Nicholson es titular de la Dirección de Infraestructura Escolar, el área que se encarga de mantener los edificios educativos, elaborar y coordinar los proyectos de construcción, ampliación o refacción de las escuelas. A su cargo está la supervisión, la planificación y la ejecución de todas las obras, por lo que es un área que maneja altos presupuestos. Pero los mas escandaloso de la charla es que Nicholson admite no solo que van a fraguar los presupuestos, sino que él mismo se encargo de aumentarlos de forma discrecional. “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”. Vale recordar que la DPI es una de las dependencias mas sensibles a la hora de abordar la emergencia edilicia que atraviesan las escuelas de la provincia, que se pone en evidencia ante cada temporal con filtraciones en los techos, paredes electrificadas y hasta caídas de mampostería y cielorrasos dentro de las aulas.

917 días después de Cristina

917 d.C. Alberto Fernández "Veo posible la candidatura de Cristina" El ex jefe de Gabinete admitió que considera que la senadora de Unidad Ciudadana puede sumar la mayor cantidad de votos. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernandez admitió que ve posible la candidatura de Cristina Kirchner. Sobre la expresidenta reveló: “Recuperé el vínculo con una amiga a la que quiero mucho. Y estuvimos distanciados por cuestiones políticas. Hoy en día hablo mucho con ella; hablamos de todo y bien”. “Tenemos una visión muy parecida en cuanto a las críticas del presente y del futuro”, admitió. Consultado sobre si CFK podría presentarse a las elecciones en 2019 explicó: “La veo tan posible como la de todos”. “Cristina es sin dudas la que más votos arrastra. Pero no sé lo que quiere hacer ella”, sinceró. Además, resaltó que “estamos ante mucha inestabilidad económica”. “El Gobierno está a la deriva”, dijo al referirse al incremento sorpresivo del préstamo al FMI de los U$S 30.000 millones anunciados al comienzo a U$S 50.000 milllones. “El Fondo es el prestamista de última instancia, por lo que en vez de intereses tiene imposiciones para cobrar sus créditos”, explicó.

916 días después de Cristina

916 d.C. Cristina cara a cara con Feinmann en la justicia por llamarla “coimera” La expresidenta le inició una demanda civil al periodista ultramacrista por llamarla "coimera" en televisión. La ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner se presentó hoy en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 donde participa de una audiencia con el ultramacrista, Eduardo Feinmann por la demanda civil que le inició al peridista por haberla llamado “coimera”. La senadora entró a las 10 por una puerta lateral de la sede judicial y se dirigió hacia el primer piso, donde está prevista la audiencia que preside el juez en lo civil Juan Manuel Converset, a cargo de la demanda por “daños y perjuicios” contra Feinmann. “Me contaron que temen que dentro del entorno de la coimera, digo coimera a la señora porque está imputada por coimas”, había dicho Feinmann durante el programa “Animales Sueltos” que emite América TV. La senadora y el periodista tuvieron su primera audiencia en agosto de 2016, que fue de conciliación con una mediadora, pero a falta de un acuerdo el caso avanzó a la instancia de demanda en el fuero civil.

915 días después de Cristina

915 d.C. Estuvimos con @freibetto en el @inst_PATRIAar. El lunes pasado visitó a @LulapeloBrasil en la cárcel. Allí le confirmó su candidatura a presidente por el PT en las próximas elecciones del Brasil. Fortaleza y convicción de Lula, fue la síntesis de Frei Betto sobre el encuentro. Cristina

914 días después de Cristina

914 d.C.

913 días después de Cristina

913 d.C. El auxilio del FMI tiene el objetivo inmediato de evitar la caída de la economía macrista Para ganar tiempo El respaldo de Estados Unidos al acuerdo con el FMI expresa el deseo de brindar una chance a la reelección de Macri. El Banco Central quedó desplazado de la administración de la crisis. Shock inflacionario con ajuste recesivo. El tic tac de las Lebac. Por Alfredo Zaiat La desesperación por anunciar el préstamo extraordinario del FMI tiene un motivo simple y dramático: sin parte de esos dólares y, en especial, con la auditoría permanente para garantizar el pago de la deuda, el jaque de Wall Street a la economía macrista hubiera pasado a ser mate. Las cifras son elocuentes: desde este mes hasta fin de 2019, los vencimientos de deuda del sector público nacional en moneda extranjera (capital, intereses y Letes) totalizan unos 42.200 millones de dólares. A esa suma se le agrega la demanda de billetes verdes para cubrir el déficit comercial que, con devaluación y recesión, alcanzaría los 15.000 millones en los próximos 19 meses. Si se mantuviera la misma tendencia del primer cuatrimestre de este año, la cuenta turismo al exterior más el canje de pesos por dólares para ahorro sería de 62.500 millones de dólares hasta el último mes del mandato de Mauricio Macri. En total, la necesidad mínima de dólares suma 118.700 millones. Por ahora, el único ingreso garantizado es de 15.000 millones de dólares en las 48 horas siguientes del 20 de junio, cuando el directorio del FMI aprobará el acuerdo. El crédito del Fondo, otras líneas de financiamiento (BID, CAF y Banco Mundial), la ampliación del swap de monedas con la banca central china y operaciones de repo (préstamos con garantía de títulos públicos) con bancos internacionales no alcanzarán a cubrir el inmenso bache de divisas de los próximos 19 meses. El blindaje financiero sumaría nominalmente unos 70 mil millones de dólares. Es un auxilio imponente pero con desembolsos en cuotas, que sólo servirá para ganar tiempo con el objetivo de dar alguna posibilidad a la reelección de Macri. La esperanza del oficialismo es que capitales especulativos quieran volver a apostar a la bicicleta financiera argentina y que el mercado internacional de crédito se reabra para la emisión de deuda pública y privada. Es una aspiración ambiciosa, con tasas de interés internacional con tendencia alcista y con la ficha brasileña en el tablero especulativo internacional comenzando a tambalear. El paquete financiero ataca la incertidumbre acerca de la solvencia de corto plazo, que se había puesto en la cornisa con el cierre del grifo de dólares de Wall Street y con la persistente caída de las reservas del Banco Central. Los dólares del FMI & cía. vienen a garantizar que no habrá dificultades para cumplir con los pagos de capital e intereses de la deuda. Lo dice con todas las letras y sin inhibiciones el ministro de la Deuda, Luis Caputo, y así lo entendieron aliviados bancos, fondos de inversión y tenedores de bonos. Sin embargo, el salvataje no aborda el nudo central del estallido de esta crisis, que no es otra cosa que el creciente flujo negativo de dólares de la economía. La restricción externa, la escasez relativa de divisas, siempre está latente, pero su irrupción a dos años de la economía macrista fue contundente, puesto que se dieron las condiciones para que fuera así con la liberación total de la cuenta Capital de la Balanza de Pagos y la desregulación absoluta del mercado cambiario. Opciones Un camino para cerrar la inmensa brecha del sector externo podría ser con controles en la plaza cambiaria y el desdoblamiento del tipo de cambio aplicando un elevado impuesto al dólar turista, para desalentar viajes al exterior, y estableciendo un precio más alto para el dólar financiero. Sería una impactante sorpresa que el gobierno de Macri aplicara una política de administración del mercado cambiario para atender la crisis que provocó. No lo hará y aunque quisiera no podría establecer esas regulaciones porque el acuerdo sellado con el FMI se lo imposibilitaría. Esa opción queda descartada. Es poco probable que instrumente una estrategia de administración del comercio exterior para limitar las importaciones, dado que la apertura es una de las pocas estrategias que tiene para disciplinar los precios internos. Además esa iniciativa tampoco sería avalada por el Fondo, ahora que la economía quedó bajo su tutela. Otra alternativa queda tachada del menú. Un sendero muy doloroso en términos de costos sociales para cerrar el déficit externo sería una megadevaluación provocando un combo de fuerte recesión y elevada inflación. Inicialmente, por supervivencia política, el macrismo no se animará a realizar un fortísimo ajuste cambiario porque se enterraría el proyecto conservador que vino con la intención de borrar la experiencia populista. Esa devaluación no sería moderada. Quienes calculan el valor del tipo de cambio para atender el creciente desequilibrio externo lo ubican en niveles que los 30 pesos es un precio bajo. Descartadas esas vías, por ahora ha prevalecido la opción voluntarista, en la que milita la dupla de ministros Luis Caputo-Nicolás Dujovne. Consiste en que el blindaje financiero con fortísima reducción del déficit fiscal permita modificar las expectativas negativas del mercado y, de ese modo, facilitar la refinanciación de los vencimientos de deuda y alentar el regreso de capitales especulativos al mercado local. No será fácil conseguirlo porque el gobierno de Macri dilapidó uno de sus principales activos, sostenido con la colaboración de un inmenso aparato de medios de propaganda público y privado: la generación de expectativas de que la economía mejorará. Ahora, sólo le queda manejar el control de daños. Salvataje En otra prueba de una renovada expresión de la revancha clasista de las elites contra los sectores populares, que agudiza las contradicciones y el enfrentamiento histórico entre dos proyectos de país, fue la elección de una sala del Centro Cultural Kirchner para anunciar el acuerdo con el FMI. Nunca antes el Ministerio de Hacienda y el Banco Central utilizaron esas instalaciones para una conferencia de prensa. El regreso al endeudamiento con el Fondo asociado con el apellido Kirchner fue una provocación innecesaria alimentada por la impunidad. Los dólares del FMI vienen a financiar el déficit fiscal al clausurar la vía de asistencia del Tesoro por parte del Banco Central, a empezar a desarmar la bomba de las Lebac y a acelerar el ajuste del gasto público. En definitiva, vino a rescatar del naufragio a la economía macrista, acelerado por la incompetencia del Banco Central en la última corrida cambiaria. El salvataje al gobierno de Macri tiene un objetivo político notorio, con Estados Unidos como principal impulsor. Esto queda en evidencia por el monto excepcional involucrado en relación a la cuota que le corresponde a la Argentina (1100 por ciento). El primer desembolso del FMI de 15 mil millones de dólares irá directo al Tesoro, eludiendo al Banco Central para evitar que sean dilapidados por la gestión Sturzenegger. Eso ahora será tarea de Caputo. Esos dólares tiene la misión de evitar el derrumbe de la economía macrista y de ofrecer a la Alianza Cambiemos una chance de llegar con algo de aspiraciones a las elecciones presidenciales del año próximo. Antes y ahora, los Estados Unidos controlan el Fondo Monetario, y la caída de Macri sería un golpe duro al ciclo de restauración conservadora en la región que irrumpió con el objetivo de enterrar las experiencias del populismo del siglo XXI. Estas abrieron las puertas de América latina a China y Rusia, que Estados Unidos pretende entrecerrar. El comunicado inmediato del Departamento del Tesoro de Estados Unidos avalando el acuerdo del FMI con Argentina es una muestra del interés de la administración Trump de evitar la caída macrista. El aspecto clave para evaluar qué probabilidad de éxito tiene esa estrategia es considerar que impone un fortísimo ajuste fiscal en el año de las elecciones presidenciales. Dujovne se comprometió a recortar casi 250 mil millones de pesos en 2019 en obras públicas, en menos giros a las provincias (vivienda, salud y educación), en reducción del salario real de los empleados públicos y en disminución de subsidios (más tarifazos) y de gastos corrientes. No es una situación cómoda para salir a conseguir la adhesión mayoritaria de la población a la reelección de Macri, además con aumento del desempleo, caída del ingreso real de trabajadores y jubilados y tasa de inflación en alza. Algunos funcionarios atrapados por el entusiasmo de no haberse caído al abismo creen que, pese a esas variables negativas, pueden repetir la experiencia electoral de la reelección de Carlos Menem. 1995 En ese año, la economía argentina recibió en forma plena el shock externo negativo provocado por la crisis mexicana denominada Efecto Tequila. Hubo una recesión contundente que llevó al PIB a descender 4,4 por ciento, con fuerte aumento de la desocupación y la pobreza. La fuga de depósitos fue fulminante. En el primer trimestre, el sistema financiero sufrió la pérdida de un quinto de las colocaciones, que derivó en caída con posterior absorción de decenas de bancos. Hubo también fuga de capitales y extrema volatilidad de las cotizaciones de activos bursátiles. Con convertibilidad y recesión, la tasa de inflación anual fue de apenas 1,6 por ciento. La estabilidad cambiaria y de precios, el voto cuota (los hogares habían aumentando sustancialmente su endeudamiento por la compra de bienes de consumo) y el arrastre de cuatro años de importante crecimiento de la economía, dejando atrás los años traumáticos de las hiperinflaciones de 1989 y 1990, fueron las razones que permitieron la reelección de Carlos Menem pese a la crisis económica con deterioro social (el desempleo había saltado al 18,4 por ciento en mayo). La diferencia principal entre ese cuadro político-económico y el actual es que ahora no hay estabilidad cambiaria y la tasa de inflación de este año se proyecta por arriba del 30 por ciento. Una segunda vuelta de devaluación la colocaría en el escalón del 40 por ciento, evolución de precios que sólo podría ser contenida con una recesión intensa. Este probable recorrido alcista de los precios ha estimulado otra frase antológica de un funcionario de equipo económico, que se suma a una larga lista en décadas de crisis: “No tenemos metas para este año”, afirmó el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien ha estado defendiendo las irreales metas de inflación en estos años de la economía macrista. Para el 2019, el mejor escenario previsto por Sturzenegger es una tasa de inflación en junio, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, del 21 por ciento interanual. Bomba Lebac El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central comprometida con el FMI es una señal al mercado financiero para tratar de recuperar credibilidad a una gestión que acumula fracasos. Con la actual relación de fuerzas políticas en el Congreso será una misión ambiciosa conseguir su aprobación. Tal es la degradación a la que fue sometido Sturzenegger, que una de las tareas básicas de toda banca central, la que se refiere al manejo del mercado cambiario, fue transferida al Banco Nación, desde donde el ministro Luis Caputo comandará el manejo de la sensible plaza del dólar. Es una decisión insólita que habla de la desconfianza que existe acerca de las cualidades técnicas y operativas del equipo de Sturzenegger. Los dólares del Fondo quedarán bajo custodia del Tesoro, esquivando a la mesa de dinero del Banco Central, que demostró su incapacidad en la última corrida. Tuvo un comportamiento asombroso: liquidó casi 8000 millones de dólares en un par de semanas y después convalidó una devaluación que elevó la paridad de 20 a 25 pesos. Fue un saldo desastroso en la administración de recursos públicos, además de generar inestabilidad económica con tasas disparadas al 40 por ciento anual, para culminar abrazados en forma desesperada al FMI. El otro golpe a la autoestima de Sturzenegger es la estrategia consensuada con el Fondo para desarmar la bomba de tiempo de las Lebac. Hasta hace muy poco, el titular del Banco Central afirmaba que el stock de ese endeudamiento a cortísimo plazo no era un problema porque era la contrapartida de la acumulación de reservas. Como se sabe que es una definición financiera sin sentido, expresión de soberbia o ignorancia, el acuerdo incluyó un mecanismo para frenar esa bola de nieve que sigue amenazando con arrasar todo. Mientras, Sturzenegger se sigue riendo en las conferencias de prensa y sigue hablando del kirchnerismo. El Tesoro rescatará parte de los 60 mil millones de dólares de Letras intransferibles entregadas al Banco Central por los dólares recibidos para pagar deuda en los gobiernos kirchneristas. El plan alcanza a 25 mil millones de ese total. El Tesoro entregará pesos obtenidos en colocaciones de títulos de deuda, fondos que la entidad monetaria utilizará para cancelar Lebac en un plazo de hasta tres años. También venderá dólares del FMI en el mercado local y los pesos obtenidos serán girados al Central para retirar Lebac de circulación. Para comenzar con este plan se espera una baja de la tasa de interés. El plan incluye que más temprano que tarde las Lebac dejen de ser un instrumento financiero de ahorro para clientes de bancos, para quedar reservado sólo para entidades financieras. Si bien el stock de Lebac descendería en dos o tres años, más de la mitad seguirá presionando en el pasivo del Banco Central generando déficit cuasifiscal. No parece que esa estrategia de canje de deuda sea suficiente para desactivar la bomba Lebac. Herencia El Observatorio de la Deuda Externa de la UMET estimó vencimientos de deuda del Tesoro Nacional en moneda extranjera por 16.842 millones de dólares en 2018. Si se incluyen los vencimientos de Letes (15.068 millones), la suma total asciende a 31.910 millones. Con los pagos realizados a mayo, el saldo de este año alcanza a 20.200 millones. Para el 2019, esos compromisos totalizan unos 22.000 millones de dólares. Como se mencionó al comienzo, esta cuenta suma 42.200 millones de dólares en lo que resta del gobierno de Macri. El Fondo sólo entregará en forma inmediata 15 mil millones de dólares y, según señaló Dujovne, el resto quedará en estado “precautorio”, sin ánimo de ser prestado por el FMI en las actuales condiciones, y sólo lo haría luego de verificar el cumplimiento del ajuste en los próximos meses. Para poder cubrir el faltante de dólares resulta indispensable la apertura del mercado de capitales internacional para las colocaciones de bonos públicos, como también de deuda corporativa. Telecom del Grupo Clarín está primero en la lista de espera, luego de varias postergaciones, con un bono por 1000 millones de dólares. Sin consulta ni debate previo con fuerzas políticas de la oposición, el gobierno de Macri suscribió un acuerdo con el FMI que se proyecta hasta la mitad del próximo gobierno. El salvavidas financiero para asegurar los pagos de la deuda es entonces una celda para otra gestión que pretenda realizar un programa diferente. Si quiere modificar la política económica se enfrentará con el dilema de cancelar toda ese pasivo, cosa que le será imposible, o continuar con la auditoría trimestral del Fondo. De ese modo, el préstamo del FMI actúa como garantía de que no se modificará el actual esquema económico. Será una pesada herencia que dejará la economía macrista.

912 días después de Cristina

912 d.C. Las actas secretas que muestran cómo Macri manipula la plata de los jubilados Más de un billón de pesos. Esa es la caja que maneja el FGS de ANSES. Desde la asunción de Macri, fue sistemáticamente ocultada. Más de un billón de pesos. Esa es la caja que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Desde la asunción de Mauricio Macri, el destino de lo que mediáticamente se conoce como “la plata de los jubilados” fue sistemáticamente ocultado. Por un lado, por la demora en publicar las actas donde constan las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo del FGS. Pero, lo más importante, por la negativa de hacer públicos los anexos de esas actas donde constan los detalles de cada peso invertido. El Destape accedió en exclusiva a esas planillas, las analizó y hoy revela algunas de las maniobras para manipular el dinero de ANSES. En particular, se trata la colocación de millones de pesos en Fondos Comunes de Inversión (FCI), donde se dan tres tipos de maniobras: una, la inversión en Fondos que compran Lebacs, algo que ANSES podría hacer en forma directa y se ahorraría la comisión; dos, la inversión en fondos donde ANSES representa casi todo el capital, por lo que se trata de un instrumento a medida para usar dinero de los jubilados por fuera de los controles; tres, la colocación de dinero de ANSES en fondos que luego invierten en empresas de los amigos de Macri, como su hermano de la vida Nicolás Caputo y el predilecto presidencial Marcelo Mindlin. Todas esta maniobras son, de mínima, ineficientes en el uso de fondos de ANSES, y que pagan comisiones por algo que se podría hacer de forma directa; de máxima, son operaciones para favorecer a amigos con plata de las jubilaciones y pensiones. No son jugadas que se noten a simple vista o burdas como los bolsos con efectivo de José López, sino triquiñuelas más sofisticadas que implican un goteo sistemático de millones de pesos con el mismo objetivo: el desmanejo planificado de fondos públicos. Cada reunión del Comité Ejectivo del FGS se registra en un acta donde constan algunas de las decisiones que se toman y se hace mención a anexos donde está el detalle de las operaciones y las inversiones que realizan con “la plata de los jubilados”. Estas actas y anexos deberían ser públicos, pero en la gestión Cambiemos de los fondos de ANSES reina el oscurantismo. Las actas se publican en su página oficial con varios meses de retraso. Actualmente, ya con la mitad del año consumido, la última disponible data de enero. ¿Significa que los miles de millones del FGS no se movieron desde entonces? No. Significa que no informan sobre esos movimientos. En el caso de los anexos la cuestión es más grave. La gestión Macri no los publica nunca. El Destape accedió a esos anexos, cuyas planillas son una radiografía de donde va a parar “la plata de los jubilados” según esté invertida en plazos fijos, bonos, acciones de empresas, emprendimientos productivos y fondos comunes de inversión. Son planillas anexas a las actas que van de la 129 a la 154 del FGS, las únicas disponibles de la era Macri. La pista del dinero: Caputo-Axis-Macri Desde que Macri tomó el control de ANSES comenzó a utilizar sus fondos para comprar Lebacs, las letras del Banco Central comandado por Federico Sturzenegger. O sea, el dinero de un fondo anticíclico pensado y diseñado para la inversión productiva se desvió hacia la especulación financiera y a tapar el agujero fiscal de la política económica PRO. En los anexos que hoy revela El Destape los computan como inversión en “Títulos emitidos por entes autárquicos del Estado nacional y provincial”. En criollo, la ANSES compra Lebacs. Muchas, de forma directa y, como revela ahora El Destape, indirecta. Como buen exponente PRO, el ministro de deuda Luis Caputo aprovechó esto para un negocio personal. En lugar de que ANSES comprara Lebacs en forma directa, Caputo hizo que el FGS invirtiera en el fondo Axis, fundado por él y donde, según su última declaración jurada, conserva varios millones invertidos. Las inversiones de ANSES en Axis aparecen por primera vez en el acta 133, de julio de 2016. Puso, de un saque, 292 millones de pesos en el fondo Axis Ahorro Plus. Al mes siguiente, según el acta 134, rescató 236 millones pero puso 427 millones más. Le quedaron un total de 498 millones en el fondo Axis Ahorro Plus. Según informó Axis a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 99,9% de ese fondo luego se invertía en Lebacs. Ergo, ANSES le daba dinero al fondo creado por Caputo para que haga algo que podía hacer en forma directa y gastaba para esto una comisión millonaria. Este caso fue denunciado por el fiscal Gabriel De Vedia, que estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (UFISES). El Gobierno quiso primero eliminar la UFISES y luego, hace unos días, ordenó el desplazamiento del fiscal De Vedia. Tras el escándalo por la publicación de esta información ANSES rescató sus fondos en Axis. Al hacerlo, dejó una pista que no estaba incluida en la denuncia del fiscal De Vedia. Al mismo tiempo retiró el dinero de Gainvest, otro fondo que invertía en Lebacs y donde tenían intereses Caputo y el propio Macri. Según sus declaraciones juradas, Caputo tiene casi 7 millones de pesos en Gainvest. El presidente, por su parte, declara créditos con Gainvest por 636.272 pesos. La ANSES, según los anexos que revela El Destape, puso más de 158 millones de pesos en fondos de Gainvest que se invertían casi en su totalidad en Lebacs. Lebacs y más Lebacs Los casos Axis-Caputo y Gainvest-Caputo-Macri no son los únicos. En los anexos a los que accedió en exclusiva El Destape constan inversiones de ANSES en varios fondos que hacían lo mismo. En la jerga financiera hay dos hipótesis para esta maniobra. O destinar fondos de ANSES para Lebacs sin que se note o “fondear a un amigo”. O un mix de ambas. En cualquier caso, siempre quedan comisiones por el paso por los Fondos Comunes de Inversión por algo que la ANSES puede hacer sin intermediario. Un momento clave es mediados de 2016, cuando el Gobierno multiplicó el uso de dinero de ANSES a FCI, tal como consta en los anexos que hoy revela El Destape. El FGS pasó de destinar 12.709 millones de peso a FCI a un pico de 25.101 millones en julio de 2016. En mayo de 2016, el Gobierno de Macri puso 746 millones de pesos en el fondo FIMA Mix I, tal como consta en el anexo del acta 134 del FGS. Los fondos FIMA, que auspician a varios medios y periodistas oficialistas, son del Banco Galicia, históricamente vinculado a los negocios de la familia Macri (fueron socios, por caso, en el Correo) y donde trabajó 10 años el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Los 746 millones que puso Anses en FIMA Mix I representaban el 86% de ese fondo. Este es un elemento que se repite y hace peligrosa la inversión del dinero público, ya que si el Estado es casi el único inversor no puede retirarse de ese fondo cuando quiera (una de las supuestas ventajas que tienen los FCI) y eso afecta la liquidez (la disponibilidad de los fondos) del dinero de los jubilados. Sumado a esto, el fondo FIMA Mix I estaba en un 99,8% invertido en Lebacs. Según su propio informe a la CNV, en mayo-junio de 2016 el fondo FIMA Mix I tenía Lebacs que, en su mayoría, vencían del 6 de julio al 3 de agosto de ese año. Ergo, una inversión a corto plazo para la cual Anses no necesitaba pasar por FIMA y dejar en el camino una jugosa comisión. Un caso análogo, y también de mayo de 2016, es la inversión de 518 millones de pesos en el fondo Lombard Abierto Plus, que maneja el Banco Patagonia. La parte de ANSES era más de la mitad del fondo. Y, como en FIMA, el 99,3% del fondo Lombard Abierto Plus estaba invertido en Lebacs. En marzo de 2017 la operación se repite, esta vez a través del fondo Alpha Ahorro del banco ICBC. Según consta en el anexo del acta 144, el FGS colocó allí 3.106 millones de pesos, que representaban el 35% del total del fondo. Ese fondo, luego, invirtió más de 7.000 millones de pesos en Lebacs. Todo de ANSES “No hay muchos líderes en el mundo que encaren un cambio como el que está llevando adelante Mauricio Macri. La imagen del Presidente afuera es altísima”. El elogio proviene de Eduardo Tapia, accionista principal del fondo de inversiones Delta. Lo dijo en febrero de 2018. Tapia era la pata local de Raymond James, un peso pesado de los fondos de inversión a nivel mundial. A finales de 2016, Raymond James se retiró de Argentina y Tapia se quedó con sus operaciones. En ese momento, ANSES comenzó a invertir en el fondo RJ Delta Select. Comenzó con 15 millones en noviembre de 2016, pero para mayo de 2017 superaba los 800 millones. No frenó ahí. El FGS siguió inyectando dinero en el fondo RJ Delta Select hasta alcanzar, en diciembre de 2017, 1.113 millones de pesos. En el rubro Fondos Comunes de Inversión ocupa el tercer puesto entre las mayores inversiones. Según los datos que brinda el fondo Delta, su patrimonio es de 1.309 milllones de pesos. Si la ANSES aporta 1.113 millones, significa que representa el 85% del fondo. Los elogios de Tapia a Macri no son, entonces, casuales. Lo extraño es que la ANSES haga esta inversión, ya que al representar el 85% del fondo pierde una vez más la posibilidad de liquidez, es decir, de retirarse rápido en caso de que quiera tener disponibles los fondos. Si es el 85% de RJ Delta Select, el fondo dejaría de tener sentido si ANSES se retira. A los amigos La colocación de dinero de ANSES en Fondos Comunes de Inversión le permite a Macri que “la plata de los jubilados” termine invertida en las empresas de sus amigos. Este tipo de operaciones se repiten con muchas empresas, pero hay nombres que se repiten y son aquellos vinculados al presidente Macri: su hermano de la vida Nicolás Caputo y uno de sus empresarios predilectos, Marcelo Mindlin. En el acta 154, que es de enero pero es la última que publica el Gobierno, constan varios ejemplos de esta maniobra. Uno es el del fondo Alpha Renta Mega, que maneja el banco ICBC. Según la última información del FGS, tiene 34 millones de pesos en ese fondo. Ese fondo invierte en empresas en las que, en su mayoría, la ANSES tiene acciones y, por lo tanto, puede invertir en forna directa. El fondo Alpha Renta tiene con principales inversiones las empresas de Mindlin y Caputo. En su cartera, el primer puesto lo ocupa Pampa Energía con casi el 9%, a lo que hay que sumar inversiones en otras empresas que controla Mindlin como Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Petrolera Pampa. El segundo lugar lo tiene Central Puerto, que maneja Caputo, pero el fondo Alpha también invierte en Mirgor y Caputo SA, que están bajo el control del mejor amigo de Macri. Otro caso es el fondo Galileo Acciones. En marzo de 2017, según el anexo del acta 144, la ANSES invirtió allí 166 millones de pesos. Luego, en la cartera de ese fondo, figuran inversiones en Central Puerto, de Nicky Caputo, y en Pampa Energía y Edenor, que controla Mindlin. También hay inversiones en el Grupo Clarin. En todos los casos, claro, el fondo de inversión se queda además una comisión por algo que el FGS podría hacer directamente. Eso sí, quedaría más expuesto.

911 días después de Cristina

911 d.C. Mario Quintana quedó imputado y lo investigan por conflicto de intereses por Farmacity El ministro es acusado de "falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas". El fiscal federal Ramiro González hizo lugar a la denuncia realiza por el abogado Daniel Igolnikov contra el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana por haber participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener "poder de decisión en la empresa Farmacity". El funcionario nacional quedó imputado bajo la sospecha de haber cometido "falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas" y según le aclararon a Clarín fuentes judicial que la investigación recién inicia y "hay que avanzar con una serie de medidas para determinar qué ocurrió". Farmacity es una empresa fundada por Quintana y "habría sido favorecida como proveedor de PAMI, por lo que se consideró afectada la ética pública", señala la denuncia inicial. Entre otros hechos que son parte ahora de la investigación que abrió el fiscal Ramiro González, se planteó una "presunta adulteración de documentación" en que habría incurrido el ministro con el fin de "habilitar las farmacias de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires". También se indicó que hubo "supuestas influencias en la Corte Suprema de Justicia para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica". Además, el fiscal hizo lugar a otra denuncia sobre que “la provisión de un remedio es inapropiado dado que el proveedor de medicamento es una sociedad comercial en este caso, haciendo expresa mención sobre los supuestos manejos que Quintana haría al respecto". Por eso el perjuicio se generaría "no solo a los laboratorios medicinales, sino a los boticarios y a los consumidores de remedios, cuyo mayor comprador es el PAMI, o sea millones de jubilados y pensionados”. Por estas acciones, en la denuncia se planteó que existiría una "violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y en cambio Farmacity sí podría vender productos como si fuera uno". En este contexto, el fiscal federal solicitó una batería de medidas de prueba para determinar a qué delitos responden las acciones de Quintana, ya que entre otras cosas se acusó al funcionario de tener participación en las empresas Partner SA, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y Pegasus SA, que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada.

910 díasdespués de Cristina

910 d.C. Vidal Descontrolada: Sin Tribunal, la provincia ya no le rinde cuentas a nadie Luego del fallecimiento de una vocal, la renuncia de un miembro y ahora la jubilación de otro, el órgano de contralor para los gastos de la Gobernadora Vidal y de los 135 municipios ya no cuenta con la cantidad mínima de votos para emitir un fallo. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, cuyo presupuesto anual asciende a 750 millones de pesos, acaba de fenecer, junto con el control de las cuentas de la provincia. En 2018, Vidal le aseguró al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, un presupuesto de 749.962.000. Una simple recorrida por los items que lo integran permite observar que el 97,3% del presupuesto se utiliza para costear el sueldo de los 558 trabajadores. Si bien dentro del detalle de cargos encontramos 9 empleados de maestranza, 46 administrativos, 4 técnicos, 82 profesionales, 69 jerárquicos, 333 Autoridades Superiores y 15 jerarquizados superiores, es notable que se detallan 0 (cero) secretarios y asesores. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires es el órgano avocado al control de los gastos a la gobernadora Vidal, los 135 municipios, los entes autárquicos y la administración central de la Provincia. De los 5 miembros que prevé la ley, hoy cuenta solo con dos, lo que significa que ya no puede dictar fallos ni sancionar las irregularidades administrativas por falta de quórum. Luego de asumir la gobernadora Vidal, falleció la vocal Cecilia Fernández, quien se encargaba de controlar los libros de la gobernación. Un tiempo después, dejó su cargo el vocal Héctor Giecco, también dedicado al control de las cuentas de la provincia. La semana pasada, se jubiló el vocal Gustavo Fernández, quien estaba a cargo de la revisión de cuentas municipales. De esta manera, el presidente Eduardo Grinberg quedó acompañado solamente por el vocal Miguel Teilletchea, cuya tarea de control recae sobre las reparticiones autárquicas. Si el Tribunal funcionara correctamente, podría estar revisando casos como los publicado desde El Disenso respecto a a gastos de la gobernación, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Banco Provincia, el Municipio regenteado por Jorge Macri, entre tantos otros. Juán Curutchet, Lujos y excentricidades con la plata del BaPro Milu, la debilidad de Curutchet: Premios, 2 cargos en el Bapro, 500% de aumento y un crédito de 2 millones La provincia le pagó 2 millones a María Noel por talleres de adaptación al cambio Vidal le pagó más de 5 millones de la provincia a una empresa a nombre del socio de Durán Barba Vidal le pagó casi 4 millones a la productora de Fantino y Pamela Jorge Macri gastó 2 millones en una huevada Jorge Macri y Cunumí: la nueva cara de la vieja patria contratista Vidal y un sobreprecios de 1520% en latas de pintura para una escuela ya pintada Los cargos en el Tribunal de Cuentas son vitalicios y solo precisan del aval del Senado, donde Cambiemos posee mayoría. Desde el Tribunal, explicaron que antes del alejamiento de Fernández se fallaron todos los expedientes correspondientes al año 2016, lo que indica que lo inmediato no es necesario el nombramiento de suplentes, algo que le conviene a Vidal y a sus funcionarios, que así se aseguran que nadie aplicará multas y cargos por irregularidades administrativas. Vale aclarar que las sanciones aplicadas por el Tribunal deben ser respondidas por los funcionarios con su patrimonio personal.

909 días después de Cristina

909 d.C. Fracasó el intento del macrismo para avanzar con el desafuero de CFK en el Senado Una revancha con los días contados La mayoría de los presidentes de bloque interpretaron que el plazo para tratar el pedido judicial debe computarse en días hábiles y no corridos. El kirchnerismo denunció una maniobra para desviar la atención de la economía y silenciar a la ex presidenta. Por Sebastian Abrevaya La jugada macrista para poner en agenda el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota por el tarifazo no pasó de una operación política. Ayer los presidentes de bloque, reunidos en Labor Parlamentaria, acordaron mayoritariamente que deben computarse los días hábiles (y no corridos) para establecer el vencimiento del pedido realizado por la justicia. Al concluir la reunión, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que la caducidad podría ocurrir en los primeros días de septiembre aunque más tarde indicaron en un comunicado oficial que sería recién a fines de noviembre. Por su parte, desde el FpV-PJ el neuquino Marcelo Fuentes calificó como “una estupidez, una barbaridad y una vergüenza” la voluntad de avanzar con el desafuero ya que prácticamente todos involucrados en la causa del Memorándum con Irán ya fueron excarcelados. “Fue como una reacción de chicos. Perdieron la votación del otro día y se enojaron. Ahora pretenden generar un clima. Cuando la gente está preocupada por las tarifas, por cómo llega a fin de mes y cómo sigue la vida de los argentinos, nosotros estamos discutiendo si los días son hábiles o inhábiles”, protestó Fuentes, jefe de la bancada que integra la ex presidenta. El viernes pasado, pocas horas después del veto de Mauricio Macri a la ley que retrotraía el tarifazo en los servicios públicos, la Cámara Federal afirmó que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado producto de su denuncia por traición a la patria contra la ex presidenta y varios funcionarios. Casi de inmediato, el bloque de senadores de Cambiemos presentó una nota solicitando una sesión especial para ayer a las 18, ante la posibilidad de que venciera el 7 de junio el pedido de desafuero realizado el 7 de diciembre por el juez Claudio Bonadío, a cargo de investigar aquella denuncia realizada por Nisman. En esa misma nota dirigida a Gabriela Michetti, el oficialismo consideró que los plazos debían ser contados en días hábiles pero pedían que, ante la posibilidad de una interpretación distinta, se convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para aclararlo. Por las dudas, también pedían una sesión especial para ese mismo día. “Convocar a Labor para definir esto es, como mínimo, una estudipidez al lado de los problemas que hay en el país”, remarcó Fuentes al salir de la reunión. “Es una especie de distracción. No tenía el menor sentido la reunión. El tema era poner en la tapa de los diarios ‘se posterga el tratamiento del desafuero’. En realidad no va a haber tratamiento porque es abstracto. No sólo se cambió la naturaleza de la imputación, se cambió la autoridad que la juzga y, fundamentalmente, en el delito residual imputado ya hubo excarcelación de los imputados anteriores, señal de que no tiene el menor sentido todo esto”, aseguró el neuquino. Fuentes reflejó así los cambios que sufrió la causa judicial en los últimos meses: la Cámara Federal revocó la imputación original por traición a la patria y dejó solamente el delito de encubrimiento. Con motivo de ese cambio de calificación ya fueron excarcelados otros acusados como Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la presidencia, y el dirigente social Luis D’Elía, entre otros. También cambió el tribunal que debía juzgar el caso, ya que la Corte Suprema invalidó por irregularidades en su conformación al Tribunal Federal Oral número 9 y reclamó un nuevo sorteo. Consciente de su debilidad de argumentos, el oficialismo intentó bajar el tono en la reunión de presidentes de bloque. Se escudó en que no se trataba de una cuestión política sino “institucional” y que debía dar garantías a la sociedad de que se cumpliría con la ley. Según fuentes que participaron de la reunión, las principales respuestas vinieron de los tres sectores del peronismo. Adolfo Rodríguez Saá recordó que ninguno de los pedidos de desafuero que ingresaron en el Senado en los últimos años fueron tratados y que no hubo debate alguno respecto de los plazos: Carlos Menem (con condena ratificada por segunda instancia por contrabando de armas a Ecuador y Croacia), Juan Carlos Romero (acusado de enriquecimiento ilícito, cercano al oficialismo) y la ex senadora Luz Sapag (cuyo mandato concluyó en 2007), entre otros casos. El jefe del interbloque de Argentina Federal, Miguel Pichetto, coincidió en que el planteo deviene en abstracto por los cambios en la causa judicial. El rionegrino, además, ya había afirmado públicamente que no acompañará ningún pedido de desafuero que no esté fundado en una sentencia firme. Esa postura fue ratificada por sus voceros el mismo viernes en que Cambiemos presentó la nota, dando otra vez por tierra con la posibilidad de que prosperara la jugada oficialista. A su turno, el kirchnerismo insistió en que era una maniobra para desviar la atención y detalló los argumentos judiciales por los que el desafuero ya no tiene razón de ser. Sin embargo, respecto de la interpretación de los plazos dejó asentada una posición distinta: que deben computarse en días corridos, es decir a contramano de lo propuesto por Cambiemos y los otros bloques. Los representantes del FpV-PJ señalaron que cuando (como en este caso) la ley no especifica si los días son hábiles o corridos, debe guiarse por la legislación de fondo, que es el Código Civil. En su artículo 6, el código prevé que, salvo mención expresa en contrario, se computan días corridos. Además, el kirchnerismo recordó que cuando se aprobó la modificación de la ley de fueros, en 2001, había cinco proyectos. Cuatro contemplaban expresamente la caducidad computando días hábiles, mientras que sólo uno no lo especificaba. Es decir que los legisladores eligieron expresamente no poner esa aclaración. Una vez saldada la cuestión de cómo contar los 180 días previstos en el artículo 2 de la ley de fueros, al finalizar el encuentro se produjo otra confusión. Naidenoff afirmó que el plazo vencería “los primeros días de septiembre”, ya que empezaba a contar desde el día en que Bonadío envió el pedido al Congreso. Sin embargo, en un comunicado oficial, el interbloque Cambiemos corrigió esa postura: sostuvo que los 180 días hábiles rigen desde el momento en que el pedido ingresó formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales, el 21 de marzo pasado. Según estos cálculos, el vencimiento rondaría los últimos días de noviembre. Más allá de la cuestión reglamentaria, la situación de CFK continuará sin resolverse por una cuestión política. El oficialismo está muy lejos de conseguir el número necesario para quitarle la inmunidad legislativa. Tiene tan solo 25 senadores y requiere el apoyo de 48.

908 días después de Cristina

908 d.C. Cambiemos quiere tratar hoy la expulsión de CFK del Senado Apurados por el desafuero Al mediodía se hace una reunión de Labor Parlamentaria para ver si logran que se cuenten las fechas como quieren. Si funciona, a las seis de la tarde podrían tratar el tema en el recinto, aunque las cuentas no les cierren. Por Miguel Jorquera La embestida no cesa. Cambiemos vuelve a la carga hoy en el Senado por el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. La alianza oficialista convocó para el mediodía a una reunión de labor parlamentaria -con los jefes de todos lo bloques políticos- para “analizar” si ya se cumplió el plazo de 180 días para tratar el desafuero de la ex presidenta solicitado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa del memorandum con Irán. Por si logra una opinión favorable a la interpretación jurídica de que los días a contabilizarse deben ser corridos y no hábiles, el oficialismo también pidió una sesión especial para las 18 horas en la que trataría el desafuero, cuya aprobación necesita contar con dos tercios de los votos de los senadores presentes. Desde el kirchnerismo calificaron la convocatoria como “una venganza para intentar silenciar a Cristina en el Senado” y “tapar la crisis económica que generó el Gobierno”. La bancada del peronismo federal que conduce Miguel Pichetto, también ratificó que no acompañará ningún desafuero “si no existe una condena firme”. Entusiasmados por la resolución de la Cámara Federal en la que afirma que el fallecido ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue “asesinado” y lo vincula con al denuncia que realizó contra la ex presidenta, Cambiemos retomó la embestida en el Senado. Lo hacen sin la certeza de poder volcar a su favor la interpretación jurídica de que el conteo de los 180 días para tratar el tema que establece la ley de fueros deben ser corridos y no hábiles, y mucho menos aun de contar con los dos tercios necesarios para aprobarlo, la embestida de Cambiemos contra CFK busca un rédito político. El Gobierno quiere mostrar que recuperó la iniciativa en el Congreso tras la derrota parlamentaria por los tarifazos y tener que cargar con la mochila del costo político por el veto presidencial. Por eso la convocatoria oficialista fue en dos planos. Primero para dirimir en una reunión de Labor Parlamentaria, con los jefes de todas las bancadas, los plazos del pedido elevado por Bonadio a la Cámara alta el 7 de diciembre de 2017 y que tomó estado parlamentario el 16 en la última sesión de ese año del Senado. Luego la convocatoria a la sesión especial para el mismo día, para la que deberá contar con el quórum necesario, donde la actitud que asuma el bloque Argentina Federal de Pichetto es decisivo. A pesar que ratificó que no apoyará el desafuero -como lo hizo en otras oportunidades- “sin que exista una condena firme” de la Justicia. En tanto, el kirchnerismo analizaba anoche la posibilidad de no concurrir a la reunión de labor parlamentaria. No quieren convalidar lo que consideran “un hecho político y no jurídico”. “Está claro que se trata de una venganza política con la intención de silenciar a Cristina en el Senado” y “tapar la crisis económica que generó el Gobierno”, sostuvieron desde la bancada de senadores del FpV-PJ a PáginaI12. Al mismo tiempo que sostienen que la decisión judicial de liberar a los detenidos en la causa por el memorando de entendimiento con Irán –como Carlos Zannini y Luis D’Elía, entre otros– “derivó en abstracto” el pedido de desafuero de CFK. La disputa y sus repercusiones será el principal atractivo que Cambiemos quiere imponer hoy en el Senado.

907 días después de Cristina

907 d.C. Por qué la Cámara Federal sostuvo el absurdo fallo de que a Nisman lo asesinaron Qué falta de respeto, qué atropello a la razón Era el paso que faltaba para ir por los funcionarios del gobierno kirchnerista: no hay ni idea de quién podría ser el autor material del supuesto “asesinato”, entonces se persigue a los autores “intelectuales”. Por Raúl Kollmann La Cámara Federal sostuvo el viernes que a Alberto Nisman lo asesinaron y que el motivo fue la denuncia del fiscal contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por haber firmado el Memorándum con Irán. La conclusión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no surge de ninguna prueba concreta sino de dos deducciones, ambas insólitas. Como no se sabe quién cometió el supuesto homicidio y nadie vió entrar ni salir a nadie, los magistrados concluyen que fue una operación muy compleja. Para sostener eso hay que creer que fue obra de un sofisticado complot que “necesariamente” tuvo que tener como protagonista al gobierno anterior. La segunda deducción es que como además Nisman denunció a CFK, Héctor Timerman y otros el 14 de enero, el crimen del 18 de enero no pudo tener otra motivación que esa denuncia. Lo mataron para silenciarlo. A partir de esas elucubraciones y sin evidencias, la Cámara Federal le ordenó ahora al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini que avancen en la investigación, poniendo el acento en los ex funcionarios kirchneristas. Conviene La realidad es que será imposible avanzar en el hecho mismo, ya que las pericias más serias indican que Nisman se disparó a sí mismo. La hipótesis contraria, la que le sirve al aparato político, sólo fue sostenida por la Gendarmería, bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Todo indica que en la causa no se va a buscar a los supuestos autores materiales del crimen porque no existen y apuntarán entonces a buscar los autores intelectuales. Estos últimos ya están decididos de antemano: funcionarios kirchneristas. La no-búsqueda de los asesinos tiene como objetivo dejar el cuadro deseado: dejar instalada la sospecha sobre la actuación de un comando iraní-venezolano-kirchnerista (de acuerdo a la versión lanzada en su momento por Elisa Carrió). Todo a partir de deducciones y sin ninguna prueba. La conclusión es la siguiente: en el aparato judicial-político-mediático de Comodoro Py no buscan autores materiales. La actual es la situación que les conviene. Chances Cualquiera se preguntaría cómo se hace en una causa judicial para avanzar sobre un autor intelectual si no hay indicios del autor material. La respuesta es que manejarán las cosas como hasta ahora, a partir de un fiscal, un juez, camaristas y hasta la Casación, alineados con la Casa Rosada. Es asombroso lo ocurrido. Establecieron que hubo un homicidio sin tener los mínimos elementos: No saben quién fué. No tienen ni siquiera un testimonio de alguien que haya visto a una persona sospechosa o que haya aportado un mínimo testimonio relacionado con la muerte en sí misma. No hay ni siquiera un dato de cómo los supuestos homicidas -tres según cree la Gendarmería- entraron al edificio Le Parc y luego al departamento. La fuerza verde tampoco aporta ningún elemento en esa materia. Contra lo que se dice, la mayor parte de las cámaras funcionaban, pero además nadie vio el ingreso de alguien extraño. No hay rastros de ninguna resistencia de Nisman. Le pegaron un tiro en la sien y él no reaccionó. Disimuladamente el juez Ercolini desechó la insólita hipótesis de que le dieron ketamina, pero tanto el magistrado como los camaristas vuelven a hablar de una paliza, algo desmentido por el Cuerpo Médico Forense. En todo caso fue una paliza muy prolija: no quedó desorden ni en el departamento ni en el baño, no se cayó una gota de sangre. El departamento terminó cerrado por dentro, tanto en la puerta principal como en la de servicio. La única explicación posible es que los asesinos tuvieron llave, pero sobre eso no hay ninguna prueba. No existe ni una sola huella digital extraña en el departamento, no hay un pelo y tampoco los supuestos criminales dejaron caer una sola gota de sangre fuera del baño, pese a las salpicaduras del disparo. El baño se encontró prácticamente cerrado porque la cabeza de Nisman obstruyó la puerta. Esto está testificado por la madre del fiscal. También Sara Garfunkel, que fue la primera que llegó, dijo que nadie entró al baño. El fiscal, el juez y los camaristas dan a entender que se arregló la escena pero no aportan ninguna evidencia. Es más, hay un dictamen firmado por peritos de la familia Nisman que dice que la escena no fue alterada. Contra lo que trataron de instalar, la pericia sobre las manos de Nisman de ninguna manera establece que no disparó. Más bien lo contrario: “se encontraron residuos consistentes con disparos de arma de fuego”, es el textual. Por lo tanto, no se avanzará en determinar los autores materiales, en primer lugar, porque no existen y también porque el status actual le conviene a la única sede de Cambiemos que en estos dos años y medio funcionó como un relojito: Comodoro Py. Ofensiva Sin tener autores materiales ni evidencias sobre autores materiales, igual el fiscal, el juez y los camaristas afirman que hubo un gigantesco complota y que se debe avanzar sobre los autores intelectuales, es decir el kirchnerismo. La forma de hacerlo es la que dibujó la Cámara el viernes: hay demasiadas llamadas telefónicas el sábado y el domingo, fin de semana de la muerte de Nisman. Según ellos, esa es la prueba clave. Página/12 hizo un resumen muy preciso sobre esas llamadas a partir de la enumeración que hizo Ercolini a lo largo de 77 fojas. Nisman-Stiuso Tres llamadas, dos el sábado y una el domingo. Todo indica que Jaime Stiuso, ex jefe de la SIDE y aliado del fiscal, le había prometido material para la denuncia contra CFK. Stiuso, pese a estar en guerra con el kirchnerismo, se hizo el distraído. No atendió. Dijo que tenía el celular en vibrador y no escuchó las llamadas. Para hablar con su hombre de confianza, Alberto Mazzino, otro ex SIDE, Stiuso sí tuvo el celular dispuesto: intercambiaron 13 llamadas. Ahí no hay complot posible. Pocino-Milani Durante el fin de semana hubo dos llamadas de Fernando Pocino, el jefe de Reunión de Información de la ex SIDE, allegado al kirchnerismo, con César Milani, jefe del Ejército. El día anterior, jueves 15, robaron un misil de la unidad de Arana, en las afueras de La Plata. El Tow 2 capaz de perforar cualquier blindaje provocó una búsqueda en la que participó la ex SIDE por orden del juez platense Laureano Duran. La hipótesis era que el misil podría ser usado no sólo para robar un blindado sino también para un atentado, lo que motivó un comunicado de preocupación de la DAIA. En Comodoro Py no faltan quienes quieren usar las comunicaciones entre Pocino y Milani como evidencia de que se armó una zona liberada en Puerto Madero. Ambos ex funcionarios exhibirían una estupidez sin límites ya que usaron los celulares a su propio nombre (en el caso de Pocino, el celular estaba, desde hacía mucho, a nombre de su esposa, Silvia Tomalini) para armar un complot destinado a matar a un fiscal. Pocino-Matzkin El mismo criterio puede usarse respecto de las llamadas entre Pocino y Hugo Matzkin, jefe de la Bonaerense. Durante aquel fin de semana no sólo estaba el robo del misil, sino que se jugaba la Copa de Verano en Mar del Plata. El sábado, Boca-Racing y el domingo River-Estudiantes de La Plata. La información que circulaba era que iba a haber enfrentamientos entre las hinchadas y estaba la sospecha de que podrían “tirarle un muerto” a Daniel Scioli, candidato presidencial. Nuevamente, Pocino y Matzkin usaron sus teléfonos oficiales en las cinco llamadas que se cruzaron. En caso de complot, personas tan expertas hubieran usado lo que se conoce en el argot como mochos, es decir celulares difíciles de identificar porque su origen es incierto. Stornelli-Matzkin-Pocino Curiosamente, el juez no tuvo espacio en las 77 páginas de mencionar las llamadas entre el fiscal federal Carlos Stornelli y Pocino, por un lado y de Stornelli con Matzkin por el otro. Como se sabe, Stornelli es un fiscal muy cercano al macrismo y fue secretario de seguridad de Boca cuando el actual presidente era el titular xeneise. Stornelli habló primero con ambos funcionarios porque detuvieron a un amigo de su hijo en Pinamar. El joven tuvo una pelea a la salida de un boliche. Además, Stornelli y Pocino fueron compañeros en la Facultad de Derecho y solían hablar en forma permanente –según declaró en la causa el fiscal–, por lo que hablaron también de Nisman.Como es obvio, éstas llamadas no podrían ser parte de ningún complot. Mena-Pocino El número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, se comunicó seis veces con quien era el encargado de reunir información. Un punto central del diálogo entre Mena y Pocino fue que esa mañana el diario La Nación puso que uno de los principales denunciados por Nisman era un supuesto agente de la SIDE llamado Alan Bogado. Todo se probó falso. Mena y su principal subordinado, Pocino, hablaron además de los otros temas: el robo del misil, los barras de Boca y River y, por supuesto la denuncia de Nisman. Nuevamente, tanto Mena como Pocino usaron sus propios celulares oficiales, con los que se comunicaron siempre, antes y después de la muerte de Nisman. Mazzino-Pocino Durante todo el fin de semana, hubo numerosas comunicaciones entre Mazzino, el hombre de Stiuso, y Fernando Pocino. El gobierno había echado a Stiuso y suponía que, como venganza, Stiuso armó o participó de la denuncia de Nisman por el Memorándum. Para toda la comunidad de la ex SIDE estaba claro que Mazzino respondía a Stiuso y Pocino a la Casa Rosada. Pero de uno y otro lado resolvieron mantener diálogo para ver qué información podía recoger cada uno. Todo indica que ese domingo se tantearon por lo de Alan Bogado y sobre todo por la denuncia de Nisman y la posible audiencia en el Congreso. Desde ya que nada podían tener que ver esas conversaciones con un plan respecto del fiscal: ambos estaban en bandos opuestos. Miño-Goncalvez Pereira Durante el domingo 18 de enero de 2015, el día de la muerte de Nisman, Luis Miño era uno de los dos custodios del fiscal. El otro era Armando Niz. Miño registra comunicación con Héctor Goncalvez Pereira, dueño de una pequeña agencia de vigilancia, en la que Luis Miño y su hermano Carlos prestaban servicios. La versión es que Goncalvez Pereira tenía clientes por influencia de Stiuso y que era un aportante de información para el ex SIDE. Es decir que si Miño era parte de un supuesto complot –una especulación descabellada– su principal relación era más bien con Stiuso. Como se ve, se pretende armar un complot incomprobable a partir de ese cruce de llamadas. Es elucubrar desde la nada. El problema es que desde la nada han llegado hasta aquí, construyendo una historieta sin ningún tipo de evidencia o testimonio. Lo que domina en el caso de la muerte de Nisman es la politica. Elucubran la existencia de un comando y un complot con un doble objetivo. Internacionalmente, acusar a Irán, en sintonía con las derechas de Estados Unidos e Israel. Localmente, seguir echándole culpas al kirchnerismo.